Con respecto a la III Conferencia sobre Federalismo Fiscal y Descentralización en España, Luis Pousa escribe un artículo en El Correo Gallego referido expresamente al trabajo que firmamos Jorge Martínez-Vazquez, Santiago Lago Peñas y yo mismo.
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LUIS POUSA
Autogobierno por el lado del gasto
TRAS CUATRO años de crisis profunda y una recesión económica agravada a finales de 2011 y que continuará hasta 2013, muchas comunidades autónomas están sufriendo dificultades de liquidez y solvencia y algunas se encuentran con que los mercados financieros se han cerrado para ellas, todas que las primas de riesgo que les exigen resultan insostenibles.
Esta situación de angustia financiera se ve ahora agravada por una reforma del sistema financiero español que, en la práctica, ha supuesto la desaparición de las cajas de ahorros. "Durante mucho tiempo prestamistas preferentes –sino cautivos– de los gobiernos autonómicos", según recuerdan Roberto Fernández Llera (Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias), Santiago Lago Peñas (catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo) y Jorge Martínez-Vázquez (director del Centro Internacional de Política Pública de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos). Los tres son autores de un estudio, La autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas y su (des) uso: presencia de una restricción presupuestaria blanda, presentado en la III Conferencia sobre federalismo y descentralización en España, celebrada en Santiago de Compostela los días 16 y 17 de octubre.
Las dificultades antes mencionadas para las comunidades autónomas se han unido "al desfase entre la fortísima caída de los ingresos tributarios y la rigidez de los gastos autonómicos; especialmente en las tres grandes competencias sociales de sanidad, educación y atención a la dependencia", señalan los autores del citado estudio.
Llera, Lago y Martínez Vázquez califican la actual situación de "emergencia", por lo que requiere "encontrar soluciones a corto plazo que permitan a muchas CCAA continuar con sus responsabilidades de prestar servicios básicos y fundamentales a la ciudadanía".
Prueba de ello es que por primera vez en la historia del Estado de las Autonomías, las comunidades se han visto obligadas a pedir "un rescate financiero explícito" a la Administración central. Lo cual no quiere decir que en el pasado no se hayan realizado "ajustes implícitos con objetivo de similar naturaleza o para solventar dificultades transitorias de tesorería. La novedad estriba en que nunca estas ayudas estatales habían sido tan evidentes, ni tan cuantiosas, ni tan generalizadas".
Los autores consideran cuestión importante entender mejor cómo se ha llegado hasta aquí y qué es lo que se debe cambiar en el sistema de financiación autonómico para que la situación actual no vuelva a repetirse.
Sin duda, la causas que han abocado a esta situación son múltiples y complejas.
Algunas de ellas fuera del control de las comunidades, como una recesión económica mundial, con un alcance y profundidad que recuerdan a la Gran Depresión del siglo XX; el estallido de la burbuja inmobiliaria; y el alto grado de endeudamiento del sector privado y "de modo relativo" del Gobierno central.
Pero otras son consecuencia de las políticas y las decisiones tomadas por las propias comunidades autónomas, a lo largo de varias décadas, "sobre el nivel y composición del gasto, su fuerte dependencia de las transferencias del Estado y el débil uso de su propia capacidad tributaria y sus decisiones sobre endeudamiento".
Este es el meollo de la cuestión. Lo que lleva a Llera, Lago y Martínez-Vázquez a preguntarse "hasta qué punto las formas de financiación propia, usando la capacidad tributaria otorgada en las leyes a las comunidades autónomas, y la financiación a través de transferencias y participaciones del Gobierno central, han sido un factor importante contributivo a la crisis que vivimos". Y la respuesta es que sí.
Es perfectamente verificable que, aunque las consecutivas reformas de las relaciones fiscales intergubernamentales de las tres últimas décadas le han concedido mayores atribuciones en autonomía tributaria, las comunidades "no han utilizado", salvo excepciones, "esa mayor capacidad tributaria".
En su lugar, han preferido continuar financiando sus incrementos de gasto "a través de los fondos recibidos de la Administración central en la forma de transferencias y participaciones de ingresos de varios tipos".
Sostienen que la razón principal que ha sustentado este comportamiento, "ha sido la connivencia mutua entre las comunidades y el Gobierno central" para que aquellas puedan actuar bajo "la protección de una restricción presupuestaria blanda". Lo cual es una manera de ejercer el autogobierno por el lado del gasto pero no por el de los ingresos. Eso ha hecho que "los incrementos sostenidos en las transferencias y participaciones en el fondo del Estado central", los han obtenido sin "pedir sacrificios directos a sus ciudadanos en la forma de subida de los impuestos autonómicos"; al contrario, en algunos casos los redujeron o los eliminaron.
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