jueves, 2 de diciembre de 2021

Conferencia sobre impuestos propios autonómicos

De nuevo en unos encuentros técnicos de los órganos de control externo (y ya van cinco) y esta vez en mi querida ciudad de Santiago de Compostela. Los colegas del Consello de Contas hicieron una organización brillante y me concedieron el honor de incluirme en la conferencia inaugural, junto al rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz. 

La pregunta es: ¿Qué han hecho los impuestos propios por las comunidades autónomas y qué puede hacer por ellos el control externo?

Os dejo el vídeo. Moitas grazas.

lunes, 29 de noviembre de 2021

En el principio era el coste


Y el sistema financiaba el coste. Y el coste efectivo era todo.

Nos vale el símil evangélico para aproximar nuestra dependencia de la historia cuando hablamos del sistema de financiación autonómica (SFA). Hagamos un repaso exprés, como fue el propio proceso: elecciones democráticas en junio de 1977, regímenes preautonómicos (con Cataluña en vanguardia) y Constitución en diciembre de 1978, incluyendo un inédito modelo territorial con las comunidades autónomas como protagonistas.

Claro está, al principio preocupaba dotar de instituciones y contenido al nuevo nivel de gobierno, mediante transferencias de competencias del Estado o, en su caso, también de las diputaciones provinciales. De la financiación no se hablaba apenas, salvo para decir que "el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos a la misma con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia". Este último tenor corresponde a una disposición transitoria (sic) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que, a finales de 2021, aún no ha sido derogada. Queda claro que la historia pesa. Y mucho.

¿Fue una buena idea el coste efectivo? No lo sé; no hay contrafactual posible. Lo que sí afirmo es que sería muy poco honesto desde el punto de vista intelectual juzgarlo ahora, cuatro décadas después, cuando tenemos un desarrollo autonómico consolidado y un aquilatado instrumental analítico. Seguro que aquel método no fue óptimo (si es que alguno lo hubiese sido), pero estimo que fue el único factible para echar a andar la maquinaria.

El problema es que la técnica del coste efectivo se alargó demasiado. Entendido como el gasto real efectuado por el Estado en cada territorio en el momento del traspaso de competencias, producía un doble efecto. De un lado, asumía de facto la insuficiencia original general y, por otra parte, solidificaba la diferencia interterritorial. Dicho de otra forma: la capacidad instalada era muy deficiente (por ejemplo, en hospitales, carreteras o escuelas) y, además, estaba muy mal repartida. En todas partes faltaban cosas y en algunos territorios, simplemente, la historia había pasado de largo. El centralismo radical y antidemocrático no había sido una buena idea.

El SFA iba paliando esas carencias con diferente apaños políticos y financieros, llamados fondos, subfondos o ajustes, casi siempre a conveniencia. Y cuando el SFA no alcanzaba, siempre se podía acudir a fórmulas ajenas como convenios bilaterales o subvenciones estatales. Curiosamente, se seguía arrastrando el concepto de coste efectivo-histórico, pero se hacía poco por avanzar hacia un cálculo del coste efectivo-real, basado en indicadores objetivos y criterios estandarizados. Aceptemos que en el siglo del teléfono de baquelita esto último se sabía hacer (la teoría estaba disponible), aunque todavía no se podía hacer (por falta de información). Pero en el siglo del teléfono inteligente esto ya no es aceptable y más bien parece que no se quiere hacer. En corto: tenemos técnica y datos; ¿existe voluntad?

Entre tanto, hemos ido tirando con un buen sustituto para estimar las necesidades de gasto. El "habitante ajustado", casi como título de novela de misterio, casi una persona desconocida que en realidad es la suma ponderada de su ser, su edad y la dispersión o la insularidad de su territorio, entre otros factores. No está mal que en el corto plazo se siga usando esta metodología, pero no deberíamos aplazar más el cálculo de los costes reales de prestación, por pura transparencia y justicia.

El actual SFA está caducado, jurídica y financieramente. Lo razonable, para no demorar más su revisión, sería que en el corto plazo se continuase con la población ajustada, afinando variables y ponderaciones sobre bases de evidencia y, del mismo modo, eliminando distorsiones evidentes. Un ejemplo: introducir en la fórmula el tratamiento especial de las zonas de montaña. Y otro: subsumir el actual Fondo de Cooperación en un reforzado Fondo de Compensación Interterritorial, respondiendo de verdad a fines de desarrollo regional y sostenibilidad ambiental, económica y social. No hay azar en la elección de estos ejemplos, puesto que son mandatos constitucionales explícitos (artículos 130.2 y 158.2, respectivamente), además de encuadrase dentro de las metas de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

A cambio de esa renuncia por la inmediatez, en el siguiente SFA, digamos, dentro de otros cinco años, debe estar ya disponible el cálculo de costes reales de prestación, para que puedan operar en plenitud como soporte de ese ulterior modelo. Este compromiso explícito debe quedar plasmado en los órganos multilaterales y en la ley, pero sobre todo se debe cumplir.

