La crisis económica ha colocado el Sector Público español frente al espejo de una realidad muy dura de asimilar. El ajuste, cuando devino inevitable, se hizo más doloroso y profundo. A buen seguro, Séneca repetiría aquello de que “cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto”.
Entre tanto, los órganos de control externo (OCEX) autonómicos y el Tribunal de Cuentas han venido ejerciendo su principal función de fiscalización con rigor, pero también con no poca resistencia frente a unos gestores que suelen recelar de dicho control. El sólido corpus de conclusiones y recomendaciones plasmado en los informes constituye un variado menú de platos para la mejora de la gestión pública. Y, sin embargo, muchas de esa recetas fueron ignoradas por los mismos gestores, pero también desaprovechadas o tergiversadas por algunos políticos, informadores e incluso por la ciudadanía en general. Ahora se redescubren, cual si se tratase del agua tibia o como si los protagonistas hubiesen caído a tierra tras un bíblico resplandor de luz del cielo. Bienvenida sea esta revelación de lo que siempre había estado ahí. Ahora falta que se aplique con decisión.
Por ejemplo, los OCEX ya habían advertido en numerosas ocasiones del deslizamiento del déficit y la deuda por las llamadas “facturas en el cajón” (pudiendo haber evitado la sangrante multa europea a España por la manipulación estadística en la Comunidad Valenciana). También se pueden leer los informes de OCEX sobre prácticas irregulares o fraudulentas en materias de contratos, selección y formación de personal o uso del procedimiento excepcional de concesión directa de subvenciones. Son sólo algunas muestras de mal gobierno, como se dice ahora. Hay muchas más.
Añádase la actitud del legislador estatal cuando obvió a los OCEX en numerosas reformas (estabilidad presupuestaria, Administración Local, Autoridad Independiente Responsabilidad Fiscal y otras) e incluso cuando el Gobierno de España propuso en un documento oficial (Informe CORA) la radical supresión de los OCEX. Por fortuna, ese objetivo sólo se logró en un único caso (Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha), a partir de la activa colaboración del legislador autonómico.
En pleno proceso de revisión constitucional –no se puede negar ni desdeñar lo evidente- los OCEX también tienen que alzar su voz. Primero, para reivindicar su fundamental tarea de control externo dentro del núcleo duro de funciones públicas en un sistema democrático. Y, segundo, para asumir y corregir fallos, en absoluto menores. Para empezar, tratando de superar ineficiencias propias, agilizando procedimientos y eliminando toda suerte de politizaciones y corporativismos.
Lo anterior se debe realizar en el marco de un renovado modelo institucional de control externo, dentro de una reforma federal del Estado. Para quien aún dude del concepto, consiste grosso modo en compartimentar mejor las competencias de los OCEX y del Tribunal de Cuentas o, si se prefiere, de las comunidades autónomas y del propio Estado central, atendiendo a los principios de autonomía, eficacia, eficiencia y economía, al hilo de una nueva coyuntura económica, política y social.
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