Balance desequilibrado

Estamos en plenas navidades, acaban de pasar los Santos Inocentes, el año nuevo acecha a la vuelta de la esquina, hemos celebrado en España elecciones de todo tipo en muy pocos meses, la Eurozona vivió una convulsión nunca vista, los políticos españoles negocian mientras comen turrón y, al fondo, por lo que en este espacio nos toca, la financiación autonómica y la financiación local siguen pendientes de que alguien se ocupe de ellas. Me refiero a alguien con capacidad de decisión porque es evidente que opiniones las hay de todo tipo (basta ver las muy sesudas publicadas en este blog).

Cerramos un año en el que, una vez más, el modelo de Estado ha seguido en primera línea de las prioridades políticas y, ahora ya sí, creo que también entre las preocupaciones ciudadanas, aunque sólo sea por la fascinante pasión de algunos o el excitante hartazgo del resto. Una vez escuché a un veterano experto del gremio decir que “cuando el taxista te habla de financiación autonómica, entonces tenemos un problema serio”. Creo que no iba desencaminado.

En 2015, pero un poco antes también, el salto ha sido cualitativo, sin que se vislumbre aún la estación término. Cuando se invocan “la independencia”, “la ley” o “la democracia”, así, en abstracto, en realidad no estamos más que recitando el ora pro nobis que a cada parte le viene mejor. Ascuas y sardinas de toda la vida. Puestos a formular alguna pretensión, deseemos que el nuevo año sea ya, por fin, el periodo en el que de alguna manera se encarrile el tren de la discordia territorial o, en su defecto, pidamos que pare de una vez en alguna estación. Los viajeros están mareados de dar vueltas y el combustible de las calderas empieza a escasear, corriendo el riesgo de quedar detenidos en un páramo donde no haya ni lo más básico, dejando a todo el mundo descontento.

En lo concreto, los Reyes (Magos, no Borbones) deberían traernos un nuevo sistema de financiación autonómica para que se pueda empezar a aplicar el 1 de enero de 2017. Las razones son conocidas y no creo que sea necesario repetirlas. Para la financiación local ocurre algo parecido. Sólo añado algunos matices importantes.

Primero, háganse ambas reformas a la vez, para que prevalezca la imprescindible “visión de Estado” y porque los recursos a repartir, salvo grandes e improbables innovaciones tributarias, a corto plazo son los que son.

En segundo lugar, para el ámbito autonómico, deben definirse espacios fiscales propios que, no diré inexpugnables para otro nivel de gobierno, pero sí bien acotados, para reducir la conflictividad constitucional y las políticas de ida y vuelta que quiebran la equidad, la eficiencia y la seguridad jurídica. Todo ello sin perjuicio de la obligada coordinación (incluida una mínima armonización impositiva) y la imprescindible solidaridad entre personas y territorios.

Tercero, para el sector local, debe acometerse una reforma más amplia que la de la financiación. Hay un estadio previo, relativo a la reforma de la planta municipal, para constituir ayuntamientos más fuertes, dotados de una masa crítica demográfica, una capacidad real de gasto y, cómo no, unos recursos suficientes para prestar los servicios que tienen –o puedan tener- encomendados. Si esto es así, las diputaciones provinciales se caerían por su propia irrelevancia. En cambio, si no somos capaces de acordar esto a nivel general, cada comunidad autónoma en su propio territorio debería poder diseñar su propio Régimen Local, sin mayores interferencias.

Y no nos olvidemos nunca de la Unión Europea, la que proclama entre sus valores fundacionales la libertad y la cohesión. ¿Se nos olvida que las comunidades autónomas tienen mucho que decir en la formación de la voluntad del Estado y, en sentido descendente, también en la ejecución de las políticas europeas?

En fin, soñemos con Antonio Machado, ¡bendita ilusión!, todas estas cosas. Tras un tiempo vivido de ciertas extravagancias y una excesiva inmediatez, ahora toca hablar y acordar para cambiar (a mejor, obviamente).

Como entramos en año bisiesto, sugiero que ese día mágico del 29 de febrero tengamos casi todas las costuras cerradas. ¿Por qué no?

Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 29 de diciembre de 2015 

Universidad pública y crisis

La Universidad pública española vive un momento preocupante. Quizás esta afirmación pueda parecer excesiva, sabiendo que nuestras instituciones de educación superior nacieron en la lejana Edad Media y que han sobrevivido a guerras, inquisiciones, purgas, recesiones y conflictos de todo tipo. Sin ir más lejos, es obligado citar el “atroz desmoche” al que la sometió la dictadura franquista, tal y como ha retratado Jaume Claret Miranda.

