Las entidades locales ante la transformación digital de la gestión pública

Se publica el III Informe Red Localis, dirigido por Concepción Campos Acuña y yo mismo, con la coordinación de María Cadaval Sampedro, editado por Wolters Kluwer. El título general es Retos de las entidades locales ante la transformación digital de la gestión pública. Os dejo el índice:

Bloque I Problemáticas y desafíos del personal al servicio de las Entidades Locales

• Capítulo I Las problemáticas y desafíos del personal al servicio de las entidades locales: una visión general
• Capítulo II Nuevos roles para los funcionarios de administración local con habilitación en el siglo XXI: liderazgo y dirección pública
• Capítulo III «Innovación en la selección de personal: nuevos marcos "post-institucionales" para captar y retener el talento en las grandes ciudades españolas»
• Capítulo V Un modelo de gestión del empleo público innovador ¿es posible?
• Capítulo VI Retribuciones y calidad en el empleo público. Carrera profesional y evaluación del desempeño

Bloque II Ética y buen gobierno local

• Capítulo VII La ética pública en el sector local: cuestiones de actualidad
• Capítulo VIII La construcción de una tabla de valores éticos: excurso sobre la propuesta de Directiva relativa a la protección de los informantes
• Capítulo IX Comunicación y redes sociales como vías de interacción y control ciudadano
• Capítulo X Mejoras en las transparencia y buen gobierno local: la reutilización de la información
• Capítulo XI Ética y rendición de cuentas. El papel del Consello de Contas de Galicia
• Capítulo XII Transparencia en las administraciones municipales de la República de Argentina
• Capítulo XIII Una democracia local para el Siglo XXI
• Capítulo XIV Contratos menores en la Administración Local: uso y abuso. La transparencia como profilaxis del mal uso

Bloque III Hacia una gestión más sostenible y eficiente

• Capítulo XV Una visión general sobre la eficiencia local
• Capítulo XVI Sostenibilidad financiera más allá de las leyes
• Capítulo XVII El papel de las haciendas locales en la reforma fiscal ambiental
• Capítulo XVIII La «eco-tasa de recogida de basura» en la Administración Local: estudio de caso del municipio de teo (A Coruña) para la promoción del compostaje
• Capítulo XIX El medio rural en la encrucijada digital
• Capítulo XX Áreas urbanas y especialización inteligente

En la web de Red Localis se subirá el informe a texto completo y en descarga libre.

Control externo, lealtad y responsabilidad fiscal

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Vivimos momentos de incertidumbre en la política y la economía, en los cuales el sentido común resulta casi revolucionario, siguiendo a Thomas Paine. La apuesta por la calidad de nuestras instituciones debería ser una prioridad absoluta, en tanto que compromiso ético, obligación de ciudadanía democrática y garantía de desarrollo económico y social. Solo remarco lo que han constatado empíricamente autores como Douglas North (premio Nobel de Economía), Daron Acemoglu (Por qué fracasan los países) o Víctor Lapuente Giné (con relación a la meritocracia y la lucha contra el fraude y la corrupción).

Confieso que en su momento fui algo crítico con la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). No oculto esta opinión que, por otra parte, sería imposible de tapar en un mundo de “malditas hemerotecas”. Escribí entonces preocupado por un posible choque de legitimidades de origen entre la Airef y las instituciones de control externo (ICEX), esto es, el Tribunal de Cuentas y los homólogos autonómicos. No pretendo reabrir ahora este debate, ni tampoco el de la limitación de mandatos, aunque ambos sean cruciales desde un doble enfoque de constitucionalidad y eficacia.

Lo que sí quiero reivindicar es la plena legitimidad de ejercicio de la Airef, dentro de su amplio mandato, sintetizado en los objetivos de validar las previsiones macroeconómicas (apreciando sesgos) y evaluar los procedimientos presupuestarios. Esa legitimidad se gana día a día con un trabajo serio, riguroso y –subrayo– perfectamente compatible con el de las ICEX, caso de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

En aquel 2014 también alerté de una duda razonable sobre la proclamada “objetividad de criterio” que la ley impone al presidente de la Airef. Como es natural, estoy de acuerdo con esa exigencia, pero mis dudas venían por el potencial condicionamiento que imponía el nacimiento por “recomendación” (sic) del rescate europeo. Pensaba que esta inédita institución en España podría servir a una determinada orientación de la política económica general, condicionando sus actuaciones futuras, aunque quizás el tiempo me ha hecho matizar aquel aserto inicial.

Mis reticencias proseguían con el acceso preferente que podría tener la Airef a datos económico-financieros incluso de mayor calidad que las ICEX, algo que, por fortuna para ella y para desgracia de las ICEX, hemos podido constatar en algunas ocasiones. Con respecto al coste intrínseco de un nuevo organismo estatal, justo en pleno proceso de racionalización del sector público, cabe recordar que existían otras legítimas opciones de diseño, por ejemplo, mediante una unidad especializada en el seno del Tribunal de Cuentas (modelo francés), sin perjuicio de la innata función de fiscalización de este.

También los órganos de control externo autonómicos podrían tener un papel más relevante, por ejemplo, introduciendo un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto de presupuestos, limitado a una verificación de cumplimiento, con especial atención a la normativa de estabilidad presupuestaria y sin entrar en cuestiones de oportunidad. Con todo, el presidente de la Airef ha demostrado que la elección de su persona fue un acierto. Su empeño y su desempeño despejaron pronto aquellas dudas iniciales, con equipos y trabajos que han inyectado una sólida reputación al organismo, en tiempos de tribulación para nuestras instituciones comunes. Tampoco olvidemos que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado un primer informe sobre la gestión de la Airef, apuntando líneas de mejora que la propia fiscalizada asumía en gran medida en sus meditadas alegaciones.

