Indiferentes y malevos

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¿Cuál es peor? ¿La persona que critica sin proponer alternativas o la que todo le resbala por encima de los hombros? Lo preocupante es que muchas veces coinciden.

Si se inaugura un remozado hotel, siempre hay alguien que protesta porque la decoración no le gusta o porque los precios son más altos que hace veinte años. Otro grupo de personas pasa por delante mirando de refilón (no es su guerra). Algunos, creo que los menos numerosos, apoyamos desde el principio, aunque sea desde la modestia, colocando ese granito que, aunque no haga granero, ayuda al compañero.

Si tenemos un mundial deportivo con miles de personas en la ciudad y millones de euros en beneficios, a algunos todavía les sabe a poco y, sin embargo, se quejan de la incomodidad en esos días (igual que con las fiestas patronales). Aquí el indiferente se limita a afirmar, con cierto aire de superioridad, las bondades de no hacer nada, puesto que el evento le parece una cosa fatua. Los del tercer grupo tratamos de apoyar en lo que se pueda, aunque sea comprando un tique o divulgando en nuestras redes humanas y sociales.

Ya que hablamos de redes sociales, cuidado con esa nueva especie de personas cuya vida aparente es estrictamente virtual, es decir, opuesta a la realidad. Sobre esto hay escritos ríos de tinta a cargo de personas expertas en Psicología y Sociología. Yo no entro en esas disquisiciones. Lo que sí me enerva es el afán de algunos malevos por arruinar cualquier iniciativa de los demás, sin más interés que la pura destrucción y desde la cobardía que ofrecen el anonimato o la identidad falsa. Esto ocurre en la política, la economía, las relaciones amorosas o el mus. Internet no lo inventó, pero lo amplifica de forma peligrosa.

Como reza el clásico aforismo, “al amigo, todo; al enemigo, ni agua y al indiferente, la legislación vigente” (la versión más trasera atribuida al ministro de la dictadura Girón de Velasco no la reproduzco aquí). En todo caso, es cierto que el indiferente, de entrada, no me gusta. No por manías personales, sino por su incoherencia interna, puesto que se convierte en un criticón negativista cuando observa atacada su parcela o su manada. Ahí pierde esa falsa neutralidad y por eso conviene aplicarle el reglamento en vigor.

Gabriel Celaya maldecía a los que se desentienden y evaden, invitándonos a tomar partido. Estoy de acuerdo. Y si no se tiene nada mejor que aportar, el silencio es una preciosa alternativa para no dañar a nadie. Otro poeta, Dante, enviaba al vestíbulo del infierno a los indiferentes (para él, cobardes). Mucho más cerca en el tiempo, lo decía también en una entrevista el periodista José María García: “me enorgullezco de no haber cultivado ni a un solo indiferente”. No es poco mérito.

 

Publicado en La Voz de Avilés el 30 de septiembre de 2016 

 

 

Descentralización y sistema tributario

De izquierda a derecha: Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Luis Briones, presidente del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad y socio de Baker & McKenzie

La Fundación Impuestos y Competitividad, cuyo objeto es el estudio e investigación del sistema tributario, encargó un trabajo a los profesores Santiago Lago Peñas y Alberto Vaquero García, de la Universidad de Vigo, cuyo resultado final ha sido el libro titulado Descentralización y sistema tributario: lecciones de la experiencia comparada, presentado en la madrileña sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 20 de septiembre. Lo que sigue son extractos de mi comentario al libro, en línea de algunos anteriores. Las presentaciones completas están aquí. 

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Creo –y no es una opinión solitaria- que una de las reformas estructurales pendientes en España sigue siendo la reforma fiscal, al menos, por tres motivos: la ineludible actualización de un sistema tributario diseñado en la Transición, la necesidad de reforzar unos ingresos estructurales que se han mostrado insuficientes y la importantísima descentralización política, del gasto y del ingreso. No es objeto del libro de Lago y Vaquero –ni de estos comentarios- analizar las dos primeras motivaciones, pero sí la tercera, en lo que atañe a la distribución territorial del poder tributario.

