La frase del título es una de esas que nos deberían servir siempre como acicate para avanzar en la vida. Y, desde luego, también en el camino hacia un mejor funcionamiento del sector público.
Por ejemplo, dado que resulta obligada la evaluación continua y la retribución diferencial del desempeño de los empleados públicos, no es posible eludirla, inventando excusas basadas en la eterna búsqueda de un sistema ideal que nunca llega. Mientras tanto, "la casa sin barrer", es decir, un injusto e ineficiente igualitarismo en sueldos, complementos y escalafones.
Otro ejemplo. Si la necesaria corrección de un evidente defecto de diseño en un impuesto (pongamos, un error de salto o un beneficio fiscal regresivo) queda frenada por falta de acuerdo entre posiciones maximalistas (unos abogan por eutanasiar el impuesto; otros por dejarlo irreconocible), al final el resultado es la situación actual. En otras palabras: por no ser capaces de acordar "lo mejor" o acaso "lo menos malo", lo cierto es que seguimos en la nefasta situación actual, la peor de todas. La falta de acuerdo sólo implica favorecer la prolongación del mal que se trata de corregir.
En muchas esferas de lo cotidiano, la política o la economía, la alternativa a no hacer nada, bajo la peregrina disculpa del miedo a lo nuevo, es seguir donde estamos, perpetuar el statu quo que, en muchas ocasiones, es una alternativa muy mala. Quizás la peor de todas.
Pues bien, lo mejor es enemigo de lo bueno, también en materia de financiación autonómica.
No podemos aspirar a diseñar -y aún menos a hacer funcionar- un sistema óptimo, por la sencilla razón de que tal cosa no existe. ¿Óptimo para quién? ¿Para el gobierno central? ¿Para una comunidad autónoma concreta? ¿Para un grupo de ellas? ¿Para desplegar espacios fiscales propios o para asegurar la suficiencia, aunque sea a costa de doblegar la autonomía financiera?
Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero eso tampoco significa que debamos conformarnos con reformas efímeras o cicateras. Aplicado al sistema de financiación autonómica, no sería razonable abrir un debate técnico y político de altura para terminar en poca cosa. No se puede admitir un parto de los montes lleno de ratones. Si el avance va a ser infinitesimal, mejor nos quedamos donde estamos y ahorramos elevados costes de transacción.
El diagnóstico está hecho, los problemas del sistema son conocidos y sus consecuencias están cuantificadas. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues probablemente por el debate y el acuerdo en torno a mejoras que supongan avances parciales, pero significativos, particularmente sobre cuestiones orientadas a cuatro líneas de actuación.
La primera, para constatar que esta vez no será posible recurrir a la financiación "extra"aportada en exclusiva por la Hacienda central, por la sencilla razón de que el intenso proceso de consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno -incluido ese- impide tal cosa. Es decir: o se reparte de otra forma el montante actual (juego de suma cero, por tanto, con ganadores y perdedores absolutos) o se acuerda incardinar más estrechamente el propio sistema de financiación autonómica con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La segunda, relativa al aumento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en tributos, directos e indirectos, compartidos y propios. Unido a esto deben introducir los mecanismos apropiados de refuerzo de la corresponsabilidad fiscal efectiva, no sólo teórica.
La tercera, para garantizar una nivelación suficiente, bajo un amplio acuerdo político sobre el concepto "español" de equidad, aunque sin llegar a construir un sistema distorsionador. En paralelo, también se debe avanzar hacia una valoración adecuada de las necesidades de gasto en términos reales y -una vez más hay que repetirlo- reconducir los resultados de los sistemas forales vascos y navarro.
La cuarta, para analizar las causas del endeudamiento, con especial referencia al periodo 2009-2016, de tal forma que puedan ser tratadas de forma diferenciada, desde luego, huyendo de soluciones fáciles o perdones universales que sólo producirían una sensación de agravio y un serio problema de riesgo moral.
Quedan lejos otros tiempos en los que las costuras del sistema sólo estaban hilvanadas, pudiendo ensayarse patrones y tallas más amplias. Desde el modelo de 2002, pero sobre todo desde 2009, hay ciertos límites que ya no se pueden sobrepasar. Uno muy evidente es la cesión de ciertos tributos (algunos ya en el 100% o con porcentajes que, de ser mayores, podrían comprometer la propia suficiencia de la Hacienda central). En cambio, hay parcelas yermas que podrían ahora comenzar a dar fruto, como es el caso de una imposición indirecta más descentralizada hacia las comunidades autónomas.
El puzle o sudoku, como se dijo en algún momento, puede encajar, pero eso no asegura que el resultado sea siempre deseable. Lo único que se habría conseguido en ese hipotético caso es un consenso basado en demasiadas renuncias.
¿Hay solución entonces? Debe haberla. Tiene que haberla. Que sea en 2017 ya parece una utopía, más aún con gobiernos en precario y parlamentos tremendamente fragmentados. Pero es el objetivo.
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