Consensos técnicos sobre financiación autonómica

Foto: Santi Donaie (EFE / El País)

La simple mención de la financiación autonómica puede disuadir a una parte de la ciudadanía de esta lectura, si bien debemos ser conscientes de que nos jugamos el sostenimiento de las principales políticas públicas. En los Estados de tipo federal existe una tensión natural entre la autonomía de los gobiernos subcentrales y la garantía de acceso en igualdad a los servicios fundamentales. El sistema de financiación territorial es una herramienta principal para lograr el equilibrio entre ambos objetivos.

En los próximos meses se discutirá el futuro de la financiación autonómica. A pesar de que la simple mención de este tema puede disuadir a una amplia parte de la ciudadanía de la lectura de este artículo, debemos ser conscientes de que está en juego nada menos que el sostenimiento de las principales políticas públicas. En todos los Estados de tipo federal existe una tensión entre la necesidad de asegurar la autonomía los gobiernos subcentrales y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios fundamentales. Aunque no es la única, el sistema de financiación es una de las principales herramientas para lograr un equilibrio entre ambos objetivos.

La Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) acaba de hacer público un informe titulado La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto, en el que se hace un diagnóstico del sistema actual y se discuten los objetivos e instrumentos de una posible reforma. Uno de los rasgos que quizá hace más interesante este informe es precisamente que en él se observan importantes consensos técnicos, pero también discordancias que ponen de manifiesto la transcendencia de las decisiones en esta materia.

Para empezar, existe un claro consenso en que un primer reto de la reforma del sistema vigente –aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014- es hacer más transparente el complejo panorama actual del mecanismo de nivelación. Como es sabido, este es uno de los dos pilares de la financiación autonómica, fundamentado en la idea de solidaridad y equidad en el acceso a los servicios públicos fundamentales (el otro es la capacidad tributaria, como concreción del principio constitucional de autonomía financiera). Parece claro que la vigente nivelación necesita ser repensada porque en este momento se entrecruzan fondos e instrumentos que desdibujan los objetivos iniciales, produciendo agravios comparativos y una percepción de cierta arbitrariedad, lo que suele ser fuente de conflictos.

Aunque no se prevé que este asunto sea pacífico entre los políticos, los expertos sí están de acuerdo en que para reformar en profundidad el sistema es necesario eliminar, de forma más o menos gradual, la cláusula del statu quo, por la cual cada nuevo modelo siempre aseguraba la financiación que hasta ese momento habían dispuesto las comunidades autónomas. También existe acuerdo sobre la necesidad de corregir el desequilibrio vertical entre ingresos y gastos que favorece al gobierno central, en contra de las comunidades autónomas. De igual modo, una mayoría considera necesario afinar la actual fórmula de estimación de recaudaciones normativas por tributos cedidos y de necesidades de gasto por habitante (lo que técnicamente se conoce como “habitantes ajustados”).

En el informe de RIFDE también se defiende la incorporación de las dos comunidades autónomas de régimen foral a la financiación del mecanismo común de nivelación, así como la clarificación del papel de Canarias como región ultraperiférica europea. Asimismo, se plantea la conveniencia de que el organismo que haga el trabajo técnico cuente con una amplia participación autonómica, con el propósito de asegurar la perduración del modelo que se decida.

Con todo, existe una mayor discrepancia sobre cuál debe ser el alcance de la nivelación. Aunque son mayoría quienes piensan que el mecanismo debe garantizar el acceso en igualdad a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales esenciales), otros expertos, en general provenientes de comunidades autónomas con renta y capacidad fiscal por debajo de la media, consideran que debería alcanzar la totalidad de los servicios descentralizados. Otro controversia atañe al llamado criterio de “no reordenación” entre territorios, esto es, a si la clasificación en términos de recursos por habitante debe ser la misma antes y después de que se aplique el sistema de financiación. Este criterio es defendido sobre todo por los expertos de comunidades autónomas con renta per cápita superior a la media, particularmente, desde Cataluña.