El siglo XX terminó para la Universidad española el 19 de junio de 1999, fecha de la manida Declaración de Bolonia. Ahí se apostaba por consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior como “instrumento clave para promocionar la movilidad de los ciudadanos, su capacidad para acceder al empleo y el desarrollo general del continente”. Loables fines, en el marco amplio de la construcción de una ciudadanía europea.

Lo que en Bolonia parecía acotado (homologación de títulos, fomento de la movilidad y mejora de la empleabilidad), fue utilizado en España como pretexto para otras reformas más alejadas, culminando en la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Por si fuera poco, en 2011 se produce la transfiguración de la sempiterna escasez en un principio constitucional, el de estabilidad presupuestaria, cuyas derivaciones posteriores parecen justificar casi todo.

Ya no sirve invocar unívocamente la autonomía como patente de corso, puesto que debe confrontarse con la transparencia y la rendición de cuentas, respetando además la autonomía propia de las comunidades autónomas, a las cuales se vinculan las universidades públicas.

Algunos gestores universitarios se han dejado engatusar por eslóganes como “internacionalización” o “nuevo paradigma”, pero han descuidado lo elemental. Hablan de competencias y orillan los conocimientos, como si fuesen excluyentes. Priman el amiguismo frente al mérito, expulsando a jóvenes con curriculums varias veces acreditados. Incentivan una cierta investigación de ranquin y dejan de promocionar la investigación “inútil” (Francisco Tomas y Valiente dixit), esa que resuelve problemas sociales, científico-técnicos o humanísticos. Dejan de lado la docencia de calidad y la retribuyen con tacañería, destruyendo cualquier ánimo de mejora.

En la Universidad pública española hay cuatro deficiencias principales: “la económica, porque es pobre; la estructural, porque es preciso cambiar la ley que la regula; la científica, porque muchos de sus profesores no somos, en cuanto tales profesores, todo lo que científicamente debiéramos ser; la moral, porque en el talante común del estamento universitario dominan el desánimo y la atonía”. Sabias palabras de Pedro Laín Entralgo sobre la Universidad de la posguerra civil que, por desgracia, siguen teniendo ecos de actualidad.

¿Cuál es entonces el puerto hacia el que dirigir el barco? Para empezar, hacen falta dinero, estabilidad normativa y un mejor control. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, junto a los respectivos parlamentos, los órganos de control y las propias universidades, deben implicarse en el diseño de un marco jurídico sólido y un modelo de financiación suficiente y eficiente, orientando sus actuaciones al logro de objetivos estratégicos. Autonomía sin responsabilidad es como conducir un coche sin frenos, sobre todo si hemos puesto al volante a un insensato. Digámoslo claro: el actual sistema de elección al rectorado por voto universal entre la comunidad universitaria no es el óptimo.

Es preciso adoptar una moratoria general para la creación de universidades, incluyendo el despliegue de campus, facultades, departamentos y titulaciones. Tenemos 50 universidades públicas y 30 privadas, por lo que el camino ha de ser el de la especialización. El dinero fácil y los localismos virales han respaldado decisiones muy erróneas.

Hay que defender la docencia y la investigación de calidad, si no se quiere convertir las universidades públicas en mediocres academias. Esa calidad es ineludible para todas ellas, pero la excelencia sólo puede estar al alcance de unas pocas, por definición. Y aquí no sirve invocar un concepto equivocado de igualdad, aunque tampoco se debe reprimir la ambición académica, si es sana y factible. Los Campus de Excelencia Internacional nacieron como una gran idea, pero pronto quedaron desnaturalizados cuando se empezó a conceder el sello a discreción, en algunos casos para ideas muy poco realizables. Algo parecido se debería hacer redefiniendo la Extensión Universitaria, volviendo a sus orígenes, para que la Universidad engarce mejor con la sociedad a la que sirve.

Lo siguiente es introducir incentivos alineados, comenzando por seleccionar al personal con garantías plenas en las convocatorias e igualdad en el acceso. Si para cumplir una ley (por ejemplo, sobre la tasa de reposición) se vulnera otra (verbigracia, con sospechosas prórrogas o estabilizaciones), entonces el mundo universitario es el del caos, cuando no el de la irresponsabilidad y el delito. El siguiente estadio pasa por un sistema de retribuciones dignas, bajo sistemas objetivos y atractivos de evaluación del desempeño. Una muestra: el actual sexenio de investigación no compensa el esfuerzo invertido y el quinquenio de docencia se otorga por ser cinco años más viejo.

