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El marco ODS ubicado junto al embalse de Tanes / |
Parafraseando al poeta, nos podemos preguntar qué es el buen gobierno. Pues el buen gobierno eres tú... y lo son todas las instituciones que operan sobre valores y normativas. Estamos ante un concepto jurídico indeterminado y una noción económica interpretable, pero en realidad, ante una envolvente de las políticas públicas.
En su 'Alegoría del buen gobierno', fechada en el siglo XIV, Ambrogio Lorenzetti plasmó su preocupación por las virtudes cívicas. En ese fresco, el gobernante aparece rodeado por la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la magnanimidad y la paz. Por el contrario, el pintor reflejó en la 'Alegoría del mal gobierno' a un tirano que pone su propio beneficio por delante del interés general.
En la Revolución Francesa de 1789 leemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que «la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes públicos cuentas de su administración». Una radical ruptura con el Antiguo Régimen, donde el soberano solo rendía cuentas ante la divinidad, de la que traía causa. Nuestra Constitución de 1812 erige un objetivo de «buen gobierno y recta administración del Estado», que se sintetiza en dos preceptos con el regusto romántico y del sano liberalismo de la época. Uno, marcando la obligación ciudadana de «ser justos y benéficos»; otro, señalando que «el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación». La Constitución de 1978 bebe de la misma fuente, al proclamar su voluntad de garantizar «un orden económico y social justo» y «promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida».
Saltemos a los albores del siglo XXI y elevemos el ámbito territorial. Veremos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con uno sobre buena administración. O el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, de 2001, con una renovada mirada a los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia, coherencia y proporcionalidad, todo ello con un marchamo federalista, puesto que hace partícipes a todos los niveles de gobierno.
El buen gobierno impregna nuestra Constitución económica. El artículo 31 de la Carta Magna configura los elementos nucleares del sistema tributario y del gasto, alfa y omega de la actuación pública. Fija la contribución universal sobre la base de la capacidad económica, la justicia, la igualdad, la progresividad y la no confiscatoriedad. Con respecto al gasto público, se establece su asignación equitativa, así como una guía de eficiencia y economía. ¡Qué importante es tenerlo presente a diario!
Una segunda referencia a la idea de sostenibilidad, ausente hasta el verano de 2011, se encuentra en el artículo 135, incluyendo una cláusula de escape para supuestos que «perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». En tales circunstancias excepcionales, las concretas reglas fiscales quedan suspendidas -como lo están desde 2020 por la pandemia de COVID-19-, aunque no decae la disciplina presupuestaria, emanada de la normativa europea, ahora en pleno proceso de revisión y acomodo a una nueva realidad.
La Ley de Economía Sostenible, aprobada a comienzos de 2011 (y algo preterida), es un ómnibus o «tren que lleva vagones de todas clases y para en todas las estaciones», por su amplitud de miras. Refiere a «un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental», sin que prevalezca uno sobre los demás. Se adelantó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que datan de 2015.
Seguimos debatiendo sobre cómo «financiar la Constitución» -tomando el título del profesor Corti- o cómo sufragar «el costo de los derechos» -según Holmes y Sunstein-, puesto que «la libertad depende de los impuestos». En definitiva, sobre el pago por una sociedad civilizada, citando a otro Holmes (Oliver Wendell Holmes Jr.).
Aquel paradigma de extrema austeridad culminó en la aludida reforma constitucional y en el rescate financiero, con sus duras condiciones. Recordemos que soplaban también vientos de 'Grexit' que, luego, terminarían rolando a 'Brexit'.
Otro hito del buen gobierno se vivió a finales de 2013, con la ley de transparencia, acceso a la información y -cómo no- buen gobierno. Pasamos de ser uno de los pocos estados de la OCDE y de la Unión Europea sin legislación integral en la materia, a uno de los que más normativa acumula (el péndulo español). Esa ley básica otorga rango legal a los principios éticos y de actuación que deben regir la actuación de las personas que desempeñen altos cargos y asimilados. Destaco aquí la infracción de gestión económico-presupuestaria que supone la no rendición de cuentas.
Desde ese punto de vista, las instituciones de control externo son garantes del buen gobierno, desempeñando su principal función de fiscalización en cooperación, coordinadas con el control interno y con innovadores enfoques de evaluación. Incluimos el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas y los trece órganos de control externo autonómicos, entre ellos, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. La elección de sus miembros aporta un plus de legitimidad original, la cual debe alimentarse día a día con la legitimidad de ejercicio.
La rendición de cuentas es condición necesaria de buen gobierno, pero no suficiente. Es preciso incidir en la colaboración, así como en la atención a las opiniones y conclusiones desplegadas en los informes de fiscalización. Y, por supuesto, en el seguimiento de las recomendaciones que, cuando no son atendidas, deberían añadir una explicación de la desviación, distinguiendo si este hecho se produce por propia voluntad o por una imposibilidad fáctica para el cambio. Todo ello con el fin de fortalecer la conciencia pública del control, como eficaz vacuna contra el mal gobierno.
Tras las emergencias de la pandemia, toca encarar los enormes desafíos de los ODS. El desarrollo sostenible, la transición ecológica, la transformación digital, la inclusión social y el combate contra la desigualdad son rutas obligatorias, si bien con variados itinerarios, dentro del lógico juego de la política democrática. La Unión Europea ha aprendido de la anterior crisis y ha virado. La próxima generación nos espera.
