Acabamos de conocer las cifras de déficit público del año 2011: un
8,51% del PIB, o sea, unos 27.000 millones de euros por encima de lo previsto. No se trata de buscar culpables, puesto que “Estado somos todos”, aunque es verdad que la desviación en las comunidades autónomas es la más preocupante. Se demuestra que
el modelo de financiación autonómica de 2009, lejos de ser la solución, ha contribuido a agravar algunos desequilibrios financieros básicos.
En cambio, son dignos de algún elogio, por su eficacia, los ajustes de la administración central, atribuibles al anterior gobierno socialista de Zapatero. A su lado, la Seguridad Social mantuvo un saldo razonable, con un ligerísimo déficit de 9 centésimas del PIB, a pesar de la fuerte e imprevista destrucción de empleo en 2011. Y ‘mención de honor’, dentro de la gravedad, para las entidades locales que, prácticamente, han cumplido el objetivo agregado. Esto último no quiere decir que no haya que poner de manifiesto el flagrante déficit que han registrado algunos ayuntamientos en concreto, para no ser injustos en el diagnóstico, ni en la aplicación de consecuencias.
A mi juicio, son tres las causas que han motivado la gran desviación en las comunidades autónomas. Por un lado, el deterioro general y no anticipado de las previsiones de crecimiento de la economía en 2011, con su inmediata traducción en una menor recaudación fiscal. En segundo lugar, la rigidez de los gastos autonómicos, sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, lo que dificulta muchísimo los ajustes. En tercer lugar, las fallidas políticas de recortes en el gasto, muy llamativas en algunos casos, pero la mayoría de las veces ineficaces e injustas. Paradigmático es el caso de Castilla-La Mancha, donde primero quebró la caja de ahorros (no fue casualidad, ni mucho menos), luego recortó su presupuesto de forma dramática y ahora, encabeza con mucho la deshonrosa clasificación del déficit. Ojalá me equivoque, pero este caso y alguno más, como el valenciano, empiezan a sonar como un ‘Sirtaki’ griego. En el lado contrario, la Comunidad de Madrid puede presumir de haber cumplido su objetivo de déficit en 2011, eso sí, gracias en parte a privatizaciones masivas en servicios públicos esenciales o a fórmulas de colaboración público-privada que, si bien adelgazan la factura presente de gastos e incluso introducen ingresos adicionales, a medio y largo plazo suponen una hipoteca para presupuestos futuros.
Ya no queda otro remedio que reconocer que los objetivos de déficit para España, tal y como habían sido planteados, no se van a cumplir tampoco en 2012 ni en 2013. Por tanto, solo cabe ser flexibles en el ajuste, yendo más allá de este último año para reconducir el déficit público hasta el 3% del PIB. O se hace esto de una forma más gradual o el ajuste deberá ser más intenso todavía del que se ha hecho. Quizás la rebaja del 5% en el sueldo de empleados públicos o la reforma laboral de Rajoy nos pudiesen parecer entonces piezas de una comedia ligera.
El Sector Público puede –y debe- contribuir a reactivar la economía y a crear empleo, sobre todo cuando el consumo de las familias y la inversión de las empresas están en caída libre. De otro modo, un paso atrás de las Administraciones Públicas en este momento, lo único que haría sería profundizar en el pozo donde llevamos tiempo “tocando el fondo”, como diría Gabriel Celaya.
En otras palabras: si solo atendemos al endeudamiento y descuidamos las políticas de estímulo y crecimiento, corremos el riesgo de llegar los primeros a la meta del objetivo de déficit y, a continuación, morir de fatiga, como le pasó a Filípides, aquel mítico primer corredor de maratón.
Ahora tenemos a la vista dos elecciones, en Asturias y en Andalucía. El electorado debe saber qué propone cada partido y debería votar en consecuencia y en conciencia. Los datos están ahí (al menos los que no se ocultan, como es el caso de los presupuestos generales del Estado para 2012). Los recortes que cada uno ha hecho y su eficacia (mucha, poca o ninguna), también. La injusticia de algunas políticas que no buscan reducir el déficit, sino socavar los cimientos de los servicios públicos, es de sobra conocida. En Asturias, anotemos la diferencia entre un primer semestre de 2011 cercano al objetivo de déficit y un segundo semestre muy malo en términos presupuestarios. Todo eso lo percibimos y lo palpamos. No simplifiquemos para abstenernos, diciendo eso tan socorrido de que “son todos iguales”. Es bastante obvio que hay notables diferencias.
Por eso tienen que celebrarse
debates públicos, ahora más que nunca, para que nadie se quede sin conocer las opiniones de cada parte. Para que se expongan y se contrasten los planes de futuro: recorte de gasto y/o subidas de impuestos; proyecto político personal o colectivo; Sector Público o privatización. En Asturias es obligado que los candidatos y las candidatas de las principales fuerzas políticas debatan en foro público para retratarse. Todo parece indicar que el sitio más neutral y –ojo- el más barato es la sede de la
TPA. A partir de ahí, decidan ustedes.
Publicado en El Comercio el 4 de marzo de 2012