Como señalan los autores, el “modelo español” tiene singularidades propias, algunas negativas, pero otras francamente positivas que incluso otros podrían imitar. Bastaría recordar la rapidez y la limpieza con las que hemos transitado desde un Estado dictatorial y centralista a uno democrático y descentralizado.

A partir de estas premisas, parece obvio que la reforma del sistema de financiación autonómica y del sistema fiscal debe ser urgente, pero sobre todo ha de ser fruto de un doble consenso, construido entre comunidades autónomas (CCAA) y entre partidos de ámbito estatal. Idealmente, la Conferencia de Presidentes y el Senado deberían ser los foros de discusión y acuerdo para este ambicioso propósito, sin perjuicio de la asistencia técnica que brinde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el asesoramiento de otros organismos o equipos expertos.

En estrictos términos de Economía Política, pero también de recaudación, la hipotética supresión de un impuesto debería ser siempre la solución última en toda reforma fiscal, dados los elevados costes que supondría su eventual reimplantación o su sustitución por otro tributo, sin olvidar tampoco el valor informativo y censal que se podría perder.

Como se constata en el libro, España se homologa en cuanto a la descentralización normativa del poder tributario hacia el nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, existe un evidente problema de percepción de restricción presupuestaria blanda y, por tanto, de falta de incentivos para el ejercicio efectivo de esa capacidad normativa, salvo en situaciones de clara emergencia financiera, como se ha visto desde 2008. La relativa juventud del Estado de las Autonomías, como también se señala en el libro, puede acarrear problemas de bisoñez o desconfianza, pero tiene una grandísima fortaleza: la homogeneidad de las bases imponibles. En esto no se debería retroceder, troceando su definición, ya que se comprometerían la eficiencia, la equidad, la simplicidad, la unidad de mercado y la lucha contra el fraude.

El camino hacia la federalización del Estado de las Autonomías debe pasar por una clara separación de espacios fiscales para cada nivel de gobierno. Antes, quizás fuese bueno acotar los conceptos manejados en la confusa jerga de la financiación autonómica para mejorar su visibilidad.

Gasto público en Madrid

Esta semana se presentó en la sede madrileña del Consejo Económico y Social (CES) el libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi-Thomson Reuters y coordinado por mí. Ejercio de anfitrión el presidente del CES, Marcos Peña. También intervinieron Nicolás Álvarez Álvarez y Javier Suárez Pandiello, presidente del CES del Principado de Asturias y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, respectivamente.

Según recoge la prensa (La Nueva España), hay especial interés en el gasto en pensiones y su financiación, así como en los aspectos relativos a descentralización.

Personalmente, creo que se deben complementar los ingresos del sistema de pensiones con recursos obtenidos de los impuestos, especialmente sobre las grandes fortunas. Así opina también Ignacio Zubiri Oria, autor del capítulo sobre el tema en el libro. Me extiendo algo más en una entrevista en la RPA (bloque 2; minuto 10 en adelante).

 

Lo mejor es enemigo de lo bueno

La frase del título es una de esas que nos deberían servir siempre como acicate para avanzar en la vida. Y, desde luego, también en el camino hacia un mejor funcionamiento del sector público.

Por ejemplo, dado que resulta obligada la evaluación continua y la retribución diferencial del desempeño de los empleados públicos, no es posible eludirla, inventando excusas basadas en la eterna búsqueda de un sistema ideal que nunca llega. Mientras tanto, "la casa sin barrer", es decir, un injusto e ineficiente igualitarismo en sueldos, complementos y escalafones.

Otro ejemplo. Si la necesaria corrección de un evidente defecto de diseño en un impuesto (pongamos, un error de salto o un beneficio fiscal regresivo) queda frenada por falta de acuerdo entre posiciones maximalistas (unos abogan por eutanasiar el impuesto; otros por dejarlo irreconocible), al final el resultado es la situación actual. En otras palabras: por no ser capaces de acordar "lo mejor" o acaso "lo menos malo", lo cierto es que seguimos en la nefasta situación actual, la peor de todas. La falta de acuerdo sólo implica favorecer la prolongación del mal que se trata de corregir.