Y, al final, el estudiante. Las claves son sencillas: igualdad en acceso según renta y promoción según rendimiento académico. La Universidad es selectiva, por lo que no puede absorber miles de estudiantes en cada área de conocimiento, en cada ciudad y cada año, salvo que se les quiera conducir a la precariedad o al paro –aún más- masivo. No es de recibo confundir a la opinión pública hablando de “esfuerzo presupuestario”, mientras se distraen recursos en campus yermos o en estudiantes cuyo rendimiento es casi nulo. Eso sí, por encima de todo, una sociedad del siglo XXI no puede tolerar que nadie con actitud personal y aptitud universitaria quede fuera del sistema. Por eso es necesario graduar los precios públicos según circunstancias y ampliar las becas para quien de verdad las necesite.

No se puede seguir con clases vacías y aulas repletas. No tienen sentido las tutorías –o “tonterías”- grupales si son aprovechadas para el asueto. El envejecimiento y el anquilosamiento funcionarial de las plantillas deben ser abordados sin dilación. El personal de administración y servicios en tareas rutinarias tiene que dar paso al que se ocupa de la gestión de alto valor añadido. Póngase fin a las titulaciones que sólo contentan a ciertos grupos de poder, a las bibliotecas sin libros ni bibliotecarios, a los doctorados devaluados y a los cortes de luz o calefacción. Mientras, las universidades privadas seguirán acechando. 

Versión reducida del texto publicado en el libro de Antonio Arias Rodríguez El régimen económico y financiero de las universidades públicas (3ª edición, Editorial Amarante, 2015), el cual tuvo su origen en la tesis doctoral del autor, codirigida por mí en la Universidad de Salamanca. Este artículo se publicó en El Comercio el 16 de diciembre de 2015.

Filosofía y lenguaje de la financiación autonómica

Si en el principio está el verbo, después han de venir el diálogo y el consenso. De nada sirve confrontar recitando monólogos. Peor aún es despreciar la opinión contraria, sin más argumentos que el de las propias razones. Tampoco resulta muy saludable la deliberación insulsa y circular, si no culmina en acuerdos amplios.

Si se hubiese dialogado en serio sobre el asunto catalán, quizás no hubiésemos llegado a la frontera de la ruptura. Me resulta muy triste comprobar cómo la comunidad autónoma que más hizo siempre por la federalización del Estado de las Autonomías, sea ahora la que reniega de ese modelo que prácticamente diseñó a su gusto. En el ámbito concreto de la financiación, nunca hubo modelo sin Cataluña y, en cambio, recuérdese que entre 1997 y 2001 otras tres comunidades autónomas sí se descolgaron del acuerdo general. Ítem más: nunca la revisión periódica del sistema de financiación autonómica fue hecha sin el impulso de Cataluña, después modulado y asumido por el conjunto. Por eso extraña bastante que la parte catalana haya cuestionado el acuerdo de 2009 al poco tiempo de su implementación.

Se ha llegado a tal temperatura que el punto de ebullición está cerca. No esperemos a que desinfle, cosa que nunca ocurrirá por el simple transcurso del tiempo. No estamos ya en la fase de contraponer informes económicos porque -digámoslo claro- a cada experto le sale algo que concuerda con su opinión predefinida. Y póngase fin a la estéril batalla jurídica entre la "brigada Aranzadi" (Enric Juliana dixit) y su contraparte; Política y Derecho deben acomodarse en este orden, no en el inverso.

Para el reciente Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el filósofo Emilio Lledó, "la raíz del mal está en la ignorancia, el egoísmo y la codicia".

En la financiación autonómica, la ignorancia viene por la percepción de la ciudadanía acerca de un sistema complejo (por no decir un arcano), pero que garantiza nada menos que los servicios públicos fundamentales. Esta falta de conocimiento lleva a una desconexión con este debate, en culpa igualmente atribuible a políticos y técnicos que lo han enredado cada vez más. Por eso el primer paso ha de ser el de la simplificación y la pedagogía.

De otro lado, el egoísmo se opone directamente a la solidaridad que, por definición, se hace siempre "a cambio de nada" (sic), aunque no parece tenerlo claro todo el mundo. Nadie podrá contravenir la idea básica de que exista una redistribución de los ricos hacia los pobres, lo cual tiene aquí dos derivadas inmediatas.

La primera obliga a poner en cuestión el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, antes que nada por su escasa contribución a la solidaridad del sistema. Por cierto, para ello bastaría con cambiar una ley ordinaria.

