Universidad de Verano de Maspalomas: siguiente generación

Acabo de tener el gusto de participar como ponente en el curso titulado “Fondos Next Generation EU para la recuperación europea y medidas para la detección del fraude ligadas a su recepción: una obligación para las universidades públicas”. El evento forma parte de la Universidad de Verano de Maspalomas y estuvo organizado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas). Unos anfitriones excelentes, conviene destacarlo, con un papel esencial de Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de ambas instituciones.

En mi ponencia hablé del papel del control externo en la prevención y detección del fraude, junto a mis colegas de OCEX Alfonso Peña Ochoa (presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón) y Simón Rego Vilar (conselleiro del Consello de Contas de Galicia), moderados y presentados por el "local" Pedro Pacheco González (presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias). 

En el vídeo está todo.

 

A la fuerza ahorcan

Participo en este reciente y monumental libro (más de 4.000 páginas), editado por Octaedro. Desde aquí se accede al libro completo en PDF y gratis.

Mi capítulo se titula "A la fuerza ahorcan: educación universitaria digital de Historia Económica y Economía Pública". El objetivo es introducir algunos elementos de reflexión sobre una situación forzada por la pandemia de la covid-19, de la cual sin embargo se pueden extraer ventajas. Se analizan las principales restricciones generales y se introducen algunas cuestiones específicas en dos materias universitarias del campo jurídico-social.

 

Planificación curricular y metodología innovadora en Historia Económica

Participo en el reciente y monumental libro colectivo (casi 4.000 páginas) titulado Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora, editado por la prestigiosa editorial Octaedro. Coordinan el volumen Eloy López Meneses, David Cobos-Sanchiz, Antonio Hilario Martín Padilla, Laura Molina García y Alicia Jaén Martínez.

 

Desde aquí se accede al libro completo en PDF y gratis.

Mi capítulo se titula "Planificación curricular y metodología innovadora en Historia Económica". El objetivo de este trabajo es introducir algunos elementos de reflexión sobre posibles innovaciones docentes en la materia de Historia Económica en titulaciones de grado, tanto desde el punto de vista formal (objetivos y contenidos) como material (actividades). Primero se contextualiza de manera sucinta la materia, como síntesis académica entre Historia y Análisis Económico, enmarcada en los planes de estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Seguidamente se señalan algunas premisas relativas a la planificación curricular previa a la innovación docente. Por último, se presentan las propuestas para “innovar la tradición” en esta materia, incluyendo aspectos formales y materiales.

Universidad del Bajo Nalón

La Universidad de Oviedo, la de toda Asturias, tiene una tarea pendiente con la Extensión Universitaria. También con el Bajo Nalón.

Comencemos por recordar que en los últimos años del siglo XIX, la Universidad de Oviedo contaba en su claustro con profesores de la talla intelectual de Alas, Sela, “los adolfos” (Posada y Buylla), Aramburu, Altamira o Canella, entre otros muchos, imbuidos por las ideas krausistas que orientaban la Institución Libre de Enseñanza. Además de abogar por la renovación pedagógica y científica dentro del aula, los integrantes de ese Grupo de Oviedo, como se les conoció desde entonces, pretendían sacar las enseñanzas superiores fuera de esos muros de ladrillo, llevándolas también a las clases menos pudientes. Aquella universidad elitista comenzaba a abrirse, por lo que la iniciativa presentaba un clarísimo componente educativo y, sobre todo, un marcado carácter social. Así nació la Extensión Universitaria.

El Grupo de Oviedo otorgó un enorme prestigio a la provinciana Universidad de Oviedo, si bien no tuvo continuidad durante demasiado tiempo, por los traslados o los fallecimientos de sus protagonistas, que no pudieron ser relevados por personajes a su altura. Después vendrían la guerra civil y la larguísima dictadura, incluido el “atroz desmoche” –expresión de Laín Entralgo- en forma de purgas y depuraciones a catedráticos desafectos al régimen franquista. Ya en la nueva etapa democrática, la Universidad de Oviedo recupera su dinamismo y, más aún, desde que las competencias son autonómicas. Pero, en todo ese proceso, ¿qué fue de la Extensión Universitaria? No pretendo ahora hacer un relato histórico, ni por espacio disponible, ni siquiera por ganas, aunque sí puedo reseñar mi experiencia personal, primero como estudiante y luego como profesor.

