El Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011 se aprobará gracias al pacto político entre PSOE e IU-Los Verdes. Es una buena noticia, frente a la alternativa de una prórroga que impediría acometer nuevos proyectos, interrumpiría la consolidación de la recuperación económica, dañaría la credibilidad de nuestra comunidad autónoma y pondría al Gobierno regional casi «en funciones». No estamos para lujos de ese tipo.
Quiero detenerme en analizar uno de los aspectos más destacados del proyecto presupuestario, en concreto, el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. Como su nombre indica, es un impuesto, ya que se exige sin contraprestación directa por parte de la Administración Tributaria, a diferencia de una tasa, donde sí hay contraprestación directa para el sujeto pasivo. El concepto periodístico de 'ecotasa' es una simplificación, con ciertas connotaciones interesadas, pero no responde a la realidad tributaria. El nuevo impuesto grava la incidencia, la alteración o el riesgo de deterioro ambiental que ocasiona la realización de actividades de transporte o distribución efectuado por elementos fijos de suministro de energía eléctrica y de telefonía y telemática. Es un impuesto directo porque grava la capacidad económica de las empresas titulares de esos elementos físicos, vinculados a la realización de actividades que generan renta. Cabe recordar que estamos hablando de sujetos pasivos (grandes empresas) que declaran cuantiosos beneficios, ya que gestionan en régimen de oligopolio unos servicios básicos que consumimos el conjunto de la población.
El nuevo tributo es un impuesto propio de nuestra comunidad autónoma porque lo crea, mediante ley, la Junta General. Una vez más, Asturias ejercita con hechos su autonomía financiera y su corresponsabilidad fiscal, en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Pero, sobre todo, el nuevo tributo es un impuesto ambiental o de 'fiscalidad verde'. Su finalidad no es recaudatoria, sino la de compensar a la sociedad por el coste ambiental que soporta, aunque es obvio que los recursos obtenidos tendrán un gran valor en tiempos de apreturas presupuestarias. El impuesto incentiva la ocupación responsable del medioambiente asturiano con actividades sostenibles y complementa así las políticas ambientales que, por el lado del gasto, ya se vienen desarrollando en Asturias. Por ejemplo, a las compañías eléctricas les interesará invertir en concentrar sus líneas de distribución si quieren pagar menos cuota impositiva. Otra prueba del carácter ambiental del impuesto es el destino de la recaudación a programas de carácter medioambiental, entre otros, los de fomento de eficiencia energética, prevención de deterioros en el medioambiente, reciclaje de residuos, educación ambiental o restauración forestal y de entornos degradados.
Comparto básicamente el espíritu y la letra del nuevo impuesto. Pero, a mi juicio, uno de sus defectos es la insuficiente cuota de 700 euros que se establece por cada kilómetro de tendidos eléctricos de alta y media tensión o por cada torre, poste o antena. Si se busca incentivar la actividad económica ambientalmente sostenible, el importe debería establecerse en un umbral algo más elevado y, en consecuencia, más efectivo. También hubiese sido más eficiente y justo graduar el gravamen del tributo en función de la magnitud del daño ambiental. Por ejemplo, parece evidente que no ocasiona la misma alteración un kilómetro de línea de alta tensión que una antena de telefonía móvil. En términos estrictamente políticos, una vez que se asume el coste de introducir un nuevo impuesto, lo lógico hubiese sido fijar una tarifa más elevada, para evitar que a corto plazo haya que subir los tipos impositivos. Otro defecto que constato es el abundante número de exenciones, lo que supone dejar de ingresar casi 12 millones de euros en 2011, más incluso que la recaudación prevista (8 millones de euros). Pero, sobre todo, echo de menos el gravamen de actividades muy dañinas para el medio rural y los montes, como las minas a cielo abierto o las canteras.
El nuevo impuesto nace con una denominación y un hecho imponible que, de alguna forma, son dos 'seguros' frente a hipotéticos recursos. Tanto la LOFCA como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son bastante favorables a este tipo de impuestos, exigiendo únicamente que el hecho imponible no coincida con el de otro impuesto, local o estatal. La parte menos positiva de un nombre tan neutro es que le resta identidad asturiana. En los primeros compases de la negociación presupuestaria se hablaba de un impuesto sobre ocupaciones de montes (añádase, si se quiere, zonas urbanas y periurbanas), mucho más identificativo de nuestra realidad paisajística.
En cuanto a los efectos económicos, pongo en cuestión que el nuevo impuesto sea una carga insoportable para las empresas y, por traslación, para los consumidores finales. Para las primeras va a suponer un coste muy poco significativo, máxime con las cuotas que se han establecido. Por esto mismo, la posible repercusión del impuesto a los consumidores finales, además de ser una cuestión controvertida jurídicamente (dado que afecta a servicios regulados), nunca sería completa (una parte siempre la asume la propia empresa) y tendría un efecto apenas perceptible en las facturas eléctricas, telefónicas o de internet. En este punto, yo, como consumidor, estoy muy tranquilo.
En definitiva, la 'fiscalidad verde' avanza en Asturias. La reforma del canon de saneamiento (para que pague más quien más contamina), así como la nueva deducción en el IRPF por certificación de la gestión forestal sostenible, son otras dos medidas en esta línea. Incluso me permito sugerir que ha llegado el momento de explorar las posibilidades de reconvertir en un tributo ambiental el Impuesto sobre Fincas Agrarias Infrautilizadas, en vigor desde 1989, pero sin aplicación.
Los impuestos ambientales existen en la mayoría de comunidades autónomas y todo indica que seguirán reforzándose al calor de la legislación española y de las recomendaciones de la Unión Europea y de la OCDE. Lo deseable es que la autonomía financiera de cada comunidad se haga compatible con una mayor coordinación, no sólo en la tributación ambiental, sino en el conjunto de la fiscalidad. Y no sólo ahora en crisis, sino en todo momento.
Malos tiempos para la economía española, europea y mundial. Hay días que da la sensación de que todo se hunde y lo mejor es saltar del barco. Francamente, no creo que lo mejor frente a una situación de crisis sea lamerse las heridas y penar continuamente, sino impulsar nuestros puntos fuertes, destacar los aspectos positivos y, por supuesto, reformar todo aquello que funcione mal o que suponga un lastre para nuestro desarrollo económico y social.