Quien me siga a través de esta columna, habrá leído que suelo escribir sobre ética pública. Economía sumergida, fraude fiscal, deportistas patrioteros que tributan fuera de España. Pues hoy, otra especialmente grave.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado a favor de dos colegios del Opus Dei que discriminan según el género de sus alumnos o sus alumnas. Yo creía que a estas alturas del siglo XXI y en España esto ya parecía imposible, pero me equivoqué. Los magistrados han dictaminado que este modo de educación segregadora es 'legal' y que, en consecuencia, esos colegios 'podrían' (en condicional) seguir recibiendo subvenciones públicas en forma de conciertos educativos.
El golpe a la ética pública es tremendo por varios frentes. En primer lugar, porque subvencionar a un colegio de una congregación religiosa que segrega (bonita paradoja) no es precisamente una apuesta por la calidad de la escuela pública, menos aún, en un momento de escasez de recursos. Segundo, porque lo 'legal' no puede amparar cualquier cosa (hay vida más allá de las leyes). Tercero, porque educar por separado produce dudosos resultados y, sobre todo, confunde, frente a una sociedad que a diario trata de romper numerosos tabúes de género. Cuarto, porque seguir subvencionando a familias de rentas altas, descuidando potenciales mejoras en la red pública de centros, va contra la igualdad de oportunidades.
El Gobierno del Principado de Asturias debería ser muy claro y retirar este tipo de conciertos con carácter inmediato. Insisto: estas ayudas públicas podrán ser 'legales', pero no son 'obligatorias' y se compadecen muy mal con unas prioridades políticas progresistas. Por su parte, el legislador debería modificar las leyes para evitar que estas ambigüedades sigan siendo aprovechadas por algunos en su favor.
¿Libertad de las familias para llevar a sus hijas e hijos a estos colegios? Toda, faltaría más, pero pagada con sus propias rentas. ¿Subvenciones públicas a colegios segregadores? No, porque no está en el espíritu de la Constitución, donde la igualdad es un valor supremo.
Publicado en La Voz de Avilés el 8 de mayo de 2011.
El golpe a la ética pública es tremendo por varios frentes. En primer lugar, porque subvencionar a un colegio de una congregación religiosa que segrega (bonita paradoja) no es precisamente una apuesta por la calidad de la escuela pública, menos aún, en un momento de escasez de recursos. Segundo, porque lo 'legal' no puede amparar cualquier cosa (hay vida más allá de las leyes). Tercero, porque educar por separado produce dudosos resultados y, sobre todo, confunde, frente a una sociedad que a diario trata de romper numerosos tabúes de género. Cuarto, porque seguir subvencionando a familias de rentas altas, descuidando potenciales mejoras en la red pública de centros, va contra la igualdad de oportunidades.
El Gobierno del Principado de Asturias debería ser muy claro y retirar este tipo de conciertos con carácter inmediato. Insisto: estas ayudas públicas podrán ser 'legales', pero no son 'obligatorias' y se compadecen muy mal con unas prioridades políticas progresistas. Por su parte, el legislador debería modificar las leyes para evitar que estas ambigüedades sigan siendo aprovechadas por algunos en su favor.
¿Libertad de las familias para llevar a sus hijas e hijos a estos colegios? Toda, faltaría más, pero pagada con sus propias rentas. ¿Subvenciones públicas a colegios segregadores? No, porque no está en el espíritu de la Constitución, donde la igualdad es un valor supremo.
Publicado en La Voz de Avilés el 8 de mayo de 2011.
