Un libro abierto es un cerebro que habla

De izquierda a derecha, coordinador, rector, síndico mayor y catedrático
FOTO: Mario Rojas (El Comercio)

Hace tres años presentábamos en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo el libro Impuestos para todos los públicos. Esta semana volvimos a la misma sede para presentar el libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi (Thomson Reuters), con la colaboracion del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, quien citó un proverbio hindú muy apropiado para el caso: "Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora". También participaron en la mesa el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo Fernández y el catedrático de Economía Aplicada, Javier Suárez Pandiello. Para los tres no tengo más que agradecimiento por su amables y cariñosas palabras, hacia mí y hacia el libro.

En lo que sigue, hay una tribuna de opinión publicada en La Voz de Asturias (¡de vuelta!) que resume mi intervencion en el acto de presentacion. Al final, un dossier de prensa y varias fotos.

Economía del gasto público para mayores de edad

Toda persona es contribuyente y beneficiaria del gasto público desde que nace. Por eso, resulta ineludible adquirir un umbral mínimo de formación para alejar demagogias o insensateces, explotadas por quienes utilizan el conocimiento con fines poco loables. Debemos ser “mayores de edad” para imprimir algo de seriedad en todo debate público, dirigiendo esta constructiva reprimenda a quienes hablan desde el atrevimiento de la ignorancia o desde el atril de la promesa vacía. Si algo tenemos que pretender es “que el rigor no se pase de moda y que los argumentos nos doren la piel”, parafraseando a Sabina.

Es evidente que una nueva autovía produce un beneficio social, pero quizás no sea suficiente para compensar la inversión, el daño ambiental o el coste de oportunidad. Ya Flórez Estrada criticaba en su Curso de Economía Política “los consumos de lujo” y “los gastos hechos para impedir o comprimir los progresos de las luces”. En lenguaje actual: los despilfarros y los gastos culpables de postergar la educación pública.

Otro ejemplo. Cuando se afirma que “hay que reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública”, ¿se quiere decir que hay que bajar el sueldo al personal sanitario y, en cambio, seguir construyendo nuevos hospitales? Y otro más: ¿debemos subir las pensiones de jubilación o mejorar la red de residencias? De nuevo, la respuesta, depende de nuestras preferencias, pero también de criterios rigurosos de evaluación. Con seguridad, el único que no tiene razón es quien afirma querer hacer todo a la vez y, además, bajar impuestos y reducir el déficit. La cuenta, así, no sale.

El gasto público no es un problema en España por excesivo: 43,3% del PIB en 2015, cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona. En todo caso, el tamaño del sector público no es un dogma, sino una cuestión de preferencias sociales que van mutando y se sustancian sobre renovados acuerdos políticos. Hay que decirlo una vez más: el gran problema de la Hacienda Pública española son los ingresos, sobre todo los impuestos, ya que no alcanzan para financiar el gasto público. Las causas se conocen (en síntesis: economía sumergida, fraude fiscal y mal diseño de ciertos tributos) y por eso hay que atacarlas de raíz y sin dilación. La nefasta consecuencia es que todos los años se genera un déficit estructural considerable.

Frente a la actuación habitual de estimar los ingresos para aproximar el gasto que se podrá ejecutar, el sector público tiene la ventaja de que puede hacerlo a la inversa. Pongámonos políticamente de acuerdo en qué y cuánto queremos gastar, tratando después de allegar los recursos necesarios para ello, determinando qué impuestos subimos, a tenor también de nuestro margen de endeudamiento. Las consecuencias de ambos procedimientos son muy diferentes. Además, hay otros tres grandes retos para el gasto público en España: eficiencia, economía y equidad. Los tres son mandatos constitucionales y los tres deben formar parte de esas orientaciones básicas.

Gastar es gobernar y gobernar es gastar. Si hay algún ámbito donde la política y la economía se dan la mano, ese terreno es el del gasto público, con permiso de los impuestos, con los que hay que trabajar en simbiosis. Por ello, debemos apostar por un modelo de gasto que no ponga en riesgo el propio sector público, pero que al mismo tiempo sea suficiente para promover el progreso social y el desarrollo económico. No hay que olvidar que las políticas públicas se despliegan para mejorar la calidad de vida de las personas y que cualquier cosa que se haga mal ahora, repercutirá tarde o temprano.

Por todo lo dicho hasta ahora, la Universidad debe seguir haciendo esa investigación que Tomás y Valiente calificó de “inútil” (sic), no por su irrelevancia, sino porque reporta escaso fruto académico y retributivo al investigador, pero resulta imprescindible para reivindicar la historia, promover la cultura y educar a una ciudadanía que demanda análisis asequibles del mundo. La Universidad de Oviedo siempre ha sido un buen ejemplo en este sentido, desde aquel Grupo de Oviedo y aquella primera Extensión Universitaria que hoy sigue buscando nuevos horizontes. Por eso es importante que se debata y se escriba con valor, en la doble acepción de valentía y utilidad.

Tenemos que repensar los fundamentos del gasto público en la economía, incorporar plenamente el paradigma de la estabilidad presupuestaria, reforzar el control en todas sus extensiones y hacer más transparente el papel de la opinión publicada, para no engañar ni confundir. En lo que se refiere al Estado del Bienestar, la apuesta es porque la Unión Europea siga siendo la referencia en el mundo, aunque son necesarias algunas correcciones, sin dañar la esencia del sistema. España en concreto tiene aquí grandes desafíos, pero uno muy importante se observa en cada extremo vital: las escuelas infantiles y el cuidado de nuestros mayores, sobre todo cuando son personas con dependencia. Estas líneas de avance se relacionan con la estructura del mercado laboral y con una conciliación que todavía corre contra las mujeres.

Otras parcelas de gasto público también son decisivas porque nos jugamos derechos fundamentales y libertades públicas. Así, son vitales para la democracia la defensa nacional o la financiación de procesos electorales y partidos políticos. Finalmente, tampoco podemos olvidar el territorio como parámetro, sumando las dimensiones local, autonómica, estatal y europea del gasto público. Todo esto es mejorable, pero en modo alguno prescindible.

En estos días de incertidumbres y ansias de dejar atrás una crisis demasiado duradera e injusta, el gasto público puede ser parte de la solución, si se sabe actuar con altura de miras y rumbo claro.

(publicado en La Voz de Asturias el 30 de junio de 2016)

DOSSIER DE PRENSA

Previas

• LA NUEVA ESPAÑA
• EUROPA PRESS
• RADIO ASTURIAS - SER (entrevista) - minuto 37
• DUO - UNIOVI

Posteriores

• TPA y TPA - minuto 20
• RPA (entrevista) - minuto 50
• EL COMERCIO
• LA NUEVA ESPAÑA
• CES-Principado de Asturias
• LA VOZ DE ASTURIAS (tribuna de opinión)

 

Autonomía financiera en fuera de juego

No entiendo mucho de fútbol. Ni siquiera me gusta demasiado este deporte cuando es de élite, lo cual parece casi una herejía en España, sobre todo si se proclama durante una Eurocopa. Sin embargo, sí conozco perfectamente cuál debe ser el papel del árbitro en el campo: aplicar el reglamento e interpretarlo cuando hay dudas, haciendo ambas cosas sin dejarse notar, ni tratando de imponer sus preferencias personales.

Viene esto al hilo de la última sentencia del Tribunal Constitucional (el árbitro) en materia de financiación autonómica, la que lleva fecha de 15 de junio de 2016. En ella, se desestima el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra varios artículos de la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Por un lado, el Tribunal Constitucional avala el uso que se hace de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Como es sabido, toda ley orgánica exige una aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y, por tanto, se impide su eventual modificación mediante una ley ordinaria por mayoría simple. Sobre esta cuestión, digamos únicamente que el árbitro ha sido coherente, aun a costa de restar capacidad de maniobra a las futuras Cortes Generales.

El segundo elemento hace referencia al fondo del asunto, es decir, si el Estado está facultado para retener los recursos del sistema de financiación para pagar directamente a los proveedores de las comunidades autónomas (CCAA). La respuesta dada ha sido afirmativa, entendiendo que este mecanismo no vulnera los principios constitucionales de autonomía política y autonomía financiera.

Con todo, el Tribunal Constitucional reconoce que la cuestionada retención de recursos produce una evidente limitación a la autonomía financiera de las CCAA, aunque no por ello se incurre en vicio de inconstitucionalidad. Según su argumentación, este mecanismo es “adecuado” (el fin de la estabilidad presupuestaria justifica los medios empleados), “necesario” (asegura el pago a proveedores y limita el endeudamiento autonómico) y “proporcionado” (sólo se activa si la comunidad autónoma no toma las decisiones necesarias y suficientes para pagar a sus proveedores).

Parece claro que el árbitro ha querido parar el partido. O, mejor dicho, lo ha vuelto a detener, como cuando declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por la mínima, con una sentencia ganada por un exiguo 7 a 5, casi en los penaltis. La nueva sentencia vuelve a contar con un claro enfrentamiento doctrinal, plasmado en 3 votos particulares discrepantes, lo que da una idea de que el árbitro sigue dando ventaja al equipo con la camiseta contraria a una mayor autonomía financiera de las CCAA. En efecto, esos tres votos particulares inciden en ideas bastante sensatas, como que la autonomía financiera de las CCAA no se puede trocear, ni sus competencias pueden ser ejercidas por sustitución por el Estado, ni la LOFCA tiene un alcance irrestricto, ni la retención unilateral de recursos puede suplantar a las lógicas relaciones de coordinación y control.

Debe preocuparnos, antes que nada, el hecho de que asuntos de esta enjundia política y financiera para el Estado de las Autonomías se terminen decidiendo en el Tribunal Constitucional y no en las Cortes Generales. En segundo lugar, es igual de angustioso que tales decisiones se sigan adoptando con exiguas mayorías que, por definición, en un futuro podrían ser modificadas bajo una sensibilidad más favorable a la descentralización. En tercer lugar, es preciso advertir de la inseguridad jurídica que provoca el efecto combinado de una mala legislación y una cuestionable interpretación (podríamos colocar aquí también el sainete vivido con los impuestos sobre depósitos bancarios). Finalmente, debemos alertar de que un principio constitucional como el de estabilidad presupuestaria (artículo 135 de la Constitución) no tendría por qué pasar por encima de otros principios de idéntico rango, en particular, el de autonomía financiera (artículo 156.1 de la Constitución).

En fútbol, cuando un jugador está en fuera de juego, pero no interfiere a un adversario, ni altera el lance, ni obtiene beneficio de dicha posición, el árbitro debe dictaminar que la jugada continúe. Algo similar a la aplicación de la “ley de la ventaja”. De otro modo, se pierde dinamismo y se adultera la competición. En el caso que nos ocupa, si no está claro el veredicto de constitucionalidad o cuando sus hipotéticas consecuencias pueden ser funestas, el partido debería seguir, permitiendo a las CCAA que avanzan en su autonomía financiera seguir haciéndolo, siempre dentro del marco de restricciones que imponen la Constitución y la lógica del federalismo fiscal.

En suma: exijámosle al árbitro constitucional que deje de ser tan casero –contra la autonomía financiera de las CCAA- y que no interrumpa el juego del Estado de las Autonomías. Al menos, para quien quiere correr la banda, centrar o rematar a gol, eso sí, dentro del reglamento.

Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 21 de junio de 2016