El carbón ha muerto, viva el carbón

 

Desde el 31 de diciembre de 2018, el sector minero en Asturias será una cosa muy diferente a la que conocimos hasta ahora. El finiquito está firmado, sin alegrías, pero sabiendo que era algo inevitable e inaplazable. Pienso que siempre es mejor una mala paz que una buena guerra. Ahora hay tiempo a planificar el futuro sobre el papel de este combustible fósil en el llamado mix energético, en tiempos donde la ecología es el valor predominante.

Trayendo el asunto al Bajo Nalón, nos debemos preguntar un par de cosas. ¿Por qué no? ¿Y por qué no se puede esta vez –que será la última- acudir a los fondos extraordinarios que vendrán en el nuevo plan de transición / reconversión / cierre? Más directo todavía: ¿alguien desde aquí los va a reclamar o nos volveremos a conformar viendo pasar el río? Algunos dieron esta batalla en el pasado, lo cual es de agradecer, pero no encontraron el apoyo suficiente.

Entre 2019 y 2027 habrá una línea de ayudas específicas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. En concreto –cito textualmente- para cofinanciar “la ejecución de proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera en municipios mineros”. El acuerdo dice además que la selección de esas infraestructuras se deberá hacer de forma “coherente y complementaria con la planificación regional y local”.

Veamos. El Bajo Nalón es comarca minera. ¿Alguien duda de que lo que arrastró el río aguas abajo durante décadas era carbón? Creo que esto no necesita mucha más explicación. Lo que falta es que se pelee de verdad para conseguir que Pravia, pero sobre todo Soto del Barco y Muros del Nalón, sean incluidos en el listado de concejos beneficiarios de ayudas. Sería de tanta justicia histórica que, quien defienda lo contrario o se abstenga, tendrá que explicarlo muy bien y enfrentarse a sus vecinos y votantes.

En el acuerdo que regirá los próximos años se afirma que en los municipios beneficiarios el desarrollo de las infraestructuras se dirigirá “fundamentalmente” (aunque nada impide que sea a otras cosas) a la “mejora, restauración, recuperación y revalorización de escombreras, zonas degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras del carbón”. Otra pregunta directa a quien la quiera responder: ¿alguien puede negar que la desembocadura del Nalón no sea un espacio degradado, a pesar de las evidentes mejoras de los últimos años? ¿O es que el carbón solo manchó el Nalón aguas arriba?

El lenguaje es muy ilustrativo. Compromiso significa obligación contraída, palabra dada. Presupuesto significa dotar con recursos un plan o una actuación. Coherencia es lógica y sentido común. ¿Vamos llegando ya al final?

Efectivamente, la pasarela entre San Esteban y L’Arena puede y deber construirse a partir de 2019. Por supuesto, con cargo a los recursos ordinarios del Principado de Asturias y, como acabo de sugerir, entrando también al reparto de los fondos mineros de nueva generación, esos que en el pasado se negaron sin motivo a esta zona.

Publicado en La Información del Bajo Nalón el 6 de diciembre de 2018

La reforma constitucional de la financiación autonómica

 

Quienes cumplimos 40 años en 2018 tenemos una obligación generacional con la Constitución Española (CE). Vimos –desde la cuna– la aprobación de los primeros estatutos de autonomía; asistimos –ya con uso de razón– a la entrada en la Unión Europea; presenciamos –y decidimos– cambios de gobierno; constatamos –con normalidad– que la descentralización no rompió España; aspiramos –todavía– a que se reconduzcan las ventajas financieras forales; y esperamos –con paciencia– que se encauce la problemática catalana. La lista de cuestiones sería interminable, pero las citadas tienen en común que son origen o destino de la financiación autonómica.

La CE es sucinta en la materia, dentro del Título VIII, aunque también en otras partes del articulado y en las dos disposiciones adicionales (primera y tercera) que consagran un federalismo asimétrico de iure, al amparar los regímenes especiales forales y canario, respectivamente.

La primera cuestión ante una eventual reforma es la más obvia y la más difícil: ¿debiera ahondarse en la regulación constitucional de la financiación autonómica o, por el contrario, resulta incluso excesiva la actual? Hay otra posibilidad, la más española de todas, que consiste en no tocar nada.

La segunda obviedad es que la financiación autonómica no arregla todos los problemas. Es crucial, sin duda, pero multitud de políticas poco tienen que ver con ella. Sin ir más lejos, la ambiental y energética, tan decisiva para el futuro en el marco de la transición ecológica.

Al abordar la financiación autonómica debe observarse el completo bloque de la constitucionalidad, conformado por la CE y por las leyes orgánicas de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y estatutos de autonomía. La famosa –y polémica– sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 delimita el terreno y sería bueno no añadir interpretaciones a sus ya profusas disquisiciones. En síntesis, debe hacerse compatible un adecuado marco de relaciones fiscales y financieras federales –aunque no se denominen así– que combinen simetría y asimetría, pero también autonomía financiera con coordinación y solidaridad, según dispone el artículo 156.1; sin olvidar el régimen local y su financiación, cuyo reconocimiento constitucional merece una reflexión aparte, incluyendo el papel más directo de las comunidades autónomas (CCAA), como es normal en los países federales y como acontece en los regímenes forales.

El artículo 138.1 establece la garantía de realización efectiva del principio de solidaridad y el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. De igual modo, se explicita (artículo 138.2) que las diferencias –consustanciales– “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. La cuestión es si cumple este mandato, sobre todo al hilo de las diferencias que imponen los sistemas forales; no por su naturaleza, que no se discute, sino por su desarrollo en acuerdos políticos bilaterales y leyes paccionadas de escasa transparencia y resultados financieros muy favorables con respecto al régimen común. La equidad horizontal impone que se traten de la misma forma circunstancias idénticas, pero lo cierto es que dos CC.AA. con la misma renta per cápita (por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el País Vasco) están recibiendo un tratamiento muy diferente en términos de financiación autonómica.

