Una visión asturiana y externa del centenario de la habilitación nacional

GASPAR MEANA

 

Se conmemora en 2024 el primer centenario de los cuerpos de secretaría e intervención de la Administración local, creados en virtud del Estatuto Municipal. Una norma de la dictadura primorriverista, con impronta en etapas tan diferentes como la democracia republicana, la otra dictadura (franquista) y la actual monarquía parlamentaria. Nuestras ya casi cuarentonas leyes de bases y de haciendas locales son también deudoras suyas.

El Estatuto Municipal se asocia a su principal hacedor, Calvo Sotelo, sin olvidar a Flores de Lemus (imprescindible en materia de hacienda) y antecesores como González Besada (ministro en la Restauración) o Posada (catedrático del Grupo de Oviedo). La asturianía de D. Adolfo es indudable, pero quizás no se conozca tanto que el andaluz Flores de Lemus se licenció en la Universidad de Oviedo, o que el gallego González Besada fue declarado Hijo Adoptivo de Asturias. Además, Calvo Sotelo y González Besada nacieron en Tui, en el Bajo Miño, donde se pesca la angula y se honra a San Telmo, igual que en L’Arena, en el Bajo Nalón. ¿Culminará pronto el solicitado hermanamiento entre las dos localidades marineras?

El Estatuto Municipal venía a “oxigenar la vida municipal”, combatiendo el caciquismo con los instrumentos del “cirujano de hierro” (Costa dixit) que pretendía ser Primo de Rivera. Y ahí entraban los nuevos cuerpos nacionales. Su creación fue trascendente, pero hubiese sido un cascarón vacío, de no haber ido acompañada de reglamentaciones sobre selección del personal (por oposición), provisión de vacantes, régimen económico y régimen administrativo-disciplinario. No descubro nada cuando digo que, una centuria después, las mismas cuestiones siguen siendo origen de pleitos y dolores de cabeza.

El acceso por oposición al empleo público es, como la democracia de Churchill, “el peor sistema, a excepción de todos los demás que se han inventado”. Eso no impide reclamar un debate sosegado y riguroso sobre este método, sin dramatismos y sin populismos. Entre otros aspectos, revisando temarios y pruebas de otro siglo, aprovechando la tecnología para acreditar conocimientos y competencias. O algo tan sencillo como hacer compatible un examen uniforme con la descentralización de sedes, para que no todo pase por Madrid (por cierto, ya previsto en el Estatuto Municipal). La igualdad de oportunidades en una oposición nunca debe ser una quimera para personas con alta capacidad intelectual y renta baja.

La ley vigente permite proveer vacantes por concurso o por libre designación, siempre bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. La estabilidad en el puesto de trabajo es independencia y progresión profesional, pero sobre todo ha de ser garantía para que nuestras entidades locales dejen de padecer vaivenes y carencias.

Aquel Estatuto Municipal profesionalizó y sistematizó las funciones del personal de secretaría e intervención. En el momento actual, su importancia es mayor que nunca (sobre todo desde la ley de estabilidad presupuestaria de 2012) e intuyo que la adaptación interna de las nuevas reglas fiscales europeas seguirá incrementando su protagonismo. Elevemos un tono, a quien corresponda, para que provea los puestos, proporcione los medios técnicos, procure una formación especializada (con especial atención a las competencias digitales) y ofrezca poderosos incentivos con retribuciones diferenciales basadas en la efectiva evaluación del desempeño.

En lo que atañe a la coordinación entre el control interno y el control externo, es preciso comenzar por decir que los dos somos aliados del gestor y aliados entre nosotros. Distintas líneas de defensa frente a un mismo objetivo, con lealtad institucional, rigor técnico, inmersión tecnológica, atención a novedosos desafíos, ausencia de injerencias y apartamiento de cuestiones de oportunidad o conveniencia.

