Conclusiones contundentes sobre OCEX

Las conclusiones de los XI Encuentros Técnicos y VI Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo (OCEX) son claras. Hace falta más control externo, corrigiendo fallos y mejorando la calidad institucional.

Las conclusiones detalladas por grupos de trabajo se pueden consultar aquí. El documento completo (PDF) se puede descargar en este otro enlace.

 

Hasta el momento, la prensa se está haciendo amplio eco de estas conclusiones, por ejemplo, aquí y aquí. Mi aportación personal es esta entrevista en la Cadena Ser, el 28 de junio de 2015 (minuto 7 en adelante).

GRUPO 1
Retos institucionales de los OCEX en la era de la estabilidad presupuestaria

1. La crisis económica ha hecho aún más necesario el papel del control externo. Mucho antes, los OCEX ya habían alertado de “facturas en el cajón”, defectos en contratación y personal, debilidades en el control interno, baja rendición de cuentas o uso desmedido de las subvenciones directas, por citar algunos ejemplos. Muchas de esas conclusiones y recomendaciones son hoy ensalzadas, pero ya estaban ahí. La ciudadanía ha vuelto la vista hacia los OCEX, aun con todos los fallos que hay que reconocer y corregir.
2. Los OCEX también han sido eficaces en la detección de prácticas irregulares y fraudulentas. Algunos casos de corrupción han tenido sus antecedentes en informes de fiscalización. Con todo, no son los OCEX los que tienen que perseguir el fraude y la corrupción, pervirtiendo de ese modo su función principal. Por supuesto, sí están obligados a colaborar con otras instancias administrativas y judiciales. Como en una “carrera de relevos”, los OCEX entregan el testigo cuando termina la fiscalización.
3.  El legislador estatal ha sido desleal con los OCEX, tanto en la reforma constitucional de 2011 como en las leyes de estabilidad presupuestaria, transparencia, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o Administración Local, entre otras. La estabilidad presupuestaria ha sido la envolvente de esas reformas pero, lejos de ser un fin en sí misma, ha de ser la vía hacia presupuestos públicos con sólidos ingresos estructurales y gastos sostenibles dirigidos a lograr resultados de la acción pública. Más allá de formulaciones generales, la estabilidad presupuestaria debe contemplar situaciones particulares muy diferentes.
4. El ‘Informe CORA’ iba encaminado a la supresión de los OCEX. Por desgracia, fue utilizado como base para la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, por cuya recuperación merece la pena elevar un tono. [El acuerdo de investidura en Castilla-La Mancha recoge expresamente la recuperación de esta institución con caracter inmediato].
5. Es vital insistir en que el deber de colaboración y de rendición de cuentas se cumpla por todas las entidades fiscalizadas. Por si no fuese suficiente así, los OCEX deben estar facultados y preparados para aplicar medidas coercitivas y sancionadoras. Asimismo, el gestor que se aleje de las recomendaciones debe explicar su actuación.
6. Los OCEX están obligados a trabajar con el Tribunal de Cuentas, en un marco de estrecha colaboración, sin sometimientos ni condicionamientos. Es ineludible una renovada legislación general de control externo que refuerce la coordinación y que defina un concepto de supremacía acorde a un Estado descentralizado. De igual modo, los OCEX deben seguir impulsando su cooperación en la Conferencia de Presidentes y la ASOCEX.
7. Es imprescindible reforzar el rol institucional de los OCEX, preservando su independencia y su autonomía funcional con respecto a instancias gubernamentales, parlamentarias o de otro tipo.
8. Los OCEX deben aplicarse en una mejora continua, despojándose de perversas inercias y de informes poco útiles o desfasados. Deben proscribir cualquier politización indebida y abrirse a la sociedad, difundiendo sus actuaciones y educando sobre la valiosa función que desempeñan en democracia. Porque, si importante es fiscalizar, no hay que olvidar que se hace para mejorar la gestión pública y la calidad de vida de las personas.

