miércoles, 30 de noviembre de 2016

Nivelación interterritorial desde Compostela

Foto: Xoán Álvarez

De la mano de GEN+ y RIFDE, con el apoyo de la Xunta de Galicia, se organizó en Santiago de Compostela una jornada de trabajo sobre nivelación en materia de financiación autonómica, sobre la base de un borrador de informe elaborado por Santiago Lago Peñas y por mí como ponentes, con el apoyo y las aportaciones de un grupo de trabajo formado por otras seis personas expertas en esta materia.

La jornada tuvo un formato dinámico, con sesiones de debate abierto y una presentación final de las conclusiones preliminares, así como de una encuesta de opinión que, en su momento, también formará parte del informe definitivo. en santiago estaban personas de perfil académico y gestor, lo que añadió riqueza al debate.

En los enlaces siguientes hay algunas reseñas de prensa de esta jornada de trabajo: uno, dos, tres, cuatro



domingo, 27 de noviembre de 2016

Gasto público en las cuencas mineras

Foto: Fernando Rodríguez para La Nueva España

Tercera y -supongo- última presentación pública del libro Economía del gasto público para mayores de edad, editado por Aranzadi-Thomson Reuters y coordinado por mí. Primero fueron las de Oviedo y Madrid y ahora esta en Ciañu, de la mano de Cauce del Nalón, la Universidad de Oviedo y el Club de Prensa de la Nueva España.

Participaron junto a mí los maestros Carlos Monasterio Escudero y Javier Suárez Pandiello, catedráticos de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, dos de los autores del libro. En la mesa, como anfitrión de la Casa de la Buelga, Aladino Fernández. Gracias tambuién a Kiko Villar por la invitacion y por sus amables palabras en el acto, así como a todas las personas asistentes, un viernes por la tarde.

En esta crónica de Silvia Martínez para La Nueva España hay una breve reseña de la presentación. 

Javier Suárez Pandiello y Carlos Monasterio, ambos catedráticos y profesores de la Universidad de Oviedo se acercaron el pasado viernes a la Casa de Buelga de Ciaño para presentar el libro "Economía del gasto público para mayores de edad". El acto fue organizado por la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" y la Universidad de Oviedo y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y en el mismo también estuvo presente Roberto Fernández Llera, como coordinador de la obra.

Aladino Fernández, en nombre de "Cauce", subrayó "el tremendo lujo que supone contar con ponentes de la categoría de los que hoy nos acompañan". Javier Suárez Pandiello intervino a continuación y explicó el proceso de gestación del libro, "a partir de un curso de economía pública para no economistas que se impartió a través de la extensión universitaria y del que surgió la publicación de "Impuestos para todos los públicos", que tiene su continuación en el libro que presentamos hoy". Pandiello señaló que "con esta obra hemos pretendido clarificar los entresijos del gasto público siendo rigurosos y respetuosos con todas las opiniones y con la intención de que cada cual pueda juzgar siempre desde la información y no desde la propaganda". A lo largo de su intervención, el economista defendió que "las tasas universitarias se suban lo que haga falta y que el importe de esa subida se dedique a becas ya que así, el que pueda pagar pagará, y al que no pueda, se lo pagaremos entre todos"

"Antes, el Estado era minúsculo y apenas intervenía más allá de lo necesario en defensa, justicia y algo de beneficiencia, pero a partir de la Transición empieza a aparecer como prestador de servicios y por tanto aparece la necesidad del gasto público. Pero hay que dejar claro que gastar más no implica que se gaste bien". Así lo expresó Carlos Monasterio, que llamó atención sobre el hecho de que los programas redistributivos son una parte importante del gasto público y del mismo modo, invocó la necesidad de que "los ciudadanos denuncien las deficiencias del sector público". Enfatizó el hecho de que "a día de hoy en España son los asalariados quienes aguantan el mayor impacto de los tributos" y destacó que "tenemos un grave problema de no tributación creciente". Del mismo modo, dejó patente la necesidad de que "el político tenga ideas e ideología y se apoye en los técnicos antes de tomar decisiones erróneas e insuficientes".
 
