Ortega y Gasset publicó una serie de breves ensayos en el periódico 'El Sol' entre noviembre de 1927 y febrero de 1928, cuyo denominador común era abordar "los problemas públicos españoles", incluido el modelo territorial, desde la pedagogía política. Las fechas son cruciales, en plena dictadura de Primo de Rivera, hasta el punto de que el autor confesaría poco después que algunas de sus reflexiones y propuestas estaban insinuadas "entre los barrotes rojos que eran los lápices de los censores". En marzo de 1931, ya en vísperas de la II República, esos trabajos se editaron conjuntamente en un libro titulado 'La redención de las provincias'.
Se trae aquí al humanista con motivo del debate político que se está dando a finales de 2020 sobre la armonización fiscal en los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Una demanda casi unánime desde la esfera técnica, de la que sirven de muestra los informes de sendas comisiones de expertos para la reforma del sistema tributario (febrero de 2014) y para la revisión del modelo de financiación autonómica (julio de 2017). Bastaría remitirse a ambos, aunque las opiniones concurrentes -académicas, gestoras, profesionales, periodísticas y, también, políticas- serían innumerables.
Sin entrar a discutir sobre la calificación de la Comunidad de Madrid como "paraíso fiscal" (por cierto: en la Unión Europea los hay de facto a nivel de Estados miembros), ni la contraparte de "infierno tributario" que algunos aplican a otros territorios españoles, digamos únicamente que ambas son obvias exageraciones, sin perjuicio de que en el fondo del vaso siempre haya un poco de agua. Hagamos en su lugar algo mucho más fácil. Leamos a Ortega y Gasset en su artículo "La Constitución y la nación", perteneciente a la referida serie, fechada -hay que insistir en ello- hace casi un siglo.
En torno a la capitalidad de Madrid, el filósofo describía su "vecindario", compuesto por las siguientes clases de ciudadanos:
"1ª. El rey, símbolo del Estado. 2ª. Los palatinos y sus familias y allegados, servidores de ese símbolo. 3ª. Los gobernantes de la hora, los supervivientes y los aspirantes. 4ª. Los parlamentarios o los que en otro régimen hagan sus veces. 5ª. La gigantesca burocracia inmediata del Estado civil y militar. 6.ª Los grandes bancos y las representaciones de todas las grandes industrias del país, que velan por la relación de estas con el Estado. 7ª. Los pretendientes a cuantas cosas dependen del Estado. 8ª. La gran prensa, de carácter principalmente político. 9ª. Las instituciones científicas -academias, Universidad, etcétera- en número incomparablemente superior a las que residen en cualquier provincia. 10ª. Los intelectuales, en densa concentración. 11ª. Como todas estas clases tienen amplios ocios, ha de haber en la capital un número enorme de juglares -espectáculos de toda índole-, clase social que vive de proporcionar placer a las anteriores. Por esto, la capital es siempre ciudad abundante en placeres. 12ª. Lo cual atrae a una masa enorme de ricos, cuya riqueza está en las provincias. Vienen a la capital para gastar sus dineros. 13ª. Todas estas clases de vecindario, salvo, en cierto sentido, los intelectuales y los juglares, no son productoras, sino gastadoras. La capital es concentración de compradores; por eso acuden a ella en legión los comerciantes. Estos viven atentos a su clientela, que, como se ve, está compuesta principalmente de gentes de Estado o congéneres. 14ª. Un estado inferior de pequeños servidores, artesanos, obreros, etc.; en suma: la "plebe", la plebe típica y eterna de toda gran capital".
Y añadía: "el punto decisivo está en si el vecindario del resto de España es homogéneo al de Madrid, si Madrid es toda España, o si "toda España" es muy distinta de Madrid; tal vez lo contrario de Madrid".
A la vista de todo ello, concluía diciendo que la "política madrileñista" (sic) no es más que "la idea e intención de organizar el Estado español suponiendo que el tipo medio de los cuerpos electorales en toda la Península es idéntico, en lo esencial, al cuerpo electoral de Madrid". Ese "madrileñismo político" (sic) sería "la política que presume una España consistente -para los efectos políticos- en un Madrid dilatado hasta los límites de la nación", en la cual "se toma a la nación como un Madrid, se toma a Madrid como lo normal de la nación". Hoy, en jerga federalista, hablaríamos de preferencias diferenciales entre territorios (sobre opciones de gastos e ingresos públicos), pero también de metapreferencias (sobre el propio modelo de Estado). Es obvio que existen. Negarlo es necedad. Obviarlo, fuente de conflictos.
Ortega no era experto en federalismo fiscal, pero leyendo sus fenotipos de ciudadanía madrileña (sobre todo los números 6, 12 y 13), comprendemos sus preocupaciones y sus implicaciones prácticas cuando hablamos en el presente del papel de los impuestos en la financiación autonómica.
¿Alguien sigue pensando todavía que armonizar la tributación es algo poco deseable en el diverso mapa autonómico? ¿Dónde está la presunta lesión a la autonomía financiera, si lo único que se regularía sería un mínimo para toda España, eso sí, por encima de cero? Esa autonomía, no se olvide, también la tiene la Administración central, como titular de los impuestos sobre patrimonio, herencias, donaciones, transmisiones o renta, entre otros. Un reparto objetivo muy desigual de las bases imponibles exige medidas claras de coordinación, así como flujos de solidaridad y redistribución suficientes y transparentes.
Si la respuesta no está flotando en el viento, a lo mejor está leyendo a los clásicos.
Publicado en el blog De fueros y huevos de Rifde-Expansión el 2 de diciembre de 2020
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