Idealmente, un Senado reformado debiera ser el principal protagonista en las reformas autonómicas. Pero, siendo realistas, ese papel lo desempeñan hoy la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de otros órganos de relación que también convendría implicar; en particular, las conferencias sectoriales. Una reforma clave sería la constitucionalización de la Conferencia de Presidentes, para que deje de ser una mera reunión convocada a demanda del Gobierno de España y tenga el estatus que merece.

En lo más concreto, la CE tendría que enunciar de una manera menos sujeta a interpretación el marco de competencias. El artículo 148 debería enunciar las que corresponden a las CC.AA. sin género de dudas (ahora solo se dice que “podrán asumir”, pero la fuerza de los hechos aconseja, al menos, un cambio de forma verbal). Y en el artículo 149.1 las competencias exclusivas del Estado debieran señalar aquéllas que son intransferibles e indelegables, para evitar la residual cláusula del artículo 150.2. En el primer caso, como muestra, podría estar la gestión de ciertas redes de infraestructuras internas (hidráulicas y ferroviarias, salvo que sean declaradas de interés general). En el caso estatal, un ejemplo de exclusividad serían las relaciones internacionales; no así las relaciones con la Unión Europea, donde las CC.AA. tienen mucho que decir, tanto aguas arriba como aguas abajo, incluidas las materias de financiación.

Por el lado de los ingresos, sería necesaria una delimitación más precisa, actualizando las previsiones del artículo 157.1 al contexto actual, imposible de prever por los padres constituyentes. Para empezar, no estaría mal que se mencionasen como tributos compartidos (que no cedidos, por su connotación) los grandes impuestos estatales, con referencia al marco de armonización europea, sobre todo en imposición indirecta. En segundo lugar, con relación a los impuestos propios de las comunidades autónomas, la CE podría establecer como única salvedad la no vulneración del principio de territorialidad de los tributos y el respeto a la unidad de mercado español y europeo, eliminando las otras limitaciones de la Lofca, por ser fuente de litigiosidad. Con respecto al producto de las operaciones de crédito, es inevitable una remisión directa a las restricciones del artículo 135.

El mandato constitucional de aprobación de una Lofca (artículo 157.3) debe seguir siendo nuclear, más aún tras la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Esta ley orgánica es la clave de bóveda del entramado de la financiación autonómica y sería saludable su tramitación preferente en el Senado, como ya reconoce el artículo 74.2 para el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

El artículo 158 encierra una doble relevancia. La primera, con respecto a la “garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”, para lo cual sería conveniente hacerlos explícitos en la Carta Magna o, en su defecto, actualizar el vigente catálogo de la Lofca (baste recordar que la atención a la dependencia ni siquiera era una política pública en 1978). La autonomía financiera quedaría así desplegada en plenitud a partir de esos umbrales garantizados. De otro lado, en lo que tiene que ver con el FCI, sería muy recomendable desligarlo expresamente de las diversas ayudas europeas al desarrollo regional, para evitar el efecto de subordinación que ha vivido el primero con respecto a las segundas. Hasta podría incluirse una vinculación del FCI a una macromagnitud de referencia para reforzar su dotación y, por ende, su potencial eficacia reequilibradora.

En los últimos años ha sido objeto de discusión la famosa ordinalidad, incluida en el artículo 206.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, con un redactado que exige que “la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación”. Tema diferente es la interpretación política que se ha querido dar, pero que obviamente dista del tenor reproducido. Por todo ello, no parece conveniente incorporar este criterio a la CE, dada la falta de consenso, no ya en el plano político (evidente), sino incluso en el plano técnico, donde el sesgo territorial de las propuestas parece pesar demasiado. En este mismo ámbito, algunas firmas autorizadas han sugerido la inclusión de una nueva disposición adicional en la CE para recoger las peculiaridades de Cataluña. Sin embargo, el camino de constitucionalizar la excepción o el supuesto agravio abriría una peligrosa espita.

Como es bien conocido, las reformas constitucionales son una rareza en España. En nuestra historia hemos transitado de la revolución a la fosilización y no hemos aplicado lo que decía Jefferson de revisar las normas fundamentales en cada generación. Hoy dudamos de si el plazo debe ser de 40 años, aunque si en el tango “20 años son nada”, aplicando una aritmética simple, el doble sería igualmente una nulidad.

Una última petición al aire: si se acomete la reforma, obligado será contar con buenos juristas, pero también con buenos economistas (al menos para el asunto aquí apuntado). Y, en todo caso, dejando opinar a los cuarentañeros. 

 

 

Publicado en Agenda Pública el 6 de diciembre de 2018 (40 aniversario de la Constitución Española)

 

 

Dramas y comedias

Los tiempos adelantan que es una barbaridad, dice el clásico. Lo que ocurre es que ahora la velocidad es supersónica, pero los supuestos adelantos muchas veces son pasos atrás. Se revolucionan estructuras sociales, relaciones humanas, sistemas económicos, maneras políticas o instituciones básicas. El lenguaje acompaña, a su propio ritmo.

El teléfono ya no existe; todo es móvil. Y el móvil es la vida. Las redes sociales son foros de escarnio, exhibicionismo (sin desnudos) e insulsez. Facebook ha envejecido, a pesar de que ofrece más prestaciones que nunca. Twitter atufa a basura de trol. En Instagram reinan la frivolidad y el petardeo. Y en las redes profesionales (valga Linkedin) no se entienden algunos puestos de trabajo, camuflados entre anglicismos estúpidos o currículos hinchados por titulitis y caretas.

Economía colaborativa como burdo negocio. Y si es respetable, ¿por qué se oculta como si fuese vergonzante o indigno? ¿Será para pagar bajos sueldos y casi ningún impuesto, mientras se expulsa de sus casas o trabajos a mucha gente? Quizás soy un mal pensado.

La democracia no sirve cuando se someten a votación propuestas extravagantes, ilegales, injustas o incluso algunas que parecen serias. Me fío más de nuestros parlamentos y tribunales que de Change.org, aunque a esta no le quito meritos mediáticos. Democracia directa como manipulación asamblearia. Democracia representativa como cosas de viejos. Democracia digital como camelo. La negociación como rendición. El socio, un traidor. El adversario, un enemigo.

