Política y tribunales

La reforma constitucional aprobada en 2011 prevé sanciones para los gobiernos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Parece un loable objetivo, pero me pregunto quién los va a supervisar o qué pasará cuándo una Administración Pública incumpla la Constitución en este punto. Si lo que se quiere es desviar al Tribunal Constitucional esta función de control, podemos interpretarlo como una renuncia explícita a la acción política como instrumento de resolución de conflictos.

En las dos pasadas legislaturas el PP presentó recurso de inconstitucionalidad contra las leyes más emblemáticas aprobadas a propuesta del gobierno de Zapatero (Estatuto de Cataluña, aborto, matrimonio homosexual, igualdad). Pero es que el Tribunal Constitucional no está para revisar todos y cada uno de los actos soberanos del Parlamento, sino para verificar la constitucionalidad de las leyes.

Hace unos días, el ministro Montoro proponía condenar penalmente a los «políticos» que incumpliesen objetivos de gasto y déficit público. Creo que si amenazamos con el Código Penal a quienes hacen un servicio a la ciudadanía, estaremos echando arena sobre los engranajes de un sistema que, aunque presenta imperfecciones, sigue funcionando a pesar de todo. De nuevo es una renuncia política en favor de las instancias judiciales, aunque en este caso concreto quizás responda al hecho de lanzar una nueva andanada de fondo en contra de la 'cosa pública'. Conviene recordar que los delitos económicos están tipificados desde hace mucho tiempo y que sólo hace falta que se persigan con eficacia y rigor, sin pretender judicializar toda la vida política. Podrá haber un presidente corrupto, pero ni mucho menos lo son todos.

De Asturias, otro ejemplo. La Junta General aprobó en diciembre una ley para obligar al gobierno autonómico a realizar unos pagos pendientes a la RTPA. El Ejecutivo recurrió en vía judicial, derivando la interpretación final a los tribunales de justicia. ¿No era mucho más deseable un acuerdo sustanciado políticamente? Y si no se puede, pues un anticipo electoral o una moción de censura.

Publicado en La Voz de Avilés el 27 de enero de 2012.