martes, 22 de octubre de 2013

Impuestos y competitividad

FOTO: Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas.

Organizado por la Fundación Impuestos y Competitividad, acabo de tener el placer de participar en una jornada profesional sobre los condicionantes esenciales de la reforma del sistema tributario español, dentro del ciclo "La reforma del sistema tributario: su análisis desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad". El acto se celebró en la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, como marco técnico de reflexión ante la reforma tributaria que se anuncia para 2014. A mí me tocó hablar de los condicionantes territoriales de la reforma tributaria, en lo que respecta a la fiscalidad autonómica y local.

El siguiente resumen es el de la propia Universidad Pontificia de Comillas. También el diario Cinco Días reseñó el acto aquí y, por último, la crónica de Lawyerpress está aquí.

De izquierda a derecha: Federico Linares García de Cosío (EY Abogados), Juan López Rodríguez (Comisión Europea), Pilar González de Frutos (CEOE), Miguez Cruz Amorós (PwC), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), yo mismo y Ricardo Gómez-Barreda (Garrigues). FOTO: Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas.

César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, comenzó la mañana con una ponencia sobre el marco internacional y el equilibrio entre la consolidación fiscal y la competencia fiscal internacional. A su juicio, la reforma debe tener en cuenta tanto el denominado soft law, o derecho blando nacido de las aportaciones de las organizaciones internacionales, como la competencia fiscal internacional. En el ámbito fiscal y tributario, el componente internacional afecta sobre todo a las empresas, por lo que este experto defendió que, si lo que se pretende es fomentar la internacionalización de las compañías españolas y no perturbar la inversión internacional en España, la reforma debe tener en cuenta cuestiones como el derecho a la planificación fiscal lícita en la creación de filiales y sucursales, el tratamiento de las fusiones transfronterizas, la deducción por actividad exportadora, el traslado de factores productivos o la importación de dividendos, entre otros.

La Unión Europea y las exigencias de armonización fiscal y convergencia, como imperativos de la crisis fue el tema tratado por Juan López Rodríguez, inspector de Hacienda del Estado y funcionario de la Dirección General de Impuestos de la Comisión Europea. "Es difícil articular determinados campos jurídicos sin tener en cuenta los principios y valores comunes en el ámbito de la UE", reconoció. La ley estatal debe recoger los principios de la ley general europea, lo que tiene consecuencias en la imposición sobre la renta, el IVA o los impuestos especiales. En este último ámbito sugirió posibles mejoras, como revisar el trato preferencia al diesel, el impuesto de circulación y el impuesto sobre el agua, que calificó de deficiente. Además, apuntó que la imposición patrimonial, especialmente de inmuebles, es menos nociva para el sistema.

Roberto Fernández Llera, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, se aproximó a la reforma tributaria desde la estructura territorial del Estado, analizando la fiscalidad autonómica y local. "Tenemos que hablar de un desequilibro fiscal vertical: las administraciones territoriales manejan un volumen de gasto que iguala al del Estado, pero el reparto de los ingresos no es el mismo", comenzó. La distribución institucional de la presión fiscal es un aspecto fundamental, ya que hay un reparto desigual. Además, señaló la necesidad de tener en cuenta la opinión pública, en la que existe un gran desconocimiento sobre a quién se pagan los impuestos, por lo que la reforma debe hacer visibles los espacios fiscales de cada una de las administraciones públicas. Lo que debe intentar una buena reforma es cumplir con los requisitos básicos de la imposición óptima, que los impuestos sean visibles y aceptables por los contribuyentes y que, en términos territoriales, haya corresponsabilidad: autonomía, solidaridad, coordinación, suficiencia y lealtad, resumió.

En el debate posterior, moderado por Miguel Cruz, Socio de PwC Tax & Legal Services, se comentaron las ponencias presentadas. "Tengo la sensación de que estamos en un proceso intervenido o vigilado, en el que la idea de reforma viene de la Unión Europea", aseguró el propio Cruz, que se preguntó también cómo valora la UE la presión fiscal diferencial que soportan las personas físicas en España, a través del impuesto sobre las rentas del trabajo. Además planteó la valía de los impuestos indirectos, que hasta ahora han tenido efectos recaudatorios discretos, e hizo un llamamiento para que las pymes, que son mayoría en España, normalicen su situación tributaria.

Federico Linares García de Cosío, Socio Director General de EY Abogados en España y responsable de fiscalidad internacional, dijo haber encontrado propuestas muy interesantes, desde una óptica internacional. Subrayó la recepción del soft law, la bajada de tipos nominales sobre el impuesto de sociedades y los incentivos a la internacionalización de las empresas españolas. No obstante, "lo más importante no es tanto el contenido material de las políticas de fomento de la internacionalización de las empresas españolas, sino la estabilidad normativa, la certeza y la previsibilidad de nuestro sistema tributario". Pidió también una mayor creatividad a la hora de repensar el modelo, que "no puede tener como pilar el aumento de la presión fiscal efectiva de las compañías".

Para Ricardo Gómez-Barreda, Senior Partner de Garrigues, las propuestas presentadas en la jornada contenían todas las preguntas y algunas de las respuestas que debe tener en cuenta la reforma fiscal. Centrado en la organización territorial del Estado, y ante la insostenibilidad de un mapa con 8.000 municipios y 17 comunidades autónomas, señaló la necesidad de crear una "nueva planta". Así mismo, advirtió que los ciudadanos y las empresas no entienden las desigualdades: ?España es un país donde las fronteras están cerquísima y las desigualdades se llevan bastante mal?. Gómez-Barreda no quiso acabar sin una petición para "huir de los inventos", refiriéndose en concreto a los impuestos especiales, que tanto gustan en ciertas autonomías.

Pilar González de Frutos, Vicepresidenta de la CEOE, que participó en el debate y cerró la sesión, señaló que la Comisión Fiscal de la CEOE también está elaborando unos documentos básicos, con la posición de la institución, para trasladarlos al grupo que trabaja en la reforma. Esta posición institucional parte de cuatro condicionantes evidentes: el estado de la economía mundial, la progresiva liberalización y ampliación de mercados mundiales y el movimiento trasnacional de capitales, la evolución diversa de los distintos Estados en el tratamiento de las rentas empresariales y el cambio de actitud de éstos en la recaudación de los tributos y en cuestiones como la transparencia. Según González, la garantía de un determinado nivel de recaudación puede ser una limitación para la reforma, pero es necesario ser creativos para que se contribuya a la competitividad y el crecimiento de las empresas españolas, lo que servirá también para aliviar el desempleo. Se sumó también a la petición de seguridad jurídica y estabilidad normativa, y concluyó afirmando que "la administración central no debe renunciar a su papel central de armonización, coordinación y garante de la unidad de mercado".

Los documentos presentados en la jornada estarán disponibles en la web de la Fundación Impuestos y Competitividad.


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