Presunción de inocencia casi equivale a condena previa. Un aforado es un sospechoso. Un político, un ladrón con pintas. La Política, una farsa necesaria. La ideología está anticuada; molan más el chascarrillo o el tuit. Los argumentos son voces. Los intelectuales, tertulianos. Los tertulianos, fanáticos. Los principios, hasta que nos cuestan dinero. La ética, sin valores. El pensamiento sosegado, sustituido por el sentimiento visceral. La transparencia, tramposa, como cotilleo y vulneración de la protección de datos.

La independencia, si nos viene bien. La justicia, sumarísima o lenta, según perjudique más. La administración electrónica, utópico futuro y trámites duplicados en el presente. El teletrabajo, otra ensoñación y, de momento, tareas acumuladas entre la oficina y mi casa. La innovación y el emprendimiento chocan contra la burocracia. Y la legalidad se opone a la eficiencia, no solo a su tradicional némesis, la equidad.

Periodistas sin licenciatura criticando a doctores con acreditaciones. Diarios incendiarios. La universidad mediocre, excelente; la universidad excelente, normal y corriente. Evaluadores con menos nivel académico que los evaluados. Citas que llaman plagios. Compañeros encubridores. Silencios cómplices. Chorizos que roban y jamones regalados.

Corrupción insoportable (siempre la de ellos) y corrupción tolerada (la nuestra). Ellos saquean, pero nosotros solo cogemos lo que por derecho nos pertenece.

Publicado en La Voz de Avilés el 28 de noviembre de 2018

Carta a un presidente

Señor presidente. Su antecesor convocó una cumbre autonómica allá por enero de 2017, tras un paréntesis de cinco largos años sin hacerlo, a pesar del mandato legal y a pesar de la situación de extrema gravedad social y económica que pasó España en esos años, cuyas consecuencias aún se siguen pagando. En la citada reunión se abordaron asuntos del más amplio calado político. Estamos a punto de cumplir dos años desde aquella última Conferencia de Presidentes y, de momento, la nueva ni está, ni se la espera.

Entre otras cosas, a las personas expertas designadas se nos encomendó proponer una revisión del sistema de financiación autonómica, tarea que cumplimos en plazo, no sin pocas dificultades, dicho sea de paso. No abundan los consensos de país y en ese informe logramos uno de cierta importancia. Desde entonces, los avances brillan por su ausencia. Varios meses por el medio, bastantes tribunas de prensa, multitud de seminarios académicos, conferencias, declaraciones, reuniones políticas de alto nivel y, en mayo de 2018, un documento de síntesis del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto último debería haber sido ya un pilar sólido para el nuevo sistema, pero se queda más bien en un relato de coincidencias, muy valioso, pero insuficiente. En otras palabras: un punto de partida, pero no una meta final.

Evidentemente, no es posible olvidar la “cuestión catalana”, por denominarla de alguna manera. Mucho nos tememos que en este estadio ya no sea a un asunto exclusivo de financiación autonómica, aunque no es menos cierto que sin un nuevo reparto para los próximos cinco años (como mínimo), poco más se podrá avanzar hacia un nuevo modelo. Si no hay negociación, es obvio no podrá haber acuerdo.

Por otra parte, la situación económica ha mejorado desde 2014 y no digamos ya desde 2009, cuando España estaba en plena recesión. ¿Esto es positivo? Evidentemente, sí. Pero, ¿es positivo para un nuevo sistema de financiación autonómica? Sí, porque facilita la consecución de mayores ingresos cíclicos (ojo, no estructurales, los cuales dependen de una reforma fiscal integral, aún pendiente). Pero al mismo tiempo, no, porque aquel sistema que tanto se criticaba por algunas comunidades autónomas, ahora ya no parece tan malo porque funciona como se deseaba cuando fue aprobado, pero cuyos primeros frutos había amargado la crisis.

Señor presidente. Seguramente haya cosas en el informe de la Comisión de expertos que no gusten a casi nadie. Incluso algunas que nos agreden a los técnicos y no a los gobiernos, tanto autonómicos como al central. Un ejemplo evidente es el IVA colegiado, no exento de dificultades prácticas, pero cuyas ventajas en términos de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal son evidentes (ahora las comunidades autónomas reciben una determinada recaudación, sin que puedan hacer nada para elevarla o reducirla). Quizás en un futuro hasta se podría hablar de varios impuestos sobre el valor añadido (o más precisamente, de varios tramos autonómicos), para lo que se requeriría antes que la Comisión Europea cambiase su actual y rígida posición. Nada tiene por qué ser inmutable en este ámbito, sobre todo si Estados miembros como España lideran esa posición cuando aún están sometidos a un procedimiento de déficit excesivo. Verbigracia: introduciendo como contrapartida un compromiso político de refuerzo de sus ingresos estructurales, algo así como “ingresos por autonomía”.

Señor presidente. Quizás no sea la gran prioridad en su agenda. Puede que incluso no lo sea ya en la agenda de algunos gobiernos autonómicos. Pero las reglas deben cumplirse y la revisión del modelo es obligada, sobre todo cuando los servicios públicos fundamentales están sufriendo una presión sobre la demanda. Por ejemplo, en sanidad, por efecto del envejecimiento de la población, muy acusado en algunos territorios. O en educación, por la necesaria financiación del primer ciclo de educación infantil, la formación profesional dual o la educación universitaria de excelencia (no la otra). En atención a la dependencia, para revertir los ajustes aplicados desde 2010, importantes en sí mismos, pero sobre todo dramáticos por el perverso efecto que supuso congelar –o más bien dejar inédita- una ley que se aprobó justo antes del estallido de la crisis. La financiación autonómica debería también encarar las importantes diferencias interterritoriales que se han generado en los últimos años, no para uniformizar (cosa que sería contraria al Estado de las autonomías), sino para racionalizar gastos (que no equivale a recortar) y armonizar impuestos (que no equivale a subirlos).

Señor presidente. La unanimidad es irrebatible por su fortaleza, pero no debe ser un freno al avance. Consenso sí; bloqueo no. En tiempo de elecciones, mejor no hacer mudanzas, mutando la conocida máxima ignaciana. Pero lo bueno de la democracia es que siempre estaremos votando algo.