El debate es dificultoso, debido en parte a la elevada complejidad del sistema. Sin embargo, algunos consensos técnicos no deberían caer en saco roto, para no estar siempre empezando desde cero.

Publicado junto a Eloísa del Pino Matute en El País el 12 de marzo de 2017 (en papel, 13 de marzo)

Publicado junto a Eloísa del Pino Matute en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 16 de marzo de 2017 

Violencias y machistas

Nunca había escrito de este tema. Sin embargo, las dos últimas mujeres asesinadas por sus parejas en Oviedo y en Avilés me remueven de manera especial. Aunque todas las muertes ocasionadas por los violentos son igual de condenables, sean en Asturias o en Melilla, es inevitable no sentir algo más de afinidad por las que nos tocan de cerca.

Dejo claro desde el principio que en este grave asunto sobran opinadores, pero sobre todo opiniones. Y digo esta aparente incorrección porque creo que una gran parte de la condescendencia con la violencia machista se debe a ciertos puntos de vista tibios, comprensivos o hasta justificativos del maltrato y el asesinato. En este punto, las opiniones dejan de ser respetables porque pasan a fomentar el delito.

Aquí el mensajero también importa. ¿Cómo es posible leer en un diario que la mujer es una “presunta muerta”, mientras vemos cómo la funeraria se lleva su cadáver? ¿Cómo qué “presunto asesinato”? Los actos y sus consecuencias son evidentes y, en todo caso, la presunción de inocencia se aplica al detenido, una persona con nombre y apellidos, pero no a sus acciones. Algún experto en Deontología o Derecho Penal me podrá matizar o corregir, pero les digo que a veces no sirve sólo con interpretaciones frusleras. No teníamos tantas prevenciones de papel de fumar cuando a los miembros de ETA los calificábamos de terroristas e incluso algunos extendían este adjetivo a los representantes electos de partidos políticos legales.

Tampoco creo que aporten nada en absoluto los detalles escabrosos, más allá del puro morbo, muy propio de gacetillas, programas basura y, por desgracia, algunos telediarios y periódicos que antes teníamos por serios. Peor aún son los testimonios recabados a vecinos y paseantes, cuya respuesta habitual suele ser la de afirmar que eran gente “normal”. O la magnífica idea de poner los nombres con siglas, para no identificar a maltratador y maltratada, cuando luego las cámaras de vídeo acuden hasta el mismísimo felpudo de su casa o la puerta de su negocio.

Hay un gran consenso en el hito histórico que significó en 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero también es verdad que se deberían revisar algunos de sus planteamientos sobre educación, prevención y castigo. Hay que enseñar mejor desde edades muy tempranas, evitar el daño con todos los medios sociales, policiales y judiciales posibles y, cuando por desgracia tenga lugar el fatal desenlace, mandar al culpable a la cárcel y condenarlo al aislamiento social.

La denuncia de la mujer maltratada es fundamental porque el golpe o la humillación empiezan mucho antes de lo que pensamos. Los poderes públicos deben asegurar que esa denuncia no se deja de realizar por miedo a perder dinero, casa o familia. Y, por último, no me hablen quienes oyen voces o ven señales de golpes, pero no avisan, por miedo “al qué dirán”. Allá ellos y ellas con su conciencia.

Que el nuevo Gobierno de España se tome muy en serio la lucha contra esta lacra, trabajando codo con codo junto a la oposición, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Iremos muy mal si la violencia machista se asume como algo “normal” o si deja de interesar como noticia. El hartazgo es la fase previa de la inacción.