Frente a discursos apocalípticos, optimismo racional. La tarea de la Airef debe seguir avanzando en la calidad del gasto público, la reforma del marco general de estabilidad presupuestaria (incluyendo una radical simplificación de las reglas), la transparencia de las previsiones macroeconómicas, los controles ex ante y el seguimiento de los pasivos contingentes de las administraciones públicas, entre otras cuestiones. Y todo ello en leal colaboración con las ICEX, desde sus respectivos ámbitos de competencia.

La Airef se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sus informes, estudios y opiniones aportan un evidente valor añadido que, en el caso de los informes, obligan a cumplir sus recomendaciones o a explicar la alternativa elegida. Además, es un ejemplo de transparencia, tanto en su gestión interna, como en la difusión de sus documentos, metodologías y herramientas.

Otra evidencia del respeto que suscita es que le seguimos encomendando nuevas responsabilidades, como la aludida revisión del gasto público y de los beneficios fiscales, e incluso algunos nos hemos atrevido a sugerir la realización de un análisis previo de los programas electorales, sin condicionar la libérrima iniciativa política, pero sí contribuyendo a mejorar la información del votante y la coherencia económica de las propuestas.

El actual –y primer– presidente de la Airef cesará en febrero de 2020 por final de mandato. Su legado se recordará por el fruto recogido y por las semillas sembradas. Esperemos que se promueva un óptimo relevo y que el trabajo no se detenga, ni los riesgos reverdezcan.

Publicado en Cinco Días el 28 de noviembre de 2019

Primera entrevista como síndico mayor

Entrevista de Ana Moriyón y foto de Álex Piña, publicadas en El Comercio el 11 de julio de 2019

Roberto Fernández Llera (Avilés, 1978), síndico mayor desde abril, lleva en la Sindicatura de Cuentas de Asturias como jefe de gabinete técnico desde 2012. Licenciado en Economía y doctor por la Universidad de Oviedo, asume ahora el reto de dar un paso más en el cometido de este órgano. Además del cumplimiento de la legalidad, su equipo se ha propuesto vigilar también la eficiencia y la eficacia en el gasto público.

–¿Los asturianos estamos suficientemente concienciados de que el dinero público no cae del cielo? –Quiero pensar que sí. La crisis ha tenido efectos desastrosos en muchos ámbitos económicos y sociales, pero ha tenido también algunos positivos, como que hoy la exigencia ciudadana sobre el control de los fondos públicos es mucho mayor. Nuestro deber también es concienciar de que cada vez tenemos que ir más allá y desplegar nuestro cometido para controlar no solo el mero cumplimiento de la legalidad, sino también la eficiencia, la eficacia y la economía, todos ellos principios que están en la Constitución española.

–Un 30% de los ayuntamientos no les facilita en tiempo y forma la documentación. ¿Es partidario de tomar medidas coercitivas para reducir ese porcentaje? –Somos de las comunidades que tenemos un grado de rendición de cuentas más elevado pese a que partíamos de una posición muy mala hace diez años. Pero el grado sigue sin ser óptimo y a veces hay que recordar que esto es una obligación legal y democrática para mejorar la transparencia de los gestores públicos, no un capricho de nadie. Es cierto que tenemos diferentes mecanismos para mejorar el grado de rendición y soy partidario de usar las multas si se observa falta de colaboración o resistencia a la actividad fiscalizadora, pero ese es un extremo que no se ha dado.

–¿De qué sirve un presupuesto en un ayuntamiento o una administración autonómica que luego no se ejecuta? –Cuando el gestor aprueba un presupuesto está anticipando sus prioridades y poniendo cifras a lo que espera gastar e ingresar. Si no se cumple es porque se han hecho mal las estimaciones o no las está utilizando de forma correcta, y eso nos lleva a una gestión que no es transparente. Puede deberse a muchas razones, a veces a problemas sobrevenidos, pero también a la desidia gestora.

–En un reciente informe han aconsejado la disolución de varias mancomunidades que, a priori, deberían haber servido para compartir servicios y ser más eficientes. ¿Qué se ha hecho mal? –Las mancomunidades funcionaron durante mucho tiempo de forma satisfactoria y algunas, incluso, lo siguen haciendo a día de hoy. Lo que hemos reflejado en el informe es que hay algunas que ya no tienen actividad, ni personal, ni presupuestos, y por lo tanto hemos recomendado su disolución porque lo contrario es mantener una ficción administrativa.

–¿Existen ‘chiringuitos políticos’ en Asturias? –En Asturias hay muchos chiringuitos estupendos en las playas, pero entiendo que es un término despectivo para hablar de organismos públicos. Hay entidades del sector público local y autonómico que funcionan magníficamente y otras que están casi o absolutamente sin actividad porque han perdido el sentido con el que en su momento se constituyeron. Lo que decimos en la Sindicatura es que, en ese caso, se disuelvan, pero me niego a utilizar el concepto ‘chiringuito’. Me quedo con los de la playa.

–¿Me puede dar ejemplos de entidades que deberían disolverse? –En el último informe sobre fiscalización del sector público local aconsejamos iniciar procesos de liquidación y disolución para la Agencia de Desarrollo Local de la Formación, Empleo y Empresa del Ayuntamiento de Llanes y el Patronato Municipal del Museo de Anclas del Ayuntamiento de Castrillón. Del otro lado, hay entidades que funcionan magníficamente, como son los consorcios de agua, de gestión de residuos y de transporte. Incluso algunos son modelos de gestión para toda España.

