Forales que no aportan

Se ha dicho y escrito hasta la saciedad: "las comunidades de régimen foral gastan en 2016 por unidad de necesidad en torno a un 30% más que las de régimen común y se han alejado de ellas desde 2007 en su nivel de gasto por habitante ajustado". Por ello, en el sistema de financiación de régimen común "las transferencias verticales también deberían financiarse mediante las aportaciones de las comunidades forales necesarias para nivelar los recursos de todas las comunidades para servicios públicos fundamentales por habitante ajustado, actuando como vehículo para la contribución de las primeras a la solidaridad interterritorial". Se encuentran similares tenores en otros trabajos, pero son importantes estas dos citas textuales, por su fuerza, ya que aparecen en el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del modelo de financiación autonómica (páginas 28-29 y 41, respectivamente).

Para el común de los mortales, digámonoslo de otra manera: las comunidades de régimen foral disfrutan de un privilegio financiero que se deriva, no del uso de un legítimo sistema de Concierto (vasco) y Convenio (navarro), sino de su abuso y falta de transparencia. ¿Por qué? Las razones, políticas, provienen de la Transición, pero ya duran 40 años, cuando es evidente que las circunstancias objetivas no tienen hoy nada que ver. Si entonces había problemas muy serios que podían recomendar ciertas excepciones, hoy dichas desventajas han desaparecido y, en cambio, han germinado agravios comparativos, aderezados con un funcionamiento desleal y oscurantista de las relaciones financieras bilaterales. Es curioso comprobar cómo desde el lado foral se escucha a los representantes políticos hablar de riesgo unilateral, eficiencia y solidaridad. ¿Cómo es posible tamaña divergencia, no ya financiera, sino incluso en el lenguaje?

El citado Informe de expertos, en ocasiones más ambiguo, aquí es meridianamente claro y contundente, cuando recomienda desactivar "el foco de inestabilidad institucional que existe en este ámbito, derivado de la desigualdad de recursos y gastos" (página 42). Hasta se pone cifra a la aportación: 2.600 millones de euros al año (páginas 51-52). Pues bien, los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de los Diputados, pactados bilateralmente con el PNV al mismo tiempo que la Comisión de Expertos desarrollaba sus trabajos, van en sentido contrario o, más bien, en dirección equivocada. Nos estamos jugando la equidad y "la estabilidad institucional del Estado de las Autonomías" (página 66).

La Constitución no prohíbe la diferencia, pero sí los privilegios económicos y sociales. ¿Acaso la disposición adicional primera tiene más fuerza que el artículo 138.2 u otros preceptos que hablan de solidaridad? Los hechos son tozudos y parecen indicar que así ha sido hasta ahora y, por desgracia, así seguirá siendo, al menos, otro quinquenio más. Recordemos que la citada disposición constitucional "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales [...] en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Nada menos, pero ojo, nada más. El desarrollo posterior y, en concreto, el cálculo del cupo y de la aportación, dependen de acuerdos políticos y de leyes ordinarias. Y estos han ido siempre en el mismo sentido, con gobiernos de un signo o de otro, en mayoría o en minoría, con trasfondo terrorista o sin él.

Hasta el procedimiento de ley paccionada, tradicional, pero no obligatorio, parece en este momento muy poco aceptable, puesto que convierte a las Cortes Generales casi en un parlamento de papel, sin apenas capacidad de enmienda (si no es a la totalidad, lo cual dificulta mucho el acuerdo). Como también pedimos los expertos, las leyes del cupo y de la aportación "deberían contener un anexo detallado en el que se recoja toda la información relevante para el cálculo [...] y estar sujetas al procedimiento habitual de discusión y enmienda" (página 81 del Informe).

En definitiva, la maldad debe cambiar de bando. O se aprueba -y se impone por ley- la contribución de las comunidades forales a la solidaridad interterritorial, o el Gobierno de España debe decir qué impuestos va a subir o qué servicios va a recortar para cubrir esa laguna seca que deja la nueva rebaja del cupo.

Por cierto, quizás sea yo, pero detecto un agotamiento académico de este tema (al menos desde una parte), una cierta desidia técnica y una resignación política amplia. Y no me gustan.

Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 21 de noviembre de 2017 
Publicado en El Comercio el 23 de noviembre de 2017