Primera entrevista como síndico mayor

Entrevista de Ana Moriyón y foto de Álex Piña, publicadas en El Comercio el 11 de julio de 2019

Roberto Fernández Llera (Avilés, 1978), síndico mayor desde abril, lleva en la Sindicatura de Cuentas de Asturias como jefe de gabinete técnico desde 2012. Licenciado en Economía y doctor por la Universidad de Oviedo, asume ahora el reto de dar un paso más en el cometido de este órgano. Además del cumplimiento de la legalidad, su equipo se ha propuesto vigilar también la eficiencia y la eficacia en el gasto público.

–¿Los asturianos estamos suficientemente concienciados de que el dinero público no cae del cielo? –Quiero pensar que sí. La crisis ha tenido efectos desastrosos en muchos ámbitos económicos y sociales, pero ha tenido también algunos positivos, como que hoy la exigencia ciudadana sobre el control de los fondos públicos es mucho mayor. Nuestro deber también es concienciar de que cada vez tenemos que ir más allá y desplegar nuestro cometido para controlar no solo el mero cumplimiento de la legalidad, sino también la eficiencia, la eficacia y la economía, todos ellos principios que están en la Constitución española.

–Un 30% de los ayuntamientos no les facilita en tiempo y forma la documentación. ¿Es partidario de tomar medidas coercitivas para reducir ese porcentaje? –Somos de las comunidades que tenemos un grado de rendición de cuentas más elevado pese a que partíamos de una posición muy mala hace diez años. Pero el grado sigue sin ser óptimo y a veces hay que recordar que esto es una obligación legal y democrática para mejorar la transparencia de los gestores públicos, no un capricho de nadie. Es cierto que tenemos diferentes mecanismos para mejorar el grado de rendición y soy partidario de usar las multas si se observa falta de colaboración o resistencia a la actividad fiscalizadora, pero ese es un extremo que no se ha dado.

–¿De qué sirve un presupuesto en un ayuntamiento o una administración autonómica que luego no se ejecuta? –Cuando el gestor aprueba un presupuesto está anticipando sus prioridades y poniendo cifras a lo que espera gastar e ingresar. Si no se cumple es porque se han hecho mal las estimaciones o no las está utilizando de forma correcta, y eso nos lleva a una gestión que no es transparente. Puede deberse a muchas razones, a veces a problemas sobrevenidos, pero también a la desidia gestora.

–En un reciente informe han aconsejado la disolución de varias mancomunidades que, a priori, deberían haber servido para compartir servicios y ser más eficientes. ¿Qué se ha hecho mal? –Las mancomunidades funcionaron durante mucho tiempo de forma satisfactoria y algunas, incluso, lo siguen haciendo a día de hoy. Lo que hemos reflejado en el informe es que hay algunas que ya no tienen actividad, ni personal, ni presupuestos, y por lo tanto hemos recomendado su disolución porque lo contrario es mantener una ficción administrativa.

–¿Existen ‘chiringuitos políticos’ en Asturias? –En Asturias hay muchos chiringuitos estupendos en las playas, pero entiendo que es un término despectivo para hablar de organismos públicos. Hay entidades del sector público local y autonómico que funcionan magníficamente y otras que están casi o absolutamente sin actividad porque han perdido el sentido con el que en su momento se constituyeron. Lo que decimos en la Sindicatura es que, en ese caso, se disuelvan, pero me niego a utilizar el concepto ‘chiringuito’. Me quedo con los de la playa.

–¿Me puede dar ejemplos de entidades que deberían disolverse? –En el último informe sobre fiscalización del sector público local aconsejamos iniciar procesos de liquidación y disolución para la Agencia de Desarrollo Local de la Formación, Empleo y Empresa del Ayuntamiento de Llanes y el Patronato Municipal del Museo de Anclas del Ayuntamiento de Castrillón. Del otro lado, hay entidades que funcionan magníficamente, como son los consorcios de agua, de gestión de residuos y de transporte. Incluso algunos son modelos de gestión para toda España.

–¿Cómo se puede determinar lo que es o no eficaz y/o eficiente, manteniendo la objetividad que se presupone a este órgano? –Eficacia es cumplir unos objetivos predefinidos, eficiencia hacerlo optimizando los recursos disponibles y económico, de la manera más barata posible. No siempre es posible hacerlo todo a la vez y es el gestor el que tiene que decidir qué principios prioriza en cada caso. Lo que tiene que hacer el órgano fiscalizador es ver si esos criterios se han cumplido y en qué grado, porque uno nunca es eficiente en términos absolutos y son conceptos siempre relativos. En todo caso, es cierto que lo más fácil sería ir al puro cumplimiento de la legalidad, lo otro es un reto que asumimos.

–Según ese discurso, ¿cree que es eficaz, eficiente y económico tener 78 ayuntamientos en Asturias? –Obviamente, un tamaño de municipio ínfimo no puede prácticamente hacer gestión alguna porque no tiene presupuesto ni personal y apenas masa crítica. Ahora bien, un municipio demasiado grande también puede incurrir en costes de congestión. No hay un tamaño de concejo óptimo, si lo hubiera probablemente lo estaríamos aplicando. Lo que hay que hacer es optimizar las estructuras administrativas para la gestión de los servicios y, si como ayuntamiento no puede ser, buscar una fórmula superior que puede ser la mancomunidad, la comarca o, como caso extremo, la fusión de municipios. Esta última, además de ser una decisión meramente política, tendría que tener en cuenta
condicionantes de tipo histórico y geográfico.

–Otra cuestión. ¿Una escuela rural con cuatro alumnos es eficiente? –Aquí entraría otro concepto, la equidad. A veces si solo nos fijamos en cuestiones que tienen que ver con la eficiencia podemos descuidar otros principios que también están en la Constitución, como es la igualdad de oportunidades y la equidad. 

–Formó parte de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. ¿En qué momento está esa reforma? –La comisión de expertos hizo su informe en 2017 y, a partir de ahí, dejó paso a la negociación política que, a día de hoy, parece estancada.

–¿Asturias se juega mucho en esta negociación? –No me gusta plantear la reforma de la financiación autonómica en términos de enfrentamiento entre territorios. Pero, inevitablemente, estamos hablando del reparto de recursos para financiar los servicios básicos y es un tema sensible. Es muy importante en el caso de Asturias atender a los costes reales de prestación de determinados servicios teniendo en cuenta variables como la demografía, la orografía y la dispersión. Evidentemente, debemos defender lo que nos interesa, pero sin perder de vista la visión de conjunto porque, en definitiva, estamos hablando del diseño del modelo de Estado.

–¿Un adelanto electoral sería eficiente o eficaz? –La democracia tiene costes, pero son costes que, y hablo a título personal, yo asumo. Sería más barato no hacer elecciones nunca, seguramente, pero sería mucho peor. Hay gastos como el electoral, el de seguridad ciudadana o el de los servicios públicos que en democracia hay que hacer, y no deberían espantar a nadie. Luego nos toca a los órganos fiscalizadores determinar si ese gasto se ha hecho conforme a la normativa.

–¿Cree que Avelino Viejo debería haber tenido una salida más digna? –Avelino Viejo fue una persona fundamental para la Sindicatura de Cuentas sin la cual probablemente hoy este órgano sería muy diferente. Hay que reconocer el trabajo magnífico que hizo y creo que tuvo una salida a la altura de la labor que, durante catorce años, desplegó frente a un entorno a veces complicado. Asturias le debe mucho a Avelino Viejo.