–¿Cómo se puede determinar lo que es o no eficaz y/o eficiente, manteniendo la objetividad que se presupone a este órgano? –Eficacia es cumplir unos objetivos predefinidos, eficiencia hacerlo optimizando los recursos disponibles y económico, de la manera más barata posible. No siempre es posible hacerlo todo a la vez y es el gestor el que tiene que decidir qué principios prioriza en cada caso. Lo que tiene que hacer el órgano fiscalizador es ver si esos criterios se han cumplido y en qué grado, porque uno nunca es eficiente en términos absolutos y son conceptos siempre relativos. En todo caso, es cierto que lo más fácil sería ir al puro cumplimiento de la legalidad, lo otro es un reto que asumimos.

–Según ese discurso, ¿cree que es eficaz, eficiente y económico tener 78 ayuntamientos en Asturias? –Obviamente, un tamaño de municipio ínfimo no puede prácticamente hacer gestión alguna porque no tiene presupuesto ni personal y apenas masa crítica. Ahora bien, un municipio demasiado grande también puede incurrir en costes de congestión. No hay un tamaño de concejo óptimo, si lo hubiera probablemente lo estaríamos aplicando. Lo que hay que hacer es optimizar las estructuras administrativas para la gestión de los servicios y, si como ayuntamiento no puede ser, buscar una fórmula superior que puede ser la mancomunidad, la comarca o, como caso extremo, la fusión de municipios. Esta última, además de ser una decisión meramente política, tendría que tener en cuenta
condicionantes de tipo histórico y geográfico.

–Otra cuestión. ¿Una escuela rural con cuatro alumnos es eficiente? –Aquí entraría otro concepto, la equidad. A veces si solo nos fijamos en cuestiones que tienen que ver con la eficiencia podemos descuidar otros principios que también están en la Constitución, como es la igualdad de oportunidades y la equidad. 

–Formó parte de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. ¿En qué momento está esa reforma? –La comisión de expertos hizo su informe en 2017 y, a partir de ahí, dejó paso a la negociación política que, a día de hoy, parece estancada.

–¿Asturias se juega mucho en esta negociación? –No me gusta plantear la reforma de la financiación autonómica en términos de enfrentamiento entre territorios. Pero, inevitablemente, estamos hablando del reparto de recursos para financiar los servicios básicos y es un tema sensible. Es muy importante en el caso de Asturias atender a los costes reales de prestación de determinados servicios teniendo en cuenta variables como la demografía, la orografía y la dispersión. Evidentemente, debemos defender lo que nos interesa, pero sin perder de vista la visión de conjunto porque, en definitiva, estamos hablando del diseño del modelo de Estado.

–¿Un adelanto electoral sería eficiente o eficaz? –La democracia tiene costes, pero son costes que, y hablo a título personal, yo asumo. Sería más barato no hacer elecciones nunca, seguramente, pero sería mucho peor. Hay gastos como el electoral, el de seguridad ciudadana o el de los servicios públicos que en democracia hay que hacer, y no deberían espantar a nadie. Luego nos toca a los órganos fiscalizadores determinar si ese gasto se ha hecho conforme a la normativa.

–¿Cree que Avelino Viejo debería haber tenido una salida más digna? –Avelino Viejo fue una persona fundamental para la Sindicatura de Cuentas sin la cual probablemente hoy este órgano sería muy diferente. Hay que reconocer el trabajo magnífico que hizo y creo que tuvo una salida a la altura de la labor que, durante catorce años, desplegó frente a un entorno a veces complicado. Asturias le debe mucho a Avelino Viejo.

 

Industria y corazón

ALEX PIÑA (El Comercio)

Hablar de industria en Asturias es como hablar del corazón en un congreso de cardiología: resulta obligado y necesario. Asturias no se entiende sin industria y la industria no sería lo mismo sin la aportación asturiana.

Si el corazón es el órgano vital por excelencia para el cuerpo humano, la industria lo es para la economía del país y, por extensión, para la existencia misma del país. El caso de Asturias es paradigmático.

Un corazón muy dañado o con problemas congénitos irresolubles no suele tener más recambio que el de un trasplante o, por desgracia, más salida que la muerte. En el caso de la industria, el único sustituto cercano solo puede estar en la propia industria, esto es, en el auto-trasplante, por seguir con la analogía médica.

El futuro –o más bien el presente- supone abrir paso a una industria moderna, tecnificada y limpia, generadora de empleo de calidad y productos de cuidada elaboración, con alto valor añadido, rentabilidad social y vocación ambiental. La vieja industria de las grandes “catedrales”, que medía su valor en toneladas y plantillas, contaminadora de ríos, rías y atmósferas, hoy no se sostiene ni sirve como referencia.

No quiero decir –ni siquiera insinuar- que la nueva industria deba demoler todo lo construido durante décadas y siglos. Lo que me gustaría –y creo que no es un deseo egoísta ni solitario- es que podamos andar el obligado camino de una forma ordenada, sin demasiada prisa, pero sin pausa alguna. En Asturias la palabra “reconversión” nos suena con tono muy alto (no es para menos; las hemos sufrido todas). Y ahora estamos en plena transición ecológica, o sea, en otra reconversión, posiblemente la definitiva, motivo por el cual debemos hacerla con altura de miras y, por qué no decirlo, con ayuda.