En último lugar intervino Roberto Fernández Llera, coordinador de la publicación, que puso de manifiesto que "el libro analiza el gasto público desde un enfoque multidisciplinar y en el que han participado veinticinco autores, casi todos economistas aunque hay excepciones, como es el caso de la periodista de la TPA, Olalla Pena". Fernández subrayó que "nuestra intención ha sido acceder a estudiantes y personas no iniciadas en la economía, partiendo de una posición clara de defensa del gasto público razonable y razonado". Para finalizar, el coordinador habló sobre la distribución del libro que tal y como expresó, "se divide en cuatro bloques bien diferenciados que abordan distintos temas, desde las cuestiones generales de funcionamiento del sector público, hasta la dimensión local, autonómica y europea del gasto público, pasando por los programas del Estado del bienestar y las políticas en defensa y fomento de la democracia".


domingo, 20 de noviembre de 2016

Ley de auditoría pública: una necesidad

Declaración de Toledo, en el cierre, presidido por Miguel Ángel Collado, rector de la UCLM
Terminó el VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, celebrado en Toledo del 16 al 18 de noviembre de 2016, bajo la magnífica organización de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), la Universidad Castilla-La Mancha y la Intervención General de la Comunidad Autónoma. En mi caso, es el quinto congreso de estas características en el que participo, tras las ediciones de 2008 (Pamplona), 2010 (Santiago de Compostela), 2012 (Madrid) y 2014 (Palma de Mallorca). En dos de ellos actué como ponente invitado; en los otros tres con una comunicación. En 2008 y 2010, como profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo; desde la edición de 2012, como jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Distintas perspectivas, idéntica ilusión. 

En esta ocasión, gracias a la amble invitación de Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, presidente de FIASEP, también tuve el honor de leer en el cierre plenario del congreso la solemne Declaración de Toledo, la cual recoge una serie principios y orientaciones fundamentales para la auditoría pública.