GRUPO 2
Fiscalización del sector público local tras el nuevo marco normativo

1. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no consigue los objetivos perseguidos: no clarifica las competencias locales, no racionaliza la Administración Local y, con relación al refuerzo del control interno, habrá que esperar al Reglamento y a su aplicación práctica.
2. Existe una indeterminación de los supuestos y el contenido de los informes del artículo 7.4 de la LRBRL con respecto al ejercicio de competencias de las entidades locales. Las normativas autonómicas intentan mantener la situación precedente.
3. Con la finalidad de conseguir que las entidades locales rindan sus cuentas a las instituciones de control externo (ICEX: comprende los OCEX y el Tribunal de Cuentas), nuestro ordenamiento jurídico paulatinamente ha adoptado distintas soluciones con diferentes resultados. Por otro lado, la legislación de contratos del sector público debería habilitar a las ICEX para regular la documentación que las entidades públicas deben enviarles para poder fiscalizar aquellos contratos que superen los importes establecidos en la propia normativa contractual.
4. El recurso a las llamadas auditorías horizontales, con la finalidad de analizar uno o varios aspectos de gestión de las corporaciones locales o de los organismos o entidades de ellas dependientes, contribuye a reforzar la utilidad de las instituciones de control, ya que permite establecer recomendaciones y pautas comunes, facilitando el intercambio de buenas prácticas.
5. Allá dónde no exista, sería indispensable la extensión del control legal y económico-financiero por parte de los servicios municipales a sus sociedades dependientes, en garantía de una gestión societaria al servicio del interés público.
6. En el actual contexto de exigencia presupuestaria y demanda de transparencia y ética en la gestión pública, la introducción de la metodología de valoración de riesgos en la planificación y ejecución de los trabajos de la ICEX en el Sector Público local, debe constituir un principio esencial para dar respuesta adecuada a su misión principal, esto es, velar por la buena gestión de los fondos públicos.

GRUPO 3
Cuenta general de comunidades autónomas y universidades públicas

1. Se han tratado la fiscalización de las retribuciones en la universidad, el sistema de control de dichas instituciones, incidencias varias en la fiscalización del ámbito autonómico, diversos aspectos en materia de contratación administrativa y las relaciones entre auditores internos y externos.
2. Persisten dificultades en la fiscalización de las retribuciones en el ámbito universitario que requieren un incremento de su control.
3. Los fondos dedicados a la investigación, una vez asumidos por la universidad pública, son fondos públicos provengan del sector privado o del público.
4. Se precisa un aumento de la coordinación en la postura de los OCEX ante el archivo de actuaciones por parte del Tribunal de Cuentas en procesos de responsabilidad contable en fase de actuaciones previas.
5. Es necesaria una actualización de la normativa autonómica en materia económica, presupuestaria y contable.
6. Se constatan falta de control y dificultades de autogestión en los centros docentes no universitarios financiados con fondos públicos.
7. Hay una huida del Derecho Administrativo a través de entes dependientes y, por ello, es preciso avanzar en la fiscalización de encomiendas de gestión, desde la tramitación hasta su ejecución y control posterior.
8. Es necesaria una racionalización de la inversión pública acorde con la situación económica, documentando el estudio sobre las posibles alternativas de inversión para poder elegir la más eficiente, eficaz y económica.
9. Resulta ineludible estrechar las vías de comunicación entre auditores internos y externos para aprovechar sinergias.

GRUPO 4
Normativa contable pública y normas técnicas de auditoría

1. En los últimos años se han aprobado importantes instrucciones y normas, tanto en materia de contabilidad pública como de auditoría, con evidentes efectos sobre las fiscalizaciones de las ICEX.
2. Se han propuesto y sugerido algunas técnicas y experiencias prácticas de fiscalización relacionadas con los parques científico-tecnológicos andaluces, los peajes en sombra, la situación económica-financiera de las entidades locales y la implantación de su contabilidad analítica.
3. Existe una laguna normativa en cuanto al tratamiento que los entes públicos concedentes tienen que dar a los activos concesionales. Las ICEX debemos advertir esta deficiencia normativa en los informes de fiscalización e informar de los efectos que sobre los estados financieros de los entes públicos podría tener la aplicación indirecta de la Orden EHA/3362/2010 que regula las normas específicas para las empresas concesionarias.
4. El elevado número de entidades dependientes de la administración autonómica existente, unido a la escasa práctica de la consolidación de cuentas, provocan una fragmentación de la información financiera que dificulta su fiscalización. Variables como la solvencia a corto plazo o el endeudamiento permiten conocer la posición económica del conjunto de entidades instrumentales autonómicas.
5. Los OCEX deberían adaptarse al cambio constante al cual está sometida la Administración Pública e implementar las tecnologías de la información (TI) en todos los ámbitos de su trabajo de fiscalización, prestando especial atención al archivo de los papeles de trabajo, su custodia y conservación.
6. La regulación contenida en la ISSAI-ES 200 referida a los “hechos posteriores” presenta dificultades de aplicación a los informes de las ICEX, debido al amplio espacio temporal que en muchos trabajos transcurre entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de fiscalización.

