Roberto Fernández Llera (Avilés, 1978) cumple su primer año como síndico mayor en pleno estado de alarma, lo que ha obligado al equipo que dirige a adaptarse a las nuevas circunstancias y trabajar desde sus propias casas. Todo un reto que, entiende, se está superando «con buenos resultados» teniendo en cuenta, además, que en estos momentos lo prioritario es la salud.
–¿En qué medida puede afectar esta crisis a la labor fiscalizadora de la Sindicatura?–Mientras dure el estado de alarma, todos los plazos administrativos están suspendidos, y los diferentes plazos de alegaciones de los procedimientos fiscalizadores están aplazados. Aunque eso no quiere decir que vayan a desaparecer las obligaciones de rendición de cuentas, si bien debido a esta situación excepcional podría haber mayor flexibilidad en los plazos y en nuestros informes se tendrán en cuenta las circunstancias actuales.
–Después de la crisis de 2008 la sociedad intensificó su nivel de exigencia sobre el control de los fondos públicos. ¿Qué cree que ocurrirá ahora?–No tengo bola de cristal, pero lo que está claro es que esta crisis no tiene nada que ver con la anterior. Ahora está originada por una pandemia global y tanto más profunda será cuanto más dure el periodo de confinamiento. Es una crisis de la que se puede salir, confío en que saldremos, pero tenemos que estar unidos. Se requerirá una mayor coordinación política, fiscal y monetaria en el ámbito europeo y, obviamente, habrá que seguir ejerciendo el control de los fondos públicos.
–En un momento de emergencia sanitaria como el que vivimos ahora, ¿los controles en cuanto a los procedimientos de contratación que se exigen al sector público deben relajarse?–Durante el periodo de emergencia la ley contempla facilidades en la contratación para cuestiones relacionadas con la atención sanitaria y esto significa procesos más ágiles. Pero, pasada la emergencia, lógicamente la ley de contratos deberá operar en toda su dimensión.
–Los autónomos se quejan del exceso de burocracia incluso para solicitar ayudas. ¿Deben evitarse este tipo de trabas en momentos como estos?–La burocracia en el sentido peyorativo del término nunca es deseable. Todo lo que en estos momentos pueda facilitar la Administración a la actividad económica será positivo, pero estamos en la dicotomía de facilitar la vida a las empresas y a las personas y, a la vez, garantizar un total control de los recursos públicos.
–En uno de los últimos informes de la Sindicatura se cuestionó el «control»de las subvenciones nominativas por parte del Principado. ¿Qué se está haciendo mal?–Las subvenciones nominativas están previstas en la ley y es un mecanismo legítimo y legal. Sin embargo, hacemos una llamada de atención sobre la concesión de subvenciones nominativas durante las prórrogas presupuestarias porque entendemos que no tiene sentido prorrogarlas automáticamente, que es lo que ha hecho el Principado, sino que deberían ser objeto de un análisis más concreto.
–Otra de las últimas recomendaciones del órgano ha sido la de actualizar la ley electoral autonómica para adaptar el sistema de control a las campañas actuales. ¿La publicidad en redes sociales o la financiación mediante 'crowdfunding' podrían estar escapándose de los sistemas de control actuales?–El informe realizado sobre la contabilidad electoral de los partidos en los últimos comicios autonómicos es casi limpio, porque todos cumplieron los límites de gasto que establece la ley. Lo único que hace la Sindicatura es recomendar una actualización de la ley electoral autonómica, que data de 1986, cuando estas modalidades ni siquiera se imaginaban. No obstante, la Sindicatura ya contempla este tipo de cuestiones, por lo que el control está garantizado.
–El Principado está preparando una ley para unificar los criterios de contabilidad del sector público, pero descarta reducir aún más el número de unidades que lo componen. ¿Esta decisión es acertada?–La Sindicatura no puede ni debe opinar sobre la reestructuración del sector público porque es una decisión estrictamente política. Lo que nos importa y venimos recomendando desde hace años es que se modifique la ley de Hacienda para que contemple una mejor estructura de las normas contables de todo el sector público. Nos consta que se prevé sacar adelante este año y esperamos que se cumpla esa previsión.
–Hay doce ayuntamientos, según recoge la web de la Sindicatura, que están pendientes de presentar las cuentas de 2018 o incluso de años anteriores. ¿Cuál es el motivo?–La rendición de cuentas es una obligación legal, no es una recomendación. Quien no rinde cuentas está incumpliendo su deber. A veces se debe a que no tienen cubiertos los puestos de trabajo esenciales para ello o a otro tipo de problemas, pero, en otros casos, no encontramos ninguna explicación más allá del mero incumplimiento de la ley.
–Llama la atención el caso de Villayón, con cuatro ejercicios sin presentar. ¿Tiene este ayuntamiento una buena excusa?–No la encontramos. Pero este tipo de casos los tenemos muy presentes y sobre ellos adoptamos medidas que van desde la propia publicación del incumplimiento, a la elaboración de informes específicos, como el que se prevé realizar este año no solo con el caso de Villayón, sino también de Lena y de Santo Adriano. Y nuestra ley contempla también la posibilidad de aplicar la imposición de multas.
–¿Barajan esa posibilidad a corto plazo?–No las hemos aplicado hasta ahora, aunque eso no quiere decir que no se vayan a aplicar. Pero es cierto que, en la situación actual, no está en nuestra planificación poner multas.
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