PREÁMBULO  
La Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (en adelante, FIASEP) es una organización de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro que trabaja por un sector público transparente y bien gestionado a través de la extensión de la práctica de la auditoría como medio más eficiente de control y que tiene por vocación ser un marco de referencia. 
FIASEP es la promotora del VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público y lo fue de todos los anteriores. En el que se acaba de celebrar en Toledo en 2016 y, previo debate con el colectivo de asistentes, formula la siguiente Declaración de principios y orientaciones de la auditoría pública para un Estado social y democrático de Derecho que, en el ámbito de la gestión publica, proclama los principios y criterios constitucionales de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria, así como el valor supremo de la transparencia y la rendición de cuentas. 
La Declaración debe ser interpretada en su conjunto y en clave constructiva, con el objeto de emplazar a las Cortes Generales y al Gobierno de España a que asuman compromisos para su plena efectividad. 
La Declaración se refiere a los auditores que desarrollan su actividad en el ámbito público y también sirve de orientación a las personas que han sido elegidas para los órganos de las instituciones de control interno y externo del sector público, dada la meta común de mejora de la gestión que comparten desde sus respectivas responsabilidades.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
1. ASUMIMOS la responsabilidad de identificar, en tiempos de desafección ciudadana hacia el poder público, la prioridad política de asegurar altos estándares de control del gasto y del ingreso público, con el fin de reforzar las estructuras de nuestro Estado de Bienestar y dotar de credibilidad a nuestras instituciones. 
2. CONSIDERAMOS que el establecimiento, el mantenimiento y la potenciación de un sistema de control sobre los fondos públicos es esencial en el desarrollo de la democracia en un Estado social y democrático de Derecho, debiendo otorgarse relevancia y extensión a la fiscalización atenta a los principios de buena gestión. 
3. SOMOS CONSCIENTES de que la legislación estatal de control externo de cuentas, en desarrollo del artículo 136 de la Constitución Española, debe ser actualizada, propiciando un cauce institucional adaptado a un Estado ampliamente descentralizado, redefiniendo las relaciones y las tareas entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, cuyo reconocimiento al más alto nivel normativo no admite dilación. Asimismo, es preciso replantear a fondo el instituto de la responsabilidad contable, incardinando un desempeño más efectivo con la propia fiscalización y con las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa. Todo ello coadyuvaría a mayor seguridad jurídica de los agentes fiscalizados, mayor homogeneidad del control externo y actuaciones coordinadas, cooperativas y eficientes en su mismo desempeño. 
4. POSTULAMOS avanzar en nuevos ámbitos de fiscalización vinculados a los resultados institucionales, junto a nuevas técnicas e indicadores, de tal forma que los auditores públicos puedan identificar puntos y escenarios de ahorro medibles para sus conclusiones y recomendaciones. Todo ello desde la aspiración de comprender las causas, el desarrollo y los efectos de las decisiones financieras arriesgadas o cuestionables, para poder prevenirlas en el futuro. En este contexto, apostamos sin duda por el uso de metodologías comunes y técnicas de auditoría normalizadas, tomando como referencia los estándares internacionales ya acreditados y adaptados a España, como las ISSAI-ES y las NIA-ES. 
5. REIVINDICAMOS que los auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, para ciertas tareas, también los profesionales acreditados en el Registro de Expertos en Auditoría Pública, puedan colaborar con el sistema nacional de control, en la forma que la leyes prevean, pero siempre preservando la dirección y el control de los trabajos de fiscalización por parte de las instituciones de control externo. 
6. ABOGAMOS por un urgente y preciso desarrollo reglamentario de la legislación sobre control interno de las entidades locales, donde se definan con claridad criterios homogéneos, metodologías, técnicas, procedimientos y reglas de actuación, en cada una de las tres variantes del ejercicio de la función, a desempeñar por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, planificando también una adecuada dotación de efectivos. 
7. ENTENDEMOS que, en un entorno tecnológico que permite adelantar la tramitación de presupuestos y cuentas generales (tanto autonómicas como locales), su rendición a la institución de control externo no debería sobrepasar el primer semestre del año siguiente, al igual que ocurre en el sector privado, lo cual también permitiría anticipar la finalización de los informes. Para su adecuada y oportuna fiscalización, debe permitirse a las instituciones de control externo, sin ningún tipo de restricción, el acceso remoto, permanente y “en tiempo real” a los sistemas de información de las entidades fiscalizadas, así como a los datos que obran en poder de otras administraciones públicas, autoridades, agencias y organismos poseedores de relevante información tributaria, presupuestaria, contable o financiera, respetando siempre las debidas garantías de confidencialidad. La interoperabilidad ha de ser una realidad inmediata y no una mera aspiración. 
8. SOMOS sensibles al reto tecnológico y, por ello, las instituciones de control externo deben afrontar los retos relacionados con la revolución tecnológica que se está desarrollando a medida que se implanta la administración electrónica. Esto va a exigir un esfuerzo organizativo para introducir en las plantillas expertos con perfil informático, así como una actualización de las metodologías de auditoría y amplios esfuerzos formativos en esta materia para todo el personal de auditoría. 
9. CREEMOS firmemente en la obligada independencia técnica y profesionalidad de los auditores, por lo que resulta imperativo que los partidos y los responsables políticos tomen una prudente distancia con respecto a las instituciones de control externo, contribuyendo a fortalecer la profesionalidad del personal a su servicio, así como de los cargos de responsabilidad, cuyos respectivos códigos éticos y estatutos personales deben ser reforzados, incluyendo garantías y compensaciones. La independencia, como principio irrenunciable, ha de ser predicada y defendida con respecto a intromisiones de todo tipo, provengan de donde provengan. 
10. SENTIMOS una profunda preocupación por la corrupción, el fraude y los comportamientos desleales, ilícitos y poco éticos en la gestión pública. Por ello, situamos la evaluación del riesgo de fraude en lugar preferente en los trabajos de fiscalización, asumiendo una actitud proactiva en su detección y en la lucha contra la corrupción, colaborando e interactuando con las oficinas antifraude u organismos homólogos, así como con la Fiscalía y los tribunales de justicia, dentro del estricto respeto a las respectivas competencias.

CONCLUSIÓN 
Quedan proclamados los antedichos principios y criterios, asumiendo el compromiso de evaluación y seguimiento de este decálogo en los futuros congresos nacionales de auditoría en el sector público, así como en los foros profesionales y técnicos que proceda. 
Toledo, 18 de noviembre de 2016



En plena ponencia: "Desafíos actuales de la auditoría pública: de lo macro a lo micro"

martes, 15 de noviembre de 2016

Fiscalizando la financiación autonómica


España ya tiene gobierno con plenas funciones. Ahora faltan presupuestos y mayorías estables, pero ese es otro debate.