El consenso es una delicada planta que hay que regar todos los días, en lugar de echar gasolina sobre las pequeñas chispas. En diciembre de 2017 eran tres presidentes firmantes en Oviedo los que defendían esa tesis (Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León); en febrero de 2018 ya eran cuatro en León (sumado el de Aragón); en septiembre de ese mismo año ya eran seis en Zaragoza (añadidos los de La Rioja y Castilla-La Mancha). En noviembre de 2021 son ocho en Compostela (los citados, más los de Cantabria y Extremadura), incluyendo por el medio varios cambios de caras y partidos, lo que demuestra que el fondo del asunto está claro y es sólido, más allá de coyunturas.

La declaración política firmada en el Obradoiro lo dice con claridad: "el objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos" (punto 17). Y apunta hacia una solución, ya ensayada y fructífera: "reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno central para su puesta en común" (punto 16).

Si empezamos con la Biblia, acabemos también con ella: amén. 
 
 

Publicado en el blog de Expansión y la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (Rifde) De fueros y huevos el 29 de noviembre de 2021

 


jueves, 11 de noviembre de 2021

Entrevista en la TVG sobre financiación autonómica

Hoy me entrevistaron en directo en el programa Bos Días de la televisión pública gallega (y en gallego, lógicamente), con motivo de mi participación en el seminario de Rifde sobre los asuntos pendientes en la financiación autonómica (minuto 21).

martes, 26 de octubre de 2021

Rendición de cuentas y control externo en España

Acabo de impartir una conferencia titulada Rendición de cuentas y control externo de las entidades locales en España, en sede virtual, organizada por la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (Aifil), en el marco de su ciclo de seminarios mensuales de 2021. Por cierto, os aconsejo asociaros por la calidad de sus actividades en materia de investigación sobre el ámbito local iberoamericano.
 
A continuacion tenéis el vídeo completo.
 

martes, 27 de julio de 2021

Entrevista en RPA sobre financiación autonómica


Hoy me entrevistaron en el programa “Asturias Hoy 1ª Edición”, de la Radio del Principado de Asturias, la radio pública de esta comunidad autónoma. Felicito a Patricia Martínez por su rigor profesional, su amabilidad y su conocimiento del tema.


Aquí está el audio completo (desde el minuto 27).
 

lunes, 7 de junio de 2021

Historia parcial sobre fiscalización y descentralización en el 90 aniversario de la II República

En el número 77 de la revista Auditoría Pública publico un artículo a medio camino entre la historia económica y la reflexión institucional, con el título "Historia parcial sobre fiscalización y descentralización en el 90 aniversario de la II República".

Adelanto el resumen de mi artículo, en español y en inglés. El texto completo está aquí
La Constitución republicana de 1931 consagró el control externo y la censura de las cuentas públicas al más alto nivel normativo, algo que no ocurría en España desde la Constitución de 1812. El articulado recogía con nitidez la institución del Tribunal de Cuentas de la República como órgano fiscalizador, dependiente de las Cortes y no del Gobierno. Entre sus funciones estaba la de conocer y aprobar “las cuentas del Estado”. Sin embargo, esta institución adolecía de un adecuado encaje con el modelo territorial que se estaba construyendo, en especial con relación a las nacientes regiones autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932) y la Ley relativa al Tribunal de Cuentas de la República (1934) clarificaron algo este diseño que, sin embargo, fue interrumpido por el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil, para ser virado por completo durante la larga dictadura franquista. La Constitución de 1978 es deudora de aquella otra de 1931 en esta materia, así como de la Declaración de Lima (1977), norma fundamental de las instituciones fiscalizadoras superiores. Los retos persisten, pero la historia siempre es un excelente banco de pruebas y enseñanzas.
The Republican Constitution of 1931 enshrined external control and censorship of public accounts at the highest regulatory level, something that has not happened in Spain since the Constitution of 1812. The articles clearly included the institution of the Court of Auditors of the Republic as a supreme audit instituion, dependent on the Spanish Parliament and not on the Government. Among its functions was to know and approve “the accounts of the State”. However, this institution was born without an adequate fit with the territorial model that was being built, especially in relation to the emerging autonomous regions. The Statute of Autonomy of Catalonia (1932) and the Law on the Court of Auditors of the Republic (1934) somewhat clarified this design, which, however, was interrupted by the 1936 coup d’état and the Civil War, to be reversed pro complete during the long Franco dictatorship. The 1978 Constitution is indebted to that of 1931 in this matter, as well as the Declaration of Lima (1977), a fundamental rule of the supreme audit institutions. Challenges persist, but history is always an excellent test bed and lesson.

