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| John Stuart Mill y Helen Taylor Mill |
El clásico contemporáneo cuando hablamos de Hacienda Pública es Richard Musgrave, sin olvidar ni menospreciar a Peggy, su mujer (que no su hermana, como alguno pensaba). Ambos se influenciaron mutuamente y firmaron numerosos artículos y libros -juntos o por separado- que siguen siendo referencia ineludible en el ámbito de la Economía Pública. Sirva como ejemplo evidente su manual más conocido, citado y reeditado, con el que muchos nos acercamos por primera vez a la disciplina y que aún hoy lo seguimos teniendo en la estantería para consulta obligada. Este matrimonio de economistas es uno de los más famosos, pero cómo no citar en este momento a otra pareja, bastante anterior en el tiempo, pero pionera en cuestiones feministas, relativas a la participación igualitaria de la mujer en la vida política, económica y social. Me refiero a Harriet y John Stuart Mill, como suele ser habitual, muchísimo más conocido él que ella.
Pues bien, volviendo al centro de la reflexión, cabe recordar lo que el matrimonio Musgrave escribía sobre hacienda multijurisdiccional, proscribiendo en general una descentralización radical de la función de redistribución, ya que la "votación con los pies" podría acabar arruinando la eficacia de esta política, por efecto de una movilidad en busca del "paquete fiscal" más atractivo para cada contribuyente-ciudadano. Bien es sabido que esto admite muchos matices teóricos y prácticos, pero si hay un campo concreto donde se sigue esencialmente el enfoque musgraviano es el de la pensiones públicas. Por eso no parece ni justo, ni eficiente, ni siquiera barato o sostenible acometer una ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Hay muchas razones de eficiencia, economía y equidad, pero bastaría reseñar una contundente: muchas comunidades autónomas simplemente no serían solventes y dejarían sin pensión -o cerca de la miseria- a millones de personas residentes en sus respectivos territorios. Como escenario contrafactual, podríamos pensar en dotar una suerte de fondo de solidaridad para cubrir esas lagunas con los superávit de los territorios con mayor renta per cápita, pero al final estaríamos desvistiendo un santo para seguidamente volver a vestirlo con peores ropajes. Los experimentos, mejor con gaseosa.
Con todo, no podemos dejar de pensar en que existen argumentos legítimos para que una comunidad autónoma reclame la competencia sobre pensiones de la Seguridad Social. Al menos, se me ocurren dos: autogobierno y suficiencia. El primero (como el País Vasco ha venido reclamando históricamente), para reforzar las esferas de poder autónomo, hasta el estadio de acercarse mucho a la independencia de facto (o de iure). Claro está que entonces ya no hablaríamos de federalismo, sino de confederalismo o de relaciones internacionales, preferencias que siguen siendo minoritarias para la población española en su conjunto.
El argumento de la suficiencia, además de legítimo (faltaría más), sí que resulta mucho más potente y sugestivo, ante un panorama donde las pensiones presentes son objetivamente bajas (salvo las conocidas excepciones) y, aún peor, decrecientes en términos de poder adquisitivo. Es entonces cuando algunos gobiernos autonómicos -nuevamente donde la renta per cápita es más alta- alzan su voz para reclamar la descentralización de las pensiones, tratando de vender una supuesta mejora en la gestión y una mayor generosidad en las prestaciones. Suena bien, pero ¿se puede comprometer la caja única por una mera hipótesis? Quizás es demasiado riesgo, nunca mejor dicho, cuando hablamos del mundo financiero de las personas, no de los casinos globales que a veces son ciertos mercados.
Al respecto, el exministro de Economía, Industria y Competitividad acaba de admitir que en 2012 la "obsesión" (sic) del Gobierno de España era evitar el rescate, sobre todo porque podría implicar "un recorte de las pensiones del 10%". Sea por un argumento altruista y bienintencionado del gestor, sea porque los pensionistas movilizan millones de votos en las elecciones, esas declaraciones es evidente que presentan elevados visos de verosimilitud. Esto lo hemos apuntado en el Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, constatando en primer lugar que, mientras los recortes del gasto autonómico durante la crisis han sido notables, el crecimiento del gasto en pensiones (centralizado) ha sido sostenido, hasta el punto de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya se ha agotado y el déficit anual del sistema supera los 18.000 millones de euros. ¿Podría haber sido de otra forma? Es evidente que sí, ya que en la base ha estado una decisión política que eligió -o más bien impuso- un modelo de recorte orientado a los servicios públicos de salud, educación, servicios sociales y atención a la dependencia, todos ellos, en manos de las comunidades autónomas.
En su literalidad, el Informe propone que "cuando España se enfrente a asuntos de calado sobre la configuración de su Estado de Bienestar [...], sin perjuicio de las competencias que tenga cada administración, las decisiones deberían adoptarse utilizando mecanismos políticos que contemplen la participación de todas las administraciones, puesto que sus efectos conciernen a todas". Y añade: "esos mecanismos institucionales deberían permitir evaluar si las respuestas puede darlas la administración directamente afectada mediante el uso de su capacidad fiscal o es más conveniente una actuación conjunta, contemplando en su caso una reasignación de los ingresos tributarios a compartir". Más adelante, se remata la recomendación: "en períodos de dificultad, las distintas partidas de gasto de esta naturaleza [fundamental] deberán recibir un tratamiento similar con independencia de la administración que las gestione".