Cuando estudiábamos los aranceles en la Facultad de Ciencias Económicas (antes se llamaba así), el profesor o la profesora nos alertaba siempre de sus perjuicios para el comercio internacional y la competitividad. El discurso era casi unánime. Al mismo tiempo nos mostraban las teóricas ventajas derivadas de las sucesivas rondas del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, así como la integración económica en la Unión Europea. Curiosamente, vivimos tiempos en los que se vuelve a hablar de aranceles, aunque de dos formas muy diferentes. Una, para amenazar con un nacionalismo económico empobrecedor del vecino o del competidor (léase: Donald Trump). La otra forma, que me gusta bastante más, es sobre la posibilidad de que los aranceles o peajes ambientales sirvan para que la lucha contra el cambio climático sea justa y no la hagamos en solitario unos voluntariosos europeos, sino todo el mundo, con los matices y plazos que sean necesarios. Recuerdo mi único viaje a China, en el que palpé y respiré un colosal deterioro ambiental y un nulo respeto a las elementales normas sociales y laborales. La competencia suele ser beneficiosa, pero sin igualdad de oportunidades se convierte en un juego de supervivencia salvaje, donde el planeta y las personas siempre pierden.

Por eso necesitamos acometer la nueva reconversión, pero no podemos ni debemos hacerla solos, para que al final nos sacrifiquemos unos pocos, sin que se consigan los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030.

Pero, más allá de este enfoque estrictamente económico que acabo de esbozar, la industria nos conecta de nuevo con el corazón, no ya como víscera que bombea sangre, sino como icono y alegoría del amor. La industria goza de un prestigio indudable y un halo romántico, a pesar de ser el sector “secundario”, en terminología económica clásica. Por eso hablamos –incluso forzando términos- de la industria del turismo, la industria del cine o incluso la industria de las personas, en este último caso referida a los cuidados a nuestros mayores y pequeños. Es evidente que un concepto sinónimo de industria como el de negocio, por muchas razones, no tiene ni de lejos su buena prensa. Una vez más, acierta la sabiduría popular cuando nos conecta mentalmente con los buenos sueldos medios que suele pagar la industria y con la actividad económica auxiliar y complementaria que se genera “aguas abajo” y “mar adentro”, si se me permite la expresión.

Las informaciones suelen exaltar las crisis, pero también es habitual que minimicen las alegrías y los ejemplos positivos. Es lógico: no es noticia que el perro pasee por un parque limpio, sino que ese mismo perro muerda a un niño. Pero no por ello debemos hacer un esfuerzo como sociedad para divulgar lo mucho y bueno que tenemos. Sin ánimo de exhaustividad, podemos recordar el enorme salto cualitativo de nuestra industria agroalimentaria en las últimas décadas, con más y mejores productos, entre los que citaré la leche y la sidra, con todos sus derivados de alto valor añadido, por su significatividad y su identificación con Asturias. O los astilleros que son referencia mundial por su competitividad. O las empresas de tamaño medio que están fabricando productos y bienes de equipo para todo el mundo. Algunas son asturianas de nacimiento y otras lo son por adopción, tras haber anidado en esta tierra con gran éxito. No tendrían que ser islas de prosperidad, sino archipiélagos de éxito, bien conectados entre sí y con el resto del sistema económico.

No quiero terminar sin enunciar el papel del sector público, ese “Estao” (sic) que para algunos sigue siendo el todopoderoso hacedor, obviando que el Estado somos nosotros y nuestros impuestos. Por muchos motivos jurídicos, financieros y políticos, hoy sería impensable una nacionalización a gran escala, como en su momento fueron aquellas de “Inilandia”. Pero donde el sector público –local, autonómico, estatal y supranacional- sí puede y debe jugar un papel decisivo es en la regulación, como facilitador de relaciones laborales sanas entre sindicatos y empresas, producciones competitivas y sostenibles, y territorios que puedan seguir aspirando a un desarrollo equilibrado. Y por supuesto, el sector público debe ser implacable en el control de las ayudas facilitadas a determinados sectores, en cualesquiera sus formas, para evitar el fraude o el latrocinio.

Texto adaptado de la presentación a la conferencia de José María Urbano en el Ridea, el 17 de junio de 2019

Publicado en El Comercio el 19 de junio de 2019. 

Ajustes e impactos de la crisis sobre el gasto social de las comunidades autónomas

Funcas acaba de editar un libro colectivo titulado El sector público español: reformas pendientes, bajo la dirección académica de Alain Cuenca y Santiago Lago Peñas. También han colaborado la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (Rifde) y la Universidad de Alcalá.

El capítulo que firmamos Eloísa del Pino Matute y yo lleva el título de esta entrada. En él se analiza el impacto presupuestario y la gobernanza del sistema de protección social español, como consecuencia de la crisis económica y las medidas de ajuste que se fueron adoptando a partir de 2010. Las medidas de austeridad condujeron a recortes generales en el gasto total y en el social en particular. Las normas de urgencia aprobadas por el Gobierno de España –primero con el PSOE y, después, más intensamente, con el PP– implicaron ajustes a la baja en sanidad, educación y protección social (sobre todo, en atención a la dependencia), aunque aplicadas de manera desigual entre tipos de gastos y entre comunidades autónomas. La magnitud inicial del desfase presupuestario, los calendarios electorales, el impacto diferencial de la crisis sobre los ingresos y la orientación ideológica de los gobiernos, fueron las tres claves de tales diferencias, acentuadas cuando cada una de las comunidades autónomas desarrolló en su territorio el recorte común. El balance cuantitativo general muestra que la educación ha sido el gasto más castigado por los recortes, mientras que en sanidad destaca el fin de la universalidad. Por lo que respecta a la atención a la dependencia, la situación se agravó porque coincidieron en el tiempo su teórico despliegue y la etapa de ajustes, defraudando una alta expectativa ciudadana. A finales de 2016, el gasto total y por habitante en los tres servicios públicos fundamentales aún no había recuperado su nivel de 2009, salvo unas pocas excepciones. Desde 2018 la reversión normativa de algunos recortes se ha hecho explícita, tras el cambio político en el Gobierno de España. El alcance de la “recuperación social” dependerá del marco supranacional, de la consolidación del ciclo de crecimiento y de su traslación a los ingresos públicos, dadas las restricciones generales al endeudamiento.

