miércoles, 13 de abril de 2022

Fiscalizar el pasado para afrontar el futuro

GASPAR MEANA

GASPAR MEANA

Casi resulta un lugar común afirmar que de todo hace dos años. La maldita pandemia interrumpió el viaje de nuestras vidas en aquel mes de marzo de 2020, en muchos casos, ya sin posibilidad de retorno. Por fortuna, pero sobre todo con sacrificio y trabajo, nos pudimos sobreponer a aquel golpe, con la ciencia y las vacunas -valga la redundancia- como salvavidas, y con el dinero público como impulso y garantía. Es evidente que nos falta camino por recorrer y ya no digamos en otras partes del mundo menos privilegiadas. Con todo, debemos seguir asentando bien el terreno que pisamos antes de forzarnos a “volver la vista atrás”, a esa “senda que nunca se ha de volver a pisar”, como nos advirtió Machado.

En el ámbito económico-financiero vimos cifras y letras insólitas. Derrumbes del PIB y recuperaciones aceleradas; masivas regulaciones temporales y espectaculares rebotes de la contratación; intereses a cero (o negativos) y deudas públicas crecientes; enormes paquetes de recuperación; programas de gasto salvadores de vidas, empleos y negocios; normativas de urgencia y emergencia; precios altos (algunos hinchados por pícaros) y otros estratosféricos (baste nombrar los carburantes y la electricidad). La teoría económica tuvo que reinventarse, pero esto lo dejamos para otro día.

Bien es verdad que no todo fue malo en la pandemia. Así, la transformación digital dejó de ser un mero desiderátum para ser una necesidad imperiosa. Sin los saludos a la familia por videoconferencia o sin los accesos remotos a los archivos de datos, nos hubiésemos derrumbado del todo, también anímicamente. Son solo ejemplos del salto que dimos en un solo año y que podría equivaler a una década de avance en tiempos de normalidad (ya se sabe: a la fuerza, ahorcan). Eso sí, ahora tenemos un reverso con riesgos ligados a la ciberseguridad y la privacidad, así como un derecho a desconectar que debe ser respetado. Todo ello, sin duda, crucial, pero no nos engañemos: en el antiguo mundo analógico y del papel esos riesgos de escaqueo, inseguridad e ineficiencia ya existían, aunque tomaban otra forma.

En el universo del control externo de los fondos públicos y, aún más en concreto, en el pequeño planeta de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, hemos vivido tiempos muy relevantes en los últimos tres años. Los actuales síndicos no llevábamos en el cargo ni un año cuando sobrevino todo lo que ya sabemos y, como se suele decir, no disponíamos de un manual de instrucciones. Antes de la pandemia, ya habíamos tenido algún susto con otro virus, este informático, señal de que las guerras presentes iban a ser diferentes a las pasadas. O eso creíamos hasta la atroz invasión de Ucrania por parte de Rusia, colocándonos ante un conocido espejo de intereses geoestratégicos e inestabilidad económica, pero sobre todo de personas muertas y refugiadas. Muy triste.

Una persona a la que aprecio mucho bromea diciendo que soy algo gafe. En mis alegaciones -por usar el preciso término de auditoría- le contesto que yo solo “pasaba por aquí”, al estilo Aute. Entre risas le digo que es cuestión de casualidades, no de causalidades. Al orteguiano modo, somos nosotros y nuestras circunstancias, las que en cada momento nos toca vivir. Y cuando el viento no es favorable, hay que arremangarse, remar y tomar decisiones, seguramente no todas acertadas, pero sin quedar al devalo, ni fiarlo todo a la comodidad de la inercia y la tradición.

El control externo de los fondos públicos se caracteriza por obtener evidencia de auditoría que plasmamos en informes con opiniones y conclusiones, además de recomendaciones con afán de mejora. Este es el papel de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y el de las restantes instituciones homólogas.

Cumplimos ahora la mitad del mandato y en el balance podemos exhibir activos importantes y, por qué no decirlo, algún pasivo. Entre los primeros, una nueva relación de puestos de trabajo que seguimos desarrollando mediante concursos y oposiciones, 37 informes definitivos, un refuerzo de la formación especializada, la apuesta por el trabajo en régimen presencial y no presencial, la plena digitalización administrativa de la institución, la leal coordinación y cooperación -también digital- con nuestros colegas de otras comunidades autónomas y del Tribunal de Cuentas, la cercanía con las entidades fiscalizadas, una renovada comunicación interna y externa, la representación institucional en la organización Eurorai y hasta un programa piloto de divulgación para la población escolar y universitaria. Entre los pasivos, uno notable que engloba otros: las dificultades para completar la plantilla, dadas la especificidad de nuestra tarea y algunas restricciones normativas.

Los retos son inmensos. Unos conocidos (que no viejos) y otros sobrevenidos (que no nuevos). Seguiremos haciendo auditoría financiera y de cumplimiento, pero también operativa, supervisando objetivos de eficacia, eficiencia, economía y cualesquiera otros principios de buena gestión, con singular importancia para la sostenibilidad ambiental. De igual modo, revisaremos las fases del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una oportunidad histórica para Asturias y España, donde nos jugamos el porvenir. Los órganos de control interno y externo tenemos una tarea esencial.

En suma, seguiremos reivindicando la utilidad de fiscalizar el pasado para encarar el futuro porque, como dijo Woody Allen, “es el sitio donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas”.


Publicado en El Comercio el 13 de abril de 2022 

Re-publicado en El Comercio el  28 de diciembre de 2022

 



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