En definitiva, si de servicios públicos fundamentales estamos hablando -y las pensiones lo son, obviamente, junto a los otros citados- no se puede prescindir de la estructura política del Estado, negando o cercenado debates en aras de un consenso toledano que no llega. Aún menos se debe prescindir de las instancias implicadas, por supuesto, el gobierno central, pero también las comunidades autónomas. Por eso, las respectivas reformas de la financiación autonómica y de las pensiones, bajo ese sustrato federal y de lealtad institucional, no deben estar basadas solo en frentismos e individualismos, menos aún cuando se deben adoptar decisiones poco agradables. Algunos seguimos echando de menos una visión de conjunto.
Pues bien, volviendo al centro de la reflexión, cabe recordar lo que el matrimonio Musgrave escribía sobre hacienda multijurisdiccional, proscribiendo en general una descentralización radical de la función de redistribución, ya que la "votación con los pies" podría acabar arruinando la eficacia de esta política, por efecto de una movilidad en busca del "paquete fiscal" más atractivo para cada contribuyente-ciudadano. Bien es sabido que esto admite muchos matices teóricos y prácticos, pero si hay un campo concreto donde se sigue esencialmente el enfoque musgraviano es el de la pensiones públicas. Por eso no parece ni justo, ni eficiente, ni siquiera barato o sostenible acometer una ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Hay muchas razones de eficiencia, economía y equidad, pero bastaría reseñar una contundente: muchas comunidades autónomas simplemente no serían solventes y dejarían sin pensión -o cerca de la miseria- a millones de personas residentes en sus respectivos territorios. Como escenario contrafactual, podríamos pensar en dotar una suerte de fondo de solidaridad para cubrir esas lagunas con los superávit de los territorios con mayor renta per cápita, pero al final estaríamos desvistiendo un santo para seguidamente volver a vestirlo con peores ropajes. Los experimentos, mejor con gaseosa.
Con todo, no podemos dejar de pensar en que existen argumentos legítimos para que una comunidad autónoma reclame la competencia sobre pensiones de la Seguridad Social. Al menos, se me ocurren dos: autogobierno y suficiencia. El primero (como el País Vasco ha venido reclamando históricamente), para reforzar las esferas de poder autónomo, hasta el estadio de acercarse mucho a la independencia de facto (o de iure). Claro está que entonces ya no hablaríamos de federalismo, sino de confederalismo o de relaciones internacionales, preferencias que siguen siendo minoritarias para la población española en su conjunto.
El argumento de la suficiencia, además de legítimo (faltaría más), sí que resulta mucho más potente y sugestivo, ante un panorama donde las pensiones presentes son objetivamente bajas (salvo las conocidas excepciones) y, aún peor, decrecientes en términos de poder adquisitivo. Es entonces cuando algunos gobiernos autonómicos -nuevamente donde la renta per cápita es más alta- alzan su voz para reclamar la descentralización de las pensiones, tratando de vender una supuesta mejora en la gestión y una mayor generosidad en las prestaciones. Suena bien, pero ¿se puede comprometer la caja única por una mera hipótesis? Quizás es demasiado riesgo, nunca mejor dicho, cuando hablamos del mundo financiero de las personas, no de los casinos globales que a veces son ciertos mercados.
Al respecto, el exministro de Economía, Industria y Competitividad acaba de admitir que en 2012 la "obsesión" (sic) del Gobierno de España era evitar el rescate, sobre todo porque podría implicar "un recorte de las pensiones del 10%". Sea por un argumento altruista y bienintencionado del gestor, sea porque los pensionistas movilizan millones de votos en las elecciones, esas declaraciones es evidente que presentan elevados visos de verosimilitud. Esto lo hemos apuntado en el Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, constatando en primer lugar que, mientras los recortes del gasto autonómico durante la crisis han sido notables, el crecimiento del gasto en pensiones (centralizado) ha sido sostenido, hasta el punto de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya se ha agotado y el déficit anual del sistema supera los 18.000 millones de euros. ¿Podría haber sido de otra forma? Es evidente que sí, ya que en la base ha estado una decisión política que eligió -o más bien impuso- un modelo de recorte orientado a los servicios públicos de salud, educación, servicios sociales y atención a la dependencia, todos ellos, en manos de las comunidades autónomas.
En su literalidad, el Informe propone que "cuando España se enfrente a asuntos de calado sobre la configuración de su Estado de Bienestar [...], sin perjuicio de las competencias que tenga cada administración, las decisiones deberían adoptarse utilizando mecanismos políticos que contemplen la participación de todas las administraciones, puesto que sus efectos conciernen a todas". Y añade: "esos mecanismos institucionales deberían permitir evaluar si las respuestas puede darlas la administración directamente afectada mediante el uso de su capacidad fiscal o es más conveniente una actuación conjunta, contemplando en su caso una reasignación de los ingresos tributarios a compartir". Más adelante, se remata la recomendación: "en períodos de dificultad, las distintas partidas de gasto de esta naturaleza [fundamental] deberán recibir un tratamiento similar con independencia de la administración que las gestione".
En definitiva, si de servicios públicos fundamentales estamos hablando -y las pensiones lo son, obviamente, junto a los otros citados- no se puede prescindir de la estructura política del Estado, negando o cercenado debates en aras de un consenso toledano que no llega. Aún menos se debe prescindir de las instancias implicadas, por supuesto, el gobierno central, pero también las comunidades autónomas. Por eso, las respectivas reformas de la financiación autonómica y de las pensiones, bajo ese sustrato federal y de lealtad institucional, no deben estar basadas solo en frentismos e individualismos, menos aún cuando se deben adoptar decisiones poco agradables. Algunos seguimos echando de menos una visión de conjunto.
Publicado en el blog de Rifde-Expansión De fueros y huevos el 13 de marzo de 2018
Publicado en El País el 29 de marzo de 2018
