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Vivimos momentos de incertidumbre en la política y la economía, en los cuales el sentido común resulta casi revolucionario, siguiendo a Thomas Paine. La apuesta por la calidad de nuestras instituciones debería ser una prioridad absoluta, en tanto que compromiso ético, obligación de ciudadanía democrática y garantía de desarrollo económico y social. Solo remarco lo que han constatado empíricamente autores como Douglas North (premio Nobel de Economía), Daron Acemoglu (Por qué fracasan los países) o Víctor Lapuente Giné (con relación a la meritocracia y la lucha contra el fraude y la corrupción).
Confieso que en su momento fui algo crítico con la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). No oculto esta opinión que, por otra parte, sería imposible de tapar en un mundo de “malditas hemerotecas”. Escribí entonces preocupado por un posible choque de legitimidades de origen entre la Airef y las instituciones de control externo (ICEX), esto es, el Tribunal de Cuentas y los homólogos autonómicos. No pretendo reabrir ahora este debate, ni tampoco el de la limitación de mandatos, aunque ambos sean cruciales desde un doble enfoque de constitucionalidad y eficacia.
Lo que sí quiero reivindicar es la plena legitimidad de ejercicio de la Airef, dentro de su amplio mandato, sintetizado en los objetivos de validar las previsiones macroeconómicas (apreciando sesgos) y evaluar los procedimientos presupuestarios. Esa legitimidad se gana día a día con un trabajo serio, riguroso y –subrayo– perfectamente compatible con el de las ICEX, caso de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
En aquel 2014 también alerté de una duda razonable sobre la proclamada “objetividad de criterio” que la ley impone al presidente de la Airef. Como es natural, estoy de acuerdo con esa exigencia, pero mis dudas venían por el potencial condicionamiento que imponía el nacimiento por “recomendación” (sic) del rescate europeo. Pensaba que esta inédita institución en España podría servir a una determinada orientación de la política económica general, condicionando sus actuaciones futuras, aunque quizás el tiempo me ha hecho matizar aquel aserto inicial.
Mis reticencias proseguían con el acceso preferente que podría tener la Airef a datos económico-financieros incluso de mayor calidad que las ICEX, algo que, por fortuna para ella y para desgracia de las ICEX, hemos podido constatar en algunas ocasiones. Con respecto al coste intrínseco de un nuevo organismo estatal, justo en pleno proceso de racionalización del sector público, cabe recordar que existían otras legítimas opciones de diseño, por ejemplo, mediante una unidad especializada en el seno del Tribunal de Cuentas (modelo francés), sin perjuicio de la innata función de fiscalización de este.
También los órganos de control externo autonómicos podrían tener un papel más relevante, por ejemplo, introduciendo un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto de presupuestos, limitado a una verificación de cumplimiento, con especial atención a la normativa de estabilidad presupuestaria y sin entrar en cuestiones de oportunidad. Con todo, el presidente de la Airef ha demostrado que la elección de su persona fue un acierto. Su empeño y su desempeño despejaron pronto aquellas dudas iniciales, con equipos y trabajos que han inyectado una sólida reputación al organismo, en tiempos de tribulación para nuestras instituciones comunes. Tampoco olvidemos que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado un primer informe sobre la gestión de la Airef, apuntando líneas de mejora que la propia fiscalizada asumía en gran medida en sus meditadas alegaciones.
Frente a discursos apocalípticos, optimismo racional. La tarea de la Airef debe seguir avanzando en la calidad del gasto público, la reforma del marco general de estabilidad presupuestaria (incluyendo una radical simplificación de las reglas), la transparencia de las previsiones macroeconómicas, los controles ex ante y el seguimiento de los pasivos contingentes de las administraciones públicas, entre otras cuestiones. Y todo ello en leal colaboración con las ICEX, desde sus respectivos ámbitos de competencia.
La Airef se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sus informes, estudios y opiniones aportan un evidente valor añadido que, en el caso de los informes, obligan a cumplir sus recomendaciones o a explicar la alternativa elegida. Además, es un ejemplo de transparencia, tanto en su gestión interna, como en la difusión de sus documentos, metodologías y herramientas.
Otra evidencia del respeto que suscita es que le seguimos encomendando nuevas responsabilidades, como la aludida revisión del gasto público y de los beneficios fiscales, e incluso algunos nos hemos atrevido a sugerir la realización de un análisis previo de los programas electorales, sin condicionar la libérrima iniciativa política, pero sí contribuyendo a mejorar la información del votante y la coherencia económica de las propuestas.
