España ya tiene gobierno con plenas funciones. Ahora faltan presupuestos y mayorías estables, pero ese es otro debate.
El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, aunque no es novedoso, sí es muy relevante en los tiempos que toca afrontar. Este departamento tiene, entre otras competencias, las de coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, las relaciones con las comunidades autónomas y las entidades locales y las relativas a la organización territorial del Estado. Casi nada.
Circunscribiendo el análisis a la financiación autonómica, lo primero que habría que decir es que, quizás ahora sí, podamos pasar “de los cuentos a las cuentas”, como en su momento hizo Valentín Andrés Álvarez, economista asturiano y prolífico escritor. Toca transitar de las musas al teatro, en definitiva, de los documentos académicos y las ensoñaciones a las exigencias que marcan la realidad política, fiscal y financiera. ¿Será capaz el citado ministerio de conjugar sus planteamientos con los de las comunidades autónomas, cada una con sus propias aspiraciones? Más aún: ¿podrán tener encaje con un Ministerio de Hacienda y Función Pública que desde ahora parece mirar más al centro y no tanto a la periferia?
En los últimos años, tras la polémica Sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional parece haber girado hacia posiciones menos autonomistas que en el pasado, quién sabe si por dolor de los pecados. Incluso podríamos decir que se ha vuelto más municipalista o localista que federalista. Como el cura del chiste con el pecado, el Tribunal Constitucional no parece ser últimamente muy partidario del avance en el Estado de las Autonomías.
La anterior apreciación, subjetiva y personalísima, se sustenta no obstante sobre algunas recientes sentencias constitucionales, por ejemplo, en materia de impuestos propios (casi siempre para anular legítimos intentos de las comunidades autónomas) o de estabilidad presupuestaria (validando todo tipo de controles directos y restricciones al endeudamiento autonómico). En cambio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, muy contestada desde sus inicios, va siendo poco a poco desmontada. También, curiosamente el mismo Tribunal Constitucional ha blindado las normas forales fiscales de los territorios históricos del País Vasco (aquí sí, por unanimidad, no por exiguas mayorías). Todo esto querrá decir algo, imagino.
Con estas restricciones institucionales y las obvias escaseces financieras, es preciso montar un nuevo modelo de financiación autonómica. Se dice todos los días que es una prioridad acuciante y no hay responsable político autonómico que deje de repetir este mantra ante cualquier micrófono. Sin embargo, son demasiados los frenos y corsés de todo tipo, a los que me permito añadir otra dificultad, no menor: la intrínseca falta de transparencia del sistema y su desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía. Esto explica la habitual confusión entre impuestos y competencias, contribuyendo así a una dilución de responsabilidades y a un debilitamiento de la rendición de cuentas. Lo que se dice un arcano en toda regla.
Durante más de tres décadas, la financiación autonómica ha sido cosas de ministros y consejeros de Hacienda, técnicos del área presupuestaria, académicos y tertulianos (estos últimos, sin demasiado criterio). Ni siquiera las instituciones europeas han mirado demasiado el sistema de descentralización español, hasta que les empezó a “doler”, no España ni su Constitución, sino su déficit. Otras opiniones (las de agencias de calificación o servicios de estudios), tienen sus propios intereses creados, lo cual les resta cierta credibilidad.
En este punto, cabe preguntarse por qué nunca se han fiscalizado de forma integral los sucesivos modelos de financiación autonómica por parte del Tribunal de Cuentas. O por qué el supremo órgano fiscalizador y, en su caso, los órganos de control externo navarro y vasco, no han puesto el microscopio con precisión sobre los regímenes forales, incluyendo el certero cálculo de la aportación y el cupo. Aún más preocupante: ¿por qué nadie parece interesar estas fiscalizaciones?
La financiación autonómica son fondos, anticipos a cuenta, liquidaciones, estadísticas, gráficos y ecuaciones. Pero también política, de la buena, la que combina respeto a las normas y a los incentivos. ¿Seremos capaces?
