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| María Pedreda |
El 9 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. El 31 de octubre del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por España tres años después. La convención aborda el fenómeno en su integridad, incluyendo todas las fases del llamado «ciclo antifraude», también las medidas reactivas y punitivas, en torno a la respuesta penal y la recuperación de activos. Sin embargo, el foco prioritario se centra en la prevención, a través de una infraestructura ética en las organización públicas, una cultura de integridad que involucre a la sociedad y a los operadores privados y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, con órganos encargados de prevenir la corrupción, desde la formación e información ciudadana y políticas coordinadas y eficaces contra aquellos comportamientos que atenten contra uno de los pilares basilares de las sociedades democráticas: la integridad pública.
En el Palazzo Comunale, sede del Gobierno de los Nueve de la República de Siena, y actual casa consistorial, se encuentra una pintura mural extraordinaria del siglo XIV: «Las alegorías del buen y mal gobierno» de los hermanos Lorenzetti. En ella queda patente la correlación entre la prosperidad, el bienestar económico y social (el espejo de la creación de los servicios públicos en el ochenta aniversario del Informe Beveridge) y el buen gobierno, la importancia de los valores, principios y normas éticas compartidas, en torno a la justicia, la templanza o la concordia, y la protección contra los sesgos que afectan al juicio en la gestión de la cosa pública. Casi setecientos años después dicha correlación entre confianza en el gobierno y percepción de la corrupción sigue vigente.
Afortunadamente superadas las concepciones de los 60 del siglo pasado, en torno a la identificación de la corrupción como «la grasa de los engranajes», y las nociones de autores como Huntington, con aquello de «…en términos de desarrollo económico, la única cosa peor que una sociedad con una burocracia rígida, hipercentralizada y deshonesta es una sociedad con una burocracia rígida, hipercentralizada y honesta», parece el momento de hacer balance. Veinte años después y en pleno proceso de transposición interna de la directiva de protección del alertador o denunciante, si podemos extraer alguna conclusión de la experiencia interna y comparada es que el antídoto contra la corrupción no está en la majestuosidad de las normas, en las grandes respuestas desde el ámbito reactivo y punitivo, sino en la calidad de la gobernanza. En este sentido, la prevención está llamada a constituir un elemento clave. La idea es luchar contra la corrupción antes de que los riesgos para el interés público se materialicen. En un escenario de cambio de época más que asentado, los órganos autonómicos de control externo son actores clave en la función de colaboración en la prevención y el fomento de marcos de integridad pública. Y han de asumir en dicha condición estratégica que la transformación digital y social en marcha no es un mero martillo nuevo que sirve para clavar más rápido o con mayor comodidad, los clavos de siempre; la transparencia y rendición de cuentas formal no es suficiente. Es imprescindible que las administraciones públicas sean inteligibles para la ciudadanía, y superar los silos digitales y las cajas negras en torno a los impactos de los programas de acción pública, para convertir la digitalización de las administraciones en una herramienta anticorrupción eficaz. Un primer paso: la adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos, que permita superar el desfase entre la majestuosidad de la norma y las mediocridades de su aplicación. Feliz Día Internacional contra la Corrupción y su principal mecanismo de prevención: el buen gobierno.
Publicado en La Voz de Galicia el 9 de diciembre de 2022, con José Antonio Redondo López y Simón Rego Vilar