El actual –y primer– presidente de la Airef cesará en febrero de 2020 por final de mandato. Su legado se recordará por el fruto recogido y por las semillas sembradas. Esperemos que se promueva un óptimo relevo y que el trabajo no se detenga, ni los riesgos reverdezcan.
Publicado en Cinco Días el 28 de noviembre de 2019
Confieso que en su momento fui algo crítico con la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). No oculto esta opinión que, por otra parte, sería imposible de tapar en un mundo de “malditas hemerotecas”. Escribí entonces preocupado por un posible choque de legitimidades de origen entre la Airef y las instituciones de control externo (ICEX), esto es, el Tribunal de Cuentas y los homólogos autonómicos. No pretendo reabrir ahora este debate, ni tampoco el de la limitación de mandatos, aunque ambos sean cruciales desde un doble enfoque de constitucionalidad y eficacia.
Lo que sí quiero reivindicar es la plena legitimidad de ejercicio de la Airef, dentro de su amplio mandato, sintetizado en los objetivos de validar las previsiones macroeconómicas (apreciando sesgos) y evaluar los procedimientos presupuestarios. Esa legitimidad se gana día a día con un trabajo serio, riguroso y –subrayo– perfectamente compatible con el de las ICEX, caso de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
En aquel 2014 también alerté de una duda razonable sobre la proclamada “objetividad de criterio” que la ley impone al presidente de la Airef. Como es natural, estoy de acuerdo con esa exigencia, pero mis dudas venían por el potencial condicionamiento que imponía el nacimiento por “recomendación” (sic) del rescate europeo. Pensaba que esta inédita institución en España podría servir a una determinada orientación de la política económica general, condicionando sus actuaciones futuras, aunque quizás el tiempo me ha hecho matizar aquel aserto inicial.
Mis reticencias proseguían con el acceso preferente que podría tener la Airef a datos económico-financieros incluso de mayor calidad que las ICEX, algo que, por fortuna para ella y para desgracia de las ICEX, hemos podido constatar en algunas ocasiones. Con respecto al coste intrínseco de un nuevo organismo estatal, justo en pleno proceso de racionalización del sector público, cabe recordar que existían otras legítimas opciones de diseño, por ejemplo, mediante una unidad especializada en el seno del Tribunal de Cuentas (modelo francés), sin perjuicio de la innata función de fiscalización de este.
También los órganos de control externo autonómicos podrían tener un papel más relevante, por ejemplo, introduciendo un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto de presupuestos, limitado a una verificación de cumplimiento, con especial atención a la normativa de estabilidad presupuestaria y sin entrar en cuestiones de oportunidad. Con todo, el presidente de la Airef ha demostrado que la elección de su persona fue un acierto. Su empeño y su desempeño despejaron pronto aquellas dudas iniciales, con equipos y trabajos que han inyectado una sólida reputación al organismo, en tiempos de tribulación para nuestras instituciones comunes. Tampoco olvidemos que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado un primer informe sobre la gestión de la Airef, apuntando líneas de mejora que la propia fiscalizada asumía en gran medida en sus meditadas alegaciones.
Frente a discursos apocalípticos, optimismo racional. La tarea de la Airef debe seguir avanzando en la calidad del gasto público, la reforma del marco general de estabilidad presupuestaria (incluyendo una radical simplificación de las reglas), la transparencia de las previsiones macroeconómicas, los controles ex ante y el seguimiento de los pasivos contingentes de las administraciones públicas, entre otras cuestiones. Y todo ello en leal colaboración con las ICEX, desde sus respectivos ámbitos de competencia.
La Airef se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sus informes, estudios y opiniones aportan un evidente valor añadido que, en el caso de los informes, obligan a cumplir sus recomendaciones o a explicar la alternativa elegida. Además, es un ejemplo de transparencia, tanto en su gestión interna, como en la difusión de sus documentos, metodologías y herramientas.
Otra evidencia del respeto que suscita es que le seguimos encomendando nuevas responsabilidades, como la aludida revisión del gasto público y de los beneficios fiscales, e incluso algunos nos hemos atrevido a sugerir la realización de un análisis previo de los programas electorales, sin condicionar la libérrima iniciativa política, pero sí contribuyendo a mejorar la información del votante y la coherencia económica de las propuestas.
El actual –y primer– presidente de la Airef cesará en febrero de 2020 por final de mandato. Su legado se recordará por el fruto recogido y por las semillas sembradas. Esperemos que se promueva un óptimo relevo y que el trabajo no se detenga, ni los riesgos reverdezcan.
Publicado en Cinco Días el 28 de noviembre de 2019
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