jueves, 28 de noviembre de 2019

Control externo, lealtad y responsabilidad fiscal



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Vivimos momentos de incertidumbre en la política y la economía, en los cuales el sentido común resulta casi revolucionario, siguiendo a Thomas Paine. La apuesta por la calidad de nuestras instituciones debería ser una prioridad absoluta, en tanto que compromiso ético, obligación de ciudadanía democrática y garantía de desarrollo económico y social. Solo remarco lo que han constatado empíricamente autores como Douglas North (premio Nobel de Economía), Daron Acemoglu (Por qué fracasan los países) o Víctor Lapuente Giné (con relación a la meritocracia y la lucha contra el fraude y la corrupción).

Confieso que en su momento fui algo crítico con la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). No oculto esta opinión que, por otra parte, sería imposible de tapar en un mundo de “malditas hemerotecas”. Escribí entonces preocupado por un posible choque de legitimidades de origen entre la Airef y las instituciones de control externo (ICEX), esto es, el Tribunal de Cuentas y los homólogos autonómicos. No pretendo reabrir ahora este debate, ni tampoco el de la limitación de mandatos, aunque ambos sean cruciales desde un doble enfoque de constitucionalidad y eficacia.

Lo que sí quiero reivindicar es la plena legitimidad de ejercicio de la Airef, dentro de su amplio mandato, sintetizado en los objetivos de validar las previsiones macroeconómicas (apreciando sesgos) y evaluar los procedimientos presupuestarios. Esa legitimidad se gana día a día con un trabajo serio, riguroso y –subrayo– perfectamente compatible con el de las ICEX, caso de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

En aquel 2014 también alerté de una duda razonable sobre la proclamada “objetividad de criterio” que la ley impone al presidente de la Airef. Como es natural, estoy de acuerdo con esa exigencia, pero mis dudas venían por el potencial condicionamiento que imponía el nacimiento por “recomendación” (sic) del rescate europeo. Pensaba que esta inédita institución en España podría servir a una determinada orientación de la política económica general, condicionando sus actuaciones futuras, aunque quizás el tiempo me ha hecho matizar aquel aserto inicial.

Mis reticencias proseguían con el acceso preferente que podría tener la Airef a datos económico-financieros incluso de mayor calidad que las ICEX, algo que, por fortuna para ella y para desgracia de las ICEX, hemos podido constatar en algunas ocasiones. Con respecto al coste intrínseco de un nuevo organismo estatal, justo en pleno proceso de racionalización del sector público, cabe recordar que existían otras legítimas opciones de diseño, por ejemplo, mediante una unidad especializada en el seno del Tribunal de Cuentas (modelo francés), sin perjuicio de la innata función de fiscalización de este.

También los órganos de control externo autonómicos podrían tener un papel más relevante, por ejemplo, introduciendo un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto de presupuestos, limitado a una verificación de cumplimiento, con especial atención a la normativa de estabilidad presupuestaria y sin entrar en cuestiones de oportunidad. Con todo, el presidente de la Airef ha demostrado que la elección de su persona fue un acierto. Su empeño y su desempeño despejaron pronto aquellas dudas iniciales, con equipos y trabajos que han inyectado una sólida reputación al organismo, en tiempos de tribulación para nuestras instituciones comunes. Tampoco olvidemos que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado un primer informe sobre la gestión de la Airef, apuntando líneas de mejora que la propia fiscalizada asumía en gran medida en sus meditadas alegaciones.

Frente a discursos apocalípticos, optimismo racional. La tarea de la Airef debe seguir avanzando en la calidad del gasto público, la reforma del marco general de estabilidad presupuestaria (incluyendo una radical simplificación de las reglas), la transparencia de las previsiones macroeconómicas, los controles ex ante y el seguimiento de los pasivos contingentes de las administraciones públicas, entre otras cuestiones. Y todo ello en leal colaboración con las ICEX, desde sus respectivos ámbitos de competencia.

La Airef se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sus informes, estudios y opiniones aportan un evidente valor añadido que, en el caso de los informes, obligan a cumplir sus recomendaciones o a explicar la alternativa elegida. Además, es un ejemplo de transparencia, tanto en su gestión interna, como en la difusión de sus documentos, metodologías y herramientas.

Otra evidencia del respeto que suscita es que le seguimos encomendando nuevas responsabilidades, como la aludida revisión del gasto público y de los beneficios fiscales, e incluso algunos nos hemos atrevido a sugerir la realización de un análisis previo de los programas electorales, sin condicionar la libérrima iniciativa política, pero sí contribuyendo a mejorar la información del votante y la coherencia económica de las propuestas.

El actual –y primer– presidente de la Airef cesará en febrero de 2020 por final de mandato. Su legado se recordará por el fruto recogido y por las semillas sembradas. Esperemos que se promueva un óptimo relevo y que el trabajo no se detenga, ni los riesgos reverdezcan.

Publicado en Cinco Días el 28 de noviembre de 2019

miércoles, 19 de junio de 2019

Industria y corazón

ALEX PIÑA (El Comercio)
Hablar de industria en Asturias es como hablar del corazón en un congreso de cardiología: resulta obligado y necesario. Asturias no se entiende sin industria y la industria no sería lo mismo sin la aportación asturiana.

Si el corazón es el órgano vital por excelencia para el cuerpo humano, la industria lo es para la economía del país y, por extensión, para la existencia misma del país. El caso de Asturias es paradigmático.