El control interno ha de ser proactivo, transitando del gélido reparo sin alternativa, a la acción positiva y el señalamiento del camino. El trabajo del personal funcionario con habilitación nacional no es complaciente, aunque tampoco ha de ser el del profesor que disfruta batiendo el récord de suspensos. Y no pequemos de ingenuidad, negando la realidad de algunos enfrentamientos (secretario vs. interventor; alcaldesa vs. secretaria-interventora; interventor vs. auditora externa) que, en todo caso, no son irresolubles, si hay buena voluntad. En Luz de domingo, la novela de Pérez de Ayala publicada en 1916, el secretario municipal se lamenta de que, el día que iba a pasar con su prometida, “se le ocurre al alcalde convocar sesión por la mañana para el reparto de Consumos”. A esa queja le pregunta sarcástica doña Predes: “¿crees que esa molestia que te causa el alcalde es involuntaria, o es, por el contrario, intencionada?”. Por otro lado, entendemos la soledad de quien brega todos los días en demasiados ayuntamientos “raquíticos, negligentes, cuyo nivel de vida acusa lamentable mediocridad espiritual y material”, usando las palabras de Calvo Sotelo en sus memorias.

El control externo es el evaluador del sistema de control interno, por lo que ambos viven una relación de riesgo, valga la expresión, pues el análisis y la valoración de riesgos es su razón de ser. Hay que recordar que en el mundo digital los riesgos no desaparecen; solo se transforman. Y como toda historia tiene guiños, mencionemos que en 1924, el mismo año del Estatuto Municipal, se aprobó la creación del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, integrando las funciones de control externo y control interno que venían desempeñando el Tribunal de Cuentas y la Intervención General, respectivamente. Esa reforma cortaba por lo sano algunas ineficiencias, pero como remedio fue peor que la enfermedad, por lo que quedaría finiquitada en la II República.

Si como todo parece, la cultura sidrera asturiana es declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, propongo brindar con nuestra bebida por el primer y feliz centenario de los cuerpos de secretaría e intervención de la Administración local.

Publicado en El Comercio el 12 de abril de 2024

 

Cuestiones clásicas y nuevos temas en la financiación autonómica

Os dejo el vídeo completo de la conferencia a dos en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), el pasado 14 de febrero (San Valentín fue oportunamente recordado), dentro del ciclo Asturias ante la reforma más difícil de la financiación autonómica. Comparto mesa con Carlos Monasterio Escudero, maestro de muchos hacendistas (para mí, desde luego) y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. 

Mi intervención comienza en el minuto 48, pero os recomiendo la película completa. Trato de explicar brevemente que las quitas de deuda no son a priori una buena idea, pero si se van a hacer, al menos que sean equitativas y suficientes.

Quitar deuda, pero condonar bien

Hagamos un doble descargo inicial.

Primero, para solemnizar la obviedad de que los debates dicotómicos suelen conllevar un peligro cierto de polarización (no solo un cierto peligro). Sobre las condonaciones de deuda autonómica (y en otros temas muy diversos, como por desgracia ocurre en los últimos tiempos), reducir el mapa de alternativas a una afirmación taxativa o a una negativa rotunda, solo puede conducir a la eliminación de matices que aportan valor a la discusión y rigor a los números.

El segundo descargo también es incuestionable. Cuando las circunstancias que atañen a un asunto han cambiado (y, sobre todo, si lo han hecho de forma radical), no resulta muy práctico encastillarse en ciertas posiciones de resistencia que, pudiendo ser muy lógicas y deseables, no conducen más que a la melancolía. Dicho en corto: aunque uno se hubiese opuesto antes a las condonaciones de deuda en general, el hecho es que ahora se van a llevar a término, con lo cual el nuevo deseo es que se hagan de la mejor manera posible, con eficiencia, justicia, equidad y al menor coste financiero.

Viene todo lo anterior al caso de los acuerdos políticos de noviembre de 2023 suscritos entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno. Uno de ellos va encabezado con el título de “autonomía financiera y acceso a los mercados”, cuyo fin declarado es “sanear la situación financiera de la Generalitat [de Cataluña] y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda”. Como objetivo general parece irreprochable (salvo extrema necedad) y no es diferente al que ya explicitó la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, constituida en enero de 2017 por encargo de la VI Conferencia de Presidentes, cuyo informe se entregó al Gobierno de España en julio de ese año.

