Se acaba de presentar el documento número 9 de la Red Localis, elaborado por Marta Oviedo Creo y yo mismo, bajo el título Un renovado control interno local.
El pasado 1 de julio entraba en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. La nueva norma supone una revolución en las funciones de control financiero de los interventores locales, como agentes internos fiscalizadores del gasto que realizan las entidades locales, lo que sin duda mejorará sus niveles de transparencia.
Actualmente, de las entidades locales que aplican en su control interno el régimen de fiscalización previa limitada (control básico de la propuesta de gasto), más del 50% sólo comprobaban la adecuación y suficiencia del crédito presupuestario y la competencia del órgano que generaba el gasto. Además, más del 70% de estas entidades no realizan un control a posteriori (que implica una vigilancia mucho más exhaustiva del gasto). Esto supone un ejercicio de fiscalización de las cuentas de las entidades locales muy reducido.
Con el cambio normativo se persigue un control financiero de la intervención innovador, eficaz, transparente y proactivo. Así se contemplan las modalidades de control financiero permanente (verificación continuada de las actuaciones de gasto desde la óptica económica y financiera para cumplir con la legalidad) y la auditoría de las cuentas públicas, a partir de 2019, incluyéndose en ambas el control de eficacia. De esta forma se podrá verificar el grado de cumplimiento del gasto con los objetivos fijados, se tendrá en cuenta el coste y rendimiento de los servicios y se potenciará un uso responsable de los recursos locales. Todas estas medidas tienen un claro objetivo, que es conseguir administraciones públicas locales mucho más responsables en su gestión presupuestaria, gracias al papel de la intervención local.
Con el nuevo marco legal el control financiero se debe realizar anualmente, aplicándose en su ejercicio las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal, y situándose como clave de bóveda el Plan Anual de Control Financiero. Con estas nuevas medidas se persigue mejorar el exiguo control financiero de las entidades locales, puesto que solo el 9% de las entidades locales ejercieron en 2015 esas actuaciones a posteriori, tal y como señala el Informe 1.260 del Tribunal de Cuentas.
A tenor de la evidencia mostrada, desde la Red Localis consideramos necesaria, entre otras medidas, una revisión de las actuaciones y del personal adscrito al servicio de intervención en las entidades locales, con el objetivo de mejorar no solo la eficacia y calidad de los servicios, sino también de la gestión pública local, especialmente en materia de prevención de la corrupción.
Junto con lo anterior, la Red Localis considera necesaria una mayor relación de los mecanismos de control interno con los externos, y una mayor independencia y autonomía de la función interventora, para impedir posibles injerencias en la labor fiscalizadora de los interventores.
Actualmente, de las entidades locales que aplican en su control interno el régimen de fiscalización previa limitada (control básico de la propuesta de gasto), más del 50% sólo comprobaban la adecuación y suficiencia del crédito presupuestario y la competencia del órgano que generaba el gasto. Además, más del 70% de estas entidades no realizan un control a posteriori (que implica una vigilancia mucho más exhaustiva del gasto). Esto supone un ejercicio de fiscalización de las cuentas de las entidades locales muy reducido.
Con el cambio normativo se persigue un control financiero de la intervención innovador, eficaz, transparente y proactivo. Así se contemplan las modalidades de control financiero permanente (verificación continuada de las actuaciones de gasto desde la óptica económica y financiera para cumplir con la legalidad) y la auditoría de las cuentas públicas, a partir de 2019, incluyéndose en ambas el control de eficacia. De esta forma se podrá verificar el grado de cumplimiento del gasto con los objetivos fijados, se tendrá en cuenta el coste y rendimiento de los servicios y se potenciará un uso responsable de los recursos locales. Todas estas medidas tienen un claro objetivo, que es conseguir administraciones públicas locales mucho más responsables en su gestión presupuestaria, gracias al papel de la intervención local.
Con el nuevo marco legal el control financiero se debe realizar anualmente, aplicándose en su ejercicio las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal, y situándose como clave de bóveda el Plan Anual de Control Financiero. Con estas nuevas medidas se persigue mejorar el exiguo control financiero de las entidades locales, puesto que solo el 9% de las entidades locales ejercieron en 2015 esas actuaciones a posteriori, tal y como señala el Informe 1.260 del Tribunal de Cuentas.
A tenor de la evidencia mostrada, desde la Red Localis consideramos necesaria, entre otras medidas, una revisión de las actuaciones y del personal adscrito al servicio de intervención en las entidades locales, con el objetivo de mejorar no solo la eficacia y calidad de los servicios, sino también de la gestión pública local, especialmente en materia de prevención de la corrupción.
Junto con lo anterior, la Red Localis considera necesaria una mayor relación de los mecanismos de control interno con los externos, y una mayor independencia y autonomía de la función interventora, para impedir posibles injerencias en la labor fiscalizadora de los interventores.
Dossier de prensa
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