El Comercio (22-3-2014) |
La fantasía del fútbol profesional en España parece que ha comenzado a desvanecerse. Pero aún falta lanzar una señal definitiva: esto no se tomará en serio hasta que desaparezca un tercio de los clubes que militan en primera y segunda, dejando también la mal llamada “segunda B” reconducida a 20 equipos, en lugar de los 80 actuales. ¿Y por que pienso esto?
Primero, porque ningún argumento racional justifica que continúen los fichajes millonarios de jugadores y entrenadores por parte de equipos en concurso de acreedores o quebrados hace años. No tiene sentido que un club –asociación privada- o una sociedad anónima deportiva –empresa- reciban aportes millonarios por parte de instituciones públicas de todo signo y condición, a cambio de nada y sin mayores argumentos que las de “un sentimiento” o “una ilusión”. Si sumamos los importes acumulados de ayudas públicas en forma de subvenciones, patrocinios, adquisición de marcas comerciales, construcción y uso gratuito de instalaciones, avales, préstamos por parte de entidades bancarias nacionalizadas, pelotazos y operaciones urbanísticas diversas –algunas con escaso encaje legal- nos sale tal cantidad de dinero público que supera con creces el escándalo. La Comisión Europea ya lo está investigando y no es para menos. De las propias autoridades españolas de control no podemos esperar gran cosa. Claro, es futbol.
Segundo, porque el poder económico y político que acumula el fútbol profesional ha estado durante demasiado tiempo contribuyendo a socavar los cimientos de la (escasa) cultura tributaria y democrática de este país. Por ejemplo, camuflando los costes reales de los fichajes estrella, aprovechando las ventajas crediticias que proporcionaban las cajas de ahorro o utilizando los palcos para ‘dar salida’ al dinero generado durante el boom de la construcción. Pero claro, es futbol.
Tercero, porque no se puede soportar que personajes como Gil y Gil, Ruiz de Lopera, Ruiz Mateos, Piterman, Ali Syed y otros muchos individuos sean historia reciente de la corrupción y la caradura en este país. Hace unos días conocíamos el colmo de la desvergüenza: los amiguetes del gremio solicitan al Gobierno de España el indulto para el condenado José María del Nido (hijo de su padre homónimo y antaño seguidores los dos de Blas Piñar). Esperemos que no se lo concedan porque sería demasiado de soportar. Entre los promotores de esa petición, nada menos que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, una entidad asociativa privada que ejerce funciones públicas de carácter administrativo y, por tanto, en cierto modo, un cargo público. Por cierto, una presidencia bien retribuida que lleva ocupando la misma persona –el ínclito Villar- nada menos que 25 años. Pero a este ‘político’ pocos le tosen. Todo sea por el interés general. Claro, es futbol.
En el país donde se aplaude a los Messi –junior y senior- cuando entran al juzgado, donde el gran debate nacional es sobre una liga adulterada que van a ganar, sí o sí, uno de los dos grandes. Donde presidentes de clubes de futbol son más poderosos y respetados que algunos cargos electos en alcaldías y presidencias de comunidades autónomas. Donde gestores condenados salen desafiantes entre aplausos de sus parroquianos y gritos de “¡viva yo!”.
Por si todo eso fuera poco, en este lugar del mundo se pide la dimisión de Sandro Rosell (y sorprendentemente se consigue), pero no la de Florentino Pérez y otros por casos muy similares en apariencia. No pasa nada mientras este próximo verano cada uno se gaste otros 100 millones de euros en algún apuesto futbolista de renombre, eso sí, sin enseñar facturas ni declaraciones de impuestos. Recordemos que en 2003 se reformó el IRPF para que las personas que adquiriesen su residencia fiscal en España pudiesen tributar menos por sus ingresos, pero lo que ocurrió es que se ficharon futbolistas de élite en lugar de doctores o ingenieros (por eso la norma se iba a conocer como “ley Beckham”, gracias al rubio inglés). Al menos este disparate ya no está vigente desde 2010. Pero da igual, es fútbol.
Se ha estado estafando a manos llenas, incluyendo en la nómina de agraviados a ayuntamientos, comunidades autónomas, Agencia Tributaria, Seguridad Social y proveedores varios. Es decir, a todos nosotros. No pasaba nada porque se fichaba a los mejores y nuestro equipo “del alma” –por cierto, al que nunca dimos un euro de nuestro bolsillo- ganaba el campeonato o pasaba de ronda. Si la ética fuese un ascensor, ahora mismo estaría en el entresuelo, a punto de desplomarse al sótano. Pero claro, es fútbol.
Propongo que el fútbol profesional lo paguen en exclusiva los socios, los aficionados, las televisiones privadas y los apostantes de la quiniela. Y que se reserve el dinero público estrictamente para apoyar el deporte base. Tenemos una cultura de fútbol que puede ser tan vasta como la de Brasil, pero con la gran diferencia de que ellos ‘exportan’ jugadores y tienen cinco mundiales ganados, mientras que aquí se ‘importan’ jugadores y se ‘fabrican’ pufos.
La impunidad no puede seguir. Yo también tengo sentimientos, pero no me los subvencionan.
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