La segunda, para decidir políticamente cuál debe ser el grado de solidaridad a aplicar. Elevado, sí, pero sin destruir incentivos a la eficiencia y la responsabilidad. El criterio tampoco debe violentar la autonomía de las comunidades autónomas, menos aún, la de aquéllas que desean avanzar por ese camino, en contraste con las que legítimamente estarían cómodas siendo una Delegación del Gobierno. El debate no debe ser entre territorios, sino filosófico (¿a qué llamamos solidaridad?), ideológico (¿personas o territorios?) y, si se quiere, identitario (¿no merecen mi solidaridad quienes viven a 300 kilómetros?). El mal de codicia sería la última perversión de una noción elemental de solidaridad, puesto que implica "afán excesivo de riquezas".

Volvamos al sabio Lledó para seguir defendiendo la importancia del lenguaje.

Sobre el reconocimiento como nación, algo tan sencillo como añadir un calificativo (nación española, nación catalana u otras) facilitaría la convivencia de varias de ellas sin demasiado problema, con lo que nadie debería estar en peor situación que la inicial. Algo así podría suscribir Pareto y exactamente eso defendió Anselmo Carretero, dos autores a los que conviene revisitar. Para lo que nos ocupa, ¿otorgaría más derechos económicos o financieros esa denominación de nación que la muy parecida de nacionalidad, vigente desde 1978? No tendría por qué ser así, pero al menos el lenguaje habría contribuido a resolver uno de los problemas enquistados.

¿Debemos seguir hablando de comunidades autónomas de régimen común, frente a las de régimen foral o especial? Si común significa "admitido de todos o de la mayor parte", es correcto. Pero si lo que se quiere decir es "bajo, de inferior clase y despreciable", el incendio se aviva y se regalan cerillas a los pirómanos.

El método y los retos no son sencillos. ¿Por dónde empezar? Quizás por la Conferencia de Presidentes, más aún desde la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que, por fin, reconoce este máximo órgano multilateral de cooperación política. Sin embargo, el presidente del Gobierno de España no lo ha convocado desde octubre de 2012, ni para coordinar ajustes en tiempos de crisis, ni para discutir sobre financiación autonómica cuando tocaba hacerlo, ni para afrontar los órdagos territoriales, aislando así su propia posición. Pessoa diría que esa actitud ha sido insostenible desde un punto de vista de raciocinio, casi como la de su "banquero anarquista".


Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 27 de octubre de 2015
Publicado en el diario El País el 8 de diciembre de 2015

Contables y cuentistas

¿Sabían ustedes que el control de las cuentas es fundamental? Menuda obviedad. Esto lo tenían muy claro los abuelos y las abuelas cuando contaban cada peseta que entraba y fiscalizaban cada una de las que salía para gastos.

Sabemos también que toda organización mafiosa o trama corrupta lleva una contabilidad de debes y haberes, a cargo de una persona de la estricta confianza del capo. Puede ser en libretas o en tabletas, pero esas cuentas siempre existen.

En el cártel de los Cárdenas Guillén en México, al contable-auditor le apodaban “El Ricochet” (sería por algo). También tenían los nazis en Austchiwtz su propio contador profesional, ocupando un lugar preeminente en ese entramado criminal. De manera magistral encontramos retratada esta figura en el cine, siendo mi preferida la del consiglieri de las películas de “El Padrino”, dirigidas por nuestro reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes. Hay más ejemplos, pero nos hacemos una idea.

Si los delincuentes tienen claro que la llevanza de una correcta contabilidad resulta fundamental para el negocio, ¿cómo es posible que ciertos gestores públicos aún duden de esto? A partir de ahí, lo siguiente es el control que desarrollan las instancias externas sobre esas mismas cuentas, como garantía de que las cosas se están haciendo conforme a la ley y al sentido común. En otro caso, se recomendarán cambios y, si la cosa es grave, podrán empezar a depurarse responsabilidades. Pero ese control externo comienza por un buen control interno en la propia casa, no se olvide.

Vayamos hacia atrás y volvamos a nuestros mayores. Quizás no tuviesen mucha formación, pero sabían perfectamente lo que costaba “ganar un duro” y lo que “valía un peine”. Hoy dudo de que esto sea así siempre y para todo el mundo. Necesitamos más educación financiera, a todos los niveles y desde la escuela.

Ejemplo: veo el anuncio de una mueblería que ofrece “precios rebajados a la mitad”. Pero la mesita blanca tiene un descuento del 30%. Pues una de dos: o mienten por desconocimiento o nos engañan confiando en la tontuna de quien lo lee. Malo en todo caso. 