Publicado en el blog de Rifde-Expansión el 26 de noviembre de 2018 

Víctor y Avilés

En Avilés volvimos a escuchar a la madre, al padre y al abuelo. La mujer, discreta, vigilaba desde el fondo. Mientras, el hijo dirigía la banda con maestría, para llevarnos de visita al otro abuelo en la fosa común. Se hizo un canto a la memoria y al olvido, con flores y sueños imposibles, con tantos invisibles.

Volvimos a sentir Asturias en vena. Aplaudimos a España y al amor porque no son incompatibles, como alguno quisiera. Grandes canciones y, entre todas ellas, una “Canción pequeña” que sonó enorme. Gracias Víctor Manuel.

Había nervios, lógico, como en todos los estrenos. Pero el calor lo compensó todo, literalmente. El Teatro Palacio Valdés olía a humo de escena y sabía a música, como en las grandes noches. El regusto fue total, de satisfacción, de privilegio por haber estado allí y, además, en la mejor compañía. Me descubrí a mí mismo cantando a voces y saltando del asiento a aplaudir, como con un resorte. Supongo que eso es la emoción.

Con Víctor podemos ir mil veces de romería y no aburrirnos nunca. Con sidras, gaitas y corderos, pero donde la neña temprana ya no tiene por qué regar el maizal con sus lágrimas; ahora es más dulce en una cama. Supongo que este matiz no es neutro.

Y llegan los trasatlánticos, pensando solo en ti, ¡ay, amor! Y volvemos a entonar el “hey”, estirando la bocanada de aire, echando el cuello hacia atrás para aguantar, como hace él.

Nuestro cantautor más universal siempre deja sangre en el papel. Y sudor sobre las tablas, a sus 71 años y en plena forma (puedo dar fe desde la quinta fila de butacas). Dos horas enteras, sin un solo descanso, ni con la banda cubriendo el hueco durante unos minutos, como suelen hacer otros artistas.

“Que se vengan todos”, nos dice en uno de los temas nuevos, evocando las reuniones que convocaba una amiga suya colombiana, ya fallecida. En otra canción nos anima a elegir rumbo, a tomar partido por uno mismo, pero sin descuidar a los demás. Enlaza con el Serrat más cívico de “No esperes”, para no fiarlo todo a la suerte o al azar.

Mención aparte merece el nuevo canto a Asturias, “Allá arriba al norte”, esta última palabra evocando belleza, modernidad y progreso (que se lo digan a los madrileños que huyen del asfalto en busca de verde y azul). Ese era el planteamiento original del proyecto Puerto Norte, ideado por Juan Luis Rodríguez-Vigil y nombrado así por el glocal Juan Cueto Alas. Pero esta, es otra historia.

Rumba, bolero, vals, himnos, canción ligera, canción protesta y hasta algún pasodoble. No falta ni un estilo en el repertorio. En el menú de este día eché de menos algunas clásicas y otras más raras que hace tiempo que no escucho, si no es en mi casa. Por ejemplo, aquella magnífica “Sin memoria”, un tema que a Víctor Manuel le preocupa mucho, como ya sabemos. O la que reivindica “Las vidas de un pantalón”, imprescindible en la era del consumismo global. O el poema musicalizado de Atahualpa Yupanqui, “Tierra mía”. O “La doble muerte de Juan Diego”, casi tan desgarradora como “La planta 14”, una hacia el cielo, otra al subsuelo. Ese hipotético concierto integral sería inabarcable.

Entre tanto, semiocultos en redes o al amparo de anónimos comentarios, los que exhalan insultos y destilan ignorancia. Suscribo a Juan Manuel de Prada, citando a Gregorio Marañón, cuando afirma que el odio y la envidia son pasiones nefastas para el ser humano, pero solo tienen una proyección individual. Sin embargo, es mucho peor el resentimiento que enferma a las personas que se sienten agraviadas, no por alguien en concreto, sino por una confabulación de circunstancias que convergen en su propio fracaso.

Publicado en La Voz de Avilés el 5 de noviembre de 2018

Deslocalizacion y exclusión

Cuando se habla de deslocalización, debemos precisar que se trata en puridad del traslado “de una producción industrial de una región a otra o de un país a otro” (así la define el Diccionario de la lengua española y así se ha entendido siempre en la historia económica). Sin embargo, en este juego perverso de deformar el significado de las palabras hasta que denoten otra cosa (posverdad dicen algunos; mentira decimos otros) tiene peligrosas implicaciones.

Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con el supuesto agravio que supone para Avilés la pérdida de empresas tecnológicas… ¡porque se van a Gijón! Para el que no lo sepa: a menos de 30 kilómetros. Me pregunto si lo relevante es el coste de transporte para el personal (compensable con dietas o permisos) o si lo que de verdad importa es la valiosa actividad innovadora que despliegan esas empresas de referencia mundial. Me cuestiono también si no estaremos dando más importancia a un estrecho límite administrativo (el concejo) que a otro más amplio (la comunidad). Y me preocupa todavía más que no sepamos respetar las estrategias de emprendedores que arriesgan su dinero y crean empleo de calidad en Asturias, en lugar de hacer ambas cosas en Madrid, en Taiwan o en ningún sitio. Por cierto, a quienes critican a “los políticos” (así, en abstracto) porque no han sabido “cuidar” a estas empresas para que se queden enfrente de su casa, simplemente les recuerdo que las administraciones públicas no deben entrar al juego de las subastas de subvenciones, por ver quién da más o por ser el mejor postor.

No existe deslocalización en los casos citados. Si acaso, habrá “dislocalización”, una palabra que me invento (con permiso de Luis Piedrahita) y que vendría a significar algo así como “sacar de su lugar los argumentos, sin razón y de forma disparatada e imprudente, para criticar las decisiones empresariales autónomas de seguir produciendo a veinte minutos de mi domicilio”.