FORO TECNOLÓGICO

1. Como resultado de la actual transformación digital de dos velocidades, la tecnología está creando una brecha cada vez más significativa entre las organizaciones que son capaces de aprovechar el gobierno corporativo de las TI y aquellas que, por inacción, se convierten en seguidoras digitales. Los OCEX, por tanto, tienen la necesidad de implementar el gobierno corporativo de TI, alineado con sus estrategias corporativas, como mecanismo para posicionarse como OCEX de referencia y, al mismo tiempo, como instituciones públicas ejemplarizantes sobre las que el resto de organizaciones del Sector Público podría mirar para mejorar su gestión y cumplir con las exigencias con el Esquema Nacional de Seguridad.
2. La oportunidad pasa, en primer lugar, por un cambio radical y disruptivo en torno a las TI, el cual debe ser liderado por los presidentes y consejeros de los OCEX. El gobierno corporativo de TI es, por tanto, parte de una dirección corporativa y de una cultura digital que, a través del liderazgo de sus responsables, debe adecuar lo antes posible la gobernanza y la organización de los OCEX, para hacer frente a la necesaria transformación digital e impedir la obsolescencia y el riesgo de desaparición por falta de adaptación de estas instituciones.
3. Una necesidad prioritaria es invertir tiempo en el análisis de los datos recibidos y construir los procedimientos informáticos que permiten procesarlos para obtener información, para lo cual es imprescindible disponer de equipos multidisciplinares de auditores y técnicos informáticos dentro de cada OCEX. Disponemos de herramientas, ahora hagamos uso de ellas y compartamos los proyectos desarrollados.
4. Las ISSAI-ES obligan a las ICEX a adoptar un enfoque de auditoría basado en el análisis de riesgos (ABAR), incluido el riesgo de posibles fraudes. Este enfoque supone la consideración de riesgos y los correlativos controles. Muchos de los controles a revisar son controles automáticos, embebidos en las aplicaciones y en los sistemas y procedimientos que hacen posible su adecuado funcionamiento. Abordar la revisión de los controles automáticos es una necesidad que implica la utilización de metodología y técnicas propias de la auditoría de sistemas de información. Algunos de estos controles son tan relevantes que deberían revisarse en todas o en la mayoría de las fiscalizaciones.
5. La rendición de cuentas a través de medios telemáticos facilita obtener y tratar la información de manera más eficiente, rápida y segura, lo que redunda en el buen hacer de los equipos de auditoría. La plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales –que permite la rendición tanto de cuentas como de contratos- es el ejemplo de cómo se deben aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, sin olvidar que ya hay OCEX que han puesto en marcha la rendición de cuentas de las entidades dependientes.
6. Ha llegado el momento de iniciar un proyecto común para la explotación de la información, el cual incluya desde el análisis de datos hasta la presentación y difusión de resultados. Una metodología común por parte de los OCEX en la explotación de la información generaría, sin duda, sinergias positivas y evitaría al mismo tiempo ineficiencias innecesarias derivadas del tratamiento individualizado de la información.
7. Es necesario aprobar una política de gestión documental en todos los OCEX que garantice el ciclo de vida de la documentación electrónica, desde la captura hasta la custodia de la misma, permitiendo también el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
8. Todo este esfuerzo de informatización facilita el cumplimiento de las leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recordando que las comunidades autónomas deberían tener en funcionamiento en 2015 los bloques de transparencia y acceso a la información.
9. En el entorno actual, en el que la acción de los OCEX y de las organizaciones sujetas a su control dependen cada vez más de la utilización eficiente de la tecnología, es imprescindible que las actuaciones fiscalizadoras se lleven a cabo por equipos multidisciplinares que incorporen perfiles de auditores tecnológicos, auditores no tecnológicos y expertos informáticos en sus equipos de auditoría. Para asegurar que las nuevas tecnologías se implantan adecuadamente en el trabajo diario de los equipos de fiscalización, debe garantizarse la continuidad de estos Encuentros Técnicos y Foro Tecnológico, fomentando la presencia simultánea y la participación de los expertos y auditores de perfil tecnológico y no tecnológico, así como de los responsables de los OCEX.

Crisis y estructuración territorial del Estado

Este año finaliza la vigencia del proyecto de investigación Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis, financiado por el Plan Nacional de I+D+i, bajo el paraguas de la Fundación Giménez Abad y con José Tudela Aranda como investigador principal.

Con tal motivo, el equipo de trabajo tuvo una reunión en la Facultad de Derecho de la UNED para presentar conclusiones y plantear estrategias de futuro. Además, se celebró el seminario titulado Crisis y estructuración territorial del Estado, organizado por nuestro grupo de investigación, en colaboración con ECJ Leading Cases y la Asociación de Profesores de Derecho de la UNED, con este atractivo programa.