En su 'Alegoría del buen gobierno', fechada en el siglo XIV, Ambrogio Lorenzetti plasmó su preocupación por las virtudes cívicas. En ese fresco, el gobernante aparece rodeado por la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la magnanimidad y la paz. Por el contrario, el pintor reflejó en la 'Alegoría del mal gobierno' a un tirano que pone su propio beneficio por delante del interés general.
En la Revolución Francesa de 1789 leemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que «la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes públicos cuentas de su administración». Una radical ruptura con el Antiguo Régimen, donde el soberano solo rendía cuentas ante la divinidad, de la que traía causa. Nuestra Constitución de 1812 erige un objetivo de «buen gobierno y recta administración del Estado», que se sintetiza en dos preceptos con el regusto romántico y del sano liberalismo de la época. Uno, marcando la obligación ciudadana de «ser justos y benéficos»; otro, señalando que «el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación». La Constitución de 1978 bebe de la misma fuente, al proclamar su voluntad de garantizar «un orden económico y social justo» y «promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida».
Saltemos a los albores del siglo XXI y elevemos el ámbito territorial. Veremos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con uno sobre buena administración. O el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, de 2001, con una renovada mirada a los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia, coherencia y proporcionalidad, todo ello con un marchamo federalista, puesto que hace partícipes a todos los niveles de gobierno.
El buen gobierno impregna nuestra Constitución económica. El artículo 31 de la Carta Magna configura los elementos nucleares del sistema tributario y del gasto, alfa y omega de la actuación pública. Fija la contribución universal sobre la base de la capacidad económica, la justicia, la igualdad, la progresividad y la no confiscatoriedad. Con respecto al gasto público, se establece su asignación equitativa, así como una guía de eficiencia y economía. ¡Qué importante es tenerlo presente a diario!
Una segunda referencia a la idea de sostenibilidad, ausente hasta el verano de 2011, se encuentra en el artículo 135, incluyendo una cláusula de escape para supuestos que «perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». En tales circunstancias excepcionales, las concretas reglas fiscales quedan suspendidas -como lo están desde 2020 por la pandemia de COVID-19-, aunque no decae la disciplina presupuestaria, emanada de la normativa europea, ahora en pleno proceso de revisión y acomodo a una nueva realidad.
La Ley de Economía Sostenible, aprobada a comienzos de 2011 (y algo preterida), es un ómnibus o «tren que lleva vagones de todas clases y para en todas las estaciones», por su amplitud de miras. Refiere a «un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental», sin que prevalezca uno sobre los demás. Se adelantó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que datan de 2015.
Seguimos debatiendo sobre cómo «financiar la Constitución» -tomando el título del profesor Corti- o cómo sufragar «el costo de los derechos» -según Holmes y Sunstein-, puesto que «la libertad depende de los impuestos». En definitiva, sobre el pago por una sociedad civilizada, citando a otro Holmes (Oliver Wendell Holmes Jr.).
Aquel paradigma de extrema austeridad culminó en la aludida reforma constitucional y en el rescate financiero, con sus duras condiciones. Recordemos que soplaban también vientos de 'Grexit' que, luego, terminarían rolando a 'Brexit'.
Otro hito del buen gobierno se vivió a finales de 2013, con la ley de transparencia, acceso a la información y -cómo no- buen gobierno. Pasamos de ser uno de los pocos estados de la OCDE y de la Unión Europea sin legislación integral en la materia, a uno de los que más normativa acumula (el péndulo español). Esa ley básica otorga rango legal a los principios éticos y de actuación que deben regir la actuación de las personas que desempeñen altos cargos y asimilados. Destaco aquí la infracción de gestión económico-presupuestaria que supone la no rendición de cuentas.
Desde ese punto de vista, las instituciones de control externo son garantes del buen gobierno, desempeñando su principal función de fiscalización en cooperación, coordinadas con el control interno y con innovadores enfoques de evaluación. Incluimos el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas y los trece órganos de control externo autonómicos, entre ellos, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. La elección de sus miembros aporta un plus de legitimidad original, la cual debe alimentarse día a día con la legitimidad de ejercicio.
La rendición de cuentas es condición necesaria de buen gobierno, pero no suficiente. Es preciso incidir en la colaboración, así como en la atención a las opiniones y conclusiones desplegadas en los informes de fiscalización. Y, por supuesto, en el seguimiento de las recomendaciones que, cuando no son atendidas, deberían añadir una explicación de la desviación, distinguiendo si este hecho se produce por propia voluntad o por una imposibilidad fáctica para el cambio. Todo ello con el fin de fortalecer la conciencia pública del control, como eficaz vacuna contra el mal gobierno.
Tras las emergencias de la pandemia, toca encarar los enormes desafíos de los ODS. El desarrollo sostenible, la transición ecológica, la transformación digital, la inclusión social y el combate contra la desigualdad son rutas obligatorias, si bien con variados itinerarios, dentro del lógico juego de la política democrática. La Unión Europea ha aprendido de la anterior crisis y ha virado. La próxima generación nos espera.