El localismo excluyente sí me parece un drama que causa daños. Hay quien defiende con estrechez de mente que España debe ser “para los españoles”, olvidando que dentro de ese genérico se incluyen personas blancas, negras, gitanas, nacidas en Rumanía, en Cuba, en Alemania, en Mieres o en Burgos. Pero tampoco es mejor el grito de quienes piden que Avilés sea “para los avilesinos”, olvidando nuestra historia colectiva de acogida y, probablemente, su propia historia familiar de mestizaje y solidaridad. Eso sí, cuando hay que comprar, no acuden al comercio de la esquina y sí al ubicado en un centro comercial, cuyos accionistas forman parte de un fondo de inversión apátrida y especulativo.

Nuevas formas de despotismo y, desde luego, nada ilustrado. 

Publicado en La Voz de Avilés el 1 de octubre de 2018

Bienvenido el cupo vasco transparente

Me he jugado una cena y no quiero perder la apuesta.

Resulta llamativo –pura casualidad– que el mismo día que el Boletín Oficial publicaba la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés (casi la última entre las autonómicas), los medios se hacían eco de una noticia relacionada largamente esperada. Destacaban la sentencia 88/18 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, por la cual se obliga al Ministerio de Hacienda a publicar la metodología y las cifras concretas de señalamiento y cálculo del cupo vasco.

El Juzgado es contundente al apreciar “un interés público superior en obtener dicha información, que debe prevalecer sobre la hipotética falta de virtualidad del acuerdo o la necesidad de otros trámites o actuaciones para la plasmación efectiva de lo acordado”. Cabe recordar que el acuerdo firmado en 2017 para el periodo que alcanza hasta 2021 resultó en una transferencia del Estado a la comunidad autónoma superior a 1.000 millones de euros, por ajustes acumulados desde 2011, así como un nuevo cupo que rebaja la aportación del País Vasco al Estado con respecto al anterior acuerdo quinquenal.

El nuevo equipo del Ministerio de Hacienda, a diferencia del anterior, ha anunciado que no recurrirá la sentencia, por lo que deviene en firme y, en consecuencia, el acuerdo deberá publicarse, junto a la liquidación de los últimos ejercicios. En suma: lo que no lograron casi 40 años de peticiones y lamentos en la actual etapa democrática, lo acaba de conseguir la tenacidad de un ciudadano mediante el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. Enhorabuena.

Los dos que nos jugamos una cena lo hacemos a la espera de que esta vez triunfe ‘la’ verdad de los datos y no ‘una’ verdad construida a partir de declaraciones políticas y leyes paccionadas de artículo único. Si gano yo será porque la ley, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Justicia habrán hecho –aunque tarde- su papel. Si pierdo, me tocará abonar la factura, además de aguantar el sempiterno "ya te lo dije" y, sobre todo, soportar una decepción más en este asunto. Como es fácil de imaginar, la apuesta consiste en ver si la sentencia se cumplirá o si se quedará en mera victoria moral del interesado, pero al fin y a la postre, en un triunfo ingrato e inútil. Lo veremos pronto.

Quienes tratamos de comprender y transmitir la financiación autonómica desde hace algunos años no entendemos por qué el sistema de las haciendas forales vascas y navarra, esencialmente diferente del sistema común y con la misma legitimidad constitucional (nada que decir sobre esto), produce, sin embargo, unos resultados financieros muy diferentes (esto sí que es criticable). Baste un solo dato, incluido en el informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Autonómica, donde constatamos que “las comunidades de régimen foral gastan en 2016 por unidad de necesidad en torno a un 30% más que las de régimen común y se han alejado de ellas desde 2007 en su nivel de gasto por habitante ajustado”. La Constitución admite la diferencia, pero también prohíbe el privilegio. Hagamos un símil: el peregrino puede alcanzar el jubileo llegando a Compostela por el Camino Primitivo o por el Camino de la Costa, a pie, a caballo o en bicicleta, pero no en helicóptero o limusina.

La clave reside en analizar si las cifras relativas al País Vasco constituyen ese privilegio del que hablamos, aunque para ello no basta quedarse en el exabrupto, sino que es preciso acotar bien si constituye una “ventaja exclusiva o especial” (así lo define el Diccionario de la lengua española), para lo cual no hay otra solución que acudir a los datos objetivos. Por desgracia, hasta ahora –y ya veremos a partir de ahora– no se dispone de esas cifras oficiales y, en particular, no se conocen los cálculos de las cargas no asumidas por el País Vasco –y la Comunidad Foral de Navarra, no se olvide– de los que se deriva, tras múltiples ajustes, la cantidad que la comunidad autónoma debe abonar al Estado; esto es, el cupo.

Diversas estimaciones académicas (ahí están los trabajos de Ángel de la Fuente, Carlos Monasterio, Agustín Manzano o Ignacio Zubiri, pero tampoco muchos más) han calculado que cada año el País Vasco deja de aportar entre 1.300 y 5.000 millones de euros anuales a la Hacienda estatal por una infravaloración del cupo, básicamente por un mal cálculo del ajuste por IVA y por una casi testimonial aportación a la solidaridad común. Sobre esto último hemos alzado la voz desde la Comisión de Expertos, de manera unánime y contundente, concretando nuestra propuesta en una aportación adicional anual de 2.600 millones de euros que tendrían que hacer las comunidades autónomas de régimen foral. Para que nos hagamos una idea cabal: la cifra superior del citado intervalo supera el presupuesto anual de una comunidad autónoma de un millón de habitantes. Y aún llama más la atención que no haya tampoco informes específicos del Tribunal de Cuentas o de sus homólogos autonómicos en el País Vasco y Navarra, no sólo para fiscalizar su legalidad, su contabilidad y su impacto sobre la estabilidad presupuestaria, sino también para analizar la eficacia, la eficiencia, la economía y la equidad, todos ellos principios y criterios constitucionales.

No seré yo quien proscriba la negociación política sobre la base de una supuesta superioridad de los argumentos técnicos (sería tanto como negar la democracia). Pero sí defiendo un ajuste de los legítimos objetivos políticos de partidos y gobiernos a una mínima sensatez, amparada en sólidas razones económicas y jurídicas. El consenso parlamentario sobre el funcionamiento del Concierto Económico es amplísimo en toda España y casi monolítico en el País Vasco y Navarra, lo cual puede ser una ventaja, pero en ningún caso debe ser un caldo de cultivo para proscribir las críticas bien construidas.

