El IBI de la Iglesia Católica con Toni Garrido en RNE

El programa Asuntos Propios de RNE, dirigido por Toni Garrido, me hizo una entrevista (minuto 34) sobre la propuesta del PSOE para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por sus inmuebles no destinados al culto.

Tribuna de opinión en 'Cinco Días'

Hoy me publican en Cinco Días esta tribuna de opinión que, un poco más elaborada, viene de las líneas que preparé con motivo de mi participación como moderador en esta mesa redonda.


Economía en tiempo de tribulación

Vivimos tiempos ciertamente inciertos, valga el juego de palabras. Es el peor momento para una generación, la mía, acostumbrada a disfrutar de amplios derechos (no privilegios ni comodidades), por los cuales pelearon, trabajaron y entregaron su vida nuestros antepasados. Resulta muy oportuno reivindicar esa sangre, ese sudor y esas lágrimas, frente a quienes pretenden aprovechar esta coyuntura para recortar en cuestiones esenciales. No es ya que estemos "tocando el fondo", como escribió Gabriel Celaya y cantó Paco Ibáñez. Es que ni siquiera vemos ese fondo con claridad.



Fuente: The Economist



Desde que empezó la crisis, hemos pasado por tres etapas. Una primera, ya olvidada, con coordinación internacional, pero también con declaraciones grandilocuentes ("refundaremos el capitalismo", "meteremos en cintura a la banca" y otras lindezas).

Un segundo momento de cierto optimismo pragmático, cuando se sacó de la tumba académica a Keynes y los Gobiernos acometieron políticas de estímulo fiscal. Esto permitió mitigar el impacto de la crisis y, al tiempo, quebró el paradigma de la desregulación de los mercados financieros y el papel subsidiario del sector público.

La tercera fase, en la que estamos, propició un duro ajuste en el que Keynes volvió a su panteón y esta vez tiraron la llave de la cerradura.

¿Habrá una cuarta fase y un nuevo énfasis en el crecimiento de la economía y el empleo? Pues sospecho que depende mucho de lo que pueda pasar tras las elecciones francesas, las de EE UU y las alemanas. ¡Ay, la globalización!

Durante una recesión, lo peor que podemos aplicar es una austeridad excesiva porque solo provocaremos un agujero económico aún mayor. O cambiamos de rumbo o caminamos hacia el "suicidio económico" de Europa, por utilizar la afortunada expresión de Paul Krugman. No podemos ser esclavos de la numerología contable de inspiración alemana, proscribiendo siempre el déficit público y la inflación, algo que ya sostienen hasta los economistas del FMI en su último informe de situación. Con las cifras de paro que tiene España, el drama y el conflicto social pueden ser de órdago, si no hacemos algo diferente ya.

Existen alternativas y muchas de ellas pasan por hacer lo que no se quiso hacer durante décadas. Entonces se demonizaban los impuestos, escuchando a diario ofertas de rebajas fiscales a líderes políticos de todo signo y condición. Esa batalla algunos la dieron por perdida antes de tiempo y claudicaron ante lo que solo era una visión fragmentaria de las cosas. Como "España iba bien", los ingresos cíclicos permitían seguir gastando y por eso no se notaba la silenciosa sangría de ingresos estructurales. Hasta que llegó la crisis y "mandó a parar". Entonces vimos en toda su crudeza el deterioro al que habíamos sometido al sector público y comprobamos cómo el Estado se había quedado debilitado para hacer frente con eficacia a los mercados. Ahora constatamos que las siguientes piezas a cobrar van a ser los servicios públicos fundamentales.

No digo que haya que gastar sin control, pero sí que los ajustes se hagan de forma coordinada y en periodos más razonables de tiempo. Al lado de esto, el Banco Central Europeo se debería implicar más en facilitar el crecimiento y el empleo, aunque fuese a costa de elevar la inflación temporalmente.

La Economía, esa "ciencia lúgubre", como dijera Thomas Carlyle, puede ser también la "economía humanista" de José Luis Sampedro. Economistas los hay buenos, malos y pésimos; progresistas y conservadores; monetaristas y keynesianos; europeos, americanos y -cada vez más- asiáticos. También los hay críticos, si es que esa crítica significa contraponer ideas y argumentos a cierta ortodoxia dominante. Parafraseando a José Ángel Valente, huyamos de los economistas que "creen tener razón solo por haberla tenido".