En el enlace está el libro completo en PDF.

Un grandísimo honor y una enorme responsabilidad

Hoy tomé posesión como síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, en presencia del presidente de la Junta General del Principado de Asturias (Pedro Sanjurjo), del presidente del Principado de Asturias (Javier Fernández), de dos de sus antecesores (Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio y Antonio Trevín Lombán) de la presidenta del Tribunal de Cuentas (María José de la Fuente y de la Calle) y otros tres consejeros, de los presidentes de cuatro órganos de control externo autonómicos (Navarra, Cataluña, Andalucía y Aragón, este último, además, en calidad de presidente de turno de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos), así como numerosas autoridades, amigas, amigos y familiares. 

Lo hago con humildad y ganas, según recogió la prensa, acompañándome como síndicos en esta tarea Manuel Fueyo Bros y Eduardo Rodríguez Enríquez. 

Este es el vídeo de mi elección parlamentaria y esta de la toma de posesión formal. Aquí otro de Europa Press.

En este otro enlace de vídeo, mis primeras declaraciones como síndico mayor (TPA).

Planificación curricular y metodología innovadora en Historia Económica

Participo en el reciente y monumental libro colectivo (casi 4.000 páginas) titulado Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora, editado por la prestigiosa editorial Octaedro. Coordinan el volumen Eloy López Meneses, David Cobos-Sanchiz, Antonio Hilario Martín Padilla, Laura Molina García y Alicia Jaén Martínez.

 

Desde aquí se accede al libro completo en PDF y gratis.

Mi capítulo se titula "Planificación curricular y metodología innovadora en Historia Económica". El objetivo de este trabajo es introducir algunos elementos de reflexión sobre posibles innovaciones docentes en la materia de Historia Económica en titulaciones de grado, tanto desde el punto de vista formal (objetivos y contenidos) como material (actividades). Primero se contextualiza de manera sucinta la materia, como síntesis académica entre Historia y Análisis Económico, enmarcada en los planes de estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Seguidamente se señalan algunas premisas relativas a la planificación curricular previa a la innovación docente. Por último, se presentan las propuestas para “innovar la tradición” en esta materia, incluyendo aspectos formales y materiales.

Calidad democrática, financiación autonómica y tributación

Acaba de salir a la calle el Libro blanco sobre la calidad democrática en España, editado por Marcial Pons y coordinado por José Tudela, Josep Maria Castellà, Enriqueta Expósito y Mario Kölling. Es un fruto de la magnífica investigación que lleva a cabo la Fundación Giménez Abad.

Aquí está el sumario completo.

Mi capítulo se titula de forma muy explícita "Calidad democrática, financiación autonómica y tributación: entre propuestas técnicas y acuerdos políticos". Analizo la idiosincrasia del modelo español de federalismo fiscal, con los retos y desafíos muy relevantes que plantea, de los cuales algunos hunden sus raíces en el núcleo duro de la legitimidad democrática. Las motivaciones políticas deben ser encauzadas con una mínima racionalidad, por lo que resulta crucial un adecuado engarce entre las comisiones expertas, los comités técnicos y los órganos de representación política, tanto multilaterales como bilaterales.

 

Balance económico y local de 2018

Acaba de ser presentado el número 162-163 de la revista Economistas, editada por el Colegio de Economistas de Madrid. En el acto participó la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. En el monográfico se hace un balance de la economía española en el año 2018, incluyendo análisis con carácter general, así como de los principales sectores productivos, sistema financiero, sector público, capital humano y empleo, actividad empresarial, economía y medioambiente, economía nacional y perspectivas, así como una reseña con las aportaciones de los premios Nobel de Economía de 2018, William Nordhaus y Paul Romer.

Aquí está el sumario completo.

Mi artículo lleva por título "El sector público local sigue en espera". Explico que el sector público local español tiene ante sí numerosos retos. Cuenta con la ventaja de una situación financiera general saneada (casos particulares al margen), pero afronta el futuro con algunas desventajas derivadas de una estructura administrativa muy atomizada y un sistema de financiación pendiente de reforma desde hace varios años. En el trabajo se repasan las principales cifras de ingresos, gastos y endeudamiento, se presta especial atención a la regla de gasto como factor limitativo y se exponen los principales desafíos normativos, algunos compartidos con los demás niveles de gobierno y otros específicos del ámbito local.

Ella, él y el río

Se levanta pronto, enciende el ordenador y lanza el mensaje diario de saludo y reivindicación. El día que falta o se retrasa, nos preocupamos. ¿Le habrá pasado algo? Nada grave; solo algún problemilla técnico.

Después de leer unas páginas de su libro favorito, sale a esa caminata cotidiana, cámara en mano. Una obligación que no la marcan las leyes, sino la salud, el paisaje y las fotos que nos regala. Contra viento y marea (aunque si hay sol, mejor), al lado de su inseparable compañía andariega.

A la vuelta, en el mismo pueblo arenesco del que salió hace un par de horas, vermú y plato en alguno de los restaurantes. Para ella no hay ni uno malo. Todos buenos y todos con cariño en barra y cocina. Me producen risa los críticos gastronómicos que saben vocear las cosas malas de los locales, mientras dejan pasar desapercibidas las buenas. También esos otros que cobran por comer fuera, en lugar de hacer lo contrario y normal, o sea, pagar. Ella jamás habla mal de quienes, a veces, incluso lo merecerían.