Aquella Comisión de expertos fue unánime en reclamar la vuelta de las comunidades autónomas (CCAA) a los mercados financieros “en condiciones razonables”, junto a otros dos desafíos básicos que siguen vigentes en materia de endeudamiento: la reconfiguración de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la retirada paulatina de los mecanismos adicionales de financiación. La quiebra del consenso se produjo entre aquellos expertos a la hora de articular en la práctica el ansiado retorno a los mercados. La mayoría de la Comisión apostó por una “reestructuración transparente de la deuda”, mientras que la parte minoritaria creía insuficiente esa medida y defendía completarla con “una reducción” de la misma.

En su literalidad, el acuerdo PSOE-ERC refiere a la condonación de deuda a “todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”. Para Cataluña se ponen cifras muy concretas: la asunción por el Estado en torno al 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat en los mecanismos de liquidez estatales, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros y, además, un ahorro derivado de 1.300 millones de euros en intereses. El acuerdo habla también de que “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico] pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”.

Desde el momento en que se conocieron esos acuerdos políticos, han salido a la luz interpretaciones -más o menos afinadas- sobre el alcance de dicha condonación a Cataluña, pero sobre todo, de su eventual extensión al resto de las CCAA. Baste un rápido vistazo al listado de entidades o autores que han mostrado sus cartas iniciales con rapidez: Fedea, Gestha o las agencias de calificación Fitch, S&P, Moodys y Scope. Nota tangencial: estas últimas se habían hecho muy famosas durante la crisis de deuda que comenzó en 2008, para entrar luego en un cierto letargo y saltar ahora de nuevo a la palestra. Otro día hablaremos de ello.

No es el objeto de estas líneas hacer una simulación, para empezar, porque el principal criterio esbozado y que -se supone- guiará las futuras quitas de deuda es algo tan etéreo y difícil de calcular -e incluso de explicar en foros no especializados- como “el impacto negativo del ciclo económico” (sic). Ello implica, entre otros aspectos, estimar un crecimiento potencial, una brecha de producción (output gap) y varias elasticidades de ingresos y gastos autonómicos, además, de manera diferencial para cada una de las CCAA. Misión imposible; es más fácil partir de una cifra prefijada y llegar a ella por aproximaciones sucesivas de retorcimiento de variables.

Con respecto al ámbito temporal de cómputo, el documento del acuerdo PSOE-ERC no especifica nada concreto, aunque de la parte diagnóstica se puede intuir que se trataría del periodo 2008-2014, cuyas consecuencias se agravaron -seguimos la literalidad del texto- con una “insuficiente respuesta europea y del Estado ante la crisis”.

En segundo lugar, pero aún más relevante, es la metodología de estimación a emplear, si bien la ley orgánica de estabilidad presupuestaria da algunas pistas, cuando remite a la utilizada “por la Comisión Europea”. La Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, detalla algo dicha metodología, basada en las funciones de producción, si bien la propia norma reconoce la dificultad de aplicar los criterios a cada una de las CCAA. Remata diciendo que “en el cálculo del saldo cíclico de cada comunidad autónoma, por razones de la simplicidad y transparencia que debe poseer una regla fiscal, se utilizarán las mismas elasticidades y brecha de producción que a nivel nacional”. De nuevo en corto: como el ejercicio ideal es una quimera, procedemos de la manera que mejor nos convenga, asumiendo que el impacto de la crisis fue idéntico en toda España, cuando la realidad es tozuda y cualquiera puede constatar que no fue así, ni lo será en el futuro.

En tercer lugar, colocados ya en la hipótesis de condonar la deuda autonómica de forma masiva, incluso suponiendo -y es mucho suponer- que se acuerde un método de estimación del impacto cíclico, el propio acuerdo intenta facilitar la interpretación, al recomendar que el perdón financiero se aplique a todas las CCAA “de régimen común”, aunque es fácil suponer que las de régimen foral no querrán renunciar de manera voluntaria a tal posibilidad. Al respecto, cabe hacer algunas observaciones.

Para empezar, la desigualdad de trato no es algo que se mitigue extendiéndola. En la estricta lectura del acuerdo PSOE-ERC, lo único que se haría es desplegar una medida (la condonación), con un único y cuestionable criterio (el impacto cíclico de la crisis) y que beneficiaría sobre todo a una comunidad autónoma (obviamente, Cataluña). Lo que viene ahora son puros corolarios.