Los economistas cotizamos a la baja en estos momentos, aunque no sé si tanto como los políticos (ahora mismo, me compadezco de quien sea ambas cosas a la vez). Muchas veces nos ridiculizan, metiéndonos a todos en el mismo saco, diciendo con sorna que somos los predictores del pasado o los que ofrecemos explicaciones de lo obvio. Mucha gente piensa, como Woody Allen, que la economía solo es "el estudio del dinero y de la razón por la cual este es bueno".

En defensa de la profesión hay que decir que los economistas no somos futurólogos, si bien tampoco deberíamos jugar a serlo. Cada vez que leo un nuevo informe de las agencias de calificación o de algún instituto de predicción me pregunto por qué van a tener ahora más credibilidad que los que elaboraron antes de la crisis y que tanto contribuyeron al desastre.

No hay una economía. Hay muchas formas de enfocar los problemas de asignación, redistribución y estabilización. Quien ose imponer las suyas, basándose en una supuesta superioridad, debe presentar evidencia sólida y no un simple apriorismo ideológico. Muchas veces se parte de falsos axiomas y de supuestos irreales, lo cual nos conduce a conclusiones precocinadas y sesgadas. Si hacemos caso a la tautología de Jacob Viner, "la economía es lo que hacen los economistas". Nadie tiene la verdad absoluta.

La economía tampoco es grande porque debe interrelacionarse a diario con la sociología, la psicología, la filosofía, el derecho, la ciencia política, las ciencias de la naturaleza o la Ingeniería. Yo recomendaría a algunos colegas economistas un poco de humildad, por mucho aparato matemático que utilicen o por mucho que en ciertos momentos su pensamiento esté de moda.

La economía no es, en fin, nada libre, dada su dependencia de la cambiante y compleja sociedad en la que se enmarca, así como de los sistemas democráticos en los que opera. Allá donde la economía parece funcionar bien, pero no existen democracia ni derechos, algo elemental está faltando (China es un excelente ejemplo).

Thomas Paine, uno de los padres intelectuales de la independencia de EE UU, afirmaba que "hay momentos en que el sentido común se convierte en revolucionario". Si somos capaces de aplicar un poco de esa receta, podemos volver a subir pronto al tren del progreso económico y del desarrollo humano.



Asturias no va a ser intervenida

 

Los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la educación y la sanidad para superar la crisis económica actual «no son inevitables, ni mucho menos la única alternativa». Así de contundente se mostró ayer el investigador del departamento de Economía de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera, durante su conferencia «Presupuestos del Estado: de la austeridad al recorte en los servicios básicos», pronunciada en la Casa del Pueblo, y que contó con la presencia de la edil socialista Margarita Vega. 

 

Para el economista, «es evidente que el panorama actual exige medidas contundentes, pero el Gobierno debe actuar sobre dos vías complementarias, los ingresos y los gastos». En base a esta teoría, es necesario recortar gastos, «sin que necesariamente haya que reducir los servicios básicos», y aumentar los impuestos. Como ejemplo, Fernández Llera aludió a la reciente subida del IRPF, al aumento del IBI en los ayuntamientos y al incremento del IVA en 2013, que «no hacen otra cosa que crear malestar en los ciudadanos, ya que son medidas aisladas, que actúan como parches y no atienden a una revisión integral de la política fiscal. En economía no hay nada peor que la incertidumbre, y eso es lo que está pasando». 

 

Las transferencias autonómicas en materia de Educación y Sanidad harán, según el economista, que «muchas comunidades se nieguen a recortar los presupuestos, tal y como ha hecho el País Vasco ante el Tribunal Constitucional». Ante este panorama, una posible solución para Fernández Llera reside en que «España debe pedir a la Unión Europea un período de ajuste más largo, es decir, una senda más creíble de consolidación fiscal, más allá de 2015 o 2016». 

 

Respecto a la situación asturiana, ante una posible intervención del Ministerio de Hacienda si el Principado no cumple con el objetivo de déficit, Fernández Llera fue contundente: «Asturias no va a ser intervenida, están otros mucho peor, como Castilla-La Mancha o Valencia. Nuestros indicadores de deuda y déficit no son tan malos, por lo que el aviso de Hacienda responde a un toque de atención al PP asturiano para que resuelva sus problemas internos y al propio Cascos, es decir, se ha utilizado al Ministerio para fines meramente políticos». Para Fernández Llera, la falta de un Gobierno en Asturias repercutirá negativamente en la economía «de no comenzar de inmediato a tomar medidas revisionistas urgentes». Un mes y medio después de las elecciones, el panorama político asturiano sigue sin resolverse, y para el economista «es terrible pensar que Andalucía también votó el 25 de marzo, ha constituido el Gobierno y acaba de tomar las primeras decisiones importantes, mientras aquí se ha optado por la vía judicial, llegando a una situación insostenible para la ciudadanía».

