Tribuna de opinión sobre impuestos y política fiscal en El Comercio
Me gustan los impuestos
El problema de escribir sobre impuestos es que, normalmente, uno ya empieza teniendo al público en contra, algo así como un jugador del Barça cuando juega en el Bernabéu. Un impuesto, la propia palabra lo dice, no es un acto de caridad, ni una contribución voluntaria, pero al mismo tiempo sí supone el sustento básico de los servicios públicos.
Llevábamos ya varias décadas denostándolos, teorizando sobre las bondades de las rebajas fiscales y, al tiempo, practicándolas a bombo y platillo por parte de los gobiernos. Tolerábamos bastante bien las subidas en el café de la mañana o en la ropa, pero de ninguna manera se aceptaba por el discurso dominante cualquier subida de impuestos, por pequeña que fuese. Pero llegó la crisis y, como el comandante, también mandó parar. La realidad nos trajo una menor recaudación y mayores necesidades de gasto público, ligadas a la cobertura a personas desempleadas o al despliegue de nuevos derechos de ciudadanía (por ejemplo, la atención a la dependencia). Sin olvidar que las demandas ciudadanas sobre educación, sanidad o infraestructuras son tan ilimitadas como nuestra propia capacidad para formularlas.
Al menos ahora ya hemos logrado que se hable de los tributos con naturalidad, desde diferentes posiciones económicas o políticas, rompiendo un inexplicable tabú. No tenía mucho sentido defender rebajas fiscales siempre y en todo lugar, tanto en tiempos de bonanza económica como durante una recesión. Un paraguas no sirve lo mismo en un día de lluvia que en otro de sol y por eso lo abrimos o lo cerramos según la necesidad. Los impuestos deben ser un instrumento vivo, un elemento central en la política económica, un mecanismo de equidad, pero nunca un cañón viejo que sólo sirve para disparar salvas y no para combatir (a la crisis económica, se sobreentiende).
La primera cuestión a plantear sobre la reforma fiscal que se debate estos días hace referencia a la idoneidad del momento elegido. El déficit público llegará este año al 10% del PIB, del cual la mitad aproximadamente se deberá a los llamados estabilizadores automáticos por la negativa evolución del PIB y el empleo, mientras que la otra mitad se habrá generado por las medidas contracíclicas adoptadas por el Gobierno de España para dinamizar la economía. Si pretendemos que el gasto público siga jugando un papel destacado en la reactivación económica y en la promoción de nuestro bienestar individual y colectivo, no podemos ir mucho más lejos con el nivel de impuestos que tenemos actualmente. Salvo que, claro está, el objetivo fuese justo el contrario, el cual no comparto en absoluto.
Segunda cuestión. ¿Se puede permitir España esta reforma fiscal? El hecho cierto y contrastable es que tenemos una presión fiscal que es de las más bajas de toda la Unión Europea y de la OCDE. También tenemos unos niveles de deuda muy por debajo de la media, pero no se puede utilizar este recurso indefinidamente para no comprometer en exceso los presupuestos de los próximos años con una excesiva carga de intereses y amortizaciones. En esa coyuntura, sólo cabe una política fiscal más activa. O sea, una subida de impuestos, exigiendo de igual modo la máxima eficiencia en todas las políticas discrecionales de gasto que se vayan a llevar a cabo desde ahora.
Tercera. ¿Se han elegido bien las subidas de impuestos en concreto? Las opciones son casi ilimitadas en la teoría, pero no tantas en la práctica, ya que casi todas deberían pasar por el IVA y el IRPF, donde están las grandes bolsas de recaudación. Descartamos el Impuesto sobre Sociedades porque podría suponer un freno añadido a la recuperación económica.
Sabemos que el IVA presenta ciertos problemas de equidad, pero no olvidemos que sigue siendo comparativamente bajo y que, además, para bienes de primera necesidad, existen tipos reducidos. Sabemos también que el IVA puede hacer crecer los precios, pero no olvidemos que ahora tenemos una inflación negativa, algo inédito en la Historia de España. De forma complementaria al IVA, se podrían reforzar los gravámenes sobre «los vicios» (tabaco, juego y alcohol) que, además de inyectar recaudación, contribuirían a reducir ciertos consumos nocivos. Sin descartar la tributación ecológica, aunque esto merecería otra reflexión más sosegada.
En cuanto al IRPF, hay que precisar un límite superior, ya que un impuesto muy elevado podría desincentivar el trabajo, sobre todo el de las personas asalariadas. ¿Acaso pensaríamos en trabajar si nos establecen un impuesto como el que había en España en 1979, cuyo tipo máximo era del 66%? Probablemente no, pero entre ese extremo -casi confiscatorio- y el 43% actual de tipo máximo, seguro que hay un cierto margen de maniobra. Donde creo que el Gobierno de España se ha quedado corto es en la reforma de la tributación del ahorro. Un asalariado con más de 54.000 euros de renta tributará al 43%, mientras que un ahorrista con idéntica renta pagará sólo el 21%. No parece nada justo.
L a reforma fiscal debe ir acompañada de un refuerzo en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, para no facilitar a las rentas más altas sus mayores posibilidades de elusión y evasión. Un dato clarificador: la recaudación 'recuperada' entre 2005 y 2008 por los planes antifraude superó los 27.000 millones euros. Se debe seguir en esa tarea, reforzando los medios materiales y humanos de la inspección, pero también fomentando nuestra escasa educación cívico-tributaria. Cuando hablamos de fraude fiscal tendemos a pensar en grandes redes internacionales y en operaciones muy llamativas (que sí, que las hay), pero también muchas veces nosotros mismos consentimos que el taller de reparaciones no nos pase factura (para 'ahorrar' el IVA) o nos atrevemos con bastante descaro a pedir un dinero «en negro» por la venta de un piso. Sencillamente intolerable.
Por último, no olvidemos que España es un país complejo y muy descentralizado. Por eso no tiene mucho sentido -ni económico ni de lealtad institucional- que muchos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas anuncien ahora rebajas o congelaciones impositivas, dejando al Gobierno de España la tarea en solitario de acometer una política fiscal activa. La corresponsabilidad no se puede quedar sólo en rimbombantes declaraciones y se debe ejercer con claridad.
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