En muchas esferas de lo cotidiano, la política o la economía, la alternativa a no hacer nada, bajo la peregrina disculpa del miedo a lo nuevo, es seguir donde estamos, perpetuar el statu quo que, en muchas ocasiones, es una alternativa muy mala. Quizás la peor de todas.

Pues bien, lo mejor es enemigo de lo bueno, también en materia de financiación autonómica.

No podemos aspirar a diseñar -y aún menos a hacer funcionar- un sistema óptimo, por la sencilla razón de que tal cosa no existe. ¿Óptimo para quién? ¿Para el gobierno central? ¿Para una comunidad autónoma concreta? ¿Para un grupo de ellas? ¿Para desplegar espacios fiscales propios o para asegurar la suficiencia, aunque sea a costa de doblegar la autonomía financiera?

Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero eso tampoco significa que debamos conformarnos con reformas efímeras o cicateras. Aplicado al sistema de financiación autonómica, no sería razonable abrir un debate técnico y político de altura para terminar en poca cosa. No se puede admitir un parto de los montes lleno de ratones. Si el avance va a ser infinitesimal, mejor nos quedamos donde estamos y ahorramos elevados costes de transacción.

El diagnóstico está hecho, los problemas del sistema son conocidos y sus consecuencias están cuantificadas. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues probablemente por el debate y el acuerdo en torno a mejoras que supongan avances parciales, pero significativos, particularmente sobre cuestiones orientadas a cuatro líneas de actuación.

La primera, para constatar que esta vez no será posible recurrir a la financiación "extra"aportada en exclusiva por la Hacienda central, por la sencilla razón de que el intenso proceso de consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno -incluido ese- impide tal cosa. Es decir: o se reparte de otra forma el montante actual (juego de suma cero, por tanto, con ganadores y perdedores absolutos) o se acuerda incardinar más estrechamente el propio sistema de financiación autonómica con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La segunda, relativa al aumento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en tributos, directos e indirectos, compartidos y propios. Unido a esto deben introducir los mecanismos apropiados de refuerzo de la corresponsabilidad fiscal efectiva, no sólo teórica.

La tercera, para garantizar una nivelación suficiente, bajo un amplio acuerdo político sobre el concepto "español" de equidad, aunque sin llegar a construir un sistema distorsionador. En paralelo, también se debe avanzar hacia una valoración adecuada de las necesidades de gasto en términos reales y -una vez más hay que repetirlo- reconducir los resultados de los sistemas forales vascos y navarro.

La cuarta, para analizar las causas del endeudamiento, con especial referencia al periodo 2009-2016, de tal forma que puedan ser tratadas de forma diferenciada, desde luego, huyendo de soluciones fáciles o perdones universales que sólo producirían una sensación de agravio y un serio problema de riesgo moral.

Quedan lejos otros tiempos en los que las costuras del sistema sólo estaban hilvanadas, pudiendo ensayarse patrones y tallas más amplias. Desde el modelo de 2002, pero sobre todo desde 2009, hay ciertos límites que ya no se pueden sobrepasar. Uno muy evidente es la cesión de ciertos tributos (algunos ya en el 100% o con porcentajes que, de ser mayores, podrían comprometer la propia suficiencia de la Hacienda central). En cambio, hay parcelas yermas que podrían ahora comenzar a dar fruto, como es el caso de una imposición indirecta más descentralizada hacia las comunidades autónomas.

El puzle o sudoku, como se dijo en algún momento, puede encajar, pero eso no asegura que el resultado sea siempre deseable. Lo único que se habría conseguido en ese hipotético caso es un consenso basado en demasiadas renuncias.

¿Hay solución entonces? Debe haberla. Tiene que haberla. Que sea en 2017 ya parece una utopía, más aún con gobiernos en precario y parlamentos tremendamente fragmentados. Pero es el objetivo.

Publicado en el blog de RIFDE-Expansión el 14 de septiembre de 2016