Entrevista en El Comercio sobre financiación autonómica

Foto: Mario Rojas

Este domingo se publica en El Comercio la entrevista que me hizo Andrés Suárez, con motivo del informe de la Comision de expertos para la reforma de la financiación autonómica. Felicito al periodista por su rigor profesional y su conocimiento del tema. 

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El trabajo de los técnicos ya está sobre la mesa y el futuro de la reforma de la financiación autonómica es ahora una decisión política. Roberto Fernández Llera, el experto designado por el Gobierno asturiano tras la renuncia de Carlos Monasterio para la comisión que ha sacado adelante un informe con las grandes líneas a seguir, es optimista y confía en que antes o después -quizá en 2018- haya un nuevo modelo que mitigue las insuficiencias del actual. Llera cree que, de llevarse a la práctica las recomendaciones del documento, Asturias saldrá reforzada. En esta entrevista con EL COMERCIO detalla las claves del debate.

-¿Pesimista u optimista respecto de la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma de la financiación?

-Optimista. Es verdad que la situación política no es fácil, sobre todo por el tema de Cataluña, pero también que este es un compromiso de primer orden. Quiero pensar que no sé si este año, que va a ser muy difícil, pero sí el próximo, se alcance un acuerdo político si no unánime, al menos lo más amplio posible.

-¿Es sostenible el modelo actual?

-Se aprobó en 2009 por unanimidad, cosa que aspiramos a repetir. 2009 fue el peor año de la crisis. Cualquier otro modelo que se hubiera aprobado entonces hubiera significado también pérdida de recursos para las comunidades, sería imposible tener un dique de contención para la crisis tan fuerte que hubo. Dicho eso, tiene muchas cosas positivas: incrementó la autonomía tributaria de las comunidades, mejoró el grado de nivelación, implicó a todas las comunidades...

-Pero tiene insuficiencias.

-El modelo actual parte de una situación de crisis y ya entonces se reconocía que había una insuficiencia de ingresos para las comunidades. Se trató de corregir esa insuficiencia. Pero la crisis fue de tal impacto que produjo una caída de ingresos muy fuerte que repercutió sobre las comunidades. ¿Puede este modelo seguir aplicándose hoy? Perfectamente. De hecho, las últimas liquidaciones han sido muy favorables para las comunidades, con ingresos extra con los que no se contaba porque la economía funciona. Pero no se puede fiar todo al crecimiento. Hay imperfecciones que conviene corregir.

-¿Qué lectura general hace del informe técnico?

-Me parece razonable desde el punto de vista de que lo firmo, no lo haría si no me encontrase cómodo. No es el informe que yo hubiese hecho en solitario, hay cosas que me gustan más y otras menos. Pero en general me siento cómodo. Hay aspectos que juzgo positivos, como el incremento de la autonomía tributaria de las comunidades, el establecimiento de mínimos en algunos impuestos para evitar la competencia dañina a la baja, el refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)...

-¿Y qué le gusta menos?

-Me hubiera gustado que en algunos temas se hubiese sido más concreto. Por ejemplo, en la aportación de la Hacienda central al modelo. O en la gestión de la deuda que las comunidades han contraído a través de mecanismos como el FLA. Mi posición es contraria a las quitas. Aquí la comisión no alcanzó un acuerdo unánime aunque sí mayoritario a favor de una reestructuración de la deuda, pero sin quitas. Salvando algunas cosas, estoy contento con el informe.

-Temas concretos. ¿Las regiones necesitan más autonomía fiscal?

-Creo que sí. Las comunidades no deben ser solo autónomas por el lado del gasto, deben exigir a sus ciudadanos el pago de unos impuestos acordes con esos gastos que prestan en servicios fundamentales. Eso debe ir acompañado de corresponsabilidad fiscal, que debe reforzarse. Es bueno que una comunidad, cuando tiene una necesidad financiera, no solo acuda a pedir al fondo común sino que también pida a sus ciudadanos en la parte que le corresponda. Ha sido habitual en los últimos años que el Gobierno central recurriera políticas tributarias de las comunidades.

-En Asturias, el tributo a la banca.

-Y en bastantes casos el Tribunal Constitucional terminaba dando la razón al Gobierno central. Cuando algunas comunidades intentan ejercer su corresponsabilidad fiscal y eso se ataca, no me parece conveniente. El informe plantea corregirlo dando a las comunidades más capacidad tributaria, por ejemplo, con un IVA colegiado. Que las comunidades, en ese tramo autonómico, tengan capacidad para modificar el tipo, cosa que ahora no ocurre. Y lo mismo con los impuestos especiales. Se haría de forma colegiada, de acuerdo entre todas las comunidades o una mayoría de ellas.

-¿Es necesaria una armonización de determinados impuestos? Hablo de Sucesiones y Patrimonio. Porque hay una batalla fiscal evidente.

-No tengo duda de que hay que poner coto a esa batalla fiscal. Y aquí la comisión ha sido unánime y contundente. Hay que fijar unos niveles mínimos de tributación en Sucesiones y en su caso en Patrimonio. Sucesiones, si nos hacen caso, ya no se debería cuestionar como impuesto pero sí establecer un nivel mínimo de tributación en todo el Estado y, a partir de ahí, cada comunidad podrá establecer el tipo que le parezca. Pero siempre respetando ese mínimo.

-Copagos autonómicos, en sanidad u otros ámbitos, ¿sí o no?

-El informe plantea que las comunidades tengan la facultad para establecerlos, no las obliga. A mí no me gustan, y creo que la vía adecuada para financiar los servicios son los impuestos. Pero la posibilidad queda ahí.