Cuando yo entré a la Universidad de Oviedo, allá por el siglo pasado (nota para malvados: fue en 1996), la Extensión Universitaria gozaba de muy buena salud. Los cursos de verano se multiplicaban, había listas de espera y en algunos era más difícil matricularse que comprar una entrada para U2 o los Rolling Stones. La oferta era abundante, la demanda no iba a la zaga, los profesores ganaban un extra muy atractivo, la institución académica ingresaba dinero neto y los estudiantes convalidaban créditos de libre elección. Pero, como toda burbuja, explotó, por variadas causas, pero a mi juicio por dos fundamentales: los cursos de Extensión Universitaria dejaron de computarse como docencia oficial y a los profesores ya no les valoraban –ni pagaban- tanto estas actividades docentes. Como siempre, los incentivos. El caso es que se perdió la ilusión de aquel final del siglo XIX.

Ahora nos queda una Extensión Universitaria devaluada y con poco atractivo. Habrá opiniones y soluciones para todos los gustos, desde cerrar el negocio del todo, hasta dejarlo languidecer o, como sería deseable, reformarlo para devolverle esplendor. Creo sinceramente que sería muy adecuado volver a los orígenes, tratando de que la Extensión Universitaria “extienda la universidad” al conjunto de la sociedad a la que sirve y a todo el territorio en el que se enmarca. Solo necesitamos que el programa de cursos y actividades sea interesante, pero no interesado, cosas que a veces se confunden. En caso contrario, podríamos volver a morir de éxito o a seguir prolongando una innecesaria agonía.

¿Y qué tiene que decir el Bajo Nalón en todo esto? A mi juicio, mucho. Tenemos un tejido asociativo revitalizado, sobre todo desde hace unos pocos años, el cual puede servir como pasarela entre la Universidad de Oviedo y los vecinos, al lado de instituciones como el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) e incluso otras universidades. Disponemos de buenos locales (sin ir más lejos, las casas de la cultura) y, sobre todo, detecto que hay ganas de hacer cosas atrayentes. Por si fuera poco, hay profesores y catedráticos de esta comarca o vinculados a ella que podrían contribuir con su ingenio y su trabajo, pudiendo mencionar, sin desmerecer a todos los demás, a Rigoberto Pérez Suárez, Antonio Martínez Arias o Jesús Arango Fernández, los tres del ámbito de la Economía, no el más importante, pero sí el que más conozco. Tampoco me olvido del jurista y artista Juan Méjica García, ni de talentos únicos, como es el caso de Lolo Serantes. Siento sana envidia cuando veo todos los veranos las magníficas Jornadas de Historia que se celebran en Navia, organizadas por el cronista local, Servando Fernández Méndez. Es una buena referencia para simbolizar lo que trato de expresar aquí.

En cuanto a posibles temas para abordar en los cursos de Extensión Universitaria en el Bajo Nalón, no faltarían ideas. Como muestra, podemos recurrir a la vida y obra de nuestros ilustres visitantes en el pasado (Joaquín Sorolla, Rubén Darío, Seamus Heany) o en el presente (Juan Jose Millás es un perfecto exponente). El medioambiente, el turismo, el deporte y el patrimonio cultural e industrial son otros temas que darían para múltiples debates, precisamente por estar en uno de los parajes más guapos y con más historia propia y singularidad de toda Asturias. De igual modo, en cultura tenemos experiencias actuales que se deberían aprovechar e impulsar, como las innovadoras actividades de las bibliotecas de Soto del Barco, las Jornadas de Literatura que se celebran en Pravia o los escenarios de cine de Muros de Nalón. Son solo ejemplos, pero habría muchos más.

Como siempre, hacen falta voluntad (abundante), altura de miras (abonda) e iniciativa (como borra). También algo de dinero, pero no demasiado. Estoy seguro de que los ayuntamientos, la Universidad de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ridea, las empresas locales y algunas familias ilustres (se me vienen a la cabeza los Fierro y alguna más), podrían aportar recursos para esta apasionante tarea.

Publicado en La Información del Bajo Nalón, nº 8, el 20 de abril de 2018 (digital: 14 de mayo de 2018)

Demérito e incapacidad en la selección del PDI

Ha sido un honor participar en el libro colectivo que coordinan Antonio Arias, Ana Caro, José Ramón Chaves y Juan Jo Fernández, titulado Usos y abusos del derecho universitario. Homenaje a Juan Manuel del Valle, editado por Aranzadi-Thomson Reuters. No creo que haga falta explicar de qué va el libro, ni a quién se homenajea, más que merecidamente, con motivo de su jubilación.

