Fondos europeos y fondos nacionales

Noticia de Andrés Suárez para El Comercio publicada el 10 de junio de 2013

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En 2014 arranca la nueva programación económica de la UE, que se prolongará hasta 2020, un periodo en el que Asturias sufrirá un considerable recorte de fondos europeos, sustento en los últimos años de buena parte de las inversiones ejecutadas en la región. Esa realidad no tiene vuelta atrás y lleva a pensar en la necesidad de articular fórmulas que permitan paliar, tanto en el caso del Principado como de otras comunidades españolas, esa reducción de las aportaciones de Bruselas. Una de las opciones, defendida por expertos en varios trabajos, apunta a la conveniencia de reforzar los mecanismos internos de solidaridad y reequilibrio territorial para amortiguar el golpe.

Por su propio avance pero en gran medida por los efectos de la entrada en la UE de países menos desarrollados, Asturias pasará a partir de 2014 a estar plenamente integrado en el club de las regiones 'ricas' de la unión, al nivel de las autonomías españolas más prósperas -País Vasco, Navarra o Cataluña- pero también de enclaves como París o Londres. Territorios en todos los casos con un PIB muy superior al del Principado. Este ascenso en el escalafón, ficticio en gran parte, supondrá un drástico ajuste en la recepción de fondos comunitarios, decisivos en la historia reciente para levantar infraestructuras de comunicaciones, obras de saneamiento...

Sobre esta cuestión se centra un reciente informe editado por la Fundación Alternativas, coordinado por César Colino y adelantado hace algunas semanas por este periódico, que plantea como solución que el Estado compense con sus recursos a regiones como Asturias para evitar que el cierre del grifo de los fondos europeos tenga un impacto fulminante sobre la economía de estas comunidades. Propone hacerlo a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ya existente y creado para corregir los desequilibrios económicos entre las autonomías y hacer efectivo el principio de solidaridad.

Pero esa idea no es nueva. Un informe previo elaborado por Roberto Fernández Llera y Francisco Delgado Rivero sostiene esta misma tesis y aboga por recurrir a este mecanismo constitucional «como la vía natural para articular las inversiones productivas en los territorios más desfavorecidos».

Aunque el informe estaba inicialmente planteado con vistas a la anterior programación presupuestaria europea, Fernández Llera sostiene que su contenido es, con algunas modificaciones puntuales atendiendo al actual escenario de crisis, plenamente vigente hoy. El argumento principal gira en torno a un aumento «considerable» de la dotación del FCI que permita que, en un momento en que los fondos europeos sufren un acusado recorte, tenga «un papel efectivo de reequilibrio territorial que la Constitución le reconoce».

En teoría, el FCI debería haber funcionado en estos años como el equivalente interno a los fondos de cohesión de la UE. Pero, en la práctica, no ha sido así, y un vistazo a los datos lo confirma. Poco a poco ha ido perdiendo peso y cuantía y si en 2008 el Principado recibía la cifra récord de 56,6 millones de euros, en un momento en que su montante global superaba los 1.300 millones, este año la aportación se reduce a apenas 16,2 millones de un total de 571.

Sostiene Roberto Fernández Llera, autor del informe y experto en financiación autonómica, que el objetivo sería ir elevando progresivamente la dotación del FCI desde 2014 y hasta 2020. Un incremento de recursos que cree «asumible» incluso en el actual contexto de dura crisis, «dado que las inversiones que financie generan actividad económica y empleo».

El objetivo de esta reforma del FCI sería construir un colchón económico que evitase que la merma de ingresos europeos agravase las diferencias entre las comunidades 'ricas' y aquellas que, como Asturias, están en un segundo pelotón. Para ello se propone un nuevo reparto de los recursos de este fondo garantizando que todas las autonomías recibiesen «como mínimo la dotación actual» e introduciendo nuevos criterios de distribución: «la inversa de la renta por habitante (para las regiones más pobres dentro de las beneficiarias), la población relativa y un indicador sintético de necesidades de inversión».

Apuesta asimismo el informe por permitir una mayor flexibilidad en el uso de estos recursos, permitiendo tanto las inversiones -por ejemplo, la construcción de una carretera- como el gasto corriente asociado a las mismas (su posterior señalización, asfaltado y alumbrado).

Fernández Llera, además, considera imprescindible que todo este proceso se aborde en el Consejo de Política Fiscal, eludiendo la bilateralidad, «en coherencia» con el modelo de financiación autonómica y cumpliendo los objetivos de déficit.