-Los expertos utilizan un término, 'nivelación', que suena demasiado técnico a pie de calle. 'Solidaridad' resulta más cercano. ¿La propuesta de los expertos garantiza la solidaridad entre regiones o se corre el riesgo de favorecer a las más 'ricas'?

-En el ámbito de la financiación la solidaridad tiene dos caras. Una, la que los expertos llamamos 'nivelación', supone, a través de los mecanismos de redistribución del sistema, tratar de igualar la capacidad de prestación de los servicios públicos fundamentales. Algunas comunidades recaudan más de lo que necesitarían para financiar sus servicios y otras no llegan; lo que hace el sistema es nivelar esos recursos.

Un fondo que languidece

-¿Y la segunda cara?

-La otra es la que se refiere a tender a igualar la renta y la riqueza de las comunidades. Y esto no se hace dentro del sistema sino con un instrumento que está fuera y que es el FCI. Ese fondo se debe reforzar de manera significativa porque en estos últimos 25 años ha languidecido, ahora son del orden de 400 millones de euros. Poco vamos a contribuir al desarrollo regional con esa cifra, a repartir entre todas las beneficiarias.

-Hablemos de la primera cara de la solidaridad. ¿Hasta dónde nivelar?

-La cuestión es si hay que nivelar todos los servicios públicos, solo los fundamentales, algo intermedio... Es una decisión política. Los técnicos sí decimos que se podría partir del sistema actual, donde la nivelación parte de los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), que suponen en torno al 75% del gasto autonómico. Y planteamos que nada impediría llegar al 100% del gasto, el conjunto de los servicios. Más nivelación siempre parece que se opone al principio de autonomía, si nivelamos todo y no dejamos margen alguno a la autonomía, esto sería casi una Delegación de Gobierno y no una comunidad autónoma. No es eso lo que pretendemos, pero sí que se parta del modelo actual y, si los políticos creen que hay que incrementar esa nivelación, es una opción legítima.

-Si se potencia el FCI, lo lógico es que Asturias saliera beneficiada.

-Es así porque cualquier incremento del fondo va a repercutir también en Asturias. Hicimos alguna simulación numérica, que no se recoge en el informe en aras del consenso, y hablamos de que podría multiplicarse por ocho o nueve el actual FCI. Eso supone que si Asturias recibe hoy doce o trece millones, es fácil echar la cuenta. Podría llegar a cien millones. La ganancia de Asturias es segura. Pero es una decisión política.

-Si el informe se aplica en sus términos actuales, ¿en qué posición quedaría Asturias? ¿Saldría reforzada?

-Hay muchas cuestiones abiertas y poner cifras no es posible en este momento. Ahora bien, creo que el informe es positivo para Asturias, por varias razones. Primero, porque Asturias va a reforzar su autonomía financiera. Me refiero a lo que antes comentamos del IVA o los impuestos especiales. También esos mínimos en Sucesiones o Patrimonio. Otra buena noticia es el ámbito de la solidaridad, no se cuestiona lo que hay y podría ser incluso superior. Ya hemos hablado del FCI. Y en cuanto a la deuda, la posición mayoritaria es que no se permitan las quitas. No obstante, sí abogamos todos por una reestructuración de la deuda y la renegociación con el Estado de plazos, tipos... Todo ello sin hablar de la posibilidad de que haya una aportación adicional de recursos del Estado.

-¿Cree que el Estado pondrá más recursos o habrá que repartir la misma tarta de otra manera?

-La reforma de la financiación debe verse en el contexto económico. En 2009 era malo y ahora es un poco mejor. Esto ayuda a engrasar el sistema y que el Estado tenga más fácil aportar recursos extra. Será cuestión de voluntad política. Nosotros no ponemos cifra. Sí lo hacemos a la necesaria aportación de las comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, a la solidaridad del conjunto.

El «injusto» cálculo del cupo

-¿Cuál?

-Entre los recursos adicionales que habría que inyectar deberían estar unos 2.600 millones de euros de las comunidades de régimen foral para contribuir a la solidaridad porque ahora no lo están haciendo. 2.600 millones más al año, porque ahora es cero. Claro, esto casa mal con lo que se va a aprobar sobre la rebaja del cupo vasco. Nosotros planteamos lo contrario. Aquí sí que es una cuestión política de primer orden. Nosotros no discutimos el sistema de concierto ni de convenio, está en la Constitución, pero sí, y mucho, el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra.

-¿El cálculo es injusto?

-Sin duda. No hay contribución a la solidaridad, es poco transparente... Tiene que serlo, y por eso ponemos esa cifra de 2.600 millones al año.

-¿Hasta qué punto la coyuntura general, y singularmente Cataluña, condicionan la negociación?

-Mucho. En la comisión de expertos todas las comunidades propusieron uno excepto Cataluña. Un sistema de financiación sin Cataluña no es posible. Abogo por que esto se pueda no sé si resolver, pero sí reconducir, y que Cataluña vuelva a la mesa de la negociación común y se logre un acuerdo.

-Algunos partidos, y hablo del PP, han cuestionado con dureza su labor en la comisión de expertos.

-Yo soy el experto propuesto por el Gobierno de Asturias para formar parte de la comisión. No represento a nadie más que a mí mismo. Trabajé con absoluta libertad tratando de construir un modelo lo más razonable posible, mirando a Asturias y desde Asturias. No recibí consignas ni instrucciones de ningún tipo. Defendí lo que creía honesto y sensato, sin perder de vista a Asturias. Y creo que el informe beneficia a Asturias, si los políticos finalmente concretan esta propuesta en un sistema de financiación.