Publicado en La Voz de Avilés el 9 de noviembre de 2015

Oferta y demanda

http://elpais.com/autor/antonio_fraguas_forges/a/

Me curo en salud: el título de esta columna es insulso y poco original. Pero como el que escribe es economista, me temo que en esas dos palabras se encierra gran parte del acervo de nuestra profesión, sin que podamos prescindir de ellas ni cuando leemos el periódico. Parafraseando a Sabina, confío en poder traspasar esa línea divisoria “que va del tedio a la pasión” o, siendo más modesto, despertar algún interés por lo que sigue.

Recientes noticias y anuncios por palabras nos alertan sobre la importante brecha de conocimiento y formación entre lo que se necesita y lo que se tiene. Empresas del metal, algunas muy importantes instaladas en Avilés, están buscando personal cualificado para trabajar en soldadura, calderería o tornería. Sus gestores se quejan de que no encuentran gente dispuesta o preparada –o ambas cosas- para ello. Es decir, hay una demanda de profesionales que nuestra oferta de mano de obra no puede cubrir. Por tanto, dado que la empresa necesita esa fuerza laboral, sí o sí, de algún modo la tendrá que obtener, bien sea buscando fuera de Asturias o directamente trasladando su sede a medio plazo fuera de nuestra tierra. Ley de vida. Ley de globalización económica. Así de crudo.

Mientras, veo en la tele que hay más de 9.000 ‘ni-nis’ en Asturias, algunos menos que hace un año y, en proporción, por debajo de la media española, lo cual no le resta un ápice de dramatismo al dato. Más que un desajuste, como se ha escuchado, esto es una verdadera tragedia y, si me apuran, un lujo que no se debe permitir. ¿Cómo es posible que alguien entre 16 y 24 años –y con más edad también- no esté estudiando ni trabajando? Mi pregunta es: ¿qué hacen esa chica o ese chico cada día? ¿A qué aspiran? Ni oficio, ni beneficio: más bien indicio, eso sí, de exclusión social.

La construcción desaforada durante la burbuja provocó muchos daños y el peor no fue la multitud de pisos vacíos. A mi juicio, resultó mucho más grave el abandono del proceso formativo personal por la idea de ganar dinero fácil. Unos suculentos euros a corto plazo (de nuevo la oferta y la demanda) que, lógicamente, un buen día se acabaron y dejaron a esas personas en desamparo. No se puede asentar de nuevo ese modelo, como algunos parecen sugerir. La senda es la contraria: educación y repesca de quienes han quedado fuera. 

Publicado en La Voz de Avilés el 27 de octubre de 2015

Escenarios en Cataluña, España y Asturias

Daniel Guerra Sesma, Óscar Rodríguez Buznego, Melania Álvarez y yo. Foto de J. Pañeda (El Comercio).

La Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias, junto con el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, organizó el 9 de octubre la mesa redonda "Diez días después del 27-S. Escenarios en Cataluña, España y Asturias". Participé en ella junto a Daniel Guerra Sesma (politólogo y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla) y Óscar Rodríguez Buznego (profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oviedo), además de la politóloga Melania Álvarez García, como moderadora.

Los titulares de prensa y las reseñas periodísticas recogen bien lo que expresé allí.

El Comercio
Llera: «Se dará a Cataluña un reconocimiento especial, pero no privilegiado»
[...el desafío catalán comienza por la «aspiración legítima» de esta comunidad autónoma de mejorar su sistema financiero con el denominado pacto fiscal, al que se negó de forma rotunda el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras los resultados de los comicios, opina, es previsible que vuelva a retomarse el debate en torno a la financiación autonómica y se avance hacia una «reforma constitucional en sentido federal» que otorgue a Cataluña un «reconocimiento especial, pero no privilegiado, porque eso sería inconstitucional»].


La Nueva España
"Las raíces del problema catalán son económicas", defiende Roberto Llera
["Las raíces son económicas y no podemos olvidar que el transfondo es económico y la crisis influyó [...]. Roberto Fernández Llera [...] recordó que en el año 2000, siendo presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol, el entonces consejero de Economía, Artur Mas, pidió al Gobierno de la nación "un pacto fiscal" equiparable a los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra, "pero se rechazó la petición", que desde Cataluña se volvió a repetir en 2012, "y la respuesta fue no". Según Fernández Llera, ese es el origen del problema catalán, el sentirse minusvalorados en relación a las Comunidades Autónomas que como el País Vasco y Navarra tienen un tratamiento económico especial. Por ello, el economista opinó que el camino para tratar de llegar a una salida en el problema catalán "no son las multas, hay que hablar de financiación autonómica". Por ello espera que de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre salga "un gobierno fuerte que tome decisiones frente a la inacción del actual". En cuanto a la salida de la crisis económica, Fernández Llera señaló que "la tormenta no escampó" y que hay muchas incertidumbres con lo que ocurra en China y en los mercados financieros mundiales].

