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| Elgar (1984): La transición, en bragas, Planeta, Barcelona |
Hace exactamente 50 años se estrenaba
Ninette y un señor de Murcia, famosa obra de Miguel Mihura con varias adaptaciones teatrales y cinematográficas posteriores. Describía bien aspectos de aquella España del desarrollismo y la ausencia de libertades que murió con la Transición, para dar paso a la democracia y el Estado de las Autonomías, con su archiconocido “café para todos”.
Ahora, cuando ya hemos recorrido década y media del siglo XXI, nos volvemos a preguntar, con cierta autocontemplación, qué queremos ser en España (asunto identitario y sentimental donde los haya), cómo organizamos nuestro sistema político y de dónde sacamos la financiación para pagar la factura. Hay otra pregunta evidente y es cómo salimos de esta nefasta crisis económica, pero me temo que esta respuesta tardaremos todavía en conocerla.
El debate político y académico de las últimas décadas en materia de financiación autonómica ha pasado por varios estadios (cesión de competencias por el coste efectivo, descentralización de impuestos, control del endeudamiento) y todo para terminar casi donde empezamos: con unas
nacionalidades históricas insatisfechas con su estatus político y financiero, al lado de otras
regiones improvisadas que estarían deseando ser un distrito federal o hasta volver a ser una diputación provincial. Y en el medio, el común de los españoles, tratando de comprender por qué aquel café ya no le gusta ahora a nadie y, al tiempo, encontrándose
huérfano de una defensa de lo común. Pues, ¿qué cosa si no esto último es el
federalismo? De forma muy grosera, este modelo de organización se define antes que nada por unos cuantos elementos compartidos indiscutibles, entre los que cabría destacar la garantía universal de igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales, obviamente, sin que ello deba entenderse como uniformidad. Así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional y así debe ser. Una descentralización sin diferencias –por supuesto, dentro de un orden lógico y coordinado- no tiene sentido.
Otra cosa que ha traído el maniqueísmo de los últimos años ha sido la
perversión del lenguaje. Hoy quien defiende un “pacto fiscal” es un independentista de tomo y lomo. Si se apuesta por un catálogo estatal básico de prestaciones sanitarias, te etiquetan de centralista irredento. Quien propone asimetría razonable, escandaliza a algunos grupos. Y quizás esto último sea lo peor, ya que no habrá otra solución a la situación actual que un reconocimiento especial –que no privilegiado- a quien quiere avanzar en su autogobierno, frente a quien está bien así o quien incluso quiere retroceder. Otra frase manida: “devolver competencias”, así, en abstracto. Pues bien, ni parece posible, ni deseable, ni eficiente. Tampoco arrebatárselas por vía indirecta a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos (véase, por ejemplo, el llamado “
Informe CORA” o
cierta legislación local). Finalmente, la persona que aboga por reforzar las instituciones de autogobierno –parlamentos autonómicos,
órganos de control externo, consejos consultivos o defensorías del pueblo, entre otras- parece que es un gastizo sin medida. ¿Alguien cree a estas alturas que la democracia es gratis? ¿O que una mayor centralización solucionaría nuestros males casi como una cura milagrosa?
Falta mucha
cultura federal en España, ya desde la escuela básica. El sistema de financiación no debería permitir bajadas irresponsables de impuestos, seguidas de una mayor petición de transferencias o un mayor endeudamiento. Las comunidades autónomas también “son Estado”, aunque ya no oigo a casi nadie reivindicar esto. De igual modo, escasean la
coordinación multilateral, la
lealtad institucional (“yo legislo y tú pagas”) y la
lealtad constitucional (no con fanatismos y sí con mucha voluntad de reformar lo obsoleto). No tenemos instancias para debatir y decidir sobre Política y políticas de alcance territorial. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (en la practica, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) opera al mismo tiempo como conferencia sectorial y sanedrín político. Por eso es preciso institucionalizar de una vez la Conferencia de Presidentes –del Senado ya casi ni hablamos- para las grandes cuestiones que, después, los órganos técnicos se encargarían de concretar.
En fin, volviendo la vista al “té para todos” que ahora quieren servir en forma de autonomía a
Escocia, pero también al resto de territorios británicos que no pidieron la independencia, me recuerda los años de la Transición española y la que ahora, aunque no la llamemos así (todavía), estamos construyendo, aunque sea a pie forzado.
Ojalá aquel señor de Murcia encuentre su sitio en esa nueva
España plural, pero todavía escasamente federal. La evidencia empírica respalda el éxito del modelo descentralizado español, cuyo apoyo ciudadano ha sido hasta ahora indudable, así como una referencia para el mundo. Pero precisa de fundamentales ajustes. Si no, corremos el riesgo de que las autonomías terminen degenerando en
Las autonosuyas que caricaturizó Fernando Vizcaíno Casas.
