Ay Suiza, patria querida

Luis Eduardo Aute compuso esta canción en 1976. Creo que hoy en 2013 no quitaríamos nada de la letra. Es una pieza genial que, por desgracia, sigue de plena actualidad.

 

Nueva etapa fiscalizadora

En un sobrio acto protocolario, pero de gran significado, tomaron hoy posesión de sus cargos los tres síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias: Antonio Arias Rodríguez, Avelino Viejo Fernández y Miguel Ángel Menéndez García. Los dos primeros repiten mandato.

En el mismo acto también tomó posesión como Síndico Mayor Avelino Viejo Fernández, quien ya venía desempeñando esta responsabilidad desde la constitución de la Sindicatura de Cuentas en el año 2005.

Ahora, a seguir trabajando en una etapa ilusionante.

Concejos y reformas

'Debate en 30' de TPA, monográfico sobre reforma local (15-1-2013)

La Hacienda Local en España adolece de problemas crónicos, algunos agravados por la crisis económica, pero en absoluto novedosos. El gasto aumenta por nuevas demandas ciudadanas, por ejemplo, en algo tan sensible como la atención a personas en situación de dependencia. En cambio, los tributos municipales son rígidos (caso del IBI) o están subordinados en exceso al sector de la construcción (licencias urbanísticas o Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, entre otros).

Y luego está el mapa municipal, diseñado en el siglo XIX, pero casi inmutable dos siglos después. Mientras, el Gobierno de España plantea la supresión de mancomunidades (la mayoría fracasadas o sin recursos) y el vaciamiento de competencias de los “pequeños” ayuntamientos (en Asturias, nada menos que 71 de los 78 concejos).

Mi alternativa pasa más por reforzar el papel de los ayuntamientos y, puestos a eliminar cosas, yo lo haría con las Diputaciones, más propias de un Estado centralista que ya no existe en España desde 1978. Y si para hacer esto es preciso cambiar la planta municipal, hágase, sin prejuicios, pero también sin perjuicios. En definitiva, diseñando nuevos municipios con una masa crítica suficiente (población), un gobierno de base democrática (esto no es tan evidente como podría parecer), una potente estructura administrativa (pero sin desmesuras), unas competencias bien delimitadas (fuera gastos impropios) y una financiación con tributos suficientes y flexibles (completada con transferencias de solidaridad). De nuevo, la Comarca de Avilés es un ejemplo “de libro” para comenzar a trabajar con miras más amplias que las de los actuales límites concejiles. La gente lo tiene muy claro en ese sentido, aunque no sé si podemos decir lo mismo de quienes se sientan en los Plenos municipales o aspiran a ello (ahí está la ridícula disputa por la Ronda Norte, por citar sólo un ejemplo).

Sobre el endeudamiento, tres apuntes. Uno, para recordar que no han sido los entes locales los grandes causantes del aumento del déficit público y la deuda en España. Dos, para no olvidar que algunos municipios en particular causan sonrojo por sus cifras (hacia estos deben dirigirse los ajustes más duros). Y, tres, en el caso de Asturias, los datos muestran un comportamiento más responsable que en otras lugares de España.

En la ambiciosa agenda de reformas del Régimen Local hay numerosos temas pendientes, pero mal empezamos si sólo se busca suprimir concejales y parroquias rurales, sin consenso político, con la opinión en contra de las comunidades autónomas y con el enfado de los propios municipios. No hay prisa, pero tampoco dejemos esta necesaria reforma para otro siglo porque no nos lo podemos permitir.

Publicado en La Voz de Avilés el 21 de enero de 2013

Crisis económica y Entidades Locales

Acaba de aparecer un volumen colectivo titulado como esta entrada (Lex Nova, 2012), en el cual tengo un capítulo titulado "Impactos de la crisis sobre la Hacienda Local española: datos y retos básicos", firmando junto a Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.

En este enlace se puede encontrar la ficha técnica y bibliográfica del libro, promovido por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) y la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia, cuyo índice se presenta a continuación.

Parte I: Financiación y Presupuestos Locales.

Capítulo 1. La realidad presupuestaria local. Pasado, presente y futuro.

Capítulo 2. Impactos de la crisis sobre la hacienda local española: datos y retos básicos.

Capítulo 3. La reforma de las haciendas locales: ¿se debe incorporar la competencia de desarrollo local y su financiación?