martes, 25 de mayo de 2021

Entrevista radiofónica en Murcia


Hoy me entrevistaron en el programa “Región de Murcia Noticias (matinal)”, de Onda Regional de Murcia, la radio pública de esta comunidad autónoma. Felicito al periodista Joaquín Azparren por su rigor profesional y su conocimiento del tema.

Aquí está el audio completo (dura 15 minutos).
 
 

martes, 27 de abril de 2021

El sector público local: urgencias y pendencias

El año pasado por estas fechas estábamos en estado de alarma. Este año seguimos en tal estado, aunque sea algo diferente. En uno y en otro sale a la luz el número de balance anual de la revista Economistas, editada por el Colegio de Economistas de Madrid. En este último, se hace un balance de la economía española en 2020, incluyendo análisis generales y sectoriales. Aquí está el sumario y aquí el documento completo.

Mi artículo se titula “El sector público local: urgencias y pendencias”. Explico brevemente que el sector público local iniciaba 2020 con una situación financiera agregada saneada, matices al margen. Sin embargo, el impacto de la pandemia por la covid-19 modificó radicalmente la situación, con nuevas urgencias de gasto, pero también con una significativa caída de los ingresos ordinarios, quebrando así una larga senda de superávits y remanentes. Las modificaciones normativas acometidas en 2020, aun siendo cruciales, no profundizan en las reformas pendientes ni en los retos de la Agenda 2030. La reconstrucción económica y el refuerzo inmediato de los servicios sanitarios y sociales no deben distraer la atención de otras cuestiones a medio plazo. Huelga decir que cualquier diagnóstico debe ser provisional, dado el contexto de elevada incertidumbre.

Además del descargo habitual ("opiniones y juicios personales, que no representan necesariamente los de la institución de procedencia"), anoto otra importante clave, por si acaso: este trabajo se cerró el 31 de enero de 2021.

 

jueves, 11 de febrero de 2021

La recuperación general precisa de solidaridad territorial

 


En 2020 el mundo se paró y en 2021 es necesario reactivarlo. Terminar con la pandemia es una obligación y estimular la economía constituye un deber. La peor política sería “dejar hacer, dejar pasar”, puesto que no son dos tormentas que escampen solas, sino que ambas salidas son claramente endógenas. Mirar para otro lado no puede ser una opción; nos llevaría a una situación aún más dramática y a una crisis aún más profunda.

Dejando las cuestiones sanitarias a las personas expertas, intentaremos arrojar un poco de luz sobre la reactivación económica y las desigualdades entre territorios. Repasemos.

En primer lugar, la pandemia de covid-19 debe comenzar a remitir (esperemos) por efecto de las medidas de vacunación y restricción a la movilidad.

También encaramos la última década para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a los que nadie es ajeno, ya sea privado, público, mixto, supranacional, estatal, autonómico o local. Nadie.

En tercer lugar, recordemos que acaba de empezar el nuevo periodo presupuestario plurianual en la Unión Europea, 2021-2027, con el mayor volumen de fondos de la historia y con renovados desafíos e instrumentos. Relacionado con esto, se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, algo tan poco noticiable como un día de lluvia en Asturias, de no haber sido por la larga sequía presupuestaria previa.

Además, anotemos que en 2020 finalizó el periodo “transitorio” de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como estaba previsto desde la reforma constitucional de 2011 y como la pandemia certificó.

La recesión económica es de magnitud desconocida y novedosa, ya que se asimila a un coma autoinducido. España, una vez más, acrecienta la amplitud de su ciclo, igual que cuando en fase alcista suele ir también muy rápido. Un problema subyacente de modelo productivo y económico que no podemos obviar.