Conchita no deja de apoyar ni un solo día la pasarela entre L’Arena y San Esteban. Y cuando se construya (más pronto o más tarde, pero ya sin marcha atrás), tendremos que recordar que varios metros de barandilla o pilares serán simbólicamente suyos. Gracias Conchita.

Mientras, al otro lado del río, él observa, estudia, lee, escribe. Nunca ha dejado de hacerlo, ni antes, ni este momento, cuando el tiempo es más amplio. Así lleva décadas, por lo que no le viene grande la etiqueta de erudito local, como recopilador de documentos y fotografías que son autenticas joyas. Algunos de esos papeles harían sonrojar a muchos responsables públicos, cuyas pasadas opiniones de polvo no traen ahora más que lodos de fariseísmo.

El rojo del vino o el verde de la sidra ayudan a alumbrar sus ideas en chigres españoles, comedores chicos, tascas marineras o cantinas ferroviarias. Otras veces torna al negro del café, con el cerebro bullendo igualmente y sin dejar de planear reformas. A diferencia de los que ven impedimentos en cada esquina, él aporta soluciones, por si las quieren aplicar.

Como cronista no tendría precio, aunque sí gran valor (necios llama Antonio Machado a los que confunden ambos conceptos). Ni siquiera hace falta un nombramiento oficial para quien acumula sobrados méritos intelectuales.

Muchas conquistas se lograron y otras tantas se van a conseguir por el empuje y la solvencia de este economista y orgulloso vecino de San Esteban. Gracias Severino.

Se requieren más jóvenes con experiencia o, viceversa, gente experimentada con espíritu joven. En todo caso, con empuje, humildad y ambición, no solo con mochilas de historia.

Por estas dos personas y por todas las demás que llevan décadas luchando, merecemos lo que pedimos. Sin ir más lejos, esa pasarela que avanza en los despachos, y esperamos que pronto sobre las aguas, a pesar de los frenos conocidos. Como se preguntaba con dolor Bertolt Brecht, “qué tiempos serán los que vivimos, que es necesario defender lo obvio”. 

Publicado en La Información del Bajo Nalón el 12 de marzo de 2019

Nueva edición del manual de control interno local

Llega a las librerías la segunda edición del libro que edita Aranzadi-Thomson Reuters y dirige Manuel Fueyo Bros, en el que tenido el honor de participar como autor, junto a grandes colegas especialistas. La reseña de la primera edición está aquí.

SINOPSIS

Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han podido originarse debido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo contamos con servicios públicos que pueden competir en muchos aspectos con los mejores de nuestro entorno más avanzado.
Fuera de la regulación estatal, las entidades locales (y no en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido de basar hasta ahora sus sistemas de control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadrados en diferentes normas, lo que ha permitido sostener a los órganos de control –y por ende a sus fiscalizados- una cosa y su contraria; todo ello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del control interno como mecanismo de alerta temprana ante irregularidades de diferente tipo.

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diferentes artículos del TRLHL y particularmente el art. 213, encomendando al MINHAP la elaboración de las normas sobre procedimientos de control, metodología, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control. El Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que ahora ha visto la luz, Real Decreto. 424/2017, de 28 de abril, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo del homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos del control.

Este manual está actualizado con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e incorpora asimismo la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, aplicable hoy al ámbito local en cumplimiento de lo señalado en el art. 13.2.c) del R.D. 424/2017.

Índice general

Parte I. INTRODUCCIÓN 
Capítulo 1. El control como categoría jurídica (poder, responsabilidad y control)
Capítulo 2. Modificaciones producidas como consecuencia de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el control interno local
Capítulo 3. El nuevo marzo jurífico del control interno local. Desafíos y perspectivas de futuro
Parte II. FUNCIÓN INTERVENTORA Y CONTROL FINANCIERO
Capítulo 1. Función interventora
Capítulo 2. Control financiero: control financiero permanente y auditoría pública
Parte III. MISCELÁNEA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE ASPECTOS CONCRETOS  
Capítulo 1. Contratos

Capítulo 2. Subvenciones

Capítulo 3. Encomiendas

Capítulo 4. Estabilidad presupuestaria y control interno local

Capítulo 5. Reconocimiento extrajudicial de créditos

Capítulo 6. Pagos a justificar y anticipos de caja fija

Capítulo 7. El control previo de los acuerdos marco

Capítulo 8. Control del gasto a través del presupuesto de tesorería

Capítulo 9. Las certificaciones y abonos a cuenta en el marco de los contratos de obra

Presupuestos y financiación local: la hora de la verdad

Hace unas semanas se presentó el II Informe Red Localis, dirigido por Concepción Campos Acuña y yo mismo, con la coordinación de María Cadaval Sampedro, editado por Wolters Kluwer. El título general del informe es "Presupuestos y financiación local: la hora de la verdad".

En la línea del trabajo habitual de la Red Localis y en continuidad con el I Informe, el II Informe Red Localis. Presupuestos y Financiación Local: la hora de la verdad, apunta las claves y propone los planteamientos de futuro que, sin duda, serán de utilidad a los candidatos a gobernar las entidades locales en los próximos 4 años a partir del mes de mayo de 2019, para contribuir a la reflexión y al debate público sobre un tema fundamental para la gestión pública.