Capítulo 4. Situación actual de la financiación local. Fuentes de financiación alternativas y perspectivas de futuro.

Capítulo 5. Las subvenciones y otras prestaciones de derecho público no tributarias como recursos locales.

Capítulo 6. Ideas para reducir el gasto público local y aumentar ingresos sin subir impuestos.

Parte II: Tributación y Recaudación.

Capítulo 7. La afectación en la exención, en el IBI, de los bienes afectos a la defensa nacional.

Capítulo 8. El impuesto sobre bienes inmuebles: especial referencia al cálculo de la cuota líquida.

Capítulo 9. Cuestiones problemáticas en la impugnación de una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles.

Capítulo 10. Hecho imponible y sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: principales problemas de la interpretación y aplicación de su norma reguladora.

Capítulo 11. Reflexiones para una futura reforma del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Capítulo 12. La prescripción tributaria en el ámbito local.

Capítulo 13. La nueva tasa local por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil.

Capítulo 14. Análisis sistemático y problemática actual de las tasas locales.

Capítulo 15. Los entes locales como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido.

Capítulo 16. La recaudación por IVA de las Administraciones Públicas. Especial referencia a las corporaciones locales.

Capítulo 17. Las multas coercitivas en la rendición de cuentas por las entidades locales.

Parte III. Sostenibilidad económica local.

Capítulo 18. Medidas para la sostenibilidad económica local.

Capítulo 19. Innovación eficiente en la gestión de los servicios públicos locales.

Capítulo 20. La autorización administrativa en el ámbito local.

Capítulo 21. ¡Más administración electrónica esto es la crisis!

Capítulo 22. Los consorcios como fórmula jurídica eficiente en la gestión de servicios e inversiones públicas locales.

Capítulo 23. Diez propuestas para mejorar la liquidez de los ayuntamientos.

Capítulo 24. Aprovechamiento económico y rentabilidad social de los bienes patrimoniales en tiempos de crisis: ¿una cuestión de legalidad o de oportunidad?

Capítulo 25. Las colaboraciones público-privadas: ¿una alternativa viable hoy en el ámbito local?

Capítulo 26. Ordenación económica y sistema de financiación de las corporaciones municipales en época de crisis.

Capítulo 27. La gestión económico-financiera en las entidades locales: aspectos prioritarios en la situación actual.

 

El problema con los trillones

Con el título de esta entrada, hay un genial capítulo de Los Simpson (valga la redundancia), el cual sugiero que forme parte obligada de las clases de economía en institutos y facultades. Dato importante: el capítulo es del año 1998.

Lo que me fascina es leer hoy en la prensa, ¡a comienzos de 2013!, una noticia donde se dice muy seriamente que el Gobierno de EEUU sopesa emitir una multimillonaria moneda de platino con la que sortear el techo de deuda. No es broma, aunque lo pueda parecer.

Lo que yo pienso es que la economía de este siglo XXI empieza a ser más marxista que nunca (de Groucho, claro). Ya saben, eso de que "partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cumbres de la miseria". O, en todo caso, recordando que "yo tengo unos principios... y si no le gustan tengo otros".

 

Viejos y nuevos controles sobre la gestión pública

¿Control? ¿Supervisión? ¿Evaluación? ¿Vigilancia? En definitiva, estamos hablando de fiscalización de la gestión pública en todas sus extensiones. Desde que se diseña una política pública a partir de los recursos disponibles hasta que se ejecuta dicha política, pasando por todos los estadios intermedios de presupuestación y coordinación con otras. La fiscalización es, al mismo tiempo, un instrumento y un procedimiento para la mejora continua en el ámbito del sector público.

El nuevo gestor público no es un burócrata de los que tanto se critican en la literatura de Benedetti, en las teorías de Niskanen o en las viñetas de Forges. Al menos, no debería serlo, aunque todos podamos conocer casos más que suficientes para ilustrar muchos anecdotarios. El nuevo gestor público no es un simple servidor sujeto al Derecho Administrativo en exclusiva, ni un profesional univalente y alienado como el Chaplin de la película Tiempos modernos. Y aquí podemos estar hablando tanto del alto funcionario como del interino del grupo D, el eventual designado o incluso del cargo político que dirige la acción ejecutiva.