Todo lo expuesto nos lleva a priorizar un mensaje: no se deben escatimar esfuerzos para salir cuanto antes del pozo, sin que ello signifique construir otros agujeros negros, particularmente, de deuda pública. Aquí es donde el Banco Central Europeo (que parece haber aprendido de la anterior crisis) y los fondos europeos cobran todo su sentido. España va a recibir 140.000 millones de euros para la reconstrucción, todos ellos vinculados a reformas estructurales, a inversiones finalistas y a un estrecho control de eficacia, eficiencia y legalidad.

Los recursos de la política de cohesión han sido siempre una de las claves de bóveda del proyecto de la Unión Europea, con España como uno de los principales Estados miembros beneficiarios. Y así seguirá siendo desde 2021, con numerosos matices. La contribución de esta política al crecimiento del PIB y del empleo ha sido indudable, especialmente en las comunidades autónomas menos desarrolladas. Sin embargo, las disparidades económicas entre territorios, lejos de haberse mitigado, se han consolidado. Dicho de otro modo: hubo eficacia en el crecimiento, pero no en la reducción de desigualdades. Por ello, la reflexión sobre las políticas públicas a aplicar debe ser profunda, más aún cuando tenemos delante unos ingentes recursos que, de otro modo, se podrían dilapidar. Seguir por un camino idéntico solo puede conducir a resultados similares. Creceríamos, sí, pero no al mismo ritmo, ni todos. Y eso casa mal con la solidaridad, la cohesión y el desarrollo futuro.

Por otra parte, el análisis de la realidad nos muestra que la persistencia de la desigualdad en la distribución personal de la renta obstaculiza o ralentiza la convergencia regional (la mayor importancia que se le concede al pilar social en la política de cohesión europea para 2021-2027, apunta, por fin, en esta línea). No en vano, el Tratado de la Unión Europea proclama el fomento de la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Y la Constitución española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía junto a la solidaridad entre regiones y nacionalidades.

España afronta un apasionante escenario, con las prioridades de transformación digital, transición ecológica e inclusión social, todas ellas potenciales fuentes de crecimiento, aunque también de desigualdad, si las cosas no se hacen bien. Nuestro complejo modelo territorial puede ser la mejor oportunidad para aprovechar las bondades fundacionales del federalismo, vestidas ahora con el ropaje de la “cogobernanza”.

Para ello, es preciso que los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) recuperen el vigor perdido durante décadas y cumplan su función constitucional de instrumento interno de solidaridad y desarrollo regional. No se deben confundir estos objetivos estructurales con los inmediatos del Fondo Covid-19, dotado en 2020 con una cantidad que equivale a 37 veces el importe del FCI.

Asimismo, tienen que abordarse ya la revisión de la financiación autonómica (toda ella, no solo el sistema como tal) y la reforma del sector público local, incluyendo la digestión de los mecanismos “adicionales” de financiación, nacidos como “extraordinarios”, pero que no deberían seguir supliendo los recursos ordinarios ni las operaciones de crédito concertadas en el mercado, casi como una anestesia permanente. Y a modo de envolvente, una reforma fiscal integral que no viene nunca, como el porvenir de Ángel González.

Tampoco puede obviarse que las grandes competencias sociales y ambientales son autonómicas, de forma exclusiva o compartida. Dar voz, voto y acción a comunidades autónomas y entidades locales en la gestión de los fondos europeos no es una opción, ni una concesión graciosa, sino una necesidad y una obligación constitucional. La flamante Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el marco adecuado, sin menoscabo de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del resto de conferencias sectoriales, de la Comisión Nacional de la Administración Local y, por supuesto, de la Conferencia de Presidentes.

En suma, la solidaridad interterritorial debe ir de la mano de la eficacia y la eficiencia, huyendo del tradicional y -en ocasiones- pasivo “territorialismo” en el reparto de fondos, sin que esto signifique obviar las desiguales condiciones de partida, así como la capacidad real de captación y absorción de proyectos y recursos. La cooperación es clave.

Publicado en el blog De fueros y huevos (Rifde-Expansión) con Encarnación Murillo García el 11 de febrero de 2021


miércoles, 10 de febrero de 2021

La futilidad de la influencia


El título puede sonar a manual de filosofía. Nada más lejos. Enfrío la expectativa desde este momento.

Acudo al Diccionario de la lengua española para buscar el verbo influir, cuya segunda acepción conduce al significado de “ejercer predominio o fuerza moral”. Ergo, una persona influyente debe ser una mujer o un hombre que tiene y ejerce poder, superioridad, influjo o fuerza sobre alguien o algo. O quizás, en otro sentido, sea una referencia de buena conducta que ilumina y conduce nuestra vida individual y, sobre todo, colectiva. Finalmente, como en esos pasatiempos infantiles, uno todos los puntos de mi reflexión, pero me doy cuenta enseguida de que el último eslabón no existe, dejando un perturbador vacío que no consiguen llenar quienes abusan y se apropian de una definición que no es suya.