El primero, para afirmar con seguridad que la mayoría de las CCAA preferiría una reforma del sistema de financiación autonómica para allegar nuevos recursos, antes que la mentada condonación financiera. Podríamos citar como muestra el sólido bloque de las ocho CCAA que firmaron la Declaración de Santiago en noviembre de 2021.

El segundo, para manifestar que algunas CCAA apostarían por un criterio alternativo al del impacto cíclico para sustentar el perdón financiero. Por ejemplo, aludiendo a su infrafinanciación ordinaria por habitante ajustado, como en la Comunidad Valenciana (algo que Cataluña no podría reclamar, por situarse en torno a la media).

Y el tercero, para recordar que algunas CCAA no pedían en absoluto la quita de préstamos con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (singularmente, por el compartimento FLA), por la sencilla razón de que su deuda con el Estado instrumentada mediante este mecanismo es muy baja e incluso nula (Madrid, Navarra y País Vasco). Pero, como ya hemos dicho, o juegan todas, o se rompe la baraja. Aún más claro: si se camina hacia quitas generales, no quedará otro remedio que acordar compensaciones financieras -con transferencias estatales ad hoc a esas CCAA- para amortizar deuda con otros acreedores distintos del Estado. Verbigracia: el País Vasco tiene la menor ratio deuda/PIB, pero aun así debía un total de 10.851 millones de euros en el tercer trimestre de 2023.

Algunos datos muy básicos ilustran el argumentario. La deuda pública de Cataluña ascendía en la fecha señalada a 84.549 millones de euros, de los cuales 71.308 estaban instrumentados mediante préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (las estadísticas oficiales son del Banco de España). Se trata del volumen total de deuda más abultado entre las 17 CCAA (aunque no es el mayor en términos del PIB) y significa que más del 84% de los pasivos computables de Cataluña eran deudas con el Estado, para una media de todas las CCAA del 59% en ese mismo indicador. Queda claro quién tiene la necesidad y la fuerza para liderar el debate público con su relato.

En suma, se hará lo de siempre en diversos aspectos de la financiación autonómica y, en cambio, veremos lo nunca visto, con perdón por el fácil juego de palabras. Algo así:

1) Seguramente Cataluña verá satisfechas sus aspiraciones de reducir su deuda de un golpe y en un alto grado, así como su carga derivada de intereses. Esto no impedirá que después el acuerdo sobre las quitas de deuda se traslade a los foros multilaterales (Conferencia de Presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera), para terminar por extenderse -con los matices que corresponda- a la totalidad de las CCAA mediante las oportunas reformas legales. El resultado antes que el procedimiento, algo que, por otro lado, forma parte de la idiosincrasia de la historia de la financiación autonómica.

2) Teniendo en cuenta que el vigente sistema de financiación autonómica lleva sin revisar desde 2014, considerando el clima político general, incorporando la dificultad añadida que supone el regreso de las reglas fiscales a partir de 2024 y, por último, aliviando a las CCAA por efecto de las verosímiles condonaciones de deuda y de otros arreglos financieros generales o específicos, casi es una apuesta segura la hipótesis de no reforma del sistema de financiación autonómica a corto plazo, salvo inesperado pacto de Estado entre PSOE y PP en la materia, seguido de un amplio acuerdo de base territorial entre CCAA.

3) Sobre todo lo anterior, asistiremos a acalorados debates políticos e intensas discusiones técnicas, estas últimas llenas de ecuaciones, parámetros ad hoc y variables de compromiso, para justificar ex post el resultado que ya teníamos decidido ex ante. No está mal por el principio de eficacia, pero no sobraría un poco más de lealtad y transparencia (federalismo, lo llamamos algunos).