Del presentismo a la racionalidad

En el V Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad en la Educación Superior (RIAICES), celebrado en Oviedo, Antonio Arias Rodríguez y yo mismo hemos presentado una comunicación titulada "Control sobre el cumplimiento docente: del presentismo a la racionalidad".

Al hilo de varios informes de las instituciones de control externo, en particular, el informe horizontal sobre las universidades públicas del Tribunal de Cuentas (aprobado en 2015 y referido a 2012), así como de la tesis doctoral de Antonio, nos pusimos a recopilar datos e información sobre el control horario del profesorado universitario. En particular, sobre su actividad docente, puesto que la investigadora se debe medir -parece lógico- por sus resultados y no por las horas presenciales. Partimos de las peculiaridades que tiene el profesorado universitario dentro del conjunto de los empelados públicos, a su vez, dependiente de las especiales características de las universidades públicas y de las tareas de docencia e investigación.

Concluimos diciendo que la actividad docente en la universidad pública española puede ser controlada mediante medios tradicionales (parte de firmas) o sofisticados (tarjetas de “fichar”) de control horario. Si bien este es un aspecto crucial para evaluar el cumplimiento docente del PDI, incluyendo el régimen sancionador derivado, no es menos cierto que hacer descansar toda la evaluación de la docencia en este punto significa dejar fuera del control los resultados de la actividad docente y su calidad.

El avance hacia nuevos procedimientos de evaluación de la actividad docente no debe ser una utopía y, antes bien, ha de conducir a un sistema de incentivos alineados que permitan un progreso cierto en esta función universitaria, como por otro lado ha sido evidente en el caso de la investigación (particularmente, con las acreditaciones nacionales y los sexenios). Mientras se siga primando el mero presentismo y el discurrir del tiempo (los quinquenios se conceden casi sin más criterio que el transcurso de cinco años naturales), la calidad de la docencia será un aspecto menor frente a otras facetas y actividades más retribuidas o reconocidas del PDI. Al final, se resiente la enseñanza universitaria y no es tiempo para bromear, cuando los recursos son más escasos que en tiempos no tan lejanos. 

Publicado en Pérez Pérez, R.; Rodríguez-Martín, A. y Álvarez Arregui, E. (eds.) (2015): Innovación en la Educación superior: desafíos y propuestas, Oviedo, Ediuno, pp. 279-285.

Crisis y control externo federal

La crisis económica ha colocado el Sector Público español frente al espejo de una realidad muy dura de asimilar. El ajuste, cuando devino inevitable, se hizo más doloroso y profundo. A buen seguro, Séneca repetiría aquello de que “cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto”.

Entre tanto, los órganos de control externo (OCEX) autonómicos y el Tribunal de Cuentas han venido ejerciendo su principal función de fiscalización con rigor, pero también con no poca resistencia frente a unos gestores que suelen recelar de dicho control. El sólido corpus de conclusiones y recomendaciones plasmado en los informes constituye un variado menú de platos para la mejora de la gestión pública. Y, sin embargo, muchas de esa recetas fueron ignoradas por los mismos gestores, pero también desaprovechadas o tergiversadas por algunos políticos, informadores e incluso por la ciudadanía en general. Ahora se redescubren, cual si se tratase del agua tibia o como si los protagonistas hubiesen caído a tierra tras un bíblico resplandor de luz del cielo. Bienvenida sea esta revelación de lo que siempre había estado ahí. Ahora falta que se aplique con decisión.

Por ejemplo, los OCEX ya habían advertido en numerosas ocasiones del deslizamiento del déficit y la deuda por las llamadas “facturas en el cajón” (pudiendo haber evitado la sangrante multa europea a España por la manipulación estadística en la Comunidad Valenciana). También se pueden leer los informes de OCEX sobre prácticas irregulares o fraudulentas en materias de contratos, selección y formación de personal o uso del procedimiento excepcional de concesión directa de subvenciones. Son sólo algunas muestras de mal gobierno, como se dice ahora. Hay muchas más.

