Señor presidente. Su antecesor convocó una cumbre autonómica allá por enero de 2017, tras un paréntesis de cinco largos años sin hacerlo, a pesar del mandato legal y a pesar de la situación de extrema gravedad social y económica que pasó España en esos años, cuyas consecuencias aún se siguen pagando. En la citada reunión se abordaron asuntos del más amplio calado político. Estamos a punto de cumplir dos años desde aquella última Conferencia de Presidentes y, de momento, la nueva ni está, ni se la espera.
Entre otras cosas, a las personas expertas designadas se nos encomendó proponer una revisión del sistema de financiación autonómica, tarea que cumplimos en plazo, no sin pocas dificultades, dicho sea de paso. No abundan los consensos de país y en ese informe logramos uno de cierta importancia. Desde entonces, los avances brillan por su ausencia. Varios meses por el medio, bastantes tribunas de prensa, multitud de seminarios académicos, conferencias, declaraciones, reuniones políticas de alto nivel y, en mayo de 2018, un documento de síntesis del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto último debería haber sido ya un pilar sólido para el nuevo sistema, pero se queda más bien en un relato de coincidencias, muy valioso, pero insuficiente. En otras palabras: un punto de partida, pero no una meta final.
Evidentemente, no es posible olvidar la “cuestión catalana”, por denominarla de alguna manera. Mucho nos tememos que en este estadio ya no sea a un asunto exclusivo de financiación autonómica, aunque no es menos cierto que sin un nuevo reparto para los próximos cinco años (como mínimo), poco más se podrá avanzar hacia un nuevo modelo. Si no hay negociación, es obvio no podrá haber acuerdo.
Por otra parte, la situación económica ha mejorado desde 2014 y no digamos ya desde 2009, cuando España estaba en plena recesión. ¿Esto es positivo? Evidentemente, sí. Pero, ¿es positivo para un nuevo sistema de financiación autonómica? Sí, porque facilita la consecución de mayores ingresos cíclicos (ojo, no estructurales, los cuales dependen de una reforma fiscal integral, aún pendiente). Pero al mismo tiempo, no, porque aquel sistema que tanto se criticaba por algunas comunidades autónomas, ahora ya no parece tan malo porque funciona como se deseaba cuando fue aprobado, pero cuyos primeros frutos había amargado la crisis.
Señor presidente. Seguramente haya cosas en el informe de la Comisión de expertos que no gusten a casi nadie. Incluso algunas que nos agreden a los técnicos y no a los gobiernos, tanto autonómicos como al central. Un ejemplo evidente es el IVA colegiado, no exento de dificultades prácticas, pero cuyas ventajas en términos de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal son evidentes (ahora las comunidades autónomas reciben una determinada recaudación, sin que puedan hacer nada para elevarla o reducirla). Quizás en un futuro hasta se podría hablar de varios impuestos sobre el valor añadido (o más precisamente, de varios tramos autonómicos), para lo que se requeriría antes que la Comisión Europea cambiase su actual y rígida posición. Nada tiene por qué ser inmutable en este ámbito, sobre todo si Estados miembros como España lideran esa posición cuando aún están sometidos a un procedimiento de déficit excesivo. Verbigracia: introduciendo como contrapartida un compromiso político de refuerzo de sus ingresos estructurales, algo así como “ingresos por autonomía”.
Señor presidente. Quizás no sea la gran prioridad en su agenda. Puede que incluso no lo sea ya en la agenda de algunos gobiernos autonómicos. Pero las reglas deben cumplirse y la revisión del modelo es obligada, sobre todo cuando los servicios públicos fundamentales están sufriendo una presión sobre la demanda. Por ejemplo, en sanidad, por efecto del envejecimiento de la población, muy acusado en algunos territorios. O en educación, por la necesaria financiación del primer ciclo de educación infantil, la formación profesional dual o la educación universitaria de excelencia (no la otra). En atención a la dependencia, para revertir los ajustes aplicados desde 2010, importantes en sí mismos, pero sobre todo dramáticos por el perverso efecto que supuso congelar –o más bien dejar inédita- una ley que se aprobó justo antes del estallido de la crisis. La financiación autonómica debería también encarar las importantes diferencias interterritoriales que se han generado en los últimos años, no para uniformizar (cosa que sería contraria al Estado de las autonomías), sino para racionalizar gastos (que no equivale a recortar) y armonizar impuestos (que no equivale a subirlos).
Señor presidente. La unanimidad es irrebatible por su fortaleza, pero no debe ser un freno al avance. Consenso sí; bloqueo no. En tiempo de elecciones, mejor no hacer mudanzas, mutando la conocida máxima ignaciana. Pero lo bueno de la democracia es que siempre estaremos votando algo.
Publicado en el blog de Rifde-Expansión el 26 de noviembre de 2018
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