4) Hay una diferencia sustancial en este momento que añade optimismo. Se trata de la existencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, lógicamente, no ha emitido informe alguno sobre la cuestión de las quitas (ni podría hacerlo, puesto que no es preceptivo, menos aún, sobre un mero documento de intenciones políticas). Lo que quizás conozcamos pronto es una opinión motu proprio o un estudio a solicitud del Gobierno de la Nación o del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que juzgo como muy deseable. Ese juicio técnico e independiente de sensatez no iría sobre la decisión como tal (que se antoja ya tomada en sede política), sino sobre el mejor modo de articular su contenido y desarrollo. A posteriori, el Tribunal de Cuentas fiscalizaría todo el proceso, no solo en términos de cumplimiento de la legalidad y la normativa contable, sino también acerca de otros principios de buena gestión.

En definitiva, la corresponsabilidad fiscal debe ser -o seguir siendo, según el juicio de cada uno- un principio nuclear de la financiación de las CCAA. Si las CCAA perciben una restricción presupuestaria blanda, esto equivaldrá a un salvoconducto para un endeudamiento casi ilimitado, sobre todo si se internaliza el rescate como una eventualidad factible. Riesgo moral, en terminología clásica, con los graves problemas que ello conlleva.

La decisión -casi- tomada sobre condonaciones no es la óptima en términos de eficiencia. Particularmente, sigo apostando en su integridad por la reflejada en el informe de 2017 y respaldada por la mayoría de aquella Comisión de expertos: “una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado, supervisada por el Banco de España y la Airef, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado. En todo caso, este apoyo debería estar condicionado al cumplimiento por parte de las CCAA beneficiarias de una serie de objetivos previamente acordados de consolidación fiscal y cumplimiento presupuestario”.

Pero digamos más para rizar el rizo. Si el objetivo es que las CCAA tengan una ratio máxima de deuda/PIB del 13% (así lo establece la ley orgánica de estabilidad presupuestaria), en el entendido harto simplificador de que ese pudiera ser un umbral razonable de vuelta a los mercados, posiblemente las magnitudes de quitas de deuda que se están poniendo sobre la mesa para Cataluña sean muy insuficientes. Con un ejercicio de aritmética simple, esta Comunidad Autónoma tendría que borrar de su balance el doble de lo que se ahora se está manejando, esto es, llevar la quita hasta más de 30.000 millones de euros. Y todas las CCAA irían detrás con lo suyo, claro.

Aún queda mucho por escribir. Estamos empezando. 

 

Publicado en Noticias de Política Económica, 42 (2023), pp. 27-30.  

Retos y desafíos de los municipios de menor población

Se publica el V Informe Red Localis, dirigido por Concepción Campos Acuña y yo mismo, con la coordinación de María Cadaval Sampedro, editado por Wolters Kluwer y Red Localis. El título general es  Retos y desafíos de los municipios de menor población. Os dejo el índice (el capítulo I lo firmo con Concepción Campos):

Bloque I. Municipios de menor población y reto demográfico

Capítulo I. Pequeños municipios: una proposición sin ley y un camino con variantes

Capítulo II. Municipios de menor población en Galicia: del debate de la distribución de competencias al reto de compartir responsabilidades ante desafíos comunes

Capítulo III. Inframunicipalismo y políticas públicas europeas

Bloque II. Régimen jurídico de los pequeños municipios y actuaciones desde la óptica presupuestaria

Capítulo IV. Actuaciones desde la óptica presupuestaria y tributaria para combatir la despoblación en municipios pequeños

Capítulo V. El régimen jurídico de los municipios de menor población: Posibles reformas normativas para afrontar sus especialidades organizativas y las mayores dificultades para la prestación de ciertos servicios

Capítulo VI. Diputaciones provinciales y municipios de menor población: ¿qué papel corresponde a las entidades supramunicipales en el mapa local?

Bloque III. Políticas públicas e inframunicipalismo

Capítulo VII. La pobreza energética en los municipios de menor población: reflexiones desde la perspectiva de la sostenibilidad

Capítulo VIII. Municipios de menor población y reto demográfico: estado de la cuestión y propuestas

Capítulo IX. Bases para una nueva economía en la aldea

En las respectivas webs de Red Localis y Wolters Kluwer tenéis el informe a texto completo y en descarga libre.