Añádase la actitud del legislador estatal cuando obvió a los OCEX en numerosas reformas (estabilidad presupuestaria, Administración Local, Autoridad Independiente Responsabilidad Fiscal y otras) e incluso cuando el Gobierno de España propuso en un documento oficial (Informe CORA) la radical supresión de los OCEX. Por fortuna, ese objetivo sólo se logró en un único caso (Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha), a partir de la activa colaboración del legislador autonómico.

En pleno proceso de revisión constitucional –no se puede negar ni desdeñar lo evidente- los OCEX también tienen que alzar su voz. Primero, para reivindicar su fundamental tarea de control externo dentro del núcleo duro de funciones públicas en un sistema democrático. Y, segundo, para asumir y corregir fallos, en absoluto menores. Para empezar, tratando de superar ineficiencias propias, agilizando procedimientos y eliminando toda suerte de politizaciones y corporativismos.

Lo anterior se debe realizar en el marco de un renovado modelo institucional de control externo, dentro de una reforma federal del Estado. Para quien aún dude del concepto, consiste grosso modo en compartimentar mejor las competencias de los OCEX y del Tribunal de Cuentas o, si se prefiere, de las comunidades autónomas y del propio Estado central, atendiendo a los principios de autonomía, eficacia, eficiencia y economía, al hilo de una nueva coyuntura económica, política y social. 

Publicado en el blog de ABC-AECR La riqueza de las regiones el 23 de septiembre de 2015 

Tercera y vencida: un viaje al nuevo rescate de Grecia

En el número 8598 del Diario La Ley (4 de septiembre de 2015) me publican un artículo doctrinal sobre la crisis griega. A continuación, transcribo el resumen y mi opinión. El artículo completo está AQUÍ y AQUÍ.

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Resumen

La profunda crisis de Grecia está siendo una dura prueba de resistencia para este país y para el proyecto del euro. Por primera vez, se llegó a plantear la posibilidad real de salida de un Estado miembro de la Eurozona, aunque finalmente este riesgo ha sido conjurado. En julio de 2015 Grecia solicitó formalmente un tercer rescate, no sin antes haber convocado un crucial referéndum sobre la anterior propuesta de medidas de ajuste. En el trabajo se repasan críticamente la secuencia de acontecimientos y las diferentes alternativas, utilizando un enfoque combinado de análisis jurídico, económico y politológico. Tras desechar las posiciones más radicales y extremas, se ponen en valor los logros de la construcción europea, con especial énfasis en la moneda única y los nuevos mecanismos de aseguramiento.

Opinión

La crisis griega está siendo en buena medida una crisis del euro. En esencia, esto no sería más que la constatación de una realidad jurídica, política y económica: si un socio de un área monetaria sufre, lo hace el conjunto. Y no importa tanto su tamaño como el hecho mismo del padecimiento y las consecuencias sobre la credibilidad del proyecto común. Los acontecimientos de 2015 se han parecido a las fases de un juego de estrategias (cosa lógica), aunque también a una partida trufada de posiciones extremas y amenazas (esto ya resulta mucho menos gratificante). El gobierno griego ha querido, legítimamente, elevar su voz frente a un puro ajuste contable de su deuda, destacando las evidentes consecuencias económicas y sociales que tan duro recorte conlleva. En el otro lado, con su propia legitimidad, las instituciones acreedoras han querido velar por sus intereses (en la doble acepción del término), pero sin dejar caer al socio griego. De esa legitimidad se pasó con rapidez a la deslealtad, con un referéndum convocado por el gobierno griego en plena negociación y con una respuesta en forma de ajuste aún más duro por parte de las instituciones acreedoras. Con todo, el positivo resultado final es el de una Eurozona que sigue caminando hacia el futuro con todos sus miembros y, además, con unos mecanismos de aseguramiento y garantía que, aunque perfeccionables, previenen contra futuros reveses y eventuales crisis. Otra enseñanza es que la solidaridad europea ha funcionado, una vez más, aunque en esta ocasión con el planteamiento práctico de los préstamos, complementario del más tradicional de la política de cohesión. Para la Eurozona, para la UE y, obviamente, para Grecia en especial, el reto es encontrar un camino de desarrollo económico e inclusión social, al calor del estímulo fiscal y monetario. 

Deudas y Hacienda

Gonzalo Semprún: http://es.klear.com/profile/gsemprunmdg
 

El Sporting y el Oviedo subieron de categoría. El Avilés bajó. Pero al final, hablamos de pasta, no de la italiana con tomate, sino de la guita mexicana, escocesa o de los contribuyentes españoles. Los de Mareo van pagando ahora sus pufos con Hacienda y con la Seguridad Social, gracias a un nuevo crédito bancario. Endeudarse para pagar deudas, ¿soluciona el problema o sólo lo aplaza?