Publicado en La Voz de Avilés el 31 de enero de 2016

Escuela pública sin segregación ni conciertos

Quien me siga a través de esta columna, habrá leído que suelo escribir sobre ética pública. Economía sumergida, fraude fiscal, deportistas patrioteros que tributan fuera de España. Pues hoy, otra especialmente grave.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado a favor de dos colegios del Opus Dei que discriminan según el género de sus alumnos o sus alumnas. Yo creía que a estas alturas del siglo XXI y en España esto ya parecía imposible, pero me equivoqué. Los magistrados han dictaminado que este modo de educación segregadora es 'legal' y que, en consecuencia, esos colegios 'podrían' (en condicional) seguir recibiendo subvenciones públicas en forma de conciertos educativos.

El golpe a la ética pública es tremendo por varios frentes. En primer lugar, porque subvencionar a un colegio de una congregación religiosa que segrega (bonita paradoja) no es precisamente una apuesta por la calidad de la escuela pública, menos aún, en un momento de escasez de recursos. Segundo, porque lo 'legal' no puede amparar cualquier cosa (hay vida más allá de las leyes). Tercero, porque educar por separado produce dudosos resultados y, sobre todo, confunde, frente a una sociedad que a diario trata de romper numerosos tabúes de género. Cuarto, porque seguir subvencionando a familias de rentas altas, descuidando potenciales mejoras en la red pública de centros, va contra la igualdad de oportunidades.

El Gobierno del Principado de Asturias debería ser muy claro y retirar este tipo de conciertos con carácter inmediato. Insisto: estas ayudas públicas podrán ser 'legales', pero no son 'obligatorias' y se compadecen muy mal con unas prioridades políticas progresistas. Por su parte, el legislador debería modificar las leyes para evitar que estas ambigüedades sigan siendo aprovechadas por algunos en su favor.

¿Libertad de las familias para llevar a sus hijas e hijos a estos colegios? Toda, faltaría más, pero pagada con sus propias rentas. ¿Subvenciones públicas a colegios segregadores? No, porque no está en el espíritu de la Constitución, donde la igualdad es un valor supremo.

Publicado en La Voz de Avilés el 8 de mayo de 2011.

Igualdad y Honoris Causa

A veces, uno se enfrasca en batallas que pueden parecer menores, frente a otras cuestiones que, sólo aparentemente, podrían tener más importancia. Incluso tengo que escuchar cosas como "a ti qué más te da eso" o "mejor te ocupabas de tus cosas". Pues lo cierto es que sí me importa, como ciudadano y como persona, categoría y condición que debemos reivindicar cada día, al menos frente a algunos y algunas que no lo parecen.

La Universidad de Oviedo acaba de reformar el Reglamento de Doctorados Honoris Causa, dado que su contenido estaba "obsoleto" (Rector dixit). El debate en el Consejo de Gobierno se sustanció en este punto sobre la necesidad de saldar una deuda histórica con las mujeres. Baste decir que, entre los años 1960 y 2010, de 62 nombramientos, sólo 2 correspondieron a mujeres, poco más del 3% del total (aquí está la lista completa). Y lo cierto es que las cuatro últimas propuestas, aún en tramitación, todas sin excepción son para hombres.

Esas cifras están muy lejos de lo deseable, tanto desde un enfoque de justicia, como de ciudadanía, de excelencia universitaria y, por supuesto, de igualdad efectiva. Aunque se podrían alegar causas históricas, desde luego lo que parece muy poco justificable es que hoy, pero sobre todo, a partir de ahora, se siga manteniendo esa brutal desigualdad. ¿Acaso las mujeres tienen menos méritos y capacidad? Es evidente que no.

Por mi parte, presenté en su momento una alegación que concretaba algo más este punto del citado Reglamento. Aunque no fue aceptada, puedo decir que el resultado final y el hecho de que el tema se haya planteado y discutido en abierto, me dejan razonablemente satisfecho. El mérito y la capacidad seguirán primando como principales criterios, pero desde ahora se tratará de que este reconocimiento académico del máximo rango no esté tan descompensado entre los dos géneros.

Las pequeñas conquistas son, a veces, el comienzo de otras más grandes. Queda mucho por hacer.