Artículo de Luis Fernández en La Voz de Asturias (publicado el 27 de septiembre de 2010).
Un impuesto que grave las transacciones financieras internacionales con la finalidad de erradicar la pobreza en el mundo. Ésa es la nueva versión de la tasa Tobin, un impuesto que se aplicaría sobre el 0,005% de las operaciones de capital.
El debate no es nuevo, ya que el primero que planteó gravar este tipo de operaciones fue el economista James Tobin en 1971, galardonado con el Premio Nobel, quien pretendía que los movimientos de divisas pagasen un impuesto para evitar las especulaciones. Ahora, 40 años después, el objetivos es diferente: hacer frente al hambre en el mundo, para llegar a cumplir los Objetivos del Milenio, con el dinero recaudado.
En Asturias, los economistas aplauden la aplicación de la tasa y los objetivos que persiguen, aunque reconocen grandes dificultades para su implantación.
Roberto Fernández Llera, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, asegura que se trata de un impuesto que “me gusta”. En su opinión, se trataría de un gravamen “relativamente pequeño, pero al tener una base de aplicación amplísima, recaudaría una cantidad importante”. Otro de los elementos que agrada al economista es que la nueva versión de la tasa Tobin “iría destinada a políticas de desarrollo, lo que me parece bien, aunque podría destinarse también a otras cosas, como un fondo de garantía para situaciones de crisis”.
En el lado negativo Llera destaca que “al tratarse de un impuesto internacional debería implantarse a nivel mundial, por lo que es muy complicado”. Pese a ello, “no debe renunciarse a este tipo de actuaciones. Aunque es difícil, si hay voluntad, es posible”.
Una opinión parecida tiene el decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente, quien considera que su implantación “sería un instrumento estabilizador que guarda relación con la eliminación de los paraísos fiscales”. A pesar de ello, afirma que “hay que ser realistas, porque tendríamos que hacerlo todos los países, ya que si no podría provocar una emigración fiscal”. Además, también asegura que “plantea problemas técnicos, como su recaudación y distribución, y la dificultad de implantarlo sin que repercuta en los clientes”.
Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), asegura que “como tasa está bien, pero no tengo claro que sea factible”. Asegura que “se abriría un abanico de posibilidades. Serviría, por ejemplo, para prever hecatombes, pero habría que ver quién lo pagaría para que tuviese un efecto importante”.
Menos partidario de su aplicación se muestra Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, quien considera que “tiene difícil justificación”. Además de su “dificultad de implantación”, requeriría “la aprobación de todas las potencias económicas”. En su opinión, “presenta una gran complejidad de recaudación y sería costoso, por lo que no sería tan rentable”. Por último, argumenta que “penalizaría las operaciones y frenaría la inversión”, motivos por los que considera que “se trata de una tasa irrealizable”.