Mi modesta aportación lleva un título explícito y recoge el sentir sobre un tema que nos toca muy de cerca. Aquí va. 

Demérito e incapacidad en la selección del PDI

Son muchos los principios constitucionales y legales que debe atender el gestor universitario, aunque, como los mandamientos, se resumen en uno: cumplir las normas. Si además se optimizan recursos y se logran resultados de impacto, miel sobre hojuelas. Como se dice en la Biblia, la “naturaleza divina” se alcanza si se pone todo el empeño posible en unir a la fe la virtud y a la virtud el conocimiento.

Es evidente que la persona encargada de gobernar una universidad pública debe colocar en el frontispicio de su despacho el principio de legalidad, cerca de la placa dedicada a la ética y al lado de las estanterías donde reposan la eficacia, la eficiencia y la economía. Tampoco debe descuidar el funcionamiento democrático de la institución –incluyendo el régimen electoral interno, la rendición de cuentas, la responsabilidad y la transparencia- ni la estabilidad presupuestaria, tan en boga y tan de moda. Y, junto a todo lo anterior, pero no por encima, la autonomía, sin que deba colisionar con la esfera propia de autogobierno de las comunidades autónomas, a las cuales se vinculan las respectivas universidades públicas.

Hablando en concreto del acceso del personal docente e investigador (PDI) no es posible abstraerse a la igualdad, el mérito y la capacidad, no ya por explícitos mandatos constitucionales, sino también por una cuestión de justicia social y necesidad de progreso. Si aquel gestor universitario sólo coloca a sus amiguetes en la plantilla, podrá tener un club social o un acogedor cortijo particular, pero estará poniendo los cimientos de barro para una universidad endeble. Para que algunos lo entiendan: si esto fuera fútbol, el entrenador estaría fichando jugadores más o menos guapos, más o menos vendedores de camisetas y perfumes, pero incapaces de marcar goles, correr la banda o jugar un partido sin lesionarse.

La sempiterna escasez se transfiguró en 2011 en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, cuyas derivaciones son palmarias desde entonces. Una de las más perversas ha sido la de imponer, mediante legislación básica, unas tasas de reposición bajísimas o incluso nulas, aplicando una noción de supuesta igualdad que poco tiene que ver con la justicia, ya que en realidad supone consagrar una inequidad vertical, es decir, un trato idéntico a situaciones muy diferentes. ¿Qué tienen que ver un negociado autonómico de estadística, un gabinete ministerial de comunicación y una gerencia municipal de urbanismo? Muy poco o nada. Para el caso que nos ocupa: ¿acaso tienen las mismas necesidades de plantilla una universidad histórica y otra que aún está desplegando sus estructuras básicas? ¿Y una con 50.000 estudiantes, frente a otra con 10.000 y una tercera con docencia a distancia en exclusiva? La respuesta es fácil: no.

Pero como “todo fluye”, a pesar de esa fuerte restricción presupuestaria, los incentivos han seguido jugando su papel. Así, la gente ha hecho mayoritariamente sus deberes y, a comienzos de 2016, son varios miles de personas las que están acreditadas por la ANECA para los cuerpos de profesor titular o de catedrático. En los mejores casos, ocupan plazas laborales o disfrutan –quizás el verbo sea excesivo- de contratos temporales o precarias becas de investigación. En los peores, están fuera del mundo académico en otras ocupaciones profesionales o han caído en la emigración o el paro.

En consecuencia, la oferta de personas con acreditación nacional es amplia, como nunca lo había sido, pero la demanda por parte de las universidades públicas es muy baja. Por todo ello, como nos enseñan a los economistas en primer curso de carrera, el precio baja, es decir, las condiciones laborales se deterioran y las expectativas se frustran. ¿Queremos dejar el mundo académico sólo a quienes ya están instalados o a nuevas personas voluntaristas y/o acomodadas? Aquí tenemos otra quiebra de la igualdad, en este caso, de oportunidades. Cierto es que la precariedad no es patrimonio exclusivo de la universidad, pero poco consuela que el mercado laboral español en su conjunto sea una máquina que digiere demasiadas ilusiones.