El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, aunque no es novedoso, sí es muy relevante en los tiempos que toca afrontar. Este departamento tiene, entre otras competencias, las de coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, las relaciones con las comunidades autónomas y las entidades locales y las relativas a la organización territorial del Estado. Casi nada.
Circunscribiendo el análisis a la financiación autonómica, lo primero que habría que decir es que, quizás ahora sí, podamos pasar “de los cuentos a las cuentas”, como en su momento hizo Valentín Andrés Álvarez, economista asturiano y prolífico escritor. Toca transitar de las musas al teatro, en definitiva, de los documentos académicos y las ensoñaciones a las exigencias que marcan la realidad política, fiscal y financiera. ¿Será capaz el citado ministerio de conjugar sus planteamientos con los de las comunidades autónomas, cada una con sus propias aspiraciones? Más aún: ¿podrán tener encaje con un Ministerio de Hacienda y Función Pública que desde ahora parece mirar más al centro y no tanto a la periferia?
En los últimos años, tras la polémica Sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional parece haber girado hacia posiciones menos autonomistas que en el pasado, quién sabe si por dolor de los pecados. Incluso podríamos decir que se ha vuelto más municipalista o localista que federalista. Como el cura del chiste con el pecado, el Tribunal Constitucional no parece ser últimamente muy partidario del avance en el Estado de las Autonomías.
La anterior apreciación, subjetiva y personalísima, se sustenta no obstante sobre algunas recientes sentencias constitucionales, por ejemplo, en materia de impuestos propios (casi siempre para anular legítimos intentos de las comunidades autónomas) o de estabilidad presupuestaria (validando todo tipo de controles directos y restricciones al endeudamiento autonómico). En cambio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, muy contestada desde sus inicios, va siendo poco a poco desmontada. También, curiosamente el mismo Tribunal Constitucional ha blindado las normas forales fiscales de los territorios históricos del País Vasco (aquí sí, por unanimidad, no por exiguas mayorías). Todo esto querrá decir algo, imagino.
Con estas restricciones institucionales y las obvias escaseces financieras, es preciso montar un nuevo modelo de financiación autonómica. Se dice todos los días que es una prioridad acuciante y no hay responsable político autonómico que deje de repetir este mantra ante cualquier micrófono. Sin embargo, son demasiados los frenos y corsés de todo tipo, a los que me permito añadir otra dificultad, no menor: la intrínseca falta de transparencia del sistema y su desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía. Esto explica la habitual confusión entre impuestos y competencias, contribuyendo así a una dilución de responsabilidades y a un debilitamiento de la rendición de cuentas. Lo que se dice un arcano en toda regla.
Durante más de tres décadas, la financiación autonómica ha sido cosas de ministros y consejeros de Hacienda, técnicos del área presupuestaria, académicos y tertulianos (estos últimos, sin demasiado criterio). Ni siquiera las instituciones europeas han mirado demasiado el sistema de descentralización español, hasta que les empezó a “doler”, no España ni su Constitución, sino su déficit. Otras opiniones (las de agencias de calificación o servicios de estudios), tienen sus propios intereses creados, lo cual les resta cierta credibilidad.
En este punto, cabe preguntarse por qué nunca se han fiscalizado de forma integral los sucesivos modelos de financiación autonómica por parte del Tribunal de Cuentas. O por qué el supremo órgano fiscalizador y, en su caso, los órganos de control externo navarro y vasco, no han puesto el microscopio con precisión sobre los regímenes forales, incluyendo el certero cálculo de la aportación y el cupo. Aún más preocupante: ¿por qué nadie parece interesar estas fiscalizaciones?
La financiación autonómica son fondos, anticipos a cuenta, liquidaciones, estadísticas, gráficos y ecuaciones. Pero también política, de la buena, la que combina respeto a las normas y a los incentivos. ¿Seremos capaces?
Publicado en Expansión el 15 de noviembre de 2016
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