Reflexiones federalistas para un nuevo modelo de control externo

Al hilo de la reforma federal del Estado, los órganos de control externo no pueden permanecer ajenos, ni el legislador puede obviar su fundamental papel. En el número 65 de la revista Auditoría Pública publico un artículo de reflexión sobre esta cuestión. Lo que sigue es el resumen, en español y en inglés. Al artículo completo se accede desde aquí o desde la web de la revista. 

La crisis económica ha supuesto una terapia de choque para el Sector Público español. Los severos ajustes en el gasto público y en la política fiscal se han querido extender también a los órganos de control externo autonómicos (OCEX), sobre todo tras el llamado Informe CORA, aprobado en 2013 por el Gobierno de España. Frente a su propuesta de supresión radical, en este trabajo se apuesta por todo lo contrario: un refuerzo del rol institucional del control externo, en el marco de un avance del modelo hacia otro de carácter federal, donde puedan trabajar armónicamente el Tribunal de Cuentas y los OCEX, junto a otras instancias, como la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esta ardua tarea necesita un amplio consenso político, así como el concurso de las instituciones de control externo y el apoyo del legislador estatal y sus homólogos autonómicos.

The economic crisis has been a shock therapy for the Spanish Public Sector. Policymakers have carried out severe cuts in public spending and passed higher taxes. They also have tried to extend these cuts to the regional external public finance audit institutions, especially after the so-called CORA Report, approved in 2013 by the Government of Spain. Faced with its radical proposal for suppression, in this paper the commitment is on the contrary, that is, a reinforcement of the institutional role of external control, as part of a transition to another federal model, where the national and the regional audit institutions can work harmoniously, together with other bodies such as the new the Independent Authority for Fiscal Responsibility. This arduous task requires a broad political consensus, as well as the assistance of the external audit bodies and the support of the state legislature and its regional counterparts.