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| De izquierda a derecha: Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Luis Briones, presidente del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad y socio de Baker & McKenzie |
La Fundación Impuestos y Competitividad, cuyo objeto es el estudio e investigación del sistema tributario, encargó un trabajo a los profesores Santiago Lago Peñas y Alberto Vaquero García, de la Universidad de Vigo, cuyo resultado final ha sido el libro titulado Descentralización y sistema tributario: lecciones de la experiencia comparada, presentado en la madrileña sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 20 de septiembre. Lo que sigue son extractos de mi comentario al libro, en línea de algunos anteriores. Las presentaciones completas están aquí.
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Creo –y no es una opinión solitaria- que una de las reformas estructurales pendientes en España sigue siendo la reforma fiscal, al menos, por tres motivos: la ineludible actualización de un sistema tributario diseñado en la Transición, la necesidad de reforzar unos ingresos estructurales que se han mostrado insuficientes y la importantísima descentralización política, del gasto y del ingreso. No es objeto del libro de Lago y Vaquero –ni de estos comentarios- analizar las dos primeras motivaciones, pero sí la tercera, en lo que atañe a la distribución territorial del poder tributario.
Como señalan los autores, el “modelo español” tiene singularidades propias, algunas negativas, pero otras francamente positivas que incluso otros podrían imitar. Bastaría recordar la rapidez y la limpieza con las que hemos transitado desde un Estado dictatorial y centralista a uno democrático y descentralizado.
A partir de estas premisas, parece obvio que la reforma del sistema de financiación autonómica y del sistema fiscal debe ser urgente, pero sobre todo ha de ser fruto de un doble consenso, construido entre comunidades autónomas (CCAA) y entre partidos de ámbito estatal. Idealmente, la Conferencia de Presidentes y el Senado deberían ser los foros de discusión y acuerdo para este ambicioso propósito, sin perjuicio de la asistencia técnica que brinde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el asesoramiento de otros organismos o equipos expertos.
En estrictos términos de Economía Política, pero también de recaudación, la hipotética supresión de un impuesto debería ser siempre la solución última en toda reforma fiscal, dados los elevados costes que supondría su eventual reimplantación o su sustitución por otro tributo, sin olvidar tampoco el valor informativo y censal que se podría perder.
Como se constata en el libro, España se homologa en cuanto a la descentralización normativa del poder tributario hacia el nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, existe un evidente problema de percepción de restricción presupuestaria blanda y, por tanto, de falta de incentivos para el ejercicio efectivo de esa capacidad normativa, salvo en situaciones de clara emergencia financiera, como se ha visto desde 2008. La relativa juventud del Estado de las Autonomías, como también se señala en el libro, puede acarrear problemas de bisoñez o desconfianza, pero tiene una grandísima fortaleza: la homogeneidad de las bases imponibles. En esto no se debería retroceder, troceando su definición, ya que se comprometerían la eficiencia, la equidad, la simplicidad, la unidad de mercado y la lucha contra el fraude.
El camino hacia la federalización del Estado de las Autonomías debe pasar por una clara separación de espacios fiscales para cada nivel de gobierno. Antes, quizás fuese bueno acotar los conceptos manejados en la confusa jerga de la financiación autonómica para mejorar su visibilidad.
Como señalan los autores, el “modelo español” tiene singularidades propias, algunas negativas, pero otras francamente positivas que incluso otros podrían imitar. Bastaría recordar la rapidez y la limpieza con las que hemos transitado desde un Estado dictatorial y centralista a uno democrático y descentralizado.
A partir de estas premisas, parece obvio que la reforma del sistema de financiación autonómica y del sistema fiscal debe ser urgente, pero sobre todo ha de ser fruto de un doble consenso, construido entre comunidades autónomas (CCAA) y entre partidos de ámbito estatal. Idealmente, la Conferencia de Presidentes y el Senado deberían ser los foros de discusión y acuerdo para este ambicioso propósito, sin perjuicio de la asistencia técnica que brinde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el asesoramiento de otros organismos o equipos expertos.
En estrictos términos de Economía Política, pero también de recaudación, la hipotética supresión de un impuesto debería ser siempre la solución última en toda reforma fiscal, dados los elevados costes que supondría su eventual reimplantación o su sustitución por otro tributo, sin olvidar tampoco el valor informativo y censal que se podría perder.
Como se constata en el libro, España se homologa en cuanto a la descentralización normativa del poder tributario hacia el nivel intermedio de gobierno. Sin embargo, existe un evidente problema de percepción de restricción presupuestaria blanda y, por tanto, de falta de incentivos para el ejercicio efectivo de esa capacidad normativa, salvo en situaciones de clara emergencia financiera, como se ha visto desde 2008. La relativa juventud del Estado de las Autonomías, como también se señala en el libro, puede acarrear problemas de bisoñez o desconfianza, pero tiene una grandísima fortaleza: la homogeneidad de las bases imponibles. En esto no se debería retroceder, troceando su definición, ya que se comprometerían la eficiencia, la equidad, la simplicidad, la unidad de mercado y la lucha contra el fraude.
El camino hacia la federalización del Estado de las Autonomías debe pasar por una clara separación de espacios fiscales para cada nivel de gobierno. Antes, quizás fuese bueno acotar los conceptos manejados en la confusa jerga de la financiación autonómica para mejorar su visibilidad.
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