No soy tan osado para poner una cifra cerrada. Ni tan atrevido para simular el precio (que no coste) de un nuevo sistema de financiación autonómica. Menos aún pretendo echar gasolina al fuego o veneno al menú de una negociación política que, en realidad, ni ha empezado. A los economistas nos gustan los números, pero a veces los carga el diablo, sobre todo si se sueltan en un momento procesal inadecuado, como elemento de defensa numantina o coartada personal.
Los expertos hemos aprobado un informe que deja muchas puertas abiertas. Cierto y evidente. Pero esto no debería ser visto como una suerte de dejación de funciones (técnicas), sino como el reflejo de algunos disensos de fondo que se han podido reconducir y que, en todo caso, presentan la gran ventaja de servir como patrón flexible para diferentes costuras (políticas).
Dicho lo anterior, es evidente que a partir de ahora se deben concretar aspectos nucleares del sistema, comenzando por la aportación de recursos adicionales, para lo cual hay un estadio previo a dilucidar con varias preguntas. La principal: ¿qué nivel de gasto queremos financiar? ¿Debe aportar la Hacienda central como garante de la igualdad entre españoles? ¿Se deben perdonar deudas con borrón y cuenta nueva? La primera cuestión requiere un amplio acuerdo de Estado, en especial sobre los servicios públicos que hemos dado en llamar fundamentales, por su relevancia para la vida diaria de las personas y para el futuro de nuestro modelo económico y social. A la segunda, mi respuesta es afirmativa, pero la inyección adicional no puede ser un chute gratuito, sino una medicina curativa que sirva para engrasar una negociación, a cambio de compromisos serios por parte de las comunidades autónomas. Ineludiblemente, también es preciso avanzar hacia una mayor autonomía tributaria autonómica, no tanto con mayores porcentajes de cesión (aunque es posible), sino con elementos que garanticen la coordinación, la seguridad jurídica y el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad fiscal (de manera singular, en los impuestos indirectos). A la tercera pregunta respondo con una negativa rotunda, igual que la mayoría de los expertos de la Comisión, aunque nada impide que se pueda acometer una reestructuración de plazos, carencias y tipos, bajo la estrecha supervisión del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Donde sí hemos puesto una cifra muy concreta es en la aportación que deberían hacer las comunidades autónomas de régimen foral (2.600 millones de euros cada año), aunque es evidente que los derroteros políticos van por otro lado, tras la reciente aprobación de la rebaja del cupo vasco y quizás otra en ciernes. Es curioso: si esta cuestión crucial se consultase en referéndum a todos los españoles, me atrevo a pronosticar que saldría un sí mayoritario a una aportación de Navarra y País Vasco al marco común de solidaridad. Obviamente, si el referéndum se convocase solo en esos territorios, la respuesta sería otra, casi con seguridad. Lo que parece claro es que si dicho pago no se produce, esos hipotéticos recursos adicionales deberán salir del bolsillo ciudadano, es decir, de una subida de impuestos en el territorio común. Curiosas paradojas democráticas.
Fueros y huevos. Árboles y nueces. Si algunos ya tienen la proteína y el fruto, el estatus normativo puede esperar y ser revisado más adelante. No hay prisa. Recuerdo que hace exactamente 20 años, el entonces lehendakari Ardanza afirmó con solemnidad –e inusitada sinceridad- que “con este Concierto somos, a efectos tributarios, una especie de 16º Estado en Europa”. Se refería al acuerdo firmado poco antes con el Gobierno de España. Y razón no le faltaba. Mientras, en Cataluña ya es octubre.