Desde la modestia, algunos intentamos hace unos meses que el Defensor del Pueblo se implicase en este asunto, planteando quejas formales para que elevase un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes reguladoras del cupo, animados en origen por otro gran experto en el sistema, hoy director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca. Sin embargo, nuestra pretensión fue desestimada, aunque me quedo con una de sus recomendaciones finales: “estamos, sin duda alguna, ante una cuestión que tiene por objeto una actividad pública, una cuestión que atañe a información económica, presupuestaria y estadística cuyo conocimiento es relevante para garantizar la transparencia de actividades relacionadas con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Y concluye el Defensor del Pueblo: “antes de la iniciativa legislativa y de su tramitación parlamentaria, la acción administrativa puede y debe ser más transparente”. Amén.

El diablo está en los detalles. Y no siempre la letra de la ley es lo más fiable, sino todo lo que hay detrás y que no conoce más que un selecto club de personas informadas, al puro estilo Romanones: “dejad que ellos hagan las leyes; yo haré el reglamento”. En 2021 se revisará de nuevo el cupo vasco y, entonces, esperemos que sea ya sobre bases más transparentes, con el fin de actualizar algunos parámetros.

En definitiva, bienvenida sea la transparencia efectiva, no una líquida, al decir de Bauman. Nuestros representantes nos la deben a quienes nos dedicamos a este tema de manera profesional, pero sobre todo es una deuda de ciudadanía con quienes pagamos impuestos y votamos en las elecciones.

Ya contaré si me toca invitar a cenar.

 

Publicado en Agenda Pública el 25 de septiembre de 2018

Pagar por la piscina y no por la escuela

Hagamos política-ficción. Supongamos que todos los servicios municipales se pueden financiar con precios públicos y con tributos basados en el principio del beneficio. En otras palabras: quien quiera un servicio público, que se lo pague. Quid pro quo, como decían los clásicos.

De esa forma, los impuestos que gravan una base fiscal amplia, como es el caso de la propiedad inmobiliaria, podrían ser reducidos a la mínima expresión o, en el extremo, eliminados, obteniendo ganancias generales de eficiencia. En la medida en que muchos servicios públicos tienen una demanda individualizada y se puede identificar –y excluir- a los usuarios a un coste razonable, la aplicación del principio del beneficio en materia de financiación local no parecería entonces una mala idea. Pero ya está; ahí se acaban las teóricas ventajas.

En esa fantasía, el ciudadano deja de existir y pasa a ser un cliente, de la misma forma que el sector público pasa a ser un proveedor ordinario de bienes y servicios, sin más preocupación que obtener rendimientos –o como mínimo no tener perdidas- por vender esos productos, como hace cualquier empresa privada. En la vida real esto no es posible, ni tan siquiera deseable.

Por ejemplo, se entiende socialmente aceptable cobrar un precio público por la entrada a la piscina municipal o a un espectáculo cultural. Sin embargo, muy pocas personas en España estarían dispuestas a pagar ese mismo precio público cuando acuden al centro de salud o cuando llevan cada día a sus hijas e hijos a la escuela infantil o primaria.

La hipotética cobertura del gasto público de forma exclusiva o mayoritaria con ingresos basados en el principio del beneficio contraviene una elemental noción de equidad, ya que deja excluidas a numerosas personas, las más necesitadas. Afortunadamente, ni la Sociología, ni la Ciencia Política, ni la Economía Pública, ni la propia Constitución Española, dan argumentos para plantear un escenario tan extremo.

Pero la película de la financiación local tiene un final abierto, como en aquellos libros donde se elegía la aventura en función de la estrategia seguida entre páginas. Cada gobierno local puede decidir hasta dónde y cuánto utiliza el principio del beneficio para financiar los servicios que presta o las obras que acomete. El conocido conflicto entre eficiencia y equidad está servido y, como casi siempre, será una cuestión de preferencias políticas, a dirimir en elecciones, consultas populares o plenos municipales. La única premisa es que el principio del beneficio no sea un sustituto completo de los impuestos basados en la capacidad económica, ni de las transferencias recibidas, ni del endeudamiento, pero sí un excelente complemento de estos recursos.

En todo caso, los ingresos basados en el principio del beneficio no serían suficientes, salvo que el gasto se recorte de manera dramática y/o se establezcan tasas, precios públicos y contribuciones especiales a niveles estratosféricos. En segundo lugar, el oscurantismo que todavía acompaña el cálculo de los costes de prestación (la contabilidad analítica, salvo honrosas excepciones, ni está ni se la espera) dificulta en grado sumo este tipo de ingresos. Tercero, porque en tales condiciones resulta muy complicado desplegar un eficaz control interno y una rigurosa fiscalización externa. Y, cuarto, porque su elevado coste electoral expulsaría del mercado político al partido o a la candidatura que pretenda tal solución.

En definitiva, parece más aconsejable que los objetivos redistributivos se reserven a las políticas de gasto local, por su mayor efectividad. Las ganancias de eficiencia se puedan explotar así en toda su extensión con tasas, precios públicos y contribuciones especiales (para estas últimas, probablemente, recuperando su carácter obligatorio en determinados supuestos). La legislación de haciendas locales ya permite –aunque no obliga- que las tasas y los precios públicos se desvinculen del coste, pero esta medida lo único que provoca es una debilitamiento de la eficiencia, sin que mejore la equidad, produciendo efectos regresivos en demasiadas ocasiones.

Claro que, si hablamos de municipios ínfimos, con un puñado de habitantes, entonces ni siquiera podemos escribir en serio de todo esto.

Publicado en el blog de Rifde-Expansión el 25 de septiembre de 2018 

Sidra y reguetón

Me gusta escribir. Me encanta la sidra de buen palo y bien escanciada. Y si juntamos ambas cosas, llegamos a este texto, cifra redonda de 100 personales quebrantos que llevan navegando avante libre desde hace ya 9 años en La Voz de Avilés. El medio centenar lo celebré en su momento con una columna dedicada a cachopos y gintonics, lo cual me preocupa un poco, aunque también me hace recordar que toda fiesta en este país –en el grande y en el pequeño- suele ir acompañada del embrujo etílico. En su justa medida, claro.

