Con los últimos datos conocidos y con las previsiones en vigor, todo indica que 2015 será el año en que la deuda pública española alcance el umbral simbólico del 100% del PIB. No estábamos en esas cifras relativas desde la primera década del siglo XX, claro que entonces volvíamos de una guerra en Cuba y padecíamos unas circunstancias políticas y socioeconómicas bien diferentes.
Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la frontera del 100% tiene importancia en sí misma porque ya son varios países en el mundo los que la han superado o están en trance de hacerlo a corto plazo. También es una referencia elevada en perspectiva histórica, ya que sólo se rebasa en unas pocas observaciones en el registro de las economías avanzadas. Y, quizás lo más relevante, sugiere que “las fuerzas políticas y económicas” (sic) no ejercen una presión suficiente a la baja sobre la deuda pública hasta que se alcanza ese nivel, postergando y dificultando el ajuste, como demuestra la evidencia empírica internacional.
Numerología al margen, lo relevante para España no es tanto el volumen de deuda en un momento dado, como su sostenibilidad futura o un pago acelerado –intereses incluidos- que pueda poner en peligro el margen disponible para financiar los servicios públicos con un nivel razonable de calidad. Todo esto depende crucialmente del crecimiento económico, la inflación y los tipos de interés, a su vez, condicionados por variables exógenas como el precio del petróleo, la política monetaria o la demanda turística extranjera, entre otras.
De España sí dependen –aunque tampoco en exclusiva- sus propias instituciones presupuestarias y reglas fiscales. La normativa vigente recoge límites muy estrictos al déficit estructural de las Administraciones Públicas y a la ratio de deuda/PIB. También prevé la “prioridad absoluta” de la carga de la deuda, con algunas consecuencias nefastas que ya hemos conocido, por un excesivo fervor en su aplicación literal.
Sobre la deuda se ha asumido que el 60% debe ser lo máximo y que cualquier referencia inferior será tanto más deseable cuanto más reducida. Es lo que determina el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (alias, “Pacto Fiscal”). Pero, por analogía, sabemos que el exceso de grasa en el cuerpo humano es muy poco saludable, aunque peor todavía es su carencia, ya que produce inanición.
La realidad es tozuda. No hay duda de que el 60% que prevé la ley es inalcanzable en 2020 e incluso se puede aventurar que será muy difícil bajar hasta ahí en la década siguiente. De igual modo, resulta casi seguro afirmar que muy pocas comunidades autónomas lograrán situar en ese año la deuda por debajo del 13% de su PIB, cuando al cierre de 2014 algunas triplican esa magnitud. ¿Por qué entonces esta hipocresía fiscal? Decía Einstein que “nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley de un país que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir”.
¿Por qué no se acomete ya una flexibilización de los objetivos de déficit y deuda, por supuesto, acordada con nuestros socios europeos? ¿Por qué no se reforma la financiación autonómica y local, clarificando y estabilizando el reparto de ingresos entre niveles de gobierno? ¿Por qué no se definen como excepcionales los mecanismos extraordinarios, caso del Fondo de Liquidez Autonómico o los rescates internos? ¿Y por qué no se aprovecha para coordinar una eficaz política de impulso económico, subiendo a la ola del “Plan Juncker” y de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo?
En suma: endeudamiento sostenible, sin umbrales supersticiosos, con transparencia y control. Deuda razonable, pero que no tienda a cero, salvo que por motivos dogmáticos se pretenda recortar el gasto o subir los impuestos de forma desorbitada. Austeridad se opone a derroche, no a crecimiento.
No se debe renunciar a planificar el futuro cuando tenemos cifras dramáticas de paro y pobreza, así como un modelo económico alternativo por desarrollar.
Publicado en Cinco Días el 11 de abril de 2015