Cuando las noticias informan de que un club está “en manos de Hacienda”, puede que sea cierto en su literalidad, pero no se dice toda la verdad. Se insinúa que esa malvada “Hacienda” es una señora con muy poca sensibilidad y que, si el club desciende o desaparece, la culpa es suya, no de los socios o accionistas, ni del entrenador, ni de los jugadores. Si hubo dispendios, se nos olvidan rápido. Pero, ¿no habíamos quedado en que Hacienda “somos todos”? Pues “mi” parte no se la regalo a nadie.

Ante ciertos desfases, en muchos casos cerca del delito (dejemos otros comportamientos cuasi mafiosos del fútbol profesional), cabe proponer una hoja de ruta como esta:

1) Exigencia de lo adeudado en tiempo y forma, sin más dilación.

2) Auditoría de la Federación Española de Fútbol y de las federaciones territoriales, así como de todas las ayudas concedidas en los últimos años a clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas, a cargo de las instituciones de control que proceda.

3) Quita negociada de deudas, sujeta a estrictas condiciones (¿nos suena?), entre las que deben estar la sustitución de gestores, la prohibición expresa de fichar jugadores, la retirada de licencias federativas y, en el extremo, la disolución de entidades insolventes.

4) Prohibición, mediante ley básica estatal, de todo tipo de subvenciones, transferencias, beneficios fiscales, avales o cualquier otra ayuda por parte de las Administraciones Públicas a clubes de fútbol profesional, mientras mantengan deudas tributarias o sociales. De igual modo, ni las Administraciones Públicas, ni sus entidades dependientes, podrán formar parte del accionariado de clubes de fútbol profesional (¿hemos privatizado la siderúrgica o la telefónica –y más- para nacionalizar el fútbol?).

5) Reducción federativa y nuevas regulación de las ligas de fútbol profesional, hasta garantizar su solvencia y la de todos los clubes que compiten en ellas.

6) Apuesta financiera clara por el deporte base y por el deporte escolar.

7) Educación ciudadana sobre la importancia de los tributos.

¿Se atreve alguien?


Publicado en La Voz de Avilés el 14 de agosto de 2015

Playas y responsables

Asistí en vivo al rescate en la playa de Salinas, con lamentable resultado de varias personas ingresadas en el hospital y una chica fallecida. Terrible. La mar hay que tomársela muy en serio, por si alguien todavía tenía dudas.

Tengo por costumbre escribir en esta columna con algo más de ligereza cuando llega agosto, primero, porque es verano y, segundo, porque en esta fecha, hace ya seis años, comencé mi colaboración habitual con este periódico. Pero en esta ocasión, no me sale la broma por ningún lado. Es muy triste y da mucha pena que sigan pasando estas cosas tan perfectamente evitables si se tiene un mínimo de prudencia.

Me decía una persona del operativo de rescate que unos días antes habían tenido que intervenir de madrugada por un baño nocturno, digamos, poco sensato, para ser generosos en el calificativo. Afortunadamente, la cosa no pasó a mayores. No digo yo que los baños de noche sean malos, pero si por el día hay que tener cuidado, de noche o a cualquier hora fuera del horario de salvamento, aún más.

En Asturias la mina y la mar, como en la canción de León Delestal, son dos de los rasgos que más han marcado nuestro carácter histórico. Por eso duelen tanto las noticias trágicas relacionadas con una y con otra. Por eso las sentimos de manera especial.

Con todo, observo atónito discusiones en las redes sociales y en algunos corrillos sobre las “culpas”. Muy propio de las mismas personas que lo primero que preguntan cuando pasa una desgracia es “cuánto me va a dar el seguro”. Se roza el límite de lo insensible y se traspasa el umbral de lo egoísta. En este caso concreto, lo único que vale decir es que la responsabilidad no es en absoluto de la Administración Pública, ni mucho menos de los socorristas que cumplieron su horario y su tarea como todos los días. Es muy propio de los españoles (aquí no sólo ya de los asturianos) echar balones fuera y decir que la culpa la tienen “el gobierno” o “los políticos”, como si cada uno en su esfera personal fuese un dechado de virtudes a diario.

En fin, lamentemos la terrible muerte y aprendamos. Y, por supuesto, a los valientes del rescate que impidieron una tragedia mayor, gracias. 

Publicado en La Voz de Avilés el 4 de agosto de 2015