Que nadie me critique por frívolo. Tampoco pretendo tener una denuncia por incitar al bebercio (“cosas veredes, amigo Sancho”, más, en estos tiempos de piel fina). Solo quiero dejar claros dos elementos que, en mi modesta opinión, llevan años estropeando las celebraciones en grupo, sobre todo las masivas. Dos grandonismos, también en el lenguaje, que están poco a poco destruyendo una forma de ocio, diurno y nocturno, de la que se podrán decir todas las críticas que se quiera, pero que reivindico por ser la de mi generación y la de varias anteriores, así que no debe ser tan mala, ni tan carca. Uno de eso elementos es arte, dicen. El otro, una simple perversión de algo que siempre se hizo, pero a mucha menor escala y de un modo más discreto. Ambos, son especies colonizadoras, invasivas y han venido para quedarse, si no se toman medidas. Los habéis adivinado: son el reguetón y el botellón.

Sobre gustos musicales, cada persona tiene el suyo, como el culo y el corazón. Nada que decir, salvo una cosa: respeten los míos también, sin forzarme a la misma repetición una y otra vez, o a la incomparecencia, por pura rendición frente a un “enemigo” imbatible. Me da la sensación de que no se quiere dar esta batalla y que la música de baile se reduce a una pobre expresión de toda la variedad que existe (y no digamos ya en el mundo latino). Quienes preferimos la salsa al kétchup, o el merengue a la nata de bote, también preferimos que nos pinchen música de calidad, y hasta pachanga, pero no un monotema (por cierto, con letras de muy mal gusto bastantes veces). Antes –y no hablo de hace décadas- cada bar u orquesta tenía su estilo propio y, si no te gustaba, cambiabas al de al lado o no acudías a esa verbena. Me enerva bastante la homogeneidad impuesta ahora. Añado una intuición económica: la hostelería pierde dinero con esta estrategia. Conmigo, desde luego.

Y qué decir del botellón. Lo que en su momento fue una vía de escape a los precios caros o la manera de reunir un grupo, hoy degeneró hasta tener vida propia y comerse –literalmente- nuestras mejores fiestas (ojo al símil con el plumero de la Pampa: antes simpático y ahora peligroso). Admiro lo que intentan hacer en el Carmín de La Pola, incluso planteándose suprimir un año la romería si el vodka sigue empujando a la sidra. Aplaudo que el Xiringüelu de Pravia separe las casetas de toda la vida de este nuevo fenómeno, aunque me temo que es barrer debajo de la alfombra. Sin embargo, critico con dureza a los organizadores que solo quieren gente sobre gente, acumulaciones para batir un deshonroso récord, aunque sea a costa de laminar la tradición, el buen ambiente, la limpieza y hasta la seguridad. Cantidad frente a calidad. No deberían ser incompatibles, pero si hay que elegir, casi mejor la segunda.

Volviendo a la sidra, no olvidemos que estamos ante la bebida social por excelencia, una de las más sanas (insisto, con moderación) y autentica seña de identidad de Asturias. La cultura de la sidra está reconocida oficialmente como Bien de Interés Cultural y aspiramos a que también sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (por cierto, el tango, otro de las músicas latinas por excelencia, ya lo es; el reguetón, creo que no).

Cuidemos la pomarada, la manzana, el llagar, la botella, la etiqueta, el vaso, el chigre, la romería y la jira. Demos a la buena sidrería y a la sidra seleccionada el impulso diferencial que merecen. Reconozcamos al escanciador el valor que tiene y paguémosle el salario más alto que debe cobrar (la maquinita jamás será un sustituto de la persona). Saquemos todo el valor añadido a la industria de productos derivados (orujos, licores, vermús, mermeladas o dulces de todo tipo), a los usos alternativos en gastronomía y, por supuesto, a la exportación. Respetemos el “vino español”, pero por favor, alcaldesas, presidentes, gerentes de empresas y demás responsables: ¡más sidra asturiana en las inauguraciones! Y brindemos con un culín.

Publicado en La Voz de Avilés el 24 de septiembre de 2018 

Un renovado control interno local

 

Se acaba de presentar el documento número 9 de la Red Localis, elaborado por Marta Oviedo Creo y yo mismo, bajo el título Un renovado control interno local.

 

El pasado 1 de julio entraba en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. La nueva norma supone una revolución en las funciones de control financiero de los interventores locales, como agentes internos fiscalizadores del gasto que realizan las entidades locales, lo que sin duda mejorará sus niveles de transparencia.

Actualmente, de las entidades locales que aplican en su control interno el régimen de fiscalización previa limitada (control básico de la propuesta de gasto), más del 50% sólo comprobaban la adecuación y suficiencia del crédito presupuestario y la competencia del órgano que generaba el gasto. Además, más del 70% de estas entidades no realizan un control a posteriori (que implica una vigilancia mucho más exhaustiva del gasto). Esto supone un ejercicio de fiscalización de las cuentas de las entidades locales muy reducido.

Con el cambio normativo se persigue un control financiero de la intervención innovador, eficaz, transparente y proactivo. Así se contemplan las modalidades de control financiero permanente (verificación continuada de las actuaciones de gasto desde la óptica económica y financiera para cumplir con la legalidad) y la auditoría de las cuentas públicas, a partir de 2019, incluyéndose en ambas el control de eficacia. De esta forma se podrá verificar el grado de cumplimiento del gasto con los objetivos fijados, se tendrá en cuenta el coste y rendimiento de los servicios y se potenciará un uso responsable de los recursos locales. Todas estas medidas tienen un claro objetivo, que es conseguir administraciones públicas locales mucho más responsables en su gestión presupuestaria, gracias al papel de la intervención local.

Con el nuevo marco legal el control financiero se debe realizar anualmente, aplicándose en su ejercicio las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal, y situándose como clave de bóveda el Plan Anual de Control Financiero. Con estas nuevas medidas se persigue mejorar el exiguo control financiero de las entidades locales, puesto que solo el 9% de las entidades locales ejercieron en 2015 esas actuaciones a posteriori, tal y como señala el Informe 1.260 del Tribunal de Cuentas.