Porque si la igualdad está significando un trato igual de malo (a universidades y personas) y una igualación en mediocridad (mismos sueldos, mismo tipo de investigación, misma docencia repetida, misma gestión burocratizada), entonces se destruyen los incentivos. Y si algo hay que nos estimule a los seres humanos son precisamente estos alicientes, vengan dados por motivos sentimentales, presupuestos ideológicos o razones crematísticas.

Esos gestores universitarios –no todos, pero sí bastantes- han hecho alguna trampa. Bajo eslóganes de “excelencia” y “austeridad”, tan iluminadores como vacuos y contradictorios, han descuidado el mérito como principio básico para la selección del PDI. Han facilitado confortables acomodos a personas de discutible capacidad académica, mientras bloqueaban la entrada o enseñaban la salida a hombres y mujeres con curriculums varias veces acreditados. ¿Quién no conoce casos cercanos? ¿Y por qué casi nadie los denuncia?

Asimismo, la capacidad que proclama la Constitución Española también se vuelve del revés al observar a algunos reclutadores universitarios. Quizás este concepto de recluta pueda tener reminiscencias militares o resonancias mercantilistas, pero sigue siendo muy útil en el contexto universitario público. Porque todo proceso de incorporación implica formación, prueba, evaluación y respuesta. Y muchas veces no hay nada de eso o se excluye sin mayores miramientos a quien se califica como “falto de legitimación” o “sobrecualificado”.

Y para qué hablar de la imprescindible publicidad de las convocatorias a plazas de PDI, tantas veces relegada en tablones de corcho al final de un oscuro pasillo o en las profundidades de una página web corporativa. En la era de la transparencia –que no sólo implica divulgar el salario del rector- esto es inaceptable.

Decíamos al principio que antes que cualquier otra cosa se deben cumplir la normativa legal y la ética. Pues bien, lo que ha provocado este mundo de escasez sobrevenida –que no nueva- es una serie de curiosos comportamientos, algunos de los cuales podrían ser susceptibles de responsabilidad contable, infracciones disciplinarias o de buen gobierno y, en el extremo, delitos tipificados en el Código Penal. Por desgracia, no siempre hay un correlato en forma de castigo electoral, dado que las maniobras oscuras y clientelares, frente a las conductas probas e íntegras, suelen funcionar como reclamo ante una votación.

Un ejemplo paradigmático son los cumplimientos aparentes de la tasa de reposición, compensados por prórrogas o ampliaciones irregulares de contratos y nombramientos, reconocimientos de servicios prestados en régimen de dudosa legalidad o cambios de asignaciones docentes sin justificación ni soporte alguno. Ejemplos, nada más, pero señalan un camino de líneas rojas, ya no de baldosas amarillas. Los tribunales de justicia han corregido algunos desaguisados en estos últimos años, aunque otras muchas componendas ad hoc han logrado pasar el supuesto filtro supervisor de la tutela judicial efectiva.

En todo caso, seamos optimistas. Supongamos por un momento que algún día el ingreso del PDI en la universidad pública española llega a ser del todo limpio. Hagamos este ejercicio mental, siguiendo a Eduardo Galeano, quien decía que sin utopía no es posible avanzar. Avancemos, pues, para imaginar esa hipótesis en la que alguien ha obtenido una determinada posición académica y, con toda legitimidad, aspira a promocionar. Es entonces cuando habrá que construir un sistema que promueva la eficiencia y, al mismo tiempo, sea motivador y justo. Es decir, tendremos que hablar sobre evaluación del desempeño, pero sobre todo, tendremos que actuar, desarrollando este fundamental mandato, sin quedarnos en la dimensión retórica o teórica. Para ello, me atrevo a sugerir algunas ideas básicas.

Una, para que la antigüedad se reconozca y se retribuya con los trienios, pero sólo como lo que es, una cuestión biológica, no un parámetro para acceder a privilegios y prebendas.

Dos, para que los méritos docentes se evalúen y se valoren con criterios transparentes y lógicos. Los quinquenios no pueden ser sólo cinco años más en el DNI, sobre todo cuando las contrataciones de PDI se generan (casi siempre) por necesidades docentes en exclusiva. No es fácil discriminar positivamente al buen docente, ni hacerlo de forma negativa con el malo. Pero sí es posible y deseable, partiendo de un mínimo común. Tenemos instrumentos y técnicas que nos sirven, con un particular énfasis para las encuestas al alumnado. ¿O es que no nos fiamos de quienes son nuestros principales críticos? Con el clásico, digamos que todo largo camino empieza por un primer paso o que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. No avanzar en esta línea sería un enorme fracaso.

