La prórroga debe ser extraordinaria

Hoy me recogen unas declaraciones en Eldiario.es sobre las prórrogas presupuestarias en los ayuntamientos. Agradezco el interés en mis opiniones de la periodista Marta Barandela. Básicamente, reivindico el papel del presupuesto anual como elemento de planificación, aunque, por desgracia, lo habitual esté siendo la prórroga automática en miles de ayuntamientos cada año, lo cual "parece desmesurado, ineficiente y poco democrático, se mire por donde se mire".

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La mitad de las capitales de provincia españolas continúa sin nuevos presupuestos

• 25 de las 52 capitales no han conseguido acuerdos para sacar adelante las cuentas de 2017 y han tenido que prorrogar las del pasado año
• Algunos consistorios amenazan con vincular los presupuestos a una cuestión de confianza si no avanzan las negociaciones
• Los expertos alertan de que la prórroga dificulta las nuevas inversiones y obliga a recurrir a créditos extraordinarios

 Los ayuntamientos españoles llegan al ecuador de enero con las cuentas del pasado año e inmersos en negociaciones con la oposición. 25 de las 52 capitales de provincia han tenido que recurrir a la prórroga de los presupuestos, aunque entre cada municipio se aprecian bastantes diferencias. Mientras ciudades como León, Logroño y Oviedo esperan aprobarlos en fechas próximas, en otras como Cádiz o Jaén no hay signos de que se pueda hacer a corto plazo.

La fragmentación del voto y la irrupción de otras fuerzas como Podemos o Ciudadanos tras las elecciones municipales de mayo de 2015 han originado plenos con representación de cuatro o más formaciones y gobiernos en minoría, lo que en última instancia está dificultando para los consistorios sacar adelante sus cuentas al no conseguir sumar los apoyos.

A pesar de que sean destacados los casos de Madrid o Barcelona por su tamaño y cuantía de las partidas presupuestarias, entre las 25 ciudades que no han podido aprobar sus cuentas hay gobiernos de todo el espectro político: 11 del PP, ocho del PSOE, cinco de las candidaturas de confluencia y uno del PNV.

Andalucía es la comunidad que acumula más retrasos. Ninguna de sus ocho capitales de provincia empezó el año con presupuestos, aunque este martes Córdoba aprobó sus cuentas gracias a un acuerdo entre PSOE, IU y Ganemos. Por el contrario, las negociaciones del equipo de gobierno de Cádiz, dirigido por José María González ‘Kichi’ se encuentran en una fase mucho más temprana.

La imposibilidad de llegar a un acuerdo también afecta a la capital catalana. Ada Colau fue la primera alcaldesa en anunciar que se sometería a una moción de confianza para vincular su continuidad con la aprobación de los presupuestos. El 23 de diciembre, CiU, ERC, CUP, Ciudadanos y PP –la oposición en bloque –, tumbaban las cuentas propuestas por Barcelona en Comú y PSC con 26 votos en contra.

En Madrid, este miércoles Manuela Carmena anunció que las negociaciones con el PSOE estaban "prácticamente concluidas". El grupo municipal socialista dio su ‘no’ en diciembre con críticas a la rigidez de Ahora Madrid "a sabiendas de que necesitaban su apoyo", pero las negociaciones se reanudaron en enero. Hacía 26 años que no se prorrogaban unos presupuestos en la capital.

El escenario se repite en A Coruña, con un gobierno en minoría de Marea Atlántica encabezado por Xulio Ferreiro. Tras el rechazo de las cuentas en diciembre con el voto en contra de PSOE y PP, las negociaciones se han paralizado por la dimisión tanto del portavoz municipal como la secretaria general de los socialistas coruñeses hace dos semanas.

Dificultad para nuevas inversiones

El mecanismo de la prórroga presupuestaria sirve para asegurar el funcionamiento ordinario de la Administración (sueldos de los empleados públicos y otros gastos corrientes) hasta la aprobación de las nuevas cuentas. Los expertos señalan que se trata de una medida excepcional y temporal que, de alargarse, limita la actuación de los gobiernos municipales.

"La dificultad principal que van a tener los ayuntamientos es que no van a poder afrontar nuevas inversiones o nuevos programas de gasto vinculados a determinadas políticas sociales o nuevas infraestructuras", explica Enrique Ortiz Calle, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III. La legislación prevé que los consistorios puedan realizar créditos extraordinarios si fuera necesario –que tendrían que someterse también a la aprobación del Pleno –, aunque "será complicado" porque conllevaría "detraer partidas de otros gastos para sufragar dichas inversiones".

"Las inversiones plurianuales ya aprobadas, en principio, deberían seguir ejecutándose en tiempo de prórroga. También se podrá utilizar, mediante las oportunas modificaciones de crédito, el remanente de tesorería positivo que se haya generado", apunta Roberto Fernández Llera, jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Matiza que la ley de estabilidad presupuestaria es muy severa con la regla de gasto y "solo permite acometer inversiones financieramente sostenibles".

Desde dentro de los ayuntamientos reconocen que la prórroga reduce el margen de maniobra, pero defienden que existen "resquicios" para que la ciudadanía no se vea afectada por la falta de un presupuesto en vigor. "El hecho de que los presupuestos estén prorrogados no significa que la ciudad se quede, ni mucho menos, parada", afirma Eugenia Vieito, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de A Coruña, que destaca que "siempre hay diversas opciones" mientras tratan de llegar "a un consenso en el menor tiempo posible" para desbloquear la situación.

Entre otras, cita la posibilidad de que los capítulos de transferencias corrientes (ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras entidades) se acojan a la prórroga a través de un modificativo de crédito que tendría que aprobarse en el Pleno. "Así se podría, por ejemplo, resolver los convenios con las entidades sociales de la ciudad, de forma que su actividad no se viese afectada por la aprobación definitiva de las cuentas municipales".

Los expertos recuerdan que este mecanismo debe ser temporal. "La prórroga no debe ser utilizada fraudulentamente por el gobierno local para eludir su obligación de elaborar un nuevo presupuesto, pero tampoco debe ser un medio perverso para un oposición incapaz de llegar a acuerdos con el gobierno local o entre sí", argumenta Fernández Llera.

En España el panorama de consistorios sin cuentas aprobadas a tiempo es más habitual de lo que parece: "Poco más de un tercio de ayuntamientos aprueba su presupuesto antes de finalizar el año. Es decir, casi 3.000 de los 8.000 ayuntamientos van cada año a prórroga automática". Este dato, prosigue Fernández Llera, "parece desmesurado, ineficiente y poco democrático se mire por donde se mire".

La concejala de Hacienda coruñesa critica que de entre todos los ayuntamientos, las candidaturas de las confluencias acaparen la atención. "Sabemos que hay determinados poderes para los que no somos cómodos, y estos pretenden instalar entre la gente sensaciones catastrofistas".

Amagos de moción de confianza

"No podemos negar que la actual situación de plenos municipales muy fragmentados dificulta la aprobación del presupuesto. Pero también existen mecanismos legales, como la cuestión de confianza, precisamente pensados para evitar prorrogas encadenadas", señala Fernández Llera. Es el caso de Barcelona, pero también en otras ciudades como Cádiz o A Coruña se ha mencionado la posibilidad.

Esta herramienta, recogida en el artículo 197 de la Ley Electoral, permite que el alcalde vincule la aprobación de los presupuestos a su continuidad al frente del gobierno municipal. La medida presiona directamente a la oposición, obligada a buscar un candidato alternativo o a ceder. Aunque la cuestión de confianza prospere, si las fuerzas de la oposición no son capaces de proponer un candidato en el plazo de un mes, los presupuestos se dan por aprobados de forma automática.

No es un mecanismo al que los ayuntamientos puedan recurrir cada año para sacar adelante sus cuentas. Según la ley, tan sólo puede plantearse dos veces a lo largo de los cuatro años de mandato y nunca el último de ellos.

¿Para qué sirve una conferencia?

Foto: RICARDO GUTIÉRREZ (El País)

En 2011 se estrenaba la película de Tom Fernández ‘¿Para qué sirve un oso?’. La respuesta quedaba en el aire, aunque en el fondo se podía esbozar un alegato ecologista en general y del paraíso asturiano en particular.

En un orden bien diferente –por fin- se convoca para principios de 2017 la VI Conferencia de Presidentes, esta vez, con un mandato claro: abordar la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace al menos tres años. El tema tiene la suficiente enjundia como para no tomarlo a broma, ni con parsimonia o pasotismo. Y, sin embargo, ya hemos visto las tres actitudes antes de la reunión. Algunos porque menosprecian la convocatoria, no vaya a ser que se diluya su discurso. Otros porque han tardado demasiado tiempo en convocar lo que era un clamor. Un tercer grupo, acudiendo como quien asiste al palo en el tute, pero sin ningún ánimo constructivo.

Cuando el presidente Zapatero convocó la I Conferencia de Presidentes en 2004 lo hizo para rellenar una laguna institucional importantísima en nuestro entramado autonómico. Sin duda, era una pieza que faltaba en el puzle federal, no la única, es evidente, pero sí una muy importante. El Senado, por desgracia, seguía y sigue en otras ocupaciones, a pesar del explícito mandato constitucional.

En aquella primera reunión se logró nada menos que consolidar el foro de cooperación y, como resultado concreto, se acordó un procedimiento para la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, tanto “hacia arriba” (formación de la voluntad del Estado) como “aguas abajo” (ejecución de las políticas comunitarias). En la II Conferencia de Presidentes, en 2005, se alcanzó un acuerdo para la financiación sanitaria, es verdad que con aportación unilateral del Gobierno de España y muy poco compromiso autonómico, pero entonces casi nadie se acordó de este matiz. En 2007, 2009 y 2012 (esta última ya con Rajoy en La Moncloa), la Conferencia de Presidentes siguió convocándose y abordando temas de Estado, como las políticas de I+D+i, la violencia de género o la salida a la crisis económica. En 2009 hasta se aprobó el primer reglamento interno de la Conferencia de Presidentes. Desde 2012, nada, el vacío.

La única salvedad es la regulación legal, por primera vez, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, a finales de 2015. Pero ni siquiera esto parece suficiente. En esta norma se configura la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cooperación política multilateral entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Pero, inexplicablemente, poca cosa, a pesar de lo que ha llovido, incluyendo desafíos territoriales de amplio calado (con Cataluña a la cabeza), una crisis económica invasiva (con varias metástasis), un nuevo paradigma presupuestario (con reforma constitucional incluida), una drástica reforma del sistema financiero (con Cajas de Ahorro que ya son historia o anécdota) y un aplazamiento sine die de la financiación autonómica y local (a pesar de los parches en forma de mecanismos extraordinarios y adicionales). Ninguno de estos temas mereció una Conferencia de Presidentes, a pesar de que el papel de las comunidades autónomas no sólo es ineludible, sino fundamental en términos estrictos de lealtad institucional y de eficacia de las políticas públicas a desplegar. El escenario hubiese sido otro de haber mediado ese valor consensual y multilateral que tanto se echó en falta estos últimos años.

Bienvenida sea pues esta nueva convocatoria de 2017. Sin embargo, llega tarde. Y aunque esto es mejor que nunca, lo cierto es que el agujero producido es ya considerable. Para empezar, la deseable unanimidad se ha roto y, como consecuencia, son más que probables algunas ausencias que hasta ahora jamás se habían producido. De otro lado, se están gestando “frentes” (en un sentido casi bélico), legítimos, faltaría más, pero bastante poco solidarios. Pobres contra ricos, mediterráneos contra cantábricos, forales contra comunes, norteños contra sureños, isleños frente a mesetarios. Sálvese quien pueda. ¿Alguien se está ocupando de cuidar el interés general y del sistema en su conjunto?

Difícil será acordar el reparto de la miel con los osos, sobre todo si no vienen a la merienda o se la quieren llevar toda. Peor aún; si ni siquiera hay bosque. 

Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 10 de enero de 2017