A tenor de la evidencia mostrada, desde la Red Localis consideramos necesaria, entre otras medidas, una revisión de las actuaciones y del personal adscrito al servicio de intervención en las entidades locales, con el objetivo de mejorar no solo la eficacia y calidad de los servicios, sino también de la gestión pública local, especialmente en materia de prevención de la corrupción.

Junto con lo anterior, la Red Localis considera necesaria una mayor relación de los mecanismos de control interno con los externos, y una mayor independencia y autonomía de la función interventora, para impedir posibles injerencias en la labor fiscalizadora de los interventores.

 

Dossier de prensa

• Europa Press (1)
• Europa Press (2)
• Economía en Galicia
• El Correo Gallego
• La Opinión de A Coruña
• Faro de Vigo

 

A todo tren

A finales de los años 60, cantaba Víctor Manuel: “cuántas ilusiones lleva a la ciudad, ese tren tan viejo que no puede andar”. Aquel tren de madera circulaba entre vapores y tristeza, con gente humilde que buscaba prosperar. Hay un videoclip de esa canción –por cierto, en la estación de San Esteban- donde se refleja perfectamente el tono gris y de pena. Algunas décadas después, el “hijo del ferroviario” cantaba de nuevo a los trenes, recordando lo que tienen de bueno, pero con un fondo de nostalgia que llevaba más al pasado que al futuro.

Hoy los trenes no son de madera. Ya no “viaja un cura gordo y un guardia civil”, ni se ven gallinas, cerdos, caballos o soldados asomados por las ventanillas. Pero lo cierto es que en Asturias y en toda España llevamos tanto tiempo hablando de la alta velocidad (¡y qué llegue ya de una vez!) que nos hemos olvidado de las cercanías. Ese “olvido”, voluntario o intencionado, resulta visible en líneas casi abandonadas, horarios que no se cumplen, revisores que no están, máquinas que no funcionan, estaciones fantasma o velocidades a ritmo de procesión religiosa, más que de un servicio público del siglo XXI.

Asturias tiene la suerte de tener probablemente la mejor red de cercanías de toda España. O por lo menos, la teníamos hasta hace poco. Hay líneas trazadas de este a oeste, de norte a sur, conectando ciudades, villas y pueblos. Sin embargo, algunas permanecen inalteradas desde hace casi un siglo, a pesar de los evidentes cambios sociales, económicos, demográficos y, sobre todo, por la mejora de las carreteras. Digámoslo claro: no tiene sentido mantener apeaderos donde el mejor día de la semana suben o bajan media docena de personas. Esas estaciones intermedias de bajo uso deberían quedar para un servicio al día y, en los casos de nula asistencia, el tren pasaría de largo. La pasividad administrativa, lejos de ser una medida “social”, provoca el efecto contrario: un progresivo deterioro, la ineficiencia del servicio y un círculo vicioso de pérdida de viajeros. Desolador.

En estos momentos hay varias líneas de cercanías en peligro de cierre y la peor es la que une Oviedo y San Esteban. Un recorrido necesario y, además, a través de un paisaje precioso. Pero nada atractivo tal y como demuestran las cifras. Como en casi todo, la peor actitud frente al progreso es tratar de conservar lo que hay, cuando lo que hay no es bueno.

Se me ocurren varias actuaciones inmediatas que podrían estimular la demanda de viajeros si la oferta mejora en cantidad y calidad, al puro estilo del economista Say. Pondré tres ejemplos.

El primer ejemplo, el más sencillo, para acometer a corto plazo y con mínimas inversiones (o incluso ahorrando dinero público), pasaría por revisar íntegramente los horarios, priorizando los desplazamientos de “extremo a extremo” y añadiendo más frecuencias regulares. Por no salir de la comarca, podríamos citar el recorrido de Pravia a Avilés y a Gijón, que podría pasar a ser directo todo el día, salvo una o dos franjas de ida y vuelta con paradas intermedias. En estos momentos el tren tarda el doble que el coche; así es imposible competir. A todo esto añadamos una intensa promoción publicitaria entre residentes y turistas, para que el tren recupere su prestigio y vuelva a estar “bien visto”.

Segundo ejemplo, con una inversión de cierta importancia, pero más que asumible: el ramal al aeropuerto desde Santiago del Monte. Estoy seguro de que aportaría decenas de miles de viajeros nuevos cada año, evitando además el monopolio del autobús o el sobrecoste del coche particular (gasolina, aparcamiento, congestión del tráfico). Todos los aeropuertos importantes del mundo tienen línea de ferrocarril o metro. ¿Por qué el nuestro todavía no?

Tercer ejemplo, bien conocido: la pasarela peatonal entre L’Arena y San Esteban. Además de otros beneficios que ya sabemos, tendríamos a los dos pueblos con estación de tren, cosa que ahora solo tiene uno de ellos.

Fuera de esta comarca no podemos olvidar algunas cosas inexplicables, por ejemplo, que Luanco no haya tenido ni tenga tren, a pesar de ser una de las villas más turísticas de toda Asturias (imaginemos lo que hubiese sido de su vecina Candás sin “el Carreño”). O que la estación “provisional” (sic) de Xixón siga en un páramo alejado del centro, restando viajeros cada día.

Mucho me temo que el Ministerio de Fomento no va a entrar en estos detalles. Por eso creo que es fundamental que el Principado de Asturias asuma cuanto antes las competencias en materia de ferrocarriles interiores y así pueda desarrollar una política propia, con el Consorcio de Transportes, coordinando carretera y ferrocarril. Todo ello, además, apostando por un transporte sostenible de viajeros y mercancías, muchísimo más ecológico que el de autocares y camiones. La cercanía entre el gestor y la ciudadanía es fundamental en algunas políticas públicas y esta es una de ellas. Eso sí, se debe negociar un buen traspaso, lo que implica que primero las inversiones fundamentales deben ser ejecutadas o financiadas por el ente ministerial, para no asumir un pufo multimillonario en la Comunidad Autónoma.

Hay futuro para el tren. ¿Habrá voluntad?

Publicado en La Información del Bajo Nalón el 20 de julio de 2018 (digital: 11 de agosto).