 

Un merecido homenaje a Alfonso Utrilla de la Hoz

No tendríamos que haber escrito este libro homenaje. Eso indicaría que nuestro querido Alfonso Utrilla de la Hoz seguiría entre nosotros. Lo expresan muy bien los coordinadores y amigos, Paco Pedraja, Javier Suárez Pandiello y Rosa Urbanos, en su texto de presentación:

Alfonso se fue antes de tiempo. Por estadística y por esperanza de vida, no le tocaba. Todavía le quedaban muchas cosas que hacer, no sólo en el ámbito académico y profesional, sino en su vida personal, su pasión por la cultura, por la conversación, por los amigos.

El libro lleva como título general Retos de la financiación territorial en tiempos de postpandemia. Un homenaje a Alfonso Utrilla de la Hoz. Es un explícito homenaje y casi un tratado, puesto que colegas, amigas y amigos hemos intentado escribir sobre las cuestiones que Alfonso trató siempre con maestría. Él lo hubiese hecho mejor, seguro.

Tengo el honor de escribir un capítulo sobre "Un sector público local que sigue buscando su camino", firmado con José Manuel Cordero Ferrera. Abordamos la delicada cuestión del reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, a partir de la definición del mapa municipal y de las diversas fórmulas existentes para garantizar la prestación de servicios locales a los ciudadanos, incluyendo también una breve reflexión acerca de la situación financiera de los gobiernos
locales.

Y tengo también la íntima satisfacción de cerrar el libro con un epílogo que he titulado "La utilidad de llamarse Alfonso". Defiendo algo obvio:

Alfonso culminó una investigación útil, pero no solo para él o para la satisfacción de algunos evaluadores, lo que introduciría un sesgo de egoísmo poco razonable y ajeno a su persona. Me atrevo a afirmar que Alfonso hizo una investigación útil para su disciplina, pero sobre todo y antes que nada, útil para su país.

En este enlace tenéis el libro a disposición (30 euros), y en abierto el índice, la presentación y el prólogo. Nos dicen que pronto estará el libro completo gratis y en abierto.

 

El sector público local ante las futuras reglas fiscales

Acaba de presentarse el número 181 de la revista Economistas, editada por el Colegio de Economistas de Madrid, con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos Jurado. En el monográfico se hace un balance de la economía española en el año 2022, incluyendo análisis de carácter general, así como de los principales sectores productivos, sistema financiero, sector público, capital humano, empleo, actividad empresarial, sostenibilidad, digitalización, economía nacional y perspectivas, así como una reseña con las aportaciones de los premios Nobel de Economía de 2022, Bernanke, Diamond y Dybvig.

Aquí están el sumario y la revista completa.

Mi artículo se titula como esta entrada del blog. En el tercer año consecutivo de suspensión de las reglas fiscales, el sector público local volvió a liquidar en términos agregados con superávit. El fuerte crecimiento del gasto ha podido ser financiado con cargo a los fondos europeos de recuperación y resiliencia, pero también con un aumento de la recaudación sostenido en un sólido crecimiento del PIB y en una inflación que ha repuntado de manera significativa. El giro de la política monetaria, con el incremento del coste del endeudamiento y la esperable retribución de los depósitos, no ha sido óbice para que estos últimos se hayan elevado hasta cifras de récord al cierre de 2022. Es preciso planificar el futuro con nuevas reglas fiscales para un mapa muy diverso. A los efectos que procedan, advierto expresamente que el trabajo se cerró el 31 de enero de 2023.

Impuestos propios, control externo y futuro

Acaba de salir publicado un libro colectivo (857 páginas) titulado Auditoría y control de la respuesta al COVID-19 y de la implementación de la iniciativa Next Generation UE, coordinado por el conselleiro del Consello de Contas de Galicia Simón Rego Vilar. Lo edita Aranzadi-Thomson Reuters y el índice se puede consultar aquí.

La obra colectiva es también el fruto compartido de los XIV Encuentros Técnicos de los OCEX, organizados por Asocex y el Consello de Contas de Galicia, y celebrados con gran éxito en Santiago de Compostela en diciembre de 2021.