Al nuevo gestor público se le exige que sea un agente activo -y pasivo- de un ordenamiento jurídico diverso y disperso. Una persona polivalente y multidisciplinar que forma parte de una organización compleja, interactúa con equipos, habilita espacios para la participación ciudadana y, en definitiva, trabaja para la cosa pública y el interés general.

¿Y qué papel le queda entonces a los órganos de control interno y externo en su función de supervisión de la gestión pública? ¿Deben ser únicamente unos simples supervisores de la legalidad, como lo eran en sus orígenes? Parece obvio que no. ¿Son estos órganos de control el enemigo natural de la acción política, ejecutiva y legislativa? En absoluto (y se equivoca quien lo siga creyendo). ¿Acaso los órganos de control externo -Ocex- están condenados a batirse en duelo continuado con los órganos de control interno? Mejor que no sea así, si en verdad queremos una fiscalización coordinada y complementaria, orientada hacia una finalidad común, en la búsqueda de nuevas metas de eficacia, eficiencia y economía que remuevan obstáculos y mejoren la calidad de los servicios públicos en sentido amplio.

A estas alturas del siglo XXI hay algunas cuestiones que, no por conocidas, deben dejar de recordarse. Para empezar, la supervisión integral y permanente no es solo un desiderátum, como quizás fue en otro tiempo, sino más bien una obligación inherente a todo gestor y a toda gestión en el ámbito público. No es tampoco una incómoda exigencia constitucional, sino una verdadera necesidad objetiva. La función de supervisión es todo eso y, además, un obligado requerimiento de contenido económico.

El momento actual de crisis económica ha obligado a extremar el control sobre los recursos públicos, mucho más escasos que en los últimos años de abundancia. Pero nadie debe llamarse a engaño: la supervisión de la gestión pública es exactamente igual de importante cuando los recursos son abundantes que cuando escasean. No es cierto que la escasez deba impulsar un mayor control. Sería tanto como decir que la abundancia justifica el derroche, la ineficiencia o el descontrol. En modo alguno esto debe ser así.

Quizás la mayor novedad que introduce esta profunda crisis venga dada por el cambio de modelo económico que tiene que traer aparejado. Algunos de los excesos cometidos en ciertos sectores de actividad nos están pasando factura ahora. Algunos gestores públicos embarcados en demasiadas aventuras peligrosas ya no pueden siquiera mantener abierta su oficina. Muchas de las estructuras administrativas y de gobierno que habíamos construido se ponen en cuestión. Desde algunos aspectos del Estado de las autonomías hasta el enjambre de las cajas de ahorros (con fusiones frías, calientes y templadas). O, por qué no traerlo a colación, el insostenible mapa municipal español.

Por si todo esto fuera poco, ahora debemos hacer frente a obligaciones de gasto derivadas de la garantía de nuevos derechos básicos de ciudadanía (atención a la dependencia), así como a una profunda transformación de nuestro modelo productivo, social y ambiental. Y aquí el nuevo gestor público debe transitar por coordenadas diferentes a las más tradicionales, actuando más que nunca bajo las premisas de la eficacia, la eficiencia y la economía. El nuevo gestor público y la función de supervisión deben enfocar sus actuaciones hacia todos los aspectos clásicos de legalidad y presupuestación, pero también orientar sus trabajos hacia aquellos temas organizativos y de regulación que le son inherentes. Y es aquí donde la fiscalización, a través de la auditoría pública, tanto de regularidad como operativa, puede hacer un trabajo que, además de necesario, deviene en imprescindible.

Todos los Ocex -incluido el Tribunal de Cuentas- han venido realizando una intensa labor de control en materia de regularidad contable-financiera y legalidad durante los últimos 30 años. Sin embargo, dentro de un paulatino pero irrefrenable proceso, acelerado a partir de la última década del siglo XX, este tipo de informes de regularidad han sido reforzados y ampliados con trabajos específicamente referidos a la calidad de la gestión pública. Su finalidad supera la tradicional vigilancia sobre la sujeción a la normativa, comenzando a preocuparse cada vez más por medir el resultado de la gestión pública, conforme a unos objetivos previamente establecidos y sobre la base de indicadores ad hoc. En última instancia, la meta a alcanzar sería la mejora continua de los procedimientos y los resultados, superando el enfoque más burocrático que ha sido hegemónico en la Administración española.

Publicado en Cinco Días el 2 de enero de 2013