Tres, reformulando el actual complemento de productividad, para que compense el esfuerzo invertido en su consecución. Aun reconociendo que los sexenios han sido un estímulo decisivo para el fomento de la producción científica en España, no es menos verdad que en su implementación se han generado algunos vicios, sobre todo en el proceso de evaluación, donde han ido apareciendo excrecencias relacionadas con esferas de poder, ámbitos de conocimiento y negocios editoriales, pudiendo suponer un grave peligro en forma de círculos viciosos de ineficiencia, inequidad y exclusión.

Y, cuatro, no diferenciemos méritos sólo por el hecho de que quien los haya obtenido no tenga –incluso porque nunca haya podido tener- una determinada categoría. Por ejemplo, si un docente ha obtenido una calificación excelente en su evaluación, debería dar igual si es ayudante, titular o catedrático. Lo mismo con las publicaciones y las patentes. ¿Por qué debe cobrar alguien más por un complemento retributivo si el mérito objetivo es idéntico al de otra persona, incluso aunque esta última esté eventualmente fuera del sistema universitario? Y, por supuesto, deben mejorarse los vasos comunicantes y la homologación de méritos entre las figuras laborales y funcionariales de PDI, facilitando también la conexión de la sociedad y la empresa con las instituciones educativas superiores. De otro modo, serán cuantiosos –ya lo son- los daños colaterales derivados del hecho de tener que comenzar varias veces los procedimientos de homologación o acreditación, siempre engorrosos y sin plenas garantías de que se alcance el éxito final.

He dejado para el final los aspectos de gestión que, desde hace unos años, se tratan de promocionar y reconocer, aunque se hace de la peor manera posible. Quien aspira a formar parte del PDI se espera que lo haga por un afán docente o una vocación investigadora, en mayor o menor grado, pero desde luego no porque ansíe un vicedecanato o un vicerrectorado de cualesquiera asuntos. Y sin embargo, casi se exige esto último como penitencia antes de obtener una acreditación nacional. Quien más publica o mejor enseña no suele ser el mejor gestor y viceversa, salvando las contadas excepciones. Por eso es preciso insistir de nuevo en una reforma profunda del sistema de gobierno universitario, promoviendo el liderazgo y la profesionalización, sin descuidar el control democrático. Las áreas y los departamentos de taifas, así como los rectorados donde operan intercambios de favores y votos, son dos de los peores males que aquejan a la universidad española. Esto no se debe confundir con un cierto grado de sana endogamia que, como el colesterol en el cuerpo humano, produce males por exceso, pero se necesita para sobrevivir.

Si queremos que el nivel medio de la universidad pública española sea elevado dentro del contexto europeo e internacional, hay que actuar en muchos frentes. Aquí se han esbozado algunos, pero el círculo es muchísimo más amplio. De otro modo, como decía Borges, “si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa”.

Monográfico sobre calidad institucional

La Secretaría de la revista Presupuesto y Gasto Público me ha invitado de nuevo a coordinar un número monográfico (82, 2016), en este caso, sobre calidad institucional, transparencia y buen gobierno. En él, también publico mi propio artículo titulado "Disciplina presupuestaria, transparencia y buen gobierno como ejes de la calidad institucional".

Como afirmo en la presentación, el objetivo de este número es ofrecer un enfoque panorámico y multidisciplinar de la calidad institucional, en tanto en cuanto se trata de un elemento indisolublemente unido al desarrollo económico, humano y democrático de los países. Para ello, se ha optado por estructurar los contenidos en dos grandes bloques, dedicando el primero a los aspectos generales sobre calidad institucional, transparencia y buen gobierno, mientras que el segundo se reserva a enfoques concretos de riesgo, aplicados sobre distintas esferas del sector público que suelen ser fuentes de deterioro institucional, político, económico y financiero.