 

En mi capítulo me pregunto: “¿Qué han hecho los impuestos propios por las comunidades autónomas y qué puede hacer por ellos el control externo?”. La doble interrogación da para mucho. Planteo, por ejemplo, la necesidad de que no se minusvalore su recaudación, ni menos aún su contribución a legítimas finalidades extrafiscales, singularmente, ambientales. En el marco de la -anunciada, esperada y comprometida- reforma del sistema tributario y del sistema de financiación autonómica, analizo su recorrido en los últimos años y planteo algunos desafíos, al hilo de las aportaciones de las comunidades autónomas en 2021 al Comité de personas expertas para la reforma tributaria. Asimismo, reivindico que el papel de los órganos de control externo autonómicos, una vez más, puede ser crucial para desatascar ciertas discusiones, al menos, en sus aspectos técnicos.

Historias, certezas e incertidumbres sobre endeudamiento local

Acabo de publicar en El Consultor (número especial III, 2022) un artículo que lleva por título "Endeudamiento local y estabilidad presupuestaria: historias, certezas e incertidumbres". Destaco entre las "historias" el hecho de que el control del endeudamiento y la estabilidad presupuestaria son objetivos europeos que España ha incorporado a su Constitución, tras varias normas, alguns ya antiguas, sobre el déficit y la deuda de las entidades locales. Entre las "certezas" apunto el buen comportamiento agregado del sector público local y la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia, dos hechos que abren nuevos escenarios de reforma, donde sería muy deseable un pacto interno de estabilidad, con un papel destacado para las entidades locales, si antes refuerzan su propia institucionalidad. El resto son "incertidumbres".

El monográfico ha sido coordinado por Beatriz Moreno Serrano y cuenta con magníficos trabajos de grandes profesionales y académicos. Aquí está el índice general.

 

 

El sector público local ante la recuperación económica

Acaba de ser presentado el número 177 de la revista Economistas, editada por el Colegio de Economistas de Madrid. En el acto participó la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. En el monográfico se hace un balance de la economía española en el año 2021, incluyendo análisis de carácter general, así como de los principales sectores productivos, sistema financiero, sector público, capital humano, empleo, actividad empresarial, medioambiente, digitalización, economía nacional y perspectivas, así como una reseña con las aportaciones de los premios Nobel de Economía de 2021, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens.

 

Aquí están el sumario y la revista completa.

Mi artículo se titula "El sector público local ante la recuperación económica". Explico que el sector público local español afronta la recuperación económica y social tras la pandemia con una situación financiera agregada saneada. Se coloca en un escenario favorable para la absorción de los cuantiosos fondos extraordinarios que va a recibir España, al lado de las comunidades autónomas y del Gobierno central. La suspensión de las reglas fiscales desde 2020 ha permitido liberar recursos inmovilizados en depósitos bancarios para agilizar actuaciones, aunque persiste algún riesgo derivado de esta situación. Un año más, siguen pendientes la reforma del mapa municipal y de las haciendas locales.

 

Como señalo expresamente, el trabajo se cerró el 28 de enero de 2022. No es baladí.  

Comparacencia parlamentaria en Galicia

Hoy comparecí en el Parlamento de Galicia, para aportar mis ideas y sugerencias en la comision no permanente sobre la propuesta de Galicia ante la reforma del sistema de financiación autonómica. Unha grande honra.

Así empecé: 

A relación de proximidade e agarimo entre a miña terra e a súa vai moito máis alá da veciñanza administrativa e a historia común. Aquí en Compostela recalou Alfonso II, rei de Asturias, hai xa doce séculos, sendo considerado o primeiro peregrino oficial. E aquí mesmo en Santiago oito presidentes autonómicos asinaron o pasado mes de novembro unha declaración institucional sobre financiamento autonómico, a cal trae causa doutra declaración subscrita en Oviedo fai catro anos, naquel momento. O nexo entre ambas é a conxunción de intereses entre o Principado de Asturias e Galicia, con absoluta lealdade ao proxecto común que é España.

Hago votos para que haya altura de miras y se puedan desencallar las negociaciones entre gobiernos y entre grupos políticos, como está haciendo este Parlamento de Galicia. 

Dejo aquí dos noticias de prensa de Europa Press y ABC.