Mi idea es seguir desarrollando el principio de responsabilidad en la financiación autonómica y el concepto de “rescate”, desde un punto de vista formal.

Frutos y fotos sobre control externo en Oviedo

En Oviedo estuvimos debatiendo sobre las cuestiones candentes relativas a los órganos de control externo (OCEX), en el marco de los XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico de los OCEX, organizados por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Las comunicaciones y ponencias, al igual que las conclusiones, están disponibles en la web www.sindicastur.org. 

Cuestiones relativas a la estabilidad presupuestaria, la reforma local, la política autonómica, las universidades públicas, las nuevas normas de contabilidad y auditoría pública o las principales novedades tecnológicas estuvieron presentes en todo momento. El evento supuso también la puesta de largo de la Asociación de los Órganos de Control Externo Autonómicos (ASOCEX).

Podemos hablar de éxito sin pecar de exceso. Casi 200 personas inscritas y cerca de medio centenar de comunicaciones y ponencias presentadas son una buena prueba de ello. En el plenario final se leyeron -leí- las conclusiones de los grupos de trabajo, se hizo entrega de los premios Auditoría Pública en su XVII edición y se presentó un libro electrónico sobre los 25 años de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La conferencia de clausura corrió a cargo de Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, bajo el título “Una panorámica del proceso descentralizador en España (bajo el síndrome de la mujer de Lot)”. Algunas reseñas se pueden ver aquí, aquí y aquí.

El Comité Técnico, del que formé parte como secretario, agradece la participación y el entusiasmo de todas las personas participantes. La próxima edición de los encuentros técnicos y del foro tecnológico será en 2017, en una sede por concretar que se conocerá antes del final de 2015.

Aquí quedan algunos buenos recuerdos en imágenes.

 

Carteles y conciencias

Por la carretera de La Plata, girando hacia Llordal, encontramos un curioso cartel que dice lo siguiente: “Propiedad privada. Prohibido arrojar basuras”. En Google Maps vemos la versión de 2008 que prohibía “tirar escombro”, lo cual cambia poco. Personalmente, recomiendo acercarse hasta este rincón de Castrillón y, de paso, disfrutar de su paisaje.

El letrero invita a una reflexión con varias preguntas. Para empezar, la más obvia: ¿hay que recordarle todavía a alguien que no se deben tirar escombros o arrojar basuras en cualquier sitio? ¿No están para eso los puntos limpios y los contenedores homologados? Recuerdo hace años otro lugar, en la carretera entre Soto y L’Arena, utilizado hoy para pasar el día de comida o tomando el sol, con buena hierba, senda peatonal, mesas de madera y vistas a la desembocadura del Nalón, a la vera de El Castillo, donde a finales de julio celebran sus fiestas. Aquello era un vertedero ilegal y hoy es un refugio del nordeste playero de Los Quebrantos o simplemente un sitio agradable y bien comunicado. De no haber mediado aquella intervención pública para clausurar el vertedero, me temo que hoy la situación sería bien distinta.

Volvamos al cartel. Me llama también la atención que destaque la propiedad “privada”. ¿Acaso si fuese pública tendríamos permiso para contaminar y echar mierda? La respuesta es tan obvia que me la ahorro. Lo preocupante es que mucha gente sigue sin valorar lo que es de todos, lo público, pero, eso sí, cuando les tocan la pared de su casa o el linde de su terreno, entonces saltan y protestan.

Ese desprecio que algunos siguen manifestando hacia lo público se puede observar en el medioambiente (montes, playas, ríos, parques), pero de igual modo en el mobiliario urbano, los edificios administrativos, los caminos vecinales e, incluso, en servicios esenciales como sanidad o educación. Exigimos con voz alta la máxima calidad, pero protestamos de forma airada cuando nos toca pagar impuestos, sabiendo que son el “precio” de la sociedad civilizada que pretendemos. Si algunos no tienen rubor a la hora de rayar un banco, defraudar, ensuciar la calle o prender fuego en días de sol, no deberían chillar tanto cuando peligra su finca particular o cuando tienen que hacer la declaración de la renta o del IVA.

Hasta el más liberal entre los liberales defiende un mínimo papel del Sector Público para garantizar la propiedad privada. En el otro extremo, estarán quienes defienden la total intervención pública en la economía para regular todos nuestros comportamientos. Entre esos dos extremos creo que estamos la inmensa mayoría de quienes defendemos un espacio compartido, con una ética personal sobre nuestros intereses colectivos que nos impida hacer barbaridades, sin necesidad de que las prohíban un cartel o una ley, sino porque estamos convencidos de ello.

Publicado en La Voz de Avilés el 10 de junio de 2015