A estas alturas, no vamos a hablar de las ventajas de internet y las redes sociales. Son tan obvias que da pereza recordarlas. Si me apetece escuchar una canción olvidada en vinilos que fueron a la basura, lo hago sin más en unos segundos. O sigo la ruta hasta ese chigre de pueblo en el mapa digital. O tramito una licencia municipal desde la toalla en la playa. O termino una investigación académica con documentos de una biblioteca situada al otro lado del mundo, cuando hasta ahora eran inaccesibles. Habría ejemplos de todo tipo.

Lo que ocurre es que, como un coche de alta gama, podemos conducirlo cumpliendo los límites de velocidad, o podemos convertirnos en un riesgo para la sociedad. Libertad, claro, pero sujeta a límites (como cuando hablamos de salud y coronavirus). Y una frontera muy evidente es la que hace linde con los valores morales (no uso la palabra decencia para no parecer aún más antiguo).

Cuando escucho decir a uno de estos personajes que “España les roba”, no puedo sentir más que desprecio. Se aprovechan de sus canales con millones de visitas para defender la elusión y hasta la evasión fiscal, elevando la insolidaridad a categoría de cosa respetable. Olvidan que gracias a los impuestos se pagan universidades (a las que no van, eso es cierto) o aeropuertos (que sí usan para sus viajes de lujo). Ahí es cuando debemos poner el pie en el freno, por seguir con el símil automovilístico.

Se enorgullecen de no haber terminado sus estudios básicos o de no haber leído un libro en su vida (ignorancia). Presumen del puro placer sin responsabilidad (hedonismo). Supuran resentimiento hacia un sistema del que forman parte (hipocresía). Defienden soluciones radicales -incluso autoritarias- a problemas sociales muy complejos (osadía). Emiten soflamas populistas en contra de una democracia que, justamente, les permite hacer lo que hacen (desfachatez). Cargan contra todo lo que dure más de dos minutos (impaciencia de bebés). Y todo ello exhibido con luces y colores (impudicia).

Alguien podría achacarme que en el párrafo anterior estoy retratando el perfil de un adolescente de cualquier momento. Podría ser (y seguro que ni yo mismo me libraría). Pero la diferencia estriba en que en este primer tercio del siglo XXI estamos ante personas que ya han superado el umbral de la edad del pavo, algunas convertidas en millonarios sobrevenidos y, desde luego, con unos altavoces que -merecidos o no- producen resonancias muy peligrosas. El apoyo virtual les da alas para seguir perpetrando ciertas conductas que en otro tiempo nos parecían vergonzantes y ahora las hacen pasar por causas justas y reivindicativas (en otro orden, valga el botellón como muestra).

En su propio descargo, esas personas -mujeres y hombres por igual- suelen alegar que no tienen pelos en la lengua. Hago el esfuerzo mental de ponerme en la piel de su abogado defensor y asumo que esto puede ser cierto, lo que tampoco equivale a asumir que sea algo bueno (“por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón”, canta Sabina). Lo que no me creo en absoluto es la supuesta improvisación. Estoy casi convencido de que siempre hay un guion detrás, más o menos explícito, pero con un patrón evidente. Nos engañan, como en los programas televisivos de salvación, presentados como pura espontaneidad, pero donde todos los colaboradores llevan pinganillo en la oreja.

Se puede influir con criterio y sensatez. ¿Arbitrismo por mi parte? ¿Utopía? En absoluto. Sin ir más lejos, hay magníficos blogs y canales de divulgación científica, cultural o turística, con gente detrás que -pásmense- tiene en su haber licenciaturas, doctorados, miles de lecturas a sus espaldas, empresas solventes, patentes industriales, iniciativas sociales o, por sintetizar, algo valioso, útil o gracioso que contar, no el último modelito de ropa o la penúltima necedad discurrida mientras peinan bombillas. Algunas instituciones y empresas también apuestan por esta necesaria transferencia del conocimiento para despertar conciencias e impulsar proyectos.

“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, se preguntaba Vargas Llosa. “En el fondo, fuimos mejores por carta”, parece contestarle Bryce Echenique
 

Publicado en La Voz de Asturias el 10 de febrero de 2021