La hacienda local no fue ajena a los efectos de la crisis económica. Una década después aún se resiente de las heridas que produjo la merma de la recaudación impositiva y la asunción de competencias impropias que obligaban, al menos sobre el papel, a su reordenación. En este contexto se puso encima de la mesa alguna reforma legislativa –cuya decepción sigue pendiente de clarificar muchas cuestiones y adoptar decisiones vitales para el futuro-, la Comisión para la reforma de la financiación local –que sigue esperando que alguien la retome- y un patrón de fórmulas de gestión innovadoras que precisan del apoyo institucional y ciudadano para avanzar hacia una Administración local del S. XXI.

Los entes locales han dado muestra de responsabilidad para acatar con rigor los mandatos del artículo 135 de la Constitución que prescribió equilibrio presupuestario, pero solo con ésto no es suficiente en un contexto de retos complicados para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible, y a la vez dar respuesta a los retos sociales más urgentes: el envejecimiento, la despoblación del rural, la inmigración o la gobernanza urbana en un contexto de transformación hacia la economía circular y sostenible.

De la mano de relevantes expertos en cada una de las materias –de la administración y la universidad-, el II Informe Red Localis aborda las reformas pendientes de la administración local, donde el vetusto esquema institucional sigue enrocado en la búsqueda de un tertium genus que sea capaz de conjugar con eficiencia económica e inteligencia política la transformación que se espera. Tampoco se olvida el Informe de la reforma tributaria –con especial hincapié en la solución al problema causado por la declaración de inconstitucionalidad del llamado impuesto sobre las plusvalías-, la reformulación del modelo de transferencias para convertirlo en un verdadero sistema de nivelación y el ámbito europeo de financiación local; todo ello envuelto en la necesidad de introducir buenas prácticas de presupuestación y control para garantizar la calidad de los servicios públicos.

En el enlace está el informe a texto completo y en descarga libre. Ya estamos trabajando en el tercero, para finales de 2019, con una "estación intermedia" en junio en Ourense.

Recuerdos y desafíos

Tengo cierta sensación de fin de época en Avilés y en toda Asturias. No es malo, simplemente es una percepción, equivalente a decir que siento frío. Todo relativo.

El año pasado fueron varias las efemérides que conmemoramos por este lugar del mundo, desde la más antigua, los 1.300 años del Reino de Asturias, hasta la inmediata, el ‘año cero’ de una nueva ola de feminismo. Un siglo también desde la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el mismo tiempo transcurrido desde la ‘coronación’ de la Santina.

El diario El Comercio cumplió 140 años y La Voz de Avilés celebró 110 vueltas al sol. La COCINA (o sea, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, según el acrónimo popularizado por Venancio Ovies) acaba de soplar 120 velas (en realidad, el 1 de enero de 2019), mientras que el Real Club de Tenis Avilés sumó su primer medio siglo.

Se cumplieron cuatro décadas de la preautonomía asturiana, con la creación en 1978 del Consejo Regional de Asturias, antecedente inmediato de nuestra Comunidad Autónoma. Y, por supuesto, de la Constitución Española, sobre la que tanto se ha dicho y escrito, casi siempre para bien. De nuevo en lo local, fue aquel año 1978 el del nacimiento de la exitosa Fundación Deportiva Municipal de Avilés.

Pero Avilés terminó 2018 despidiendo a su primer alcalde democrático y empezó 2019 sin el presidente autonómico que impulsó, entre otras actuaciones, el Centro Niemeyer. También se fue Juan Cueto Alas, artista amplio y ‘glocal’, Sardina de Oro (entre otros muchos reconocimientos) y gran defensor de lo antiguo modernizado, en sana convivencia con lo innovador que respeta el pasado.

Seguro que tenemos muchas más cosas que recordar, pero no es menos cierto que el retrovisor del coche empieza a estar gastado de tanto mirarlo. En cambio, las luces largas alumbran poco, no más allá de nuestro patio particular o de unos pocos meses.

Me resulta frustrante leer elogios a aquel Avilés sucio y gris de hace unas décadas, al lado de críticas a la limpieza y la restauración de hoy en día. El recuerdo es libre, pero la realidad es la que es: nunca será mejor un puente en ruinas y cerrado que otro colorido y en servicio. O un casco histórico lleno de coches que otro para pasear disfrutando. “Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver”, como canta Sabina.

Es doloroso observar que cierran comercios clásicos, por la nefasta conjunción de tres ausencias: personas que den el relevo (sea nuevos emprendedores o continuadores del negocio familiar), otras que acudan a comprar (sin clientela, no hay nada) y mínima actitud de progreso (que no es solo dinero). Suelen ser los pesimistas compulsivos quienes critican cualquier cierre de negocio, pero incluso las aperturas cuando el producto que se vende no les gusta, o quien promueve y arriesga les cae mal. Defienden el taxi, pero nunca se suben a uno. Sueñan con el cine, pero ven las películas en casa. Encargan las cortinas en una gran superficie, pero no en la tienda de toda la vida. Por supuesto, pagar más por lo mismo no parece racional, pero, ¿de verdad es el mismo producto? Y a la inversa, si el precio es muy parecido, ¿por qué no compramos aquí? (que cada uno defina su espacio cercano como quiera, Internet incluida). Claro, siempre resulta más fácil echar la culpa de la decadencia al ‘político’ de turno, así, sin más, al tiempo que se urge a otro ‘político’ para que lo arregle todo.

Las añejas librerías de viejo nos sirven de ejemplo. Trabajan en red desde hace años y en sus páginas web se pueden buscar y comprar todo tipo de libros. Eso es innovar la tradición, utilizando nuevos canales de promoción y distribución, además, con plenas garantías de consumo y sin economía sumergida, ya que todo queda registrado. Tomen nota.