Crónica de E. V. para La Nueva España, del 16 de mayo de 2012

Irresponsabilidad compartida

El sábado pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sacaba una nota de prensa en la que alertaba, refiriéndose a Asturias, de que "la situación de Gobierno en funciones existente en esa Comunidad impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria" (sic).

En otras palabras, aunque sin nombrarlo, se culpa a Álvarez-Cascos de la inestabilidad política, la parálisis presupuestaria y el retardo en la formación del nuevo gobierno autonómico. Ahí es nada. Y se hace, por cierto, mediante escueta nota de prensa, un instrumento cada vez más habitual en la política española y asturiana.

El Principado de Asturias era hasta 2011 y, con todo, lo sigue siendo, una de las comunidades autónomas con mejores ratios de deuda. Esto hay que decirlo bien alto y bien claro. Estamos por debajo de la media y a años luz de los niveles de endeudamiento de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o de ayuntamientos como el de Madrid. Por tanto, parece claro que no estamos para nada en riesgo de insostenibilidad.

En este contexto, hablar siquiera de una intervención o de una tutela estatal de las cuentas autonómicas es una frivolidad peligrosísima. Desde hoy, gracias a Montoro, Álvarez-Cascos y Rajoy, Asturias pagará una prima de riesgo mayor. O sea, más intereses por nuestra deuda, menos dinero disponible para otros gastos y una hipoteca mayor para el gobierno entrante.

Podría parecer que en realidad el Gobierno del España le está diciendo “algo” al PP de Asturias, no sé qué exactamente, pero “algo” para que deshaga de una vez el nudo gordiano de la Junta General del Principado de Asturias. A mi juicio, el “intervenido” podría ser el propio PP de Asturias, no la Comunidad Autónoma. Pero esa es otra historia y tiene más que ver con que el PP y Álvarez-Cascos nunca han tenido complejos en usar las instituciones para dirimir sus peleas internas.

Otra carrera en Oviedo

Entre asfalto, adoquines, cuestas y magnolios, se celebró la II Carrera Divina Pastora en Oviedo, con 10 km. de nada.

Sensaciones agradables y muy "buen rollo". Competían Marta Domínguez (ganadora en féminas) y Fermín Cacho (campeón).

El tiempo, teniendo en cuenta la dureza del recorrido (¡maldito Campillín...!) y mi falta de entrenamiento, fue prácticamente idéntico, hasta un poco mejor, que el del año pasado en el mismo circuito: 43:53, frente a los 43:59 de 2011. A 4:23 por kilómetro. Satisfecho.

En este enlace está el vídeo de los que llegamos en mi tiempo.

Entrevista en la Cámara de Cuentas de Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía y la revista Auditoría Pública me hacen esta entrevista, con motivo de mi participación en algunos cursos de formación de la institución, coincidiendo además con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Quiero dejar constancia pública de mi agradecimento a la Cámara de Cuentas de Andalucía, en particular, a Antonio López Hernández (Presidente), Concha Silva (Responsable de Formación), Consuelo Rus (Auditora) y Carlos Castelló (Responsable de Prensa).

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En los informes que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizó sobre la aplicación del SEC95 al sector público autonómico andaluz se señalaron algunos ejemplos de empresas públicas que deberían formar parte del perímetro de consolidación. ¿Deben los OCEX fiscalizar a las empresas públicas que están fuera de dicho perímetro con el objetivo de valorar, no solo su posible integración en el mismo, si no la sostenibilidad financiera de su endeudamiento?

La nueva Ley Orgánica 2/2012 establece obligaciones muy concretas sobre transparencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad de la deuda y gasto público que las Administraciones Públicas deben ser capaces de cumplir o, en caso contrario, se arriesgan a ser sancionadas. Por parte de los OCEX, cualquier esfuerzo adicional por fiscalizar la gestión pública será bienvenido, en particular, sobre sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios, a la vista de su fuerte crecimiento en los últimos años. Dicho esto, es cierto que con los criterios del SEC-95, sólo las entidades institucionales públicas no orientadas al mercado deben ubicarse dentro del perímetro de consolidación, lo cual exige para dicha entidad autonomía presupuestaria y de gestión, participación y control efectivo por parte de la Administración Pública de origen y que sus ingresos por ventas no alcancen el 50% de los costes de producción. ¿Qué pasa entonces con otras entidades incluidas en el Inventario de Entes del Sector Público o incluso con algunas fórmulas de colaboración público-privada que no caen dentro del perímetro de consolidación? Aunque aquí hay diferentes interpretaciones doctrinales, en mi modesta opinión también deberían ser fiscalizadas, por motivos de transparencia. Si para ello es necesario modificar alguna normativa legal, pues bien podría hacerse sin mayor problema. Hay una prueba muy lógica que podemos hacer: mutando el conocido lema de “demasiado grande para caer”, sabremos si una entidad es “demasiado pública para caer” cuando en la hipótesis de que se le retirasen los ingresos que percibe de las Administraciones Públicas, simplemente desaparecería por inanición.

¿Deben fiscalizarse los programas económico-financieros de reequilibrio de las CC.AA. por sus respectivos OCEX, por el Tribunal de Cuentas o podría ser un informe conjunto?

Por razones de eficacia e inmediatez, yo creo que esa fiscalización deberían hacerla en primera instancia los OCEX de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que el Tribunal de Cuentas emita después informes recopilatorios y de síntesis que, sin duda, serían de gran utilidad. Además, es inevitable que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto al propio Tribunal de Cuentas y los OCEX autonómicos vayan alimentando una base de datos común que sistematice toda la información presupuestaria y contable, así como los informes de situación cíclica, documentos de trabajo y planes económico-financieros y de requilibrio que la nueva normativa establece. Insisto, la transparencia nunca es mala en este ámbito, pero debe haber un orden o se impondrá el caos informativo.

¿Estará preparado el sector público, en especial el autonómico, para cumplir con la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera?

Por supuesto que están preparadas todas las Administraciones Públicas. A veces es más cuestión de voluntad política que de otra cosa. Eso sí, hay que hacer una excepción con los Ayuntamientos más pequeños, para los cuales va a ser imposible cumplir con muchas de las nuevas obligaciones registrales, contables e informativas, por simple carencia de medios materiales y humanos. Pero este es un problema estructural cuya resolución pasa por diseñar un mapa sensato de competencias municipales y una financiación local más realista. En caso contrario, la opción que queda es la de las fusiones municipales u otras fórmulas de colaboración que permitan dotar de “músculo” a la Administración local.

¿Qué papel deben jugar el resto de OCEX en la verificación de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera?

Resulta sorprendente que la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ni siquiera mencione al Tribunal de Cuentas o a los OCEX de las Comunidades Autónomas. Quiero pensar que es un olvido inocente y que no existe intención por parte del legislador de menoscabar la fundamental tarea que despeñan estos órganos. Solamente con fiscalizar el cumplimiento de los límites de déficit estructural, deuda pública y gasto, así como las obligaciones de transparencia, la tarea es inmensa y muy retadora.

El proyecto de Ley de Transparencia prevé que los Entes del sector público deberán dar publicidad a la información sobre contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, retribuciones y compatibilidades de altos cargos y calidad de los servicios públicos. A su juicio ¿es suficiente esta regulación o piensa que esta publicidad debería abarcar otro tipo de actividades?

Vuelvo a insistir en que la transparencia pocas veces conduce a malos resultados, además de servir como vacuna frente a conductas poco éticas o incluso delictivas. Aquí la reflexión sería mucho más amplia y nos debería hacer pensar por qué ahora que estamos en crisis al ciudadano medio le preocupan tanto la corrupción o los sueldos de los políticos, pero en cambio ese mismo ciudadano medio votó a veces a políticos incursos en causas de corrupción o fraude o contribuyó a comportamientos ilícitos, por ejemplo, a la hora de contratar con la Administración Pública o de liquidar sus propios impuestos. En definitiva, transparencia, sí, pero esto es más un problema de educación ciudadana y de ética pública.

¿Considera que el régimen de sanciones que introduce el citado proyecto de ley, que prevé hasta la inhabilitación para cargo público de 5 a 10 años, va a ser efectivo? Con estas medidas ¿se conseguirán evitar posibles casos de corrupción?

Lo considero un avance, pero en todo caso es una medida que será útil o no en función de su cumplimiento efectivo. Lo que no podemos es estar continuamente amenazando con el Código Penal o con sanciones administrativas a quien incumple unas normas elementales de comportamiento en el Sector Público. Se ha propuesto desde algunos ámbitos la tipificación de un nuevo delito económico por fraude presupuestario, aunque personalmente dudo de su practicidad. Como es obvio, a quien delinque, se le deberá aplicar la justicia con todo su rigor. Pero las mayores sanciones ciudadanas para el empleado público o para el político que se corrompe deberían ser la indiferencia y la condena social hacia esa persona. Presunción de inocencia, toda, pero acompañada de ética pública y de responsabilidad política.