Un corazón muy dañado o con problemas congénitos irresolubles no suele tener más recambio que el de un trasplante o, por desgracia, más salida que la muerte. En el caso de la industria, el único sustituto cercano solo puede estar en la propia industria, esto es, en el auto-trasplante, por seguir con la analogía médica.

El futuro –o más bien el presente- supone abrir paso a una industria moderna, tecnificada y limpia, generadora de empleo de calidad y productos de cuidada elaboración, con alto valor añadido, rentabilidad social y vocación ambiental. La vieja industria de las grandes “catedrales”, que medía su valor en toneladas y plantillas, contaminadora de ríos, rías y atmósferas, hoy no se sostiene ni sirve como referencia.

No quiero decir –ni siquiera insinuar- que la nueva industria deba demoler todo lo construido durante décadas y siglos. Lo que me gustaría –y creo que no es un deseo egoísta ni solitario- es que podamos andar el obligado camino de una forma ordenada, sin demasiada prisa, pero sin pausa alguna. En Asturias la palabra “reconversión” nos suena con tono muy alto (no es para menos; las hemos sufrido todas). Y ahora estamos en plena transición ecológica, o sea, en otra reconversión, posiblemente la definitiva, motivo por el cual debemos hacerla con altura de miras y, por qué no decirlo, con ayuda.

Cuando estudiábamos los aranceles en la Facultad de Ciencias Económicas (antes se llamaba así), el profesor o la profesora nos alertaba siempre de sus perjuicios para el comercio internacional y la competitividad. El discurso era casi unánime. Al mismo tiempo nos mostraban las teóricas ventajas derivadas de las sucesivas rondas del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, así como la integración económica en la Unión Europea. Curiosamente, vivimos tiempos en los que se vuelve a hablar de aranceles, aunque de dos formas muy diferentes. Una, para amenazar con un nacionalismo económico empobrecedor del vecino o del competidor (léase: Donald Trump). La otra forma, que me gusta bastante más, es sobre la posibilidad de que los aranceles o peajes ambientales sirvan para que la lucha contra el cambio climático sea justa y no la hagamos en solitario unos voluntariosos europeos, sino todo el mundo, con los matices y plazos que sean necesarios. Recuerdo mi único viaje a China, en el que palpé y respiré un colosal deterioro ambiental y un nulo respeto a las elementales normas sociales y laborales. La competencia suele ser beneficiosa, pero sin igualdad de oportunidades se convierte en un juego de supervivencia salvaje, donde el planeta y las personas siempre pierden.

Por eso necesitamos acometer la nueva reconversión, pero no podemos ni debemos hacerla solos, para que al final nos sacrifiquemos unos pocos, sin que se consigan los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030.

Pero, más allá de este enfoque estrictamente económico que acabo de esbozar, la industria nos conecta de nuevo con el corazón, no ya como víscera que bombea sangre, sino como icono y alegoría del amor. La industria goza de un prestigio indudable y un halo romántico, a pesar de ser el sector “secundario”, en terminología económica clásica. Por eso hablamos –incluso forzando términos- de la industria del turismo, la industria del cine o incluso la industria de las personas, en este último caso referida a los cuidados a nuestros mayores y pequeños. Es evidente que un concepto sinónimo de industria como el de negocio, por muchas razones, no tiene ni de lejos su buena prensa. Una vez más, acierta la sabiduría popular cuando nos conecta mentalmente con los buenos sueldos medios que suele pagar la industria y con la actividad económica auxiliar y complementaria que se genera “aguas abajo” y “mar adentro”, si se me permite la expresión.

Las informaciones suelen exaltar las crisis, pero también es habitual que minimicen las alegrías y los ejemplos positivos. Es lógico: no es noticia que el perro pasee por un parque limpio, sino que ese mismo perro muerda a un niño. Pero no por ello debemos hacer un esfuerzo como sociedad para divulgar lo mucho y bueno que tenemos. Sin ánimo de exhaustividad, podemos recordar el enorme salto cualitativo de nuestra industria agroalimentaria en las últimas décadas, con más y mejores productos, entre los que citaré la leche y la sidra, con todos sus derivados de alto valor añadido, por su significatividad y su identificación con Asturias. O los astilleros que son referencia mundial por su competitividad. O las empresas de tamaño medio que están fabricando productos y bienes de equipo para todo el mundo. Algunas son asturianas de nacimiento y otras lo son por adopción, tras haber anidado en esta tierra con gran éxito. No tendrían que ser islas de prosperidad, sino archipiélagos de éxito, bien conectados entre sí y con el resto del sistema económico.

No quiero terminar sin enunciar el papel del sector público, ese “Estao” (sic) que para algunos sigue siendo el todopoderoso hacedor, obviando que el Estado somos nosotros y nuestros impuestos. Por muchos motivos jurídicos, financieros y políticos, hoy sería impensable una nacionalización a gran escala, como en su momento fueron aquellas de “Inilandia”. Pero donde el sector público –local, autonómico, estatal y supranacional- sí puede y debe jugar un papel decisivo es en la regulación, como facilitador de relaciones laborales sanas entre sindicatos y empresas, producciones competitivas y sostenibles, y territorios que puedan seguir aspirando a un desarrollo equilibrado. Y por supuesto, el sector público debe ser implacable en el control de las ayudas facilitadas a determinados sectores, en cualesquiera sus formas, para evitar el fraude o el latrocinio.

Texto adaptado de la presentación a la conferencia de José María Urbano en el Ridea, el 17 de junio de 2019
Publicado en El Comercio el 19 de junio de 2019.