El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, aunque no es novedoso, sí es muy relevante en los tiempos que toca afrontar. Este departamento tiene, entre otras competencias, las de coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, las relaciones con las comunidades autónomas y las entidades locales y las relativas a la organización territorial del Estado. Casi nada.

Circunscribiendo el análisis a la financiación autonómica, lo primero que habría que decir es que, quizás ahora sí, podamos pasar “de los cuentos a las cuentas”, como en su momento hizo Valentín Andrés Álvarez, economista asturiano y prolífico escritor. Toca transitar de las musas al teatro, en definitiva, de los documentos académicos y las ensoñaciones a las exigencias que marcan la realidad política, fiscal y financiera. ¿Será capaz el citado ministerio de conjugar sus planteamientos con los de las comunidades autónomas, cada una con sus propias aspiraciones? Más aún: ¿podrán tener encaje con un Ministerio de Hacienda y Función Pública que desde ahora parece mirar más al centro y no tanto a la periferia?

En los últimos años, tras la polémica Sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional parece haber girado hacia posiciones menos autonomistas que en el pasado, quién sabe si por dolor de los pecados. Incluso podríamos decir que se ha vuelto más municipalista o localista que federalista. Como el cura del chiste con el pecado, el Tribunal Constitucional no parece ser últimamente muy partidario del avance en el Estado de las Autonomías.

La anterior apreciación, subjetiva y personalísima, se sustenta no obstante sobre algunas recientes sentencias constitucionales, por ejemplo, en materia de impuestos propios (casi siempre para anular legítimos intentos de las comunidades autónomas) o de estabilidad presupuestaria (validando todo tipo de controles directos y restricciones al endeudamiento autonómico). En cambio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, muy contestada desde sus inicios, va siendo poco a poco desmontada. También, curiosamente el mismo Tribunal Constitucional ha blindado las normas forales fiscales de los territorios históricos del País Vasco (aquí sí, por unanimidad, no por exiguas mayorías). Todo esto querrá decir algo, imagino.

Con estas restricciones institucionales y las obvias escaseces financieras, es preciso montar un nuevo modelo de financiación autonómica. Se dice todos los días que es una prioridad acuciante y no hay responsable político autonómico que deje de repetir este mantra ante cualquier micrófono. Sin embargo, son demasiados los frenos y corsés de todo tipo, a los que me permito añadir otra dificultad, no menor: la intrínseca falta de transparencia del sistema y su desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía. Esto explica la habitual confusión entre impuestos y competencias, contribuyendo así a una dilución de responsabilidades y a un debilitamiento de la rendición de cuentas. Lo que se dice un arcano en toda regla.

Durante más de tres décadas, la financiación autonómica ha sido cosas de ministros y consejeros de Hacienda, técnicos del área presupuestaria, académicos y tertulianos (estos últimos, sin demasiado criterio). Ni siquiera las instituciones europeas han mirado demasiado el sistema de descentralización español, hasta que les empezó a “doler”, no España ni su Constitución, sino su déficit. Otras opiniones (las de agencias de calificación o servicios de estudios), tienen sus propios intereses creados, lo cual les resta cierta credibilidad.

En este punto, cabe preguntarse por qué nunca se han fiscalizado de forma integral los sucesivos modelos de financiación autonómica por parte del Tribunal de Cuentas. O por qué el supremo órgano fiscalizador y, en su caso, los órganos de control externo navarro y vasco, no han puesto el microscopio con precisión sobre los regímenes forales, incluyendo el certero cálculo de la aportación y el cupo. Aún más preocupante: ¿por qué nadie parece interesar estas fiscalizaciones?

La financiación autonómica son fondos, anticipos a cuenta, liquidaciones, estadísticas, gráficos y ecuaciones. Pero también política, de la buena, la que combina respeto a las normas y a los incentivos. ¿Seremos capaces? 

Publicado en Expansión el 15 de noviembre de 2016
Publicado en el blog De fueros y huevos (RIFDE-Expansión) el 15 de noviembre de 2016