Todas las mañanas amanece, que no es poco. Y es que, puestos a hablar por hablar, la discusión –que no debate- sobre las inversiones directas del Estado en las comunidades autónomas es más propia de una película de José Luis Cuerda que de un enfoque de política económica sensato y riguroso. En los argumentarios políticos y titulares periodísticos se entrelazan obviedades con sentimientos de agravio, resultando de todo ello un caldo gordo que no permite vislumbrar más que un reflejo muy distorsionado de la realidad.
Para empezar, sería muy conveniente no olvidar que la inversión “del Estado” es justamente eso, suya, para repartir a conveniencia, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, con obvio respeto a las normas de aplicación, pero con el criterio político que en cada momento sea mayoritario. Diga lo que diga una cláusula de un estatuto de autonomía, el Estado no queda vinculado “en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones”. No lo afirmo yo (algo que tendría escaso valor argumentativo), sino que lo sentencia el Tribunal Constitucional. Y esto sí debe ser tenido muy en cuenta.
En segundo lugar, no es posible que el agregado de todas las cláusulas particulares de reparto sume siempre 100, por aritmética simple, ya que cada comunidad autónoma, en buena lógica, hará valer las que más le benefician (renta relativa, población, dispersión, kilómetros de autovías o consumo de sidra en hectolitros). Ni siquiera tendría sentido un hipotético acuerdo en torno a una fórmula polinómica y multivariante, ya que sería tanto como coartar la mencionada libertad de las Cortes Generales, para convertirlas casi en una mera oficina de trámite.
Una tercera obviedad, casi de Perogrullo: no es posible gastar indefinidamente en un territorio muy por encima del resto, ni en términos absolutos, ni por habitante. Ese aporte diferencial, siempre legítimo desde el punto de vista político, podrá proseguir durante más o menos tiempo, tanto más y con mayor intensidad cuanto mayor sea el déficit histórico en infraestructuras, pero algún día debe ceder frente a otras prioridades, entre las que también estarán las inversiones estatales no asignables a un solo territorio, puesto que benefician a varios de ellos y al conjunto. Una vez superado ese hándicap, esto es, una vez terminadas o encarriladas las grandes obras, ¿hay qué seguir inventando autopistas, puertos o trenes de alta velocidad? Claro que no, ni por eficiencia, ni por equidad, ni por sostenibilidad financiera y ambiental, debiendo enfocar los objetivos presupuestarios a partir de entonces hacia la maximización social de lo ya construido, incluido su mantenimiento en condiciones óptimas, así como la interconexión con el conjunto de la red. ¿Nos animamos a diseñar por fin un presupuesto por objetivos o seguimos en el incrementalismo puro y duro?
En cuarto lugar, convendría recordar que muchas inversiones programadas no se ejecutan en tiempo y forma, lo que en la práctica presupuestaria supone repetir, un año sí y otro también, determinadas actuaciones anunciadas y programadas, pero nunca iniciadas o terminadas. Otro gran desafío.
Las noticias falsas, tan de moda, son inaceptables. Pero las informaciones verídicas, cuando se retuercen y manipulan hasta límites insospechados, son incluso más peligrosas, pues siempre habrá una fuente en origen que las acredite, un cargo político que las haga suyas y un votante que las apoye. Peor aún resultan cuando excitan el oprobio territorial o directamente apelan a las vísceras y ensalzan las esencias nacionalistas. Hablar desde la prensa de “maltrato” (cuando es un tema tan serio en otros ámbitos), “recompensa” (por unos supuestos favores prestados), “robo” (aquí nadie tiene más derecho de propiedad que otro) o “rendición” (como si esto fuese una guerra), es predisponer a las ciudadanía frente a los políticos y, lo que es más grave, frente a la Política. Luego nos extrañamos de la crisis de la democracia y de la desafección por el Estado de las autonomías.
Mientras todo eso acontece, persiste la extrema debilidad del Fondo de Compensación Interterritorial, un recurso que por imperativo constitucional está destinado a “corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad”. ¡Nada menos! Sin embargo, ya son demasiados años de recortes y congelaciones, sin que parezca importar demasiado. Con los actuales y escasos 600 millones de euros para todos los territorios beneficiaros (poco más de 400 de aplicación directa) es muy difícil que ese ambicioso mandato se pueda cumplir, sobre todo en un contexto de reducción progresiva de los fondos europeos. He aquí un enorme reto para la próxima financiación autonómica, como volvió a señalar en 2017 la Comisión de Expertos, retomando planteamientos homólogos anteriores.
En fin, son muchos temas para abordar y casi todos ellos cruciales. Empecemos por alguno. Eso sí, al próximo opinador, tertuliano o periodista que afirme ser “de letras” (y, por tanto, según su mismo criterio, incapaz de interpretar cifras), algunos le contestaremos que, como somos “de números”, vamos a apagar la tele y dejar de leer sus panfletos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario