Tribuna de opinión de Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio (Ex presidente del Principado de Asturias y Miembro Numerario Permanente del RIDEA) y yo mismo, hoy en La Nueva España. Sin duda, para mí un honor compartir firma con alguien de tanta calidad humana y con tanto conocimiento científico y político.
Con ese título acaba de publicar el RIDEA un libro colectivo, del que quienes firman este artículo son coordinadores y en el que muchos de los expertos con mayor conocimiento del régimen local español analizan críticamente la situación actual y las perspectivas de los ayuntamientos en el marco de la actual crisis económica, con especial atención al caso asturiano.
La misión natural del RIDEA o, mejor aún, su obligación como Instituto de Estudios Asturianos, es analizar cuanto ha ocurrido y ocurre en Asturias, huyendo de apriorismos ideológicos y partidistas, así como de cualquier tipo de «línea roja».
La libertad e independencia de criterio y la pluralidad de opiniones que caracterizan los debates del RIDEA permiten examinar con objetividad y rigor las problemáticas de todo tipo que afectan a Asturias y a los asturianos, con la pretensión siempre de contribuir a mejorar la calidad del debate en Asturias y desde Asturias, aportando algo tan escaso en esta región como son ideas, especialmente sobre temas que objetivamente tienen interés para la ciudadanía, al margen de que por las razones que sean, en su mayor parte derivadas del más descarnado oportunismo partidista, estén ausentes de la agenda política e institucional regional, como ocurre, justamente, con la situación y las perspectivas del régimen local.
La reforma local es necesaria desde hace años, pero resulta ineludible tras el impacto de la crisis política, económica, institucional y moral en la que estamos. El libro llega como elemento de reflexión en pleno debate social sobre el modelo de Estado que queremos y que podemos pagarnos. Llega también cuando las Cortes Generales debaten el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tras un largo peregrinaje de anteproyectos y dictámenes. Y llega, en fin, a medio camino entre dos convocatorias electorales municipales, lo cual puede mitigar algunas opiniones exaltadas (aunque esto último está por ver) y partidarias del no hacer nunca nada y mantener a toda costa, que es ya mucha, el statu quo.
Resulta una obviedad afirmar que no estamos en un momento cualquiera de nuestra historia democrática. Coinciden la triple quiebra de un modelo, económico, territorial e institucional, cuyas respectivas esencias están más cuestionadas que nunca. Conscientes de este panorama, en el RIDEA nos hemos guiado por motivaciones relativas a costes, ingresos, eficacia, eficiencia, regeneración democrática y por qué no decirlo de una nueva moral pública contra el caciquismo, el clientelismo, así como contra las corruptelas y la corrupción, cuya realidad han puesto y ponen de manifiesto los medios de comunicación y la actividad de los juzgados en toda España y, también, obviamente, en Asturias.
Frente al empuje de las comunidades autónomas y la cesión de parcelas importantes de la soberanía nacional a la Unión Europea, el mundo local ha gestado una crisis multiforme sobre cuatro ejes: un desordenado mapa municipal, unas ineficientes estructuras de gobierno y administración, unas difusas competencias locales y un insuficiente y rígido sistema de financiación. Sobre todo esto, cabe formular varias preguntas abiertas.
1. ¿Es posible seguir hablando de «un» régimen local mientras coexisten, incluso en Asturias, municipios ínfimos con grandes ciudades y una enorme amalgama en el medio? Si la respuesta es negativa, entonces habría que plantearse cuántos regímenes diferentes se deberían establecer, pero sin llegar al absurdo de un sistema «a la carta».
2. ¿Qué papel deben jugar las comunidades autónomas? Parece que uno mucho más activo, adaptando sus respectivas normativas a las peculiaridades de cada territorio. Lo que no parece sostenible es la pervivencia de un mapa municipal del siglo XIX y de un régimen provincial propio de un Estado centralista, no de un Estado de las autonomías.
3. ¿Qué es un municipio? (La pregunta no es retórica). Ante todo es una Administración pública y, como tal, debe disponer de autogobierno democrático (poder político), capacidad de prestación de servicios (poder de gasto) y autonomía para la generación de recursos propios (poder fiscal). Cuando todo esto se contrapone con un vago sentimiento identitario o una ilusión de «cercanía», se está obviando que un pueblo, una parroquia o un barrio puede perfectamente preservar sus singularidades formando parte de otras entidades administrativas superiores. Concejos bien dotados, antes que debilitar la autonomía municipal, la reforzarían, redundando en última instancia en mejores servicios.
4. ¿Hay que reducir el tamaño del sector público local? En todo caso, depende del alcance que se quiera dar al sector público en su conjunto y del reparto competencial y de recursos entre niveles de gobierno. Lo que sí se hace ineludible es una racionalización de estructuras, exportando las fórmulas de gestión que funcionen bien en Asturias hay varios ejemplos y asumiendo sin dogmas las mejores entre ellas, sean públicas, privadas o mixtas, y dejando de lado las que han dejado ya rastro sobrado de su ineficacia.
5. ¿Resulta operativo el modelo de financiación local? Antes habría que formularse una pregunta previa, cuya respuesta negativa ya conocemos: ¿tiene sentido el sistema fiscal español, pergeñado en los años de la Transición? En el ámbito local se sigue dependiendo demasiado de las transferencias recibidas y de los ingresos urbanísticos, pero muy poco de las grandes figuras tributarias. Sin un modelo de ingresos públicos suficientes, basado en impuestos equitativos y eficientes, no es posible abordar una modificación de la financiación local. En definitiva, se requiere una profunda reforma tributaria y un sincero ejercicio de lealtad institucional.
6. ¿Hay margen en Asturias para un impulso democrático en el ámbito local? Sí. Y, además, resulta ineludible. Se deben introducir nuevas fórmulas de representación, debatiendo sobre la idoneidad de la elección popular directa en las alcaldías, reordenando la composición y las competencias de los plenos municipales, profesionalizando y garantizando la independencia de los cuadros gestores, luchando contra la corrupción, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, fiscalizando la gestión y organizando de forma sostenible el urbanismo. En síntesis, corrigiendo los actuales problemas de representatividad, gestión y control.
El Estatuto de Autonomía habilita para ello si quienes están presentes en las instituciones que gobiernan y que legislan tienen voluntad política, capacidad de entendimiento y criterio seguro sobre cuáles son y deberían ser las prioridades políticas que pueden afectar en positivo a los ciudadanos.
En definitiva, ellos son los que tienen la palabra.