Las personas que participan en este monográfico son grandes especialistas en sus áreas de conocimiento. Sus trabajos tienen un valor indudable por separado, pero además logran formar un conjunto muy meritorio y plural, puesto que consiguen abarcar una buena parte –no la totalidad, ya que resulta inviable- de las cuestiones que influyen en la calidad institucional, haciéndolo además desde enfoques diferenciados, pero complementarios. Así, están presentes los aspectos económicos, sociológicos, jurídicos y politológicos, lo cual, sin duda, enriquece el fruto final.

El índice es el que se detalla a continuación, desde el cual también se puede acceder al texto completo de la presentación y del artículo que firma el fiscal Olayo E. González Soler, bajo el título "El modelo español de control externo: algunas propuestas para su reforma". Del resto de trabajos se tiene en PDF su resumen en español y en inglés.

PRESENTACIÓN
Roberto Fernández Llera
COLABORACIONES
I. ASPECTOS GENERALES
La educación fiscal como herramienta de prevención del fraude fiscal
María Goenaga Ruiz de Zuazu
Calidad institucional y transparencia en el sector público
Javier Salinas Jiménez / Mª del Mar Salinas Jiménez
Disciplina presupuestaria, transparencia y buen gobierno como ejes de la calidad institucional
Roberto Fernandez Llera
El modelo español de control externo: algunas propuestas para su reforma
Olayo Eduardo González Soler
Transparencia y buen gobierno: una visión desde la política aplicada
Emma Ramos Carvajal
II. ENFOQUES ESPECÍFICOS DE RIESGO
Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso
Nicolás Rodríguez García
El urbanismo como área de riesgo para el control de la actividad administrativa
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno
Reglas básicas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la contratación pública
Jose María Gimeno Feliú
La financiación pública de los partidos políticos: España en perspectiva comparada
Juan Rodríguez Teruel / Fernando Casal Bértoa

Universidad pública y crisis

La Universidad pública española vive un momento preocupante. Quizás esta afirmación pueda parecer excesiva, sabiendo que nuestras instituciones de educación superior nacieron en la lejana Edad Media y que han sobrevivido a guerras, inquisiciones, purgas, recesiones y conflictos de todo tipo. Sin ir más lejos, es obligado citar el “atroz desmoche” al que la sometió la dictadura franquista, tal y como ha retratado Jaume Claret Miranda.

El siglo XX terminó para la Universidad española el 19 de junio de 1999, fecha de la manida Declaración de Bolonia. Ahí se apostaba por consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior como “instrumento clave para promocionar la movilidad de los ciudadanos, su capacidad para acceder al empleo y el desarrollo general del continente”. Loables fines, en el marco amplio de la construcción de una ciudadanía europea.

Lo que en Bolonia parecía acotado (homologación de títulos, fomento de la movilidad y mejora de la empleabilidad), fue utilizado en España como pretexto para otras reformas más alejadas, culminando en la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Por si fuera poco, en 2011 se produce la transfiguración de la sempiterna escasez en un principio constitucional, el de estabilidad presupuestaria, cuyas derivaciones posteriores parecen justificar casi todo.

Ya no sirve invocar unívocamente la autonomía como patente de corso, puesto que debe confrontarse con la transparencia y la rendición de cuentas, respetando además la autonomía propia de las comunidades autónomas, a las cuales se vinculan las universidades públicas.

Algunos gestores universitarios se han dejado engatusar por eslóganes como “internacionalización” o “nuevo paradigma”, pero han descuidado lo elemental. Hablan de competencias y orillan los conocimientos, como si fuesen excluyentes. Priman el amiguismo frente al mérito, expulsando a jóvenes con curriculums varias veces acreditados. Incentivan una cierta investigación de ranquin y dejan de promocionar la investigación “inútil” (Francisco Tomas y Valiente dixit), esa que resuelve problemas sociales, científico-técnicos o humanísticos. Dejan de lado la docencia de calidad y la retribuyen con tacañería, destruyendo cualquier ánimo de mejora.

En la Universidad pública española hay cuatro deficiencias principales: “la económica, porque es pobre; la estructural, porque es preciso cambiar la ley que la regula; la científica, porque muchos de sus profesores no somos, en cuanto tales profesores, todo lo que científicamente debiéramos ser; la moral, porque en el talante común del estamento universitario dominan el desánimo y la atonía”. Sabias palabras de Pedro Laín Entralgo sobre la Universidad de la posguerra civil que, por desgracia, siguen teniendo ecos de actualidad.

¿Cuál es entonces el puerto hacia el que dirigir el barco? Para empezar, hacen falta dinero, estabilidad normativa y un mejor control. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, junto a los respectivos parlamentos, los órganos de control y las propias universidades, deben implicarse en el diseño de un marco jurídico sólido y un modelo de financiación suficiente y eficiente, orientando sus actuaciones al logro de objetivos estratégicos. Autonomía sin responsabilidad es como conducir un coche sin frenos, sobre todo si hemos puesto al volante a un insensato. Digámoslo claro: el actual sistema de elección al rectorado por voto universal entre la comunidad universitaria no es el óptimo.

Es preciso adoptar una moratoria general para la creación de universidades, incluyendo el despliegue de campus, facultades, departamentos y titulaciones. Tenemos 50 universidades públicas y 30 privadas, por lo que el camino ha de ser el de la especialización. El dinero fácil y los localismos virales han respaldado decisiones muy erróneas.

Hay que defender la docencia y la investigación de calidad, si no se quiere convertir las universidades públicas en mediocres academias. Esa calidad es ineludible para todas ellas, pero la excelencia sólo puede estar al alcance de unas pocas, por definición. Y aquí no sirve invocar un concepto equivocado de igualdad, aunque tampoco se debe reprimir la ambición académica, si es sana y factible. Los Campus de Excelencia Internacional nacieron como una gran idea, pero pronto quedaron desnaturalizados cuando se empezó a conceder el sello a discreción, en algunos casos para ideas muy poco realizables. Algo parecido se debería hacer redefiniendo la Extensión Universitaria, volviendo a sus orígenes, para que la Universidad engarce mejor con la sociedad a la que sirve.

Lo siguiente es introducir incentivos alineados, comenzando por seleccionar al personal con garantías plenas en las convocatorias e igualdad en el acceso. Si para cumplir una ley (por ejemplo, sobre la tasa de reposición) se vulnera otra (verbigracia, con sospechosas prórrogas o estabilizaciones), entonces el mundo universitario es el del caos, cuando no el de la irresponsabilidad y el delito. El siguiente estadio pasa por un sistema de retribuciones dignas, bajo sistemas objetivos y atractivos de evaluación del desempeño. Una muestra: el actual sexenio de investigación no compensa el esfuerzo invertido y el quinquenio de docencia se otorga por ser cinco años más viejo.

Y, al final, el estudiante. Las claves son sencillas: igualdad en acceso según renta y promoción según rendimiento académico. La Universidad es selectiva, por lo que no puede absorber miles de estudiantes en cada área de conocimiento, en cada ciudad y cada año, salvo que se les quiera conducir a la precariedad o al paro –aún más- masivo. No es de recibo confundir a la opinión pública hablando de “esfuerzo presupuestario”, mientras se distraen recursos en campus yermos o en estudiantes cuyo rendimiento es casi nulo. Eso sí, por encima de todo, una sociedad del siglo XXI no puede tolerar que nadie con actitud personal y aptitud universitaria quede fuera del sistema. Por eso es necesario graduar los precios públicos según circunstancias y ampliar las becas para quien de verdad las necesite.

No se puede seguir con clases vacías y aulas repletas. No tienen sentido las tutorías –o “tonterías”- grupales si son aprovechadas para el asueto. El envejecimiento y el anquilosamiento funcionarial de las plantillas deben ser abordados sin dilación. El personal de administración y servicios en tareas rutinarias tiene que dar paso al que se ocupa de la gestión de alto valor añadido. Póngase fin a las titulaciones que sólo contentan a ciertos grupos de poder, a las bibliotecas sin libros ni bibliotecarios, a los doctorados devaluados y a los cortes de luz o calefacción. Mientras, las universidades privadas seguirán acechando. 

Versión reducida del texto publicado en el libro de Antonio Arias Rodríguez El régimen económico y financiero de las universidades públicas (3ª edición, Editorial Amarante, 2015), el cual tuvo su origen en la tesis doctoral del autor, codirigida por mí en la Universidad de Salamanca. Este artículo se publicó en El Comercio el 16 de diciembre de 2015.

Del presentismo a la racionalidad

En el V Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad en la Educación Superior (RIAICES), celebrado en Oviedo, Antonio Arias Rodríguez y yo mismo hemos presentado una comunicación titulada "Control sobre el cumplimiento docente: del presentismo a la racionalidad".

Al hilo de varios informes de las instituciones de control externo, en particular, el informe horizontal sobre las universidades públicas del Tribunal de Cuentas (aprobado en 2015 y referido a 2012), así como de la tesis doctoral de Antonio, nos pusimos a recopilar datos e información sobre el control horario del profesorado universitario. En particular, sobre su actividad docente, puesto que la investigadora se debe medir -parece lógico- por sus resultados y no por las horas presenciales. Partimos de las peculiaridades que tiene el profesorado universitario dentro del conjunto de los empelados públicos, a su vez, dependiente de las especiales características de las universidades públicas y de las tareas de docencia e investigación.

Concluimos diciendo que la actividad docente en la universidad pública española puede ser controlada mediante medios tradicionales (parte de firmas) o sofisticados (tarjetas de “fichar”) de control horario. Si bien este es un aspecto crucial para evaluar el cumplimiento docente del PDI, incluyendo el régimen sancionador derivado, no es menos cierto que hacer descansar toda la evaluación de la docencia en este punto significa dejar fuera del control los resultados de la actividad docente y su calidad.

El avance hacia nuevos procedimientos de evaluación de la actividad docente no debe ser una utopía y, antes bien, ha de conducir a un sistema de incentivos alineados que permitan un progreso cierto en esta función universitaria, como por otro lado ha sido evidente en el caso de la investigación (particularmente, con las acreditaciones nacionales y los sexenios). Mientras se siga primando el mero presentismo y el discurrir del tiempo (los quinquenios se conceden casi sin más criterio que el transcurso de cinco años naturales), la calidad de la docencia será un aspecto menor frente a otras facetas y actividades más retribuidas o reconocidas del PDI. Al final, se resiente la enseñanza universitaria y no es tiempo para bromear, cuando los recursos son más escasos que en tiempos no tan lejanos. 

Publicado en Pérez Pérez, R.; Rodríguez-Martín, A. y Álvarez Arregui, E. (eds.) (2015): Innovación en la Educación superior: desafíos y propuestas, Oviedo, Ediuno, pp. 279-285.

Director de tesis universitaria (y no es redundante)

De izquierda a derecha, Pedro T. Nevado-Batalla Moreno (USAL), Nicolás Rodríguez García (USAL), Pilar Jiménez Rius (TCU), Antonio Arias Rodríguez, Enrique López González (ULE) y yo.

Estamos de enhorabuena. Antonio Arias Rodríguez acaba de leer su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca. Sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, compuesto por la doctora Pilar Jiménez Rius (secretaria; letrada del Tribunal de Cuentas) y los doctores Enrique López González (vocal; catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León) y Nicolás Rodríguez García (presidente; profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca).

Para mí, es una enorme satisfacción personal y académica haber sido uno de los dos directores de esta tesis doctoral. Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, es el otro director. Hacer una tesis doctoral en estos tiempos de recortes es algo casi heroico. Hacerlo en la plenitud de la carrera profesional, tiene un mérito inmenso. Enfocarla a los temas en los que uno ha sido casi todo, es una decisión valiente y, contra lo que algunos puedan pensar, nada fácil. Dirigirla en estas circunstancias y en otras que afectan a mi propia carrera académica (y que ahora no vienen al caso), es un honor y un privilegio.

La tesis lleva por título La gerencia de la Universidad pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora. El nuevo doctor expone en su blog el resumen de la mísma. En el otoño de 2015 verá la luz el libro y todo el mundo podrá disfrutar de este "manual de uso" de la universidad pública española.

Doctor, director y rector

Usando el turno de doctores

La Nueva España, 31 de julio de 2015

Crisis y estructuración territorial del Estado

Este año finaliza la vigencia del proyecto de investigación Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis, financiado por el Plan Nacional de I+D+i, bajo el paraguas de la Fundación Giménez Abad y con José Tudela Aranda como investigador principal.

Con tal motivo, el equipo de trabajo tuvo una reunión en la Facultad de Derecho de la UNED para presentar conclusiones y plantear estrategias de futuro. Además, se celebró el seminario titulado Crisis y estructuración territorial del Estado, organizado por nuestro grupo de investigación, en colaboración con ECJ Leading Cases y la Asociación de Profesores de Derecho de la UNED, con este atractivo programa.

Mi idea es seguir desarrollando el principio de responsabilidad en la financiación autonómica y el concepto de “rescate”, desde un punto de vista formal.