La financiación no arregla el mundo

Ha quedado constatado el fracaso de la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017, a pesar del mandato de la Conferencia de Presidentes de enero, a pesar de la supuesta voluntad política del gobierno central y a pesar de que la Comisión de expertos entregó su informe a finales de julio. Desde entonces, alguna reunión técnico-política y poco más. ¿Será en 2018?

De momento, mal empieza el año, cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública "congela" las entregas a cuenta que deben recibir las comunidades autónomas, las mismas que sirvieron para elaborar los vigentes presupuestos -o para gestionar las prórrogas- de las comunidades autónomas. Debe recordarse que estas entregas a cuenta son recursos que pertenecen por derecho a las comunidades autónomas, regulados en la ley del sistema de financiación autonómica, por tanto, independientes de la transacción política inherente a los Presupuestos Generales del Estado. Dos cuestiones, cada una por su canal, conectadas, obviamente, pero con diferentes metodologías técnicas y con distintos requerimientos de consenso político.

De nuevo hay que pedir un poco más de federalismo práctico y bastante más política de altura, para que se puedan desencallar, de un lado, la negociación entre gobiernos (sistema de financiación autonómica) y, de otro, la negociación entre partidos o grupos políticos (presupuestos). En caso de que sea imposible, se pasaría a otras soluciones: en el primer supuesto, una nueva prórroga del sistema de financiación autonómica de 2009; en el segundo, la cuestión de confianza o la convocatoria electoral anticipada. Lo que no tiene sentido es que la falta de acuerdo en el Congreso de los Diputados para aprobar un presupuesto -aún peor si se abre una espiral de varios ejercicios- trastoque, no ya la revisión o la reforma, sino incluso la operativa habitual del sistema de financiación autonómica.

Afirmado lo anterior, también es cierto que al sistema de financiación autonómica se le siguen pidiendo, quizás, demasiadas cosas. Como si fuese una pobre finalidad la de garantizar la financiación básica de los servicios públicos descentralizados, sobre todo, aunque no exclusivamente, los que hemos denominado como fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales esenciales). Este y no otro es su objetivo principal. Nada más y nada menos.

Lo que no se puede exigir a un sistema de financiación autonómica es que resuelva de un plumazo -y lo seguimos escuchando a muchos gobernantes y representantes políticos- los problemas de la política ambiental, la corrupción, las infraestructuras, la violencia de género o el modelo energético. Ni siquiera el reequilibro territorial, para lo cual harían muy bien las Cortes Generales en aprobar un refuerzo significativo del Fondo de Compensación Interterritorial, como ha recomendado la Comisión de expertos y como mandata la Constitución. Tampoco el sistema de financiación autonómica resolverá la reducción de la deuda pública, en particular, la que tienen contraída las comunidades autónomas con el Estado a través de los mecanismos adicionales habilitados al calor de la crisis. Ni tampoco cerrará la "cuestión catalana", de causas mucho más profundas que las meramente fiscales y financieras. El sistema de financiación autonómica puede coadyuvar a encarrilar todos esos temas e incluso algún otro, es evidente, pero no es el bálsamo de Fierabrás. Por si alguien lo seguía pensando.

Publicado en el blog De fueros y huevos de Rifde-Expansión el 16 de enero de 2018
Publicado en Expansión el 17 de enero de 2018