Avilés no puede vivir sin industria. Sería un ente sin alma y sin futuro. No hay sustituto a corto plazo para la actividad y el empleo de las fábricas, pero tampoco perdamos de vista que la alternativa o el complemento pueden estar a 20 kilómetros de distancia o a pocos millones de euros de inversión. Las industrias que han muerto o que mataron por desinterés ya no sirven como esperanza. Habrá que buscar nuevas actividades y otros mercados. Aquí es donde tenemos que echar el resto con las manzanas de acero, las islas de innovación, los centros de cultura y los recursos de turismo.

Vuelvo a Sabina: “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”. Cualquier tiempo pasado solo fue anterior. 

Publicado en La Voz de Avilés el 26 de enero de 2019

Inversiones del Estado: ora pro nobis

Todas las mañanas amanece, que no es poco. Y es que, puestos a hablar por hablar, la discusión –que no debate- sobre las inversiones directas del Estado en las comunidades autónomas es más propia de una película de José Luis Cuerda que de un enfoque de política económica sensato y riguroso. En los argumentarios políticos y titulares periodísticos se entrelazan obviedades con sentimientos de agravio, resultando de todo ello un caldo gordo que no permite vislumbrar más que un reflejo muy distorsionado de la realidad.

Para empezar, sería muy conveniente no olvidar que la inversión “del Estado” es justamente eso, suya, para repartir a conveniencia, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, con obvio respeto a las normas de aplicación, pero con el criterio político que en cada momento sea mayoritario. Diga lo que diga una cláusula de un estatuto de autonomía, el Estado no queda vinculado “en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones”. No lo afirmo yo (algo que tendría escaso valor argumentativo), sino que lo sentencia el Tribunal Constitucional. Y esto sí debe ser tenido muy en cuenta.

En segundo lugar, no es posible que el agregado de todas las cláusulas particulares de reparto sume siempre 100, por aritmética simple, ya que cada comunidad autónoma, en buena lógica, hará valer las que más le benefician (renta relativa, población, dispersión, kilómetros de autovías o consumo de sidra en hectolitros). Ni siquiera tendría sentido un hipotético acuerdo en torno a una fórmula polinómica y multivariante, ya que sería tanto como coartar la mencionada libertad de las Cortes Generales, para convertirlas casi en una mera oficina de trámite.

Una tercera obviedad, casi de Perogrullo: no es posible gastar indefinidamente en un territorio muy por encima del resto, ni en términos absolutos, ni por habitante. Ese aporte diferencial, siempre legítimo desde el punto de vista político, podrá proseguir durante más o menos tiempo, tanto más y con mayor intensidad cuanto mayor sea el déficit histórico en infraestructuras, pero algún día debe ceder frente a otras prioridades, entre las que también estarán las inversiones estatales no asignables a un solo territorio, puesto que benefician a varios de ellos y al conjunto. Una vez superado ese hándicap, esto es, una vez terminadas o encarriladas las grandes obras, ¿hay qué seguir inventando autopistas, puertos o trenes de alta velocidad? Claro que no, ni por eficiencia, ni por equidad, ni por sostenibilidad financiera y ambiental, debiendo enfocar los objetivos presupuestarios a partir de entonces hacia la maximización social de lo ya construido, incluido su mantenimiento en condiciones óptimas, así como la interconexión con el conjunto de la red. ¿Nos animamos a diseñar por fin un presupuesto por objetivos o seguimos en el incrementalismo puro y duro?

En cuarto lugar, convendría recordar que muchas inversiones programadas no se ejecutan en tiempo y forma, lo que en la práctica presupuestaria supone repetir, un año sí y otro también, determinadas actuaciones anunciadas y programadas, pero nunca iniciadas o terminadas. Otro gran desafío.

Las noticias falsas, tan de moda, son inaceptables. Pero las informaciones verídicas, cuando se retuercen y manipulan hasta límites insospechados, son incluso más peligrosas, pues siempre habrá una fuente en origen que las acredite, un cargo político que las haga suyas y un votante que las apoye. Peor aún resultan cuando excitan el oprobio territorial o directamente apelan a las vísceras y ensalzan las esencias nacionalistas. Hablar desde la prensa de “maltrato” (cuando es un tema tan serio en otros ámbitos), “recompensa” (por unos supuestos favores prestados), “robo” (aquí nadie tiene más derecho de propiedad que otro) o “rendición” (como si esto fuese una guerra), es predisponer a las ciudadanía frente a los políticos y, lo que es más grave, frente a la Política. Luego nos extrañamos de la crisis de la democracia y de la desafección por el Estado de las autonomías.

Mientras todo eso acontece, persiste la extrema debilidad del Fondo de Compensación Interterritorial, un recurso que por imperativo constitucional está destinado a “corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad”. ¡Nada menos! Sin embargo, ya son demasiados años de recortes y congelaciones, sin que parezca importar demasiado. Con los actuales y escasos 600 millones de euros para todos los territorios beneficiaros (poco más de 400 de aplicación directa) es muy difícil que ese ambicioso mandato se pueda cumplir, sobre todo en un contexto de reducción progresiva de los fondos europeos. He aquí un enorme reto para la próxima financiación autonómica, como volvió a señalar en 2017 la Comisión de Expertos, retomando planteamientos homólogos anteriores.

En fin, son muchos temas para abordar y casi todos ellos cruciales. Empecemos por alguno. Eso sí, al próximo opinador, tertuliano o periodista que afirme ser “de letras” (y, por tanto, según su mismo criterio, incapaz de interpretar cifras), algunos le contestaremos que, como somos “de números”, vamos a apagar la tele y dejar de leer sus panfletos. 

Publicado en el blog De fueros y huevos (